Las inversiones, presuntamente avaladas por representantes sindicales, están siendo investigadas por su posible implicación en la descapitalización del Fondo de Pensiones del Estado. Valadez Macías enfatizó la gravedad del asunto, señalando que los responsables de este descapitalización deben asumir las consecuencias correspondientes.

La reciente aprobación de reformas a la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para Trabajadores al Servicio del Estado subraya la obligación de la Dirección de Pensiones de informar de manera clara y precisa sobre el estado del fondo y su capacidad para cumplir con las obligaciones adquiridas.

Aunque se ha confirmado la presencia de inversiones en varios países, la investigación aún está en curso para determinar la magnitud exacta