El recorte confirmado por la Secretaría de Salud estatal al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) —una disminución cercana al 53 por ciento— generó nuevas críticas desde el Congreso federal. El diputado potosino David Azuara Zúñiga reiteró su rechazo a la reducción de recursos y señaló que esta decisión representa un riesgo directo para la operación del sistema médico en la entidad.

El legislador recordó que desde septiembre había alertado sobre un ajuste significativo impulsado por la mayoría parlamentaria y sus aliados, advertencias que, dijo, fueron desestimadas en su momento. La confirmación oficial del recorte, afirmó, demuestra la gravedad del impacto para San Luis Potosí, especialmente porque el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) financia sueldos, prestaciones y operación del personal estatal de salud, así como parte del esquema IMSS-Bienestar.

La reducción no implica eliminación de recursos, sino una centralización federal derivada del proceso de transición hacia el nuevo modelo de atención médica. No obstante, para el legislador potosino el ajuste implica presiones inmediatas sobre hospitales, trabajadores y familias que dependen de los servicios públicos de salud.

El cambio presupuestal coincide con la transferencia de instalaciones y operación al IMSS-Bienestar, mientras que una parte del personal aún se encuentra en proceso de incorporación. La Secretaría de Salud estatal mantiene reuniones con autoridades federales para definir cómo se redistribuirán los fondos, garantizar el pago de nómina y asegurar la continuidad de los servicios.

Azuara Zúñiga consideró que esta situación obliga a la ciudadanía a mantener atención sobre las decisiones federales en materia de salud y subrayó la importancia de que se transparente el destino de los recursos que ahora administra directamente la Federación. Según el legislador, la magnitud del recorte evidencia la necesidad de asegurar que la transición al nuevo modelo no afecte a quienes requieren atención médica en San Luis Potosí.

Azuara afirmó que las promesas de reducir el costo de la gasolina y erradicar el “huachicol” no se cumplieron. “Pasamos del huachicol criminal al huachicol fiscal, que se realiza con permisos, facturas falsas y complicidades dentro del propio sistema”, sostuvo el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

El diputado cuestionó que, mientras el gobierno presume autosuficiencia energética, el precio de los combustibles continúa en aumento y Pemex mantiene una elevada deuda financiera. “Pemex es hoy la empresa más endeudada del país y una de las más contaminantes del mundo”, señaló.

Azuara también se refirió al reciente acuerdo laboral con el Sindicato Petrolero, que contempla un aumento salarial del 4.5% exclusivo para trabajadores sindicalizados, excluyendo a personal pensionado o eventual. Consideró que estas decisiones generan desigualdad al interior de la empresa productiva del Estado.

Durante su intervención, el legislador destacó que el robo de combustible representa pérdidas superiores a 200 mil millones de pesos anuales, y llamó a impulsar una reforma energética basada en transparencia y competencia. “La soberanía energética no se logra con ideología, sino con eficiencia y rendición de cuentas”, concluyó.

Sin embargo, el legislador advirtió que el proyecto incluye recortes graves en sectores esenciales. Precisó que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se reduce en 54 por ciento, lo que impactará en hospitales, medicamentos y atención médica. En educación, el Fondo de Aportaciones Múltiples cae 57 por ciento, afectando directamente a escuelas, mientras que en infraestructura carretera desaparece la inversión destinada a la asociación público-privada San Luis Potosí–Matehuala, que en 2025 recibió casi 900 millones de pesos.

“Mientras se reducen recursos para la salud, la educación y los caminos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumenta su inversión en el estado a más de mil millones de pesos, concentrados en transmisión eléctrica. Es positivo, pero no sustituye lo que se necesita para la vida cotidiana de las familias potosinas”, puntualizó Azuara.

El diputado también alertó sobre el panorama económico nacional: la deuda pública se ubica en 18 billones de pesos, lo que equivale a que cada mexicano deba 135 mil pesos más, cifra que podría llegar a 151 mil en 2026. Además, el déficit público está proyectado en 5.1% del PIB, mientras la inflación alimentaria alcanza 7.2% y la canasta básica cuesta 50% más que en 2018. “Hoy el gobierno paga 1.4 billones de pesos en intereses de deuda, mientras solo invierte 858 mil millones en infraestructura, el nivel más bajo desde 1999. Eso demuestra prioridades equivocadas”, enfatizó.

