El mensaje, presuntamente publicado por Jenny G. González, menciona a Carlos César Colón Campo y Cristian Guerrero González, quienes desaparecieron el 23 de octubre de 2024 mientras realizaban trabajos en la termoeléctrica bajo la supervisión de la firma Alfran.

“Carlos César Colón Campo y Cristian Guerrero González, colombianos desaparecidos el 23 de octubre 2024 en Villa de Reyes (San Luis Potosí), lugar donde se encontraban realizando trabajos en la termoeléctrica bajo la supervisión de la firma Alfran. Después de ocho largos meses aún no hay ninguna información de su paradero y la justicia poco ha colaborado. En su momento el señor Rodolfo Santelli, representante de la firma Alfran, dijo que el hecho era consecuencia de la inseguridad por parte de la delincuencia que se vive en esa zona. Hoy alzo mi voz para pedir ayuda, alguna información sobre ellos.”

El caso generó preocupación en su momento entre trabajadores y la comunidad extranjera, pues la empresa Alfran declaró públicamente que la desaparición de ambos jóvenes fue consecuencia directa de la inseguridad y violencia que aquejan a la región.

Hasta ahora, no se ha emitido información oficial por parte de las autoridades locales o estatales sobre el avance de la investigación, mientras familiares y allegados continúan exigiendo justicia y respuestas claras que les permitan conocer el paradero de Carlos César y Cristian.

La visita de la presidenta Sheinbaum reavivó el tema, al considerar los familiares que este es el momento oportuno para que el gobierno federal y estatal intervengan y refuercen las labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

Durante su protesta, presentaron un “Informe Sombra 2018-2025” que expone la crisis de desapariciones en el estado, así como el trato negligente y revictimizante por parte de las instituciones encargadas de atender estos casos. Reclamaron especialmente la retirada de fichas de búsqueda colocadas previamente en las paredes de la CEDH.

Como forma de protesta, los manifestantes pintaron nombres y rostros en la fachada del edificio, visibilizando así la ausencia de sus seres queridos y la falta de respuestas por parte del Estado. Denunciaron que este acto de censura institucional representa una revictimización hacia las familias.

Finalmente, exigieron la destitución de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Argüelles Moreno, por considerar que su gestión ha sido omisa y alejada de la causa de los derechos de las víctimas y sus familias.

Las personas no localizadas fueron identificadas como José Guadalupe Ríos Cárdenas, de 39 años; Juliana Benavides Zarazua, de 37; y Pedro Julián Santiago Benavides, de 14 años. De manera preliminar, se presume que un comando armado los habría sacado por la fuerza de su vivienda.

Elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ya publicaron fichas con las señas particulares de los tres desaparecidos, además de solicitar apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a su localización.

Hasta ahora no se han dado detalles sobre los posibles responsables ni el móvil del crimen, pero autoridades ya abrieron una investigación formal. Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el aumento de hechos violentos y pidieron mayor vigilancia en comunidades rurales.

El encuentro fue encabezado por el Vicefiscal José Pedro Gómez Ávila y la Fiscal de la Mujer, Evangelina Castillo Montero, quienes escucharon los planteamientos y preocupaciones de las familias. La información recabada fue canalizada a los agentes de la Policía de Investigación para integrarla a las labores de campo.

La dependencia aseguró que mantendrá contacto permanente con las madres de Ian Yael, visto por última vez en la colonia Industrial Aviación, y de Alanna Sofía, cuya desaparición fue reportada el pasado 12 de febrero.

La Fiscalía informó que en las próximas horas sostendrán una nueva reunión para evaluar avances y ajustar estrategias de inteligencia que permitan localizar a ambos menores. El compromiso, señalaron, es mantener abiertos todos los canales de colaboración para agilizar resultados.

La FGESLP activó los protocolos necesarios, lo que incluyó la participación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Coordinación Estatal de Alerta Amber y las delegaciones regionales del ente procurador de justicia. Asimismo, se contó con la participación de la ciudadanía en la difusión de las Fichas de Búsqueda para lograr su pronta localización.

Por su parte, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con otras corporaciones de seguridad, llevaron a cabo labores de inteligencia y desplegaron dispositivos en los municipios de Aquismón, Rioverde, Ciudad Valles, Villa de Pozos y la capital del Estado para dar con la ubicación de dichas personas.

De esta manera, a través de distintas acciones se estableció el paradero de Patricia de 15 años de edad; Luis de 23 años; Moisés de 64 años; Juan de 70 años; Joselyn de 19 años, Allison de 20 años; así como de Dylan de cuatro años y Nicole de dos años de edad.

La FGESLP reafirma su compromiso con la búsqueda de personas y enfatiza que seguirá respondiendo con prontitud a estas denuncias. Por ello, hace un llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier situación de este tipo, se denuncie de inmediato ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos o en la delegación correspondiente.

El hallazgo de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en evidencia una realidad aterradora y brutal: la desaparición y asesinato sistemático de personas en México. En este lugar, identificado como el Rancho Izaguirre, se descubrieron hornos clandestinos utilizados para la cremación de cuerpos, lo que sugiere un nivel de violencia estructurada y normalizada. A pesar de la magnitud del horror, la reacción social y gubernamental ha sido tibia, reflejando una preocupante indiferencia.

El 15 de marzo, diversos colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos convocaron a actos de conmemoración en todo el país, buscando honrar la memoria de las víctimas y exigir justicia. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. En San Luis Potosí, la asistencia fue mínima, y en varias otras ciudades las manifestaciones se realizaron en espacios semivacíos, exceptuando lugares como el Zócalo en la CDMX, que tuvo una gran asistencia. Esta falta de participación sugiere que, aunque la violencia se reconoce como un problema, no se dimensiona su gravedad ni se traduce en una movilización contundente.

