Los hechos ocurrieron cuando los jóvenes circulaban a bordo de un Volkswagen Bora y fueron interceptados por un grupo armado que les habría ordenado detenerse. Según testigos, al intentar escapar se inició una persecución que terminó cuando el vehículo chocó contra una tienda. En ese momento, los agresores les dieron alcance y abrieron fuego, provocando la muerte de ambos en el interior del automóvil.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Habitantes de la comunidad señalaron que la presencia de comandos armados es frecuente en la zona, donde presuntamente realizan revisiones y controlan el acceso como medida para evitar la entrada de grupos rivales.

Las autoridades locales no han emitido un informe detallado sobre el hecho ni sobre posibles acciones para reforzar la seguridad en la zona.

El vocero del Arzobispado, Tomás Cruz Perales, confirmó que estos hechos han ocurrido en zonas despobladas del norte del estado e incluso en algunos puntos de la Huasteca. Relató que los sacerdotes han sido obligados a descender de sus vehículos mientras son cuestionados sobre su identidad y destino. La Iglesia calificó la situación como preocupante, al considerar que refleja el nivel de inseguridad que afecta tanto a los religiosos como a la población en general.

Cruz Perales informó que la Arquidiócesis condena cualquier forma de violencia e hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad en las regiones con mayor presencia de grupos armados. Expresó también solidaridad con comunidades religiosas que han enfrentado hechos similares en otras entidades del país.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, reconoció que existen reportes de estos incidentes y aseguró que se mantiene presencia operativa en los límites con Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz. Afirmó que las fuerzas estatales están disponibles para atender denuncias y reforzar la vigilancia en carreteras del Altiplano.

No obstante, habitantes de municipios como Charcas, Vanegas y Matehuala señalan que los retenes de grupos delictivos continúan operando con impunidad, especialmente durante las noches, lo que ha generado preocupación entre transportistas, comerciantes y sacerdotes que deben desplazarse por la zona.

El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, detalló que la iniciativa busca establecer modelos efectivos de diálogo y reconciliación entre la Iglesia, autoridades y grupos criminales, con el fin de proteger a comunidades y facilitar la labor pastoral en zonas de alta violencia.

Garfias Merlos añadió que intervenciones anteriores en este sentido han ocurrido en Guerrero y citó experiencias exitosas en Colombia como referencia. “Lo que pretendemos es aprender a cómo acercarse, cómo establecer acuerdos pastorales que permitan promover la paz y la rehabilitación”.

El taller, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Instituto para la Paz, el Centro Lindavista y la Pontificia de México, busca crear una agenda compartida con autoridades civiles y sociedad, que combine justicia, asistencia a víctimas y reconciliación comunitaria.

Este acercamiento, aunque genera debate, es defendido por líderes religiosos como un paso necesario: “el poder dialogar no es sencillo, pero es urgente que lo hagamos en nuestro país”, apuntó el arzobispo, quien instó a superar el rol meramente persecutorio del Estado y sumar esfuerzos entre ministerio público, pastores y sociedad civil.

“Entraron a la Tesorería, causaron daños, pero no robaron nada porque en el municipio prácticamente no hay dinero. Apenas la semana pasada abrimos el catastro, así que no hay ingresos que pudieran sustraer”, relató el edil, quien indicó que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

Este ataque se suma a una preocupante escalada de delitos que incluye robos de ganado, extorsiones, secuestros virtuales y despojos de viviendas, lo que ha provocado un clima de miedo e incertidumbre generalizada entre los habitantes. Según Rodríguez, al menos 15 familias han abandonado la comunidad tras ser despojadas de sus propiedades por presuntos integrantes del crimen organizado, refugiándose principalmente en la capital potosina y Monterrey.

Frente a esta situación, el edil solicitó la presencia permanente de fuerzas de seguridad estatal y federal. Actualmente, Santo Domingo cuenta con patrullajes diarios de elementos del Ejército y la Guardia Civil Estatal. Sin embargo, Rodríguez reconoció que hasta hace poco el municipio ni siquiera disponía de una comandancia municipal ni condiciones básicas para albergar a los uniformados.

La policía municipal opera hoy apenas con cuatro elementos, de los cuales solo uno está debidamente acreditado, situación que refleja el abandono histórico en materia de seguridad. La meta de la administración es cerrar el año con al menos 11 agentes activos y cinco patrullas operando en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de comenzar a restablecer la tranquilidad en Santo Domingo.

En su conferencia de este miércoles, Sheinbaum advirtió que el Tribunal tiene la facultad de descalificar candidaturas si se demuestra que incumplen los requisitos constitucionales, como antecedentes de actividad delictiva o un promedio mínimo de 8 en la licenciatura.

