De acuerdo con los inconformes, durante las jornadas de registro, algunos funcionarios federales habrían inscrito a familiares y personas no damnificadas, además de exigir pagos equivalentes a la mitad del apoyo económico para incluir a las familias en el padrón. Los apoyos, destinados a la reconstrucción de viviendas y reposición de pertenencias, ascienden a 20 mil pesos por familia.

En Tanquián, la delegada regional de Bienestar, Griselda Mezquida, se negó a ser grabada durante las actividades y prometió una nueva jornada de censos, aunque sin precisar fechas ni procedimientos. La respuesta fue calificada por los habitantes como insuficiente.

El conflicto se suma al registrado en Matlapa, donde más de 200 personas bloquearon la carretera federal Valles–Tamazunchale en reclamo por la manipulación del padrón de beneficiarios y la presunta asignación discrecional de recursos a personas vinculadas con Morena.

En ambos municipios, las comunidades exigieron una auditoría transparente de la Secretaría del Bienestar, advirtiendo que mantendrán las protestas hasta que las verdaderas familias afectadas sean incluidas en los programas de apoyo.

De acuerdo con la declaración presentada ante las autoridades, la víctima relató que los hechos ocurrieron tras acudir con su pareja a una carne asada en compañía de amigos. Durante la reunión, el hombre comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, al intentar regresar a casa, se desató una discusión que derivó en una agresión dentro del vehículo, donde el señalado presuntamente la tomó del cabello y golpeó su rostro contra el tablero en repetidas ocasiones.

La víctima señaló que, además de los golpes, recibió insultos y amenazas, y que al día siguiente, cuando intentó retirar sus pertenencias del domicilio, su esposo la retuvo e impidió su salida, por lo que pidió auxilio a su madre y a elementos de la Policía Municipal, quienes lograron detenerlo. Sin embargo, denunció que el agresor fue liberado poco después, pese a la denuncia en curso y las lesiones visibles que documentó en fotografías.

“Temo por la seguridad de mi hijo y la de mi familia, hago responsable a Ossiel Ángeles y a su familia de cualquier cosa que pueda ocurrirnos”, expresó la joven en su testimonio público, difundido a través de redes sociales. También señaló que no era la primera vez que sufría agresiones, pero que esta vez decidió romper el silencio y buscar justicia.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, mientras colectivos feministas y activistas locales exigieron medidas de protección inmediata, así como una revisión del actuar ministerial ante posibles omisiones en el resguardo de la víctima.

“Más apoyo y protección para las mujeres”, concluyó la denunciante en su mensaje, acompañado de imágenes que muestran las lesiones sufridas y el momento de la detención del presunto agresor.

La protesta interrumpió el tráfico vehicular en distintos puntos de la Zona Universitaria, incluyendo la glorieta Bocanegra, la avenida Venustiano Carranza y la Avenida de los Pintores. Con pancartas y consignas, los manifestantes hicieron públicos los señalamientos contra el docente identificado como José “N”.

De acuerdo con testimonios estudiantiles, el caso más reciente habría ocurrido el pasado 9 de octubre, cuando presuntamente el profesor agredió a una alumna dentro de su cubículo. Las y los inconformes afirmaron que existen otras denuncias previas contra el mismo docente, sin que la institución haya emitido una respuesta formal o tomado medidas preventivas.

El alumnado exigió la intervención de las autoridades universitarias y la aplicación de protocolos para garantizar entornos libres de violencia dentro de la facultad.

De acuerdo con madres y padres de familia, tras detectarse grietas y hundimientos en pilares de la institución, la dirección del plantel determinó continuar con clases a distancia mediante tareas enviadas a los tutores. La comunidad escolar denunció que, hasta el inicio de esta semana, no se habían tomado acciones inmediatas para atender el problema.

En redes sociales, madres y padres externaron su preocupación por la falta de presencialidad, señalando que la situación puede afectar la preparación académica de los estudiantes, en especial de quienes están por ingresar a primaria.

Este viernes, Protección Civil Estatal emitió un comunicado en el que informó que el hundimiento fue causado por una mala compactación en el relleno de la zapata de una columna. La dependencia aseguró que no existe un riesgo estructural que comprometa la seguridad de los menores. Como medida provisional, indicó que se rellenará el hueco con grava y se cubrirá con una plancha de triplay, para permitir el regreso a clases, mientras se trabaja en una solución definitiva.

Cabe recordar que este mismo plantel enfrentó recientemente problemas de desabasto de agua, lo que también ocasionó la suspensión de actividades durante varios días.

De acuerdo con los universitarios, tras difundir sus quejas fueron intimidados con advertencias de ser dados de baja, lo que consideraron un atentado contra su derecho a la educación y a la libertad de expresión.

Las inconformidades comenzaron por los constantes incrementos en colegiaturas y cuotas obligatorias, que no se reflejan en mejoras de infraestructura ni en recursos académicos. Además, denunciaron fallas en los campos clínicos, limitaciones para realizar prácticas debido a supuestos adeudos de la institución, materiales en mal estado y deficiencia en la preparación docente.

Bajo estas condiciones, las acusaciones se centraron en presuntos actos de corrupción y nepotismo dentro de la administración universitaria.

