Para fortalecer las políticas públicas acorde a los lineamientos federales en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la administración pública, San Luis Potosí participó en la Asamblea de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), con lo que promueve la visión estatal en torno a la transparencia y la rendición de cuentas como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Así lo afirmó el contralor general del Estado Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, quien destacó que la asamblea celebrada en Xochitepec, Morelos, abordó temas como los instrumentos para las evaluaciones de confianza o integridad a las personas servidoras públicas, dificultades en las declaraciones patrimoniales, mecanismos de prevención a la corrupción y fomento a la cultura de la legalidad y ética de las personas servidoras públicas.

En el marco de la política estatal de transparencia y rendición de cuentas, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la CGE, mencionó que durante la reunión se abordaron temas como la actualización de normas de auditoría para fortalecer la eficacia en la fiscalización de recursos públicos. Además, se realizaron conferencias sobre la lucha contra la corrupción, entrega-recepción, el estado de derecho en México y los resultados de la fiscalización del año 2023.

San Luis Potosí presentó el proyecto “Fortalecimiento de Combate a la Corrupción Mediante el Curso de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF)”, evidenciando el compromiso del estado en mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Este proyecto busca asegurar que las auditorías proporcionen resultados más confiables y efectivos.

El evento, realizado en Baja California Sur, contó con la presencia de David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, y Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública y presidente de la CPCE-F. También asistieron titulares de los Órganos Estatales de Control y representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Oficina de World Justice Project en México y la Asociación de Auditores, Contralores y Tesoreros de Estados Unidos, subrayando la importancia de la colaboración internacional en el fortalecimiento de la gestión pública en México.