La indiferencia no solo se observa en la sociedad, sino también en las autoridades. Más allá de declaraciones protocolares, no hay una respuesta firme ni un compromiso real para frenar estas prácticas de exterminio. La impunidad sigue siendo la norma, permitiendo que estos crímenes se repitan sin consecuencias. La ausencia de políticas efectivas para enfrentar la crisis de desapariciones refuerza la idea de que la violencia es parte del paisaje cotidiano.

Este fenómeno se puede entender a través del concepto de “industrialización de la violencia”, que describe cómo la violencia se vuelve un mecanismo sistemático dentro de una sociedad, al punto de integrarse en sus estructuras económicas, políticas y sociales. En México, esta industrialización se manifiesta en redes de tráfico de personas, desapariciones forzadas y centros de exterminio operados con una eficiencia escalofriante. La violencia deja de ser un acto aislado y se convierte en un proceso organizado, en el que la muerte es tratada como una estadística más.

Frente a este escenario, la pregunta es: ¿hasta cuándo se permitirá esta normalización? La sociedad no puede seguir viendo estos crímenes con indiferencia ni permitiendo que las conmemoraciones por las víctimas se conviertan en actos simbólicos sin impacto real. Es urgente romper con la pasividad y exigir un cambio estructural que impida que la violencia siga funcionando como una industria impune.

El llamado a la movilización ha circulado en redes sociales, recordando que Daniela Martell, artista potosina, cumplió 45 años el pasado 2 de febrero sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero. Su familia organizó una marcha anterior el 14 de enero, donde exigieron intensificar su búsqueda y denunciaron la inseguridad que enfrentan las mujeres que trabajan en plataformas de transporte.

Martell fue vista por última vez el 6 de enero en la colonia Tequisquiapan, cuando conducía un vehículo Suzuki Swift rojo como parte de su labor en InDriver. Días después, su automóvil fue encontrado calcinado en la comunidad La Esperanza, en el municipio de Villa de Zaragoza. El 20 de enero, la Fiscalía General del Estado informó sobre el hallazgo de fragmentos óseos en la misma zona, pero su identificación aún no ha sido confirmada debido a la complejidad de los análisis forenses.

La fundadora del colectivo, Edith Pérez, quien busca a dos de sus hijos desde 2012, describió el año como una mezcla de esperanza y crueldad. En diversas zonas del estado, incluidos municipios como Rioverde, Tamuín y Ciudad Valles, se localizaron lugares donde grupos criminales abandonaron restos calcinados y fragmentados. Estas áreas, conocidas como campos de exterminio, reflejan la brutalidad que enfrentan las familias al buscar a sus seres queridos.

Los ataques contra los colectivos, como emboscadas y agresiones armadas, evidencian los riesgos que enfrentan las buscadoras. Pese a ello, las labores han continuado, con la esperanza de dar certeza a las familias. Sin embargo, persisten retos, como la falta de identificación forense de restos hallados desde años atrás, lo que retrasa la posibilidad de cerrar ciclos.

A lo largo del año, los grupos de búsqueda también han denunciado la falta de protocolos adecuados de seguridad durante sus actividades. Según Edith Pérez, en múltiples ocasiones han sido abandonados en zonas de alto riesgo por parte de las autoridades encargadas de su resguardo, dejando en evidencia la necesidad de mayor compromiso gubernamental para garantizar su protección.

El colectivo subrayó la urgencia de crear una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas y mejorar los recursos para el análisis forense. Aunque se han hecho promesas de consolidar estos avances en 2025, la situación sigue demandando acciones inmediatas para enfrentar la crisis de desapariciones que afecta al estado.

En el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, Pérez Rodríguez expresó su frustración ante la persistencia del problema. “A pesar de que hemos hecho tantas cosas para visibilizar el problema, sigue creciendo. Estamos en el campo todo el tiempo, y esto nos ha afectado fuertemente”, declaró.

La Zona Media es el área más afectada por las desapariciones, lo que pone de relieve la necesidad urgente de evaluar los compromisos asumidos y reforzar las acciones para enfrentar esta crisis. Pérez Rodríguez hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen sus esfuerzos y logren resultados concretos.

Como parte de las actividades conmemorativas, la Fiscalía General del Estado (FGE) organizará una feria de concientización en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes el 30 de agosto a las 12:00 horas, a través de su Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas. Esta iniciativa busca sensibilizar a la comunidad sobre la problemática y la necesidad de una acción coordinada para detenerla.

Leobardo Aguilar Orihuela, comisionado estatal de Búsqueda de Personas, expresó su agradecimiento al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por facilitar estas iniciativas. Aguilar Orihuela anunció la apertura del Laboratorio de Genética de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, para la toma de muestras de referencia. Cualquier persona que tenga un familiar desaparecido puede acudir previa entrevista, asegurando que las muestras serán procesadas por personal altamente especializado.

Una vez obtenido el perfil genético, se procederá a cotejarlo con la base de datos de personas no identificadas. Aguilar Orihuela anticipó que próximamente se divulgarán las fechas de nuevas jornadas de toma de muestras en diversos municipios del estado.

El comisionado destacó la colaboración esencial del Gobernador Ricardo Gallardo y del Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, para equipar y poner en funcionamiento el Laboratorio, consolidándolo como uno de los centros de análisis genéticos más avanzados en San Luis Potosí.