La despenalización del aborto fue aprobada el 7 de noviembre con 20 votos a favor, mayormente de diputados de Morena y sus aliados. Sánchez Martínez cuestionó el procedimiento, señalando que la decisión fue apresurada y no respetó el marco legislativo. “Esta orden judicial no era firme, por lo que se pudieron seguir otras vías legales”, declaró.

El recurso, aceptado a trámite el 21 de noviembre, pretende que los tribunales revisen la validez de la sentencia y sus implicaciones. Mientras tanto, Sánchez Martínez instó a mantener un diálogo amplio y transparente que contemple las diversas posturas sobre el tema. “Es por ello por lo que seguiremos insistiendo en el diálogo y apertura para que se escuchen todas las voces, sin distingo partidario o ideológico y que prevalezca la razón y la verdad y con los criterios técnicos que el tema amerita y como ciudadanía participativa estaremos atentos y continuaremos informando a la población en todo el estado”, concluyó.

Las diputadas destacaron que el Grupo Parlamentario de Morena trabajará en la derogación de los artículos del Código Penal y la Constitución local que penalizan el aborto, tras la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito, que los declaró inconstitucionales. Esta decisión obliga al Congreso local a revisar y modificar el marco legal.

En el Congreso estatal, cuatro iniciativas que buscan reformar la Constitución, la Ley de Salud y el Código Penal esperan ser discutidas y dictaminadas en diversas comisiones. Además, una sentencia del Tribunal Electoral obliga a la LXIV Legislatura a abordar al menos dos de estas propuestas antes de que finalice 2024.

Con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el Congreso poblano aprobó en lo general la iniciativa que permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas sin sanciones penales. Este cambio modifica los artículos 341, 342 y 343 del Código Penal del estado, dejando para discusión futura los artículos 339 y 340.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) resaltó que este avance es fruto de un proceso judicial iniciado en octubre de 2022, cuando un juez de Distrito otorgó un amparo que protege a todas las personas gestantes, incluyendo mujeres, hombres trans y personas no binarias, así como al personal médico involucrado en la práctica del aborto.

Este cambio legislativo en Puebla representa un paso significativo en derechos reproductivos, aunque GIRE advirtió que los efectos de la despenalización podrían ser limitados para quienes no tengan acceso a asesoramiento especializado, lo que podría generar desigualdades en el ejercicio de este derecho.

La aprobación ha generado reacciones encontradas en la sociedad poblana, incluyendo protestas de grupos provida. No obstante, para los defensores de los derechos reproductivos, esta decisión refuerza el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo de manera informada y segura.

Con esta medida, Puebla se une a otras entidades del país que han avanzado en la despenalización del aborto, siguiendo el precedente establecido por Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco y Coahuila, este último por vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Paloma González, jueza Segunda de Amparo Penal, inició el proceso de ejecución del amparo concedido el 6 de septiembre por la Primera Sala de la Corte en favor de la Asociación Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La Sala tardó tres meses en elaborar la versión final o engrose de la sentencia, que es la primera en la cual la Corte ordena al Congreso de la Unión derogar porciones de una ley por medio de un amparo.

El Congreso iniciará su periodo de sesiones en febrero, y la ejecución de este amparo -que toca supervisar al juzgado- podría tomar meses, o incluso años, si se considera lo inusual de la sentencia, y experiencias previas en otros casos donde la Corte ha ordenado al Congreso emitir legislación.

La sentencia ordena derogar los artículos 331 y 332 del CPF, así como porciones del 330, 333 y 334, que sancionan el aborto voluntario y han permanecido sin cambios desde 1931.

También sugiere que el aborto debe ser legal solo en las primeras doce semanas del embarazo, como ya está permitido en varios estados, y como estableció el Pleno de la Corte en el fallo de septiembre de 2021 sobre la ley de Coahuila, donde por primera vez declaró inconstitucional la penalización.

Para la mujer que aborta voluntariamente, la pena es de seis meses a un año de prisión, siempre y cuando “no tenga mala fama”, “haya logrado ocultar su embarazo “y “que éste sea fruto de una unión ilegítima”, pues si no concurren dichas circunstancias, la sanción es de uno a cinco años.

El CPF es aplicable en instalaciones federales, como hospitales del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud federal, hospitales militares y de Pemex, y ahora, también el IMSS-Bienestar, que ha absorbido por completo los servicios de 23 estados.

El efecto expansivo del amparo, que pareciera ser contrario a los límites que para estas sentencias fija el artículo 107 de la Constitución, solo fue aprobado por los Ministros Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez, así como por el ex Ministro Arturo Zaldívar.

Margarita Ríos-Farjat y Jorge Pardo no estuvieron de acuerdo con estos efectos para el amparo.

En un voto aclaratorio, Pardo rechazó que el producto de la concepción no tenga derechos humanos propiamente dichos sino hasta después del nacimiento, pues de ser cierta esta idea, ningún aborto podría penalizarse, no obstante que la propia sentencia solo lo avala en las primeras doce semanas.

También advierte que, al ordenar la derogación, se esta beneficiando a todas las mujeres, pero no a GIRE como tal, que fue la quejosa en el amparo.

“Los efectos debieron haber sido distintos, porque estamos generando un precedente que, a mi respetuoso parecer, no se compadece del todo con el sistema del juicio de amparo y otros medios de control constitucional, precedente que puede abrir una caja de Pandora más adelante”, advirtió Ríos-Farjat, quien proponía que el amparo solo protegiera a mujeres patrocinadas por GIRE.

La Corte tiene pendiente resolver una petición de GIRE para atraer la revisión de amparos similares que impugna la penalización una docena de estados. Pero ante la renuncia de Zaldívar y la llegada de Loretta Ortiz a la Primera Sala, está por verse si se mantendrá el criterio de ordenar directamente la derogación de las normas, que hasta ahora solo se ha hecho para el CPF y Aguascalientes.