La reforma en el artículo 148 establece que el aborto será punible cuando se realice sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, independientemente de la fase del embarazo, con sanciones que van de 3 a 8 años de prisión. En los casos en que la interrupción sea voluntaria y ocurra después de las 12 semanas, las sanciones se reducirán a trabajo comunitario. Asimismo, el artículo 149 fue derogado, mientras que el artículo 150 exime de responsabilidad penal los casos de aborto resultantes de accidente o violación, eliminando la necesidad de contar con una sentencia previa para estos últimos.

Ninde Moire, integrante de AbortistasMx, compartió en redes sociales algunos puntos importantes sobre la reforma, destacando que con esta nueva legislación se eliminan términos estigmatizantes en la definición de aborto y se reconoce a las personas gestantes. Sin embargo, subrayó también la desaparición de las causales por salud y vida de la mujer como motivos permitidos para interrumpir un embarazo, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha aclarado que, en tales situaciones, el personal médico está obligado a realizar el procedimiento amparándose en el artículo 4º constitucional.

Con esta publicación, la reforma entra en vigor y requiere que las autoridades de salud del estado pongan en marcha servicios de aborto seguro. La implementación podría presentar retos, especialmente en cuanto a asegurar la disponibilidad de estos servicios para quienes los requieran.

Dávila Chávez aseguró que los hospitales potosinos cuentan con la infraestructura y el personal médico necesario para ofrecer estos servicios con seguridad, en hospitales generales y de alta especialidad. Señaló que los procedimientos se realizarán en condiciones seguras, con equipos y especialistas adecuados.

A pesar de este avance, el Frente Marea Verde recordó que persisten desafíos para garantizar que las mujeres y personas gestantes accedan al aborto en condiciones de libertad, dignidad y seguridad. Además de los cambios al Código Penal, el colectivo enfatizó la importancia de modificaciones en la Ley de Salud del Estado que aseguren derechos plenos en materia de salud reproductiva.

El colectivo detalló que estas modificaciones deben incluir el reconocimiento de las personas gestantes como sujetos de protección de salud, la obligación del Estado de brindar acceso a servicios de aborto seguro y la implementación de políticas públicas de educación en salud sexual y reproductiva. La reforma aprobada, que será efectiva tras su publicación en el Periódico Oficial, garantiza que quienes decidan interrumpir su embarazo no serán penalizadas dentro del periodo permitido por la ley.

El arzobispo llamó a los asistentes a rechazar lo que describió como una “imposición ideológica” y a defender la vida desde la concepción, subrayando la oposición de la Iglesia a esta medida. Sus palabras reflejan la división que ha generado la reforma en el estado, ahora el número 20 en México en despenalizar el aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación.

Con este pronunciamiento, la Arquidiócesis de San Luis Potosí se suma a los sectores que critican la medida, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre derechos reproductivos y las posiciones de la Iglesia en torno a la legislación local.

Nuria Serrano, integrante de la colectiva ILE, destacó que el Congreso ha cumplido parcialmente los mandatos judiciales recientes, que exigían no solo modificar el Código Penal, sino también derogar el artículo 16 de la Constitución local y reformar la Ley de Salud. “La eliminación de la criminalización es solo una parte del fallo. Queda pendiente eliminar el artículo que protege la vida desde la concepción y ajustar la Ley de Salud para crear protocolos adecuados”, señaló Serrano.

Las defensoras subrayan que sin un cambio en la Ley de Salud, los hospitales y clínicas de San Luis Potosí seguirán sin protocolos claros para ofrecer la interrupción del embarazo, limitando el acceso al servicio. Serrano puntualizó que, de no establecerse este procedimiento formal, muchas personas enfrentarán barreras legales y administrativas en los hospitales públicos. “Actualmente, si alguien solicita el servicio en un hospital público, es probable que no se le atienda porque no hay un protocolo establecido. Esto es algo que debemos resolver con urgencia”, afirmó.

Además, los colectivos llaman a implementar campañas de capacitación para el personal de salud y a informar a la población sobre este derecho. Serrano destacó la importancia de que las mujeres y personas gestantes sepan que el aborto en las primeras 12 semanas es legal y accesible en el estado. “Faltan mucha capacitación y promoción estatal para que el servicio sea realmente accesible en todo San Luis Potosí”, dijo.

Organizaciones como la Asociación Civil Nueva Luna seguirán trabajando para que se eliminen barreras y se promueva una cultura de derechos en torno a la salud reproductiva. Las defensoras de derechos aseguran que, sin la adecuación de la Ley de Salud y la reforma constitucional pendiente, el avance legislativo podría no traducirse en un acceso real y efectivo al aborto, dejando la despenalización incompleta.

La sesión, marcada por un intenso debate entre diputados locales, reflejó posturas divididas en torno al tema. Aunque la mayoría se manifestó a favor, algunos legisladores, como Sara Rocha Medina, Martha Patricia Aradillas y Luis Fernando Gámez Macías, no acudieron a la sesión. La medida surge en cumplimiento de un fallo judicial emitido por el Juzgado Tercero de Distrito, que declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que penalizaban el aborto y estableció un plazo para la emisión de un nuevo dictamen.

