Dos de los tres presuntos responsables del caso de violación ocurrida en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continúan prófugos, mientras que uno de los implicados permanece detenido y enfrenta audiencia para definir su situación jurídica. Así lo informó este lunes la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la fiscal general María Manuela García Cázares, la audiencia de vinculación a proceso del primer detenido se reanudará este lunes, luego de que la defensa solicitara la presentación de pruebas complementarias. El Ministerio Público ha solicitado que el imputado sea vinculado a proceso y permanezca en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

Dos de los tres presuntos responsables del caso de violación ocurrida en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continúan prófugos, mientras que uno de los implicados permanece detenido y enfrenta audiencia para definir su situación jurídica. Así lo informó este lunes la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la fiscal general María Manuela García Cázares, la audiencia de vinculación a proceso del primer detenido se reanudará este lunes, luego de que la defensa solicitara la presentación de pruebas complementarias. El Ministerio Público ha solicitado que el imputado sea vinculado a proceso y permanezca en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que los tres presuntos agresores han sido plenamente identificados y que se mantiene un operativo de búsqueda, con colaboración de fiscalías de otros estados, para lograr la captura de los dos prófugos. La Fiscalía también ha realizado entrevistas con familiares y personas cercanas a los implicados como parte del seguimiento del caso.

El ataque sexual ocurrió el pasado 17 de octubre dentro de las instalaciones de la Federación Universitaria Potosina, en la Facultad de Derecho. La víctima, una estudiante de 18 años, fue agredida por dos compañeros y una persona externa a la universidad. Tras la denuncia, las autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión por el delito de violación específica agravada, que contempla penas de ocho a 20 años de prisión, además de agravantes.

El caso ha generado una ola de indignación en la comunidad universitaria, que mantiene tomadas las instalaciones de la Facultad de Derecho para exigir justicia, transparencia y sanciones ejemplares. La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias necesarias para evitar que los responsables evadan la acción de la justicia.

Con relación al primer punto, que refiere a la exigencia de destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) en la Facultad de Derecho, por omisión y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado, se precisa que dentro del marco institucional sólo existen dos figuras reconocidas y electas por la comunidad estudiantil: la presidencia y la vicepresidencia de dicha federación. Las demás delegaciones o representaciones que pudieran estar presentes en entidades académicas no cuentan con reconocimiento formal en el Estatuto Orgánico.

Respecto a la demanda de asumir responsabilidad institucional por la falta de actuación efectiva, revictimización y ausencia de protocolos con perspectiva de género, se aceptó la renuncia del director de la Facultad y se destituyó del cargo a otros funcionarios de la entidad académica, así como a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios.

En tercer punto del pliego, sobre la implementación urgente de un protocolo integral para la atención, acompañamiento y sanción ante situaciones de violencia, hostigamiento y acoso, la universidad convocará al establecimiento de mesas de análisis y diálogo con participación de colectivas estudiantiles, especialistas externos y personal capacitado, a fin de construir mecanismos efectivos y legitimados por la comunidad.

En materia de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones adoptadas, mencionado en el cuarto punto, se informa que los dos estudiantes involucrados en el caso de violencia de género fueron expulsados de manera definitiva, además de haberse tomado las medidas administrativas correspondientes contra las autoridades señaladas.

Sobre las garantías de seguridad y no represalias para la estudiante afectada, sus acompañantes y quienes participen en procesos de denuncia o movilización, esta institución mantiene un compromiso firme con el respeto a la libre manifestación, la protección integral de la víctima y la política de cero tolerancia a represalias.

Respecto al sexto punto del documento, la UASLP ratifica la continuidad de los procesos formativos en derechos humanos y perspectiva de género dirigidos a personal docente, administrativo y estudiantil de la Facultad de Derecho, como parte de una estrategia de prevención y transformación institucional de largo alcance, a cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios.

Finalmente, como séptimo punto sobre brindar espacios seguros para la organización estudiantil y fortalecer los mecanismos de representación legítima, la Universidad reconoce el derecho de asociación y reunión. Por lo que, en las entidades académicas, se fortalecerá el reconocimiento da la pluralidad de grupos estudiantiles organizados para que tengan oportunidades de desarrollo en las áreas sustantivas de la institución.

La UASLP reitera su disposición a mantener un diálogo permanente con su comunidad, para consolidar un ambiente universitario autónomo, libre de violencia, justo, plural y respetuoso de la dignidad humana.

Este diplomado contará con un total de 125 horas presenciales distribuidas en viernes y sábados. Las clases se llevarán a cabo en horarios de 16:00 a 21:00 horas los viernes y de 9:00 a 14:00 horas los sábados, con el objetivo de brindar formación práctica y teórica sobre temas relevantes del sistema de justicia penal.

Los módulos abordarán áreas clave como la defensa en la investigación, la litigación avanzada en audiencias y juicios orales, así como estrategias legales y recursos dentro del sistema. El curso está dirigido a quienes buscan un enfoque práctico, guiado por instructores expertos en el ámbito del derecho penal.

El diplomado tiene un costo de 14 mil pesos, pero los interesados que se inscriban antes del 20 de febrero podrán aprovechar una tarifa reducida de 12,500 pesos. También se ofrecen descuentos especiales para académicos, funcionarios públicos y estudiantes, con precios de 11,500 pesos y 10,500 pesos, respectivamente.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de febrero de 2025, y los participantes que cumplan con el 90% de asistencia y una calificación mínima de 80% recibirán un diploma con valor curricular. Los interesados pueden obtener más detalles y formalizar su inscripción contactando a Leticia Zapata a través de su correo electrónico o por teléfono.

Con un cupo limitado, este diplomado representa una excelente oportunidad para quienes deseen actualizarse en el ámbito de la justicia penal y perfeccionar sus capacidades dentro del sistema judicial mexicano.

El estudio resalta que estas restricciones tienen un impacto desproporcionado en las comunidades latinas y afroamericanas. De cada 100 personas privadas del derecho al voto por convicciones penales, aproximadamente 11 son latinas y 19 son afroamericanas. Esta situación subraya cómo las políticas actuales de EE.UU. perpetúan la discriminación racial y social a través del sistema legal penal.

Alison Leal Parker, directora de Human Rights Watch en EE.UU., afirmó que “el derecho al voto y la legitimidad del sistema democrático no deberían depender del historial penal de una persona”. Parker instó a una reforma urgente de las leyes estatales y federales para restaurar el derecho al voto a los ciudadanos que han cumplido sus condenas.

El informe destaca que, mientras algunos estados han implementado reformas para reintegrar el derecho al voto a ex-convictos, la mayoría de los 48 estados con restricciones vigentes mantienen barreras significativas para el ejercicio pleno de la ciudadanía. En estados como Florida, incluso los menores con convicciones por delitos graves pueden perder permanentemente su derecho al voto.

Nicole D. Porter, portavoz de The Sentencing Project, destacó las recomendaciones del informe para mejorar el acceso al voto en instalaciones correccionales, como se ha implementado en lugares como el condado de Cook (Chicago, Illinois) y el condado de Harris (Houston, Texas).

El debate sobre las políticas de elegibilidad para votar en EE.UU. no solo refleja un desafío legal, sino también ético, en términos de justicia racial y derechos humanos fundamentales.