El llamado se da tras la admisión del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre fallas en el proceso de selección. El legislador reconoció que entre los aspirantes hay individuos ligados a redes delictivas. “Hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, declaró.

La selección de jueces, magistrados y ministros incluyó tres etapas de evaluación: dos dirigidas por el Senado y una más por comités de los tres Poderes de la Unión. Estos filtros debían revisar antecedentes, trayectoria profesional y cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, la presencia de perfiles cuestionados pone en duda su eficacia.

Sheinbaum planteó que, incluso con las boletas ya impresas, el Tribunal podría aplicar medidas cautelares o invalidar registros si se presentan pruebas sólidas.

El mandatario señaló que la corrupción dentro de la Policía Municipal sigue siendo un problema grave. “Es un tema recurrente por la corrupción de algunos elementos que ayudan a la delincuencia a colocar cámaras para vigilar entradas y salidas durante los operativos. Se citó a Raúl Ortega para decidir si contamos con él o si prefiere ser cómplice de estas anomalías. Confío en que no”, comentó Gallardo.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Tórres Sánchez, confirmó que sostendrá una reunión en Matehuala para abordar la situación de la seguridad pública. “Necesitamos revisar qué está pasando con la Policía Municipal, verificar quiénes son sus elementos y si están certificados. Hay varias quejas en la región”, mencionó.

Finalmente, Gallardo reconoció que, aunque existen elementos valiosos dentro de las corporaciones policiales, es necesario separar a quienes están vinculados con actividades ilícitas. “Hay muy buenos elementos que deben ser protegidos, pero también hay quienes actúan mal y deben ser retirados”, concluyó.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por las autoridades, quienes comenzaron con las investigaciones para esclarecer los hechos y recolectar evidencia. Aún no se han divulgado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el posible móvil del crimen.

Elementos de la Fiscalía General del Estado continúan con el operativo para dar con los responsables de este violento suceso.

Las preguntas enfocadas en seguridad incluyeron permitir la extradición de criminales ecuatorianos, continuar con el despliegue de las fuerzas armadas en las calles y aumentar las penas para delitos como terrorismo y narcotráfico. Sin embargo, dos preguntas relacionadas con el arbitraje internacional y la modificación del código laboral fueron rechazadas por los votantes.

La consulta se considera un termómetro para el Gobierno de Noboa, quien asumió el poder recientemente y enfrenta el desafío de mostrar resultados en materia de seguridad tras recibir el respaldo de la población a su plan. Ecuador ha experimentado un aumento significativo de la violencia en los últimos tiempos, con un récord de asesinatos y una tasa de muertes violentas entre las más altas del continente.

El proceso electoral también se llevó a cabo en medio de racionamientos de energía eléctrica en todo el país, lo que generó preocupaciones adicionales entre la población.

Ante este preocupante suceso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado urgente a las autoridades para que investiguen a fondo estos hechos en el municipio de Catorce. Exigen buscar, identificar y sancionar a quienes resulten responsables de estos violentos hechos con el fin de evitar que este tipo de acciones violentas afecten el proceso electoral en curso.

El PRI emitió un comunicado en el que lamenta el ataque dirigido contra Román Castillo, presuntamente motivado por su apoyo al candidato a la presidencia municipal, Ricardo Rocha. Este hecho queda evidenciado por un mensaje amenazante dejado en su domicilio. El contenido del mensaje revela que se le exige a Castillo dejar de respaldar a Ricardo Rocha, advirtiendo que su hijo también sufrirá las consecuencias, así como otros miembros del PRI.

Ante la gravedad de la situación, Román Castillo Alvarado ha presentado una denuncia ante el Agente del Ministerio Público de Cedral, con el número de expediente CDI/FGE/II/D02/00716/24, con el objetivo de buscar justicia y protección.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los restos humanos, así como la identidad de los responsables de este crimen. La zona del hallazgo fue acordonada por elementos de la policía estatal y municipal, lo que generó un caos vehicular en la zona durante varias horas.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, condenó este hecho a través de sus redes sociales, y mencionó que se está trabajando en coordinación con las autoridades para esclarecer el caso y brindar justicia a las víctimas. La FGE se comprometió a realizar una investigación exhaustiva y transparente para dar con los responsables de este crimen.

Este hecho se suma a la ola de violencia que azota Puebla. En el primer bimestre del año se registraron 123 homicidios dolosos, y en los últimos 12 meses la cifra asciende a 837, según datos de la FGE.