En las últimas semanas, el tema dividió a distintos sectores de la sociedad potosina. Organizaciones civiles, algunas de ellas religiosas, se pronunciaron en contra de la despenalización y realizaron protestas, incluyendo rezos frente al Congreso. Por su parte, colectivos feministas celebraron la reforma, viendo en ella una garantía para que las mujeres puedan acceder a esta intervención sin temer sanciones legales.

La despenalización del aborto en San Luis Potosí se convierte así en un paso histórico en la legislación del estado, alineándose con otras entidades del país que han avanzado en garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

“Tenemos apenas 21 días para ya darle cumplimiento esta sentencia de amparo, pero confío en el criterio de todos mis compañeros y compañeras diputadas; ya hemos hecho un trabajo desde que entramos a esta Legislatura y no tenemos mayor problema porque más allá de cualquier opinión y de cualquier postura tenemos encima un dictamen y sobre ese nos vamos a basarnos”, comentó López Torres.

La diputada recalcó que el Congreso debe legislar sobre la despenalización antes del 26 de noviembre. Además, expresó su confianza en que, a lo largo de las próximas semanas, el dictamen en comisiones será discutido y presentado ante el Pleno para su votación.

Azuara Yárzabal informó que se celebrará una reunión próximamente para emitir un dictamen de las comisiones legislativas involucradas. También afirmó que se han sostenido diálogos con todas las fuerzas políticas, llegando al consenso de que esta cuestión debe abordarse sin demoras.

“Es urgente y necesario atender el llamado de la Corte; no podemos ser omisos ante un tema que ha sido postergado durante años. Es un problema de salud pública, y no queremos ver a más mujeres encarceladas por ejercer sus derechos. Legislaremos en tiempo y forma, conforme lo marca la Ley,” expresó la legisladora.

Cabe recordar que, el pasado 23 de septiembre, un juez federal emitió una sentencia de amparo que despenaliza la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, declarando inconstitucionales los artículos 16 de la Constitución del Estado y los artículos 149 y 150 del Código Penal. Esta resolución obliga al Congreso a legislar sobre el tema antes del 26 de noviembre.

En una sesión plenaria celebrada el viernes, mediante votación secreta solicitada por la legisladora Susana de la Rosa, 20 de los 37 diputados presentes votaron a favor de reformar el Código Penal del estado para acatar un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La corte había declarado inconstitucionales los artículos 228 y 229 del Código Penal, que imponían penas de prisión de cuatro meses a un año por interrumpir el embarazo.

La reforma aprobada establece que, tras las 12 semanas de gestación, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán evitar la prisión si optan por un proceso de atención integral, el cual será proporcionado por instituciones estatales. Además, se estipulan penas de tres a seis años de prisión para quienes interrumpan el embarazo de una mujer sin su consentimiento, con agravantes en casos de violencia.

La legislación también excluye de responsabilidad penal los casos en los que el aborto sea producto de una violación, abuso sexual infantil, inseminación artificial no consentida, o cuando la vida o salud de la mujer esté en riesgo, así como por malformaciones genéticas del feto, siempre que exista consentimiento.

Este cambio en la legislación llega después de una votación fallida inicial, en la que 18 legisladores votaron a favor, 18 en contra y uno se abstuvo, lo que prolongó el proceso de despenalización.

Con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el Congreso poblano aprobó en lo general la iniciativa que permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas sin sanciones penales. Este cambio modifica los artículos 341, 342 y 343 del Código Penal del estado, dejando para discusión futura los artículos 339 y 340.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) resaltó que este avance es fruto de un proceso judicial iniciado en octubre de 2022, cuando un juez de Distrito otorgó un amparo que protege a todas las personas gestantes, incluyendo mujeres, hombres trans y personas no binarias, así como al personal médico involucrado en la práctica del aborto.

Este cambio legislativo en Puebla representa un paso significativo en derechos reproductivos, aunque GIRE advirtió que los efectos de la despenalización podrían ser limitados para quienes no tengan acceso a asesoramiento especializado, lo que podría generar desigualdades en el ejercicio de este derecho.

La aprobación ha generado reacciones encontradas en la sociedad poblana, incluyendo protestas de grupos provida. No obstante, para los defensores de los derechos reproductivos, esta decisión refuerza el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo de manera informada y segura.

Con esta medida, Puebla se une a otras entidades del país que han avanzado en la despenalización del aborto, siguiendo el precedente establecido por Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco y Coahuila, este último por vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Las integrantes de la Colectiva ILE nos encontramos muy entusiasmadas con este logro, donde por primera vez en San Luis Potosí se declaran inconstitucionales las normas relativas al aborto. Consideramos que este es un peldaño para alcanzar la interrupción legal y voluntaria del embarazo, de manera general, en todo el estado y sin la necesidad de tramitar amparos”, señalaron.

Los amparos declararon la inconstitucionalidad de los artículos 148, fracción I y II, 149 y 150, fracción III del Código Penal y del artículo 16 de la Constitución Local, los cuales penalizan la ILE. Con esto, se logró que las ciudadanas Nuria Carmina S., Andrea Karime M. y Ana María Z. puedan acceder a un aborto dentro del estado de San Luis Potosí de manera gratuita y sin penalización.