Frente a este escenario, recordó que desde Acción Nacional se han presentado propuestas como eliminar el IVA al agua, deducciones de colegiaturas y medicamentos, reducción de tarifas eléctricas, precio máximo de la gasolina a 20 pesos, un voucher de medicamentos, tratamientos gratuitos contra el cáncer de mama y la reactivación del Fondo de Desastres Naturales.

“En San Luis Potosí no pedimos privilegios, pedimos justicia presupuestal. Reconocemos lo que se avanza, pero alzamos la voz por lo que se está recortando. Porque sin salud, sin educación y sin carreteras, no hay desarrollo verdadero. Nuestro compromiso es defender cada peso que le corresponde a nuestra gente”, concluyó.

El encuentro tuvo como finalidad analizar propuestas que puedan incorporarse al Presupuesto 2026, bajo la premisa de que todas las voces de la entidad deben ser escuchadas y tomadas en cuenta en el proceso legislativo.

Entre los temas abordados destacó el fortalecimiento de la infraestructura carretera y de vías de comunicación, considerado indispensable para impulsar la competitividad del estado, atraer inversiones y generar empleos. También se planteó la modernización del esquema de aranceles y aduanas, con la sugerencia de que su administración quede a cargo de civiles para mejorar la eficiencia y la transparencia en el comercio y la logística.

Como punto central, se propuso la organización de un foro estatal en San Luis Potosí, en el que participen legisladores federales de la entidad y representantes del sector productivo, con el objetivo de presentar una propuesta conjunta para la discusión presupuestal.

“La voz de los empresarios y de la sociedad es fundamental para construir un San Luis más competitivo y con futuro. Este foro será un espacio para que juntos impulsemos soluciones reales”, señaló el diputado David Azuara.

El diputado federal por el PAN, David Azuara Zúñiga, aseguró que el Paquete Económico 2026 que la representación del Gobierno Federal entregó al Congreso de la Unión, “es una hipoteca disfrazada que compromete el futuro de las familias mexicanas”.

David Azuara explicó que, mientras Hacienda reconoce menor crecimiento y caída de ingresos, opta por subir impuestos indirectos y recortar apoyos vitales.

“Nos quieren vender como política de salud lo que en realidad es un golpe al bolsillo de la gente”, denunció, al referirse al incremento del IEPS a bebidas azucaradas y a la “fusión” —en realidad eliminación— de 11 programas de salud que atienden obesidad, VIH y otras enfermedades crónicas.

El legislador detalló que, con este paquete, la deuda pública llegaría a 20.3 billones de pesos, equivalente a 52.3% del PIB, y que el déficit se elevaría a 4.1%, “dejando la factura a las próximas generaciones”. “Cada punto de déficit significa menos salud, menos seguridad y menos oportunidades mañana”, advirtió.

Además, criticó que se destinen más recursos a Pemex pese a sus pérdidas millonarias, en lugar de invertir en medicinas, seguridad y apoyos directos a la economía familiar. “Lo que Morena llama apoyo estratégico es, en realidad, un agujero negro de recursos que al final pagarán las familias mexicanas”, apuntó.

Frente a ese panorama, subrayó que el PAN revisará con lupa cada peso y defenderá propuestas concretas para aliviar el gasto de las familias y garantizar beneficios reales: eliminar el IVA en cualquier presentación de agua; que lo recaudado por el IEPS se destine exclusivamente al Fondo Nacional de Salud para hospitales, medicinas y atención médica; salario completo sin ISR para quienes ganen hasta $16,728; aguinaldo libre para que los trabajadores lo reciban íntegro; mantener la gasolina a un máximo de 20 pesos por litro reduciendo el IEPS; y permitir deducir los gastos en medicinas y en otros rubros esenciales como gastos escolares y veterinarios.

“El verdadero camino para cuidar la salud es bajar impuestos a lo saludable y fortalecer programas que sí cuiden a la gente. No vamos a permitir que el dinero de las y los mexicanos se tire en caprichos ni en rescates a empresas quebradas. México merece un presupuesto que dé certidumbre, que alivie el gasto de las familias y que fortalezca la salud y la seguridad”, afirmó.