Ante la presión que aseguran enfrentar, los estudiantes analizan manifestarse públicamente y evalúan no participar en actividades institucionales próximas, como el desfile patrio y la carrera en el Parque Tangamanga. No obstante, subrayan que su principal exigencia es abrir un diálogo con las autoridades para garantizar un entorno educativo de calidad y libre de represalias.

De acuerdo con las inconformidades, las colegiaturas aumentan cada semestre sin que existan mejoras visibles en infraestructura ni recursos educativos. Los alumnos señalan que, en lugar de invertir en laboratorios o bibliotecas, los recursos podrían estarse desviando a los bolsillos de los directivos, quienes presumen costosos vehículos. Además, acusan que se les obliga a cubrir cuotas adicionales, como boletos de eventos o aportaciones forzadas a la colecta anual, lo que genera una carga económica mayor para sus familias.

Los estudiantes también reportan irregularidades en los campos clínicos, muchos de los cuales carecen de condiciones adecuadas para el aprendizaje. Incluso, afirman que algunos hospitales han restringido el acceso a practicantes debido a presuntos adeudos de la universidad. Los maniquíes y materiales de simulación estarían en condiciones deterioradas, y las prácticas quedarían en manos de personas sin preparación.

Otro señalamiento apunta a la falta de preparación docente, pues algunos maestros únicamente recomiendan videos en redes sociales para complementar la enseñanza. Asimismo, critican el nombramiento de personas sin experiencia en cargos académicos y directivos, lo que consideran un acto de nepotismo.

El descontento crece también por las presuntas represalias contra quienes protestan. Varios alumnos aseguran haber sido amenazados con retrasar su titulación si insisten en denunciar públicamente las carencias.

Con estas denuncias, la comunidad estudiantil exige transparencia en el manejo de los recursos, mejores condiciones académicas y respeto a la libertad de expresión dentro de la institución.

Para prevenir más casos, la AMAV SLP instaló un stand en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, entre los módulos de Zacatecas y Tamaulipas, donde 16 agencias afiliadas se presentan de forma rotativa para informar sobre servicios confiables y orientar a los visitantes. Las recomendaciones para evitar agencias pirata incluyen:

• Verificar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente.
• Confirmar la emisión de facturas a nombre de la sociedad mercantil.
• Comprobar el registro ante la Secretaría de Hacienda y un historial positivo en cámaras como AMAV o Canaco.
• Desconfiar de ofertas muy baratas o que exijan pagos anticipados sin comprobantes fiscales.

La AMAV SLP enfatizó que solo las agencias formales ofrecen certeza jurídica y respaldo ante problemas, instando a la ciudadanía a informarse y evitar promociones engañosas.

Legisladores priistas solicitaron además la remoción de Adán Augusto como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, argumentando que la relación con Bermúdez representa un conflicto de interés y riesgo institucional.

Por su parte, PAN también informó haber interpuesto denuncia similar, buscando que autoridades internacionales como el FBI, DEA y la Corte Penal Internacional investiguen los presuntos vínculos con el crimen organizado.

Adán Augusto aún no ha sido citado oficialmente o vinculado a proceso. El hecho ha generado tensión política en Morena, y se espera que en los próximos días se emitan los avances o posibles órdenes de investigación.

Cecilia relató que, mientras se probaba un vestido, notó un teléfono celular asomándose por una rendija en la parte alta del cubículo. Al confrontar al personal de la tienda, recibió explicaciones confusas sobre la posible presencia de un trabajador en la zona superior, versión que no coincidió con lo observado. La joven identificó el celular de un empleado como el dispositivo utilizado, aunque este negó los hechos.

Al solicitar acceso a las cámaras de seguridad, le informaron que estaban desactivadas por mantenimiento, lo que impidió obtener pruebas. El personal le propuso redactar una carta de queja sin garantizar una resolución. Este caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen mayores protocolos de seguridad en probadores y sanciones para los responsables.

El incidente se suma a reportes similares en la Plaza El Dorado, donde se denunció a una persona tomando fotos de jóvenes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado ha instado a la ciudadanía, especialmente a mujeres y menores, a extremar precauciones para evitar ser víctimas de delitos. Santory no ha emitido un pronunciamiento oficial.

La denunciante relató que, al intentar grabar los hechos, fue amenazada por la acompañante del taxista, quien le aseguró que estaba cometiendo un delito por registrar el incidente. Sin embargo, cuestionó que mientras se le recriminaba grabar, no se considerara delito agredir a personas mayores, lo cual, según indicó, también ocurrió durante el enfrentamiento. Además, el taxista presuntamente instó a su hijo a grabarla a ella en represalia.

Tras refugiar a una de las personas agredidas dentro de un establecimiento cercano, la situación se agravó con la llegada de más taxistas al lugar. De acuerdo con la denuncia, algunos de ellos ingresaron por la fuerza al local para continuar con la agresión, despojando a la víctima de su celular y equipo de trabajo, y uno de ellos incluso estaría armado. La ciudadana lamentó que, pese a realizar llamadas de auxilio, la policía nunca acudió al sitio.

Finalmente, responsabilizó públicamente a los agresores de cualquier daño que pudiera sufrir ella o las personas involucradas en los hechos. El incidente genera inquietud sobre el actuar de ciertos operadores del transporte público, así como sobre la respuesta de las autoridades ante este tipo de situaciones. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal ni del gremio de taxistas.