Portillo destacó que en el Altiplano, la discriminación y el machismo son problemas persistentes que afectan a las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Aunque ha habido algunas mejoras en el Ayuntamiento de la Capital, gracias a iniciativas del alcalde Enrique Galindo, el Congreso estatal aún necesita hacer más.

En San Luis Potosí, se han observado avances en la aceptación y visibilidad de la comunidad LGBTQI, una situación que no se había visto en administraciones anteriores. Sin embargo, Portillo enfatizó que es necesario un mayor apoyo legislativo para garantizar un trato digno e inclusivo.

Andrés Costilla, otro miembro de la comunidad, subrayó la importancia de crear el Instituto Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Esta iniciativa es especialmente relevante dado que San Luis Potosí cuenta con una población de 137 mil personas LGBTQI.

En una sentencia inédita en América Latina, un juez ordenó a las autoridades del Sistema Nacional de Salud dejar de considerar la asexualidad como una enfermedad psiquiátrica. La sentencia fue lograda por el colectivo PFT Yucatán y la organización GIRE. 

Durante 2019 por lo menos 317 personas fueron canalizada al área de atención psiquiátrica en el Sistema Nacional de Salud para “curar” su falta de atracción sexual. 

“La mayoría del personal médico no tiene conocimiento sobre la asexualidad, por lo que, al hacerle preguntas a pacientes asexuales sobre su vida sexual activa, consideran su orientación como un síntoma, afectando de manera significativa la valoración médica”, comentó el equipo legal que logró este avance. 

La asexualidad es una de las orientaciones sexuales que forman parte de la comunidad LGBTTIQA+ y se caracteriza por ser personas que no sienten atracción sexual, generalmente son discriminadas o tratadas como personas enfermas  al seguir la idea impuesta de que las personas deben tener relaciones sexuales obligatoriamente por mandato reproductivo.