Y concluyó al referir que este paquete económico no es un acto de responsabilidad, sino un acto de abuso. Advirtió que si Morena insiste en cargarle su ineficiencia al bolsillo de las familias, Acción Nacional dará la batalla para defender cada peso de los mexicanos.

El diputado federal David Azuara señaló que la legislación debe traducirse en resultados concretos y no en discursos, colocando a las víctimas como prioridad. “México necesita un marco uniforme, eficaz y con visión integral para combatir este delito que ha crecido sin control”, afirmó.

De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y económico. En los últimos seis años, los casos aumentaron en más de 57 por ciento, alcanzando en 2023 cerca de 4.9 millones de incidentes, con un costo aproximado de 124 mil millones de pesos para las empresas. La nueva ley contempla sanciones equiparables a las del secuestro y medidas contra servidores públicos omisos o coludidos.

La propuesta también prevé la creación de fiscalías especializadas, protocolos de atención inmediata, asesoría jurídica, reparación integral del daño y un registro nacional de extorsión, además de evaluaciones anuales y observatorios ciudadanos para garantizar la rendición de cuentas. El Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la Ley General, mientras continúan vigentes las disposiciones federales y locales.

En su mensaje, Azuara destacó que el acceso al agua es uno de los desafíos más urgentes para San Luis Potosí, por lo que ha impulsado gestiones y propuestas orientadas a soluciones de fondo que garanticen el suministro de agua potable a las familias potosinas.

Respecto a la seguridad, subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el papel del Congreso para ofrecer tranquilidad a la población, anunciando además que insistirá en la recuperación de fondos y subsidios de apoyo para las corporaciones policiacas.

Detalló los alcances de “Alerta 57”, un paquete integral de iniciativas para mejorar la movilidad y la seguridad vial, que incluye exhortos a autoridades federales para intervenir en tramos críticos de la autopista México – Querétaro, garantizar que cada corporación respete su jurisdicción y endurecer las sanciones contra quienes saboteen la infraestructura carretera.

En materia de salud, informó sobre gestiones dirigidas a mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios médicos en la capital. Señaló que su labor legislativa busca asegurar atención digna y accesible para todos, a través de mayores recursos presupuestales, el abasto oportuno de medicamentos y la incorporación de innovación tecnológica.

El diputado también resaltó la Iniciativa Rafael Armendáriz Blázquez, antes denominada Turismo 360°, con la que se busca detonar el potencial turístico de San Luis Potosí y fortalecer la economía local. Con este esfuerzo, se rinde homenaje al expresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del estado, reconocido por su impulso a la industria.

Azuara reafirmó que su labor legislativa está basada en la cercanía con la gente, recorriendo colonias, escuchando de primera mano las necesidades ciudadanas y ofreciendo respuestas concretas: “Mi compromiso es ser un diputado de territorio, no de escritorio”, subrayó.

El evento reunió a destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y social, entre ellas: Elías Lixa, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados; Federico Döring, Diputado Federal; Ana Sofía Aguilar Rodríguez, Subsecretaria de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado; Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino; la legisladora federal Nubia Castillo; y Lidia Argüello, Consejera Nacional del PAN.

También asistieron presentes representantes de cámaras empresariales como, CONCANACO, CMIC, CANACO, y UUZI, además de la señora Martha Eugenia, viuda de Rafael Armendáriz, y su hija Claudia, quienes atestiguaron el homenaje a la memoria del destacado líder hotelero.

Con la rendición de este informe, David Azuara reafirma su compromiso con San Luis Potosí, construyendo un presente de resultados y proyectando un futuro de oportunidades para todas y todos.

La propuesta busca responder a una exigencia largamente ignorada: seguridad real en una vía que no solo conecta regiones, sino que mueve buena parte de la economía nacional.

Durante su encuentro con José Luis López, delegado de CONATRAM en San Luis Potosí, Azuara reconoció la lucha de años del gremio transportista.

“Durante años han exigido una carretera segura. Hoy, esa demanda se convierte en acción legislativa”, expresó.

