De acuerdo con los inconformes, el comisario Guadalupe Martínez Rivera y el presidente del Consejo de Vigilancia, Zeferino Arriaga, han incumplido con sus responsabilidades de manera reiterada. Para respaldar la solicitud, se entregaron firmas del 25% de los ejidatarios, el mínimo requerido por la legislación agraria. Además, se exigió que sea la Procuraduría Agraria quien organice el proceso de elección para garantizar su legalidad.

Los ejidatarios también señalaron que el Comisariado ha convocado a una nueva asamblea el 14 de marzo para elegir a sus sucesores, pero el documento está firmado por personas que, aseguran, fueron designadas en la asamblea impugnada de febrero y no han podido acreditar su representación legal. La Procuraduría Agraria deberá evaluar la petición y definir los pasos a seguir ante el conflicto.

A las 10 de la mañana, los manifestantes llegaron con lonas que exigían la salida de Martínez Acosta. Gritaron consignas como «fuera Araceli» y «Ponte a trabajar Araceli», y se trasladaron a las oficinas de la SCT, donde permanecieron más de dos horas sin ser atendidos. La falta de respuesta por parte de las autoridades aumentó el malestar entre los conductores.

Aunque la manifestación no contó con la multitud habitual de taxistas, la protesta provocó un cierre total de la vialidad, generando caos en la zona, lo que obligó a la intervención de la policía vial. Además de la destitución de la funcionaria, los taxistas pidieron una plataforma digital para el servicio tradicional, una promesa incumplida desde hace más de un año.

Este acto de inconformidad ocurre en un contexto de creciente tensión en el sector del transporte público, marcado tanto por denuncias contra taxistas como por la falta de regulación en el trabajo de las plataformas privadas.

La protesta surgió tras varios decomisos que, según los manifestantes, fueron realizados sin respaldo legal y con uso excesivo de fuerza. Con pancartas, señalaron a funcionarios como Ciro Hernández y Miguel Ángel Gómez Moreno, a quienes acusan de abusar de su autoridad y maltratar a ciudadanos. Los inconformes afirmaron que estas acciones tienen motivos personales, alejándose de la misión ambiental de la institución.

Además de pedir la devolución de los vehículos incautados, los manifestantes exigen la renuncia de Hernández Arista, Ciro Hernández y Gómez Moreno. Acusaron también a Ciro Hernández de prácticas de nepotismo dentro de la delegación, favoreciendo a personas allegadas. Según los manifestantes, al menos siete investigaciones abiertas contra funcionarios de PROFEPA en el estado respaldan sus denuncias de irregularidades.

Para los manifestantes, la renuncia de Hernández Arista es crucial, ya que la responsabilizan de permitir estas prácticas bajo su gestión, afectando a la ciudadanía en lugar de proteger el medio ambiente.

Los manifestantes señalaron que la funcionaria firmó una minuta en la que se comprometió a varias medidas, entre ellas, la emisión de un gafete con vigencia de cinco años. Actualmente, los conductores deben renovarlo anualmente, lo que incrementa sus costos operativos. Además, criticaron la falta de acción efectiva contra el “pirataje”, refiriéndose a los servicios de transporte mediante plataformas digitales, los cuales, según ellos, representan una competencia desleal.

Crispín Segura, representante del Movimiento Nacional Taxista, destacó que el último diálogo con Martínez Acosta tuvo lugar el 16 de septiembre, sin resultados concretos. Ante la falta de respuesta y la negativa a establecer nuevas mesas de trabajo, los taxistas han decidido intensificar sus protestas, advirtiendo que, de ser necesario, movilizarán a organizaciones de otros estados para presionar por la destitución de la funcionaria.

La situación ha generado tensiones en 14 organizaciones locales, además del Movimiento Nacional Transportista, quienes exigen una solución inmediata a los problemas que enfrentan.

Durante la protesta, los taxistas destacaron que ahora deben pagar anualmente por su gafete, a diferencia de administraciones anteriores, donde la renovación se hacía cada cinco años. Esta nueva exigencia ha resultado en un aumento significativo de sus costos operativos. También señalaron que Martínez no ha defendido adecuadamente sus intereses frente a la competencia de las aplicaciones de transporte.

“Decían que todo cambiaría, mentira, son la misma porquería. El problema es en todo el estado, necesitamos un cuerpo que esté capacitado especialmente para atender el pirataje, que es demasiado. Ya son más que nosotros”, expresaron los manifestantes.

Los taxistas demandan una intervención inmediata de las autoridades para resolver el problema del pirataje y mejorar sus condiciones de trabajo, buscando garantizar un trato justo y equitativo frente a la competencia de las aplicaciones de transporte.