La iniciativa plantea cuatro frentes: un punto de acuerdo para exigir intervención urgente del Gobierno Federal y tres reformas legales que abordan desde la infraestructura y vigilancia, hasta sanciones más severas y medidas de bienestar para operadores.

El diagnóstico es claro: asaltos, accidentes y abandono han convertido esta arteria logística en una zona de alto riesgo. Para los transportistas, cada viaje representa una amenaza, y para las industrias, una posible pérdida millonaria.

Más tarde, en una reunión con Mario González Martínez, presidente de UUZI, David Azuara puso el foco en las consecuencias económicas que genera la falta de mantenimiento y seguridad en esta vía estratégica.

“Si colapsa la 57, colapsa la cadena de valor que ustedes sostienen todos los días”, advirtió.

El legislador propuso un plan integral con monitoreo digital, rutas alternas, paradores seguros y certeza operativa, elementos que permitirían a las empresas planear sin improvisación ni sobresaltos.

Entre los cambios más destacados de Alerta 57 se encuentra el aumento de penas por robo al autotransporte —de hasta 20 años de prisión— y sanciones severas para quienes saboteen la infraestructura vial. También se busca mejorar las condiciones del pavimento y atender la salud mental de los operadores.

“Esta lucha no se gana solos. Necesitamos a los líderes del transporte y la industria para presionar juntos por soluciones reales”, concluyó Azuara.

Con el respaldo de quienes viven y dependen diariamente de la carretera 57, la propuesta comienza a tomar fuerza como una exigencia colectiva y urgente para transformar una vía esencia, que hoy está sumida en el abandono.

“Vamos a denunciar el engaño del gobierno de morena, que pretende imponer jueces, magistrados y ministros a modo para apoderarse del Poder Judicial. Es falso que vayan a ser electos, ya que previamente el gobierno los seleccionará, y solo llevará a cabo una simulación”, declararon en conjunto David Azuara Zúñiga y Nubia Castillo Medina, legisladores panistas por San Luis Potosí.

Remarcaron que el Grupo Parlamentario del PAN, plantea agotar todas las instancias y las vías nacionales, por lo que, podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones a la independencia del Poder Judicial.

David Azuara Zúñiga, explicó que los juicios de amparo se promoverán porque viola el derecho de legisladores a conocer con suficiente tiempo la reforma, pues el dictamen fue emitido por la legislatura anterior.

Respecto al amparo contra la publicación del Dictamen en el Diario Oficial de la Federación, comentó que es con el propósito de hacer valer todos los vicios del procedimiento.

Las controversias constitucionales, serán para que los Estados impugnen la Reforma, por la violación a su soberanía en cuanto al diseño y conformación de uno de sus poderes.

Nubia Castillo, afirmó que Acción Nacional está en pie de lucha y recalcó que seguirán dando la batalla para que se garantice en México una justicia libre e independiente, “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, de ninguna manera vamos a abandonar esta lucha de las y los mexicanos”, señaló.

Agregó que, la elección de jueces y magistrados por voto popular no solo politizará a la justicia, sino que también socavará la confianza ciudadana en un sistema judicial que debe ser imparcial y ajeno a presiones políticas.

“Esta reforma, centraliza excesivamente el poder en el Ejecutivo, compromete la separación de poderes que es fundamental en una democracia”.

 Ello, al remarcar que la reducción del número de Ministros de la Suprema Corte y alinear la administración judicial con los intereses del gobierno, se afecta la capacidad ser un contrapeso efectivo y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Azuara Zúñiga, subrayó que estos cambios además de amenazar la independencia y eficacia del sistema de justicia en México, pone en grave riesgo la democracia y estabilidad nacional.

“Sin duda, MORENA arremetió de manera vengativa contra el Poder Judicial porque ha frenado reformas regresivas y tóxicas impulsadas por este Grupo Parlamentario”, dijo.

En contraste a la propuesta de MORENA, el PAN propuso que el Poder Judicial cuente con un presupuesto fijo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y los poderes de las entidades federativas, asegurando así su autonomía financiera.

“En cuanto al acceso a la justicia, se planteó elevar a rango constitucional el derecho al acceso a mecanismos expeditos de justicia cotidiana y fortalecer, los mecanismos alternos de resolución de controversias”, concluyó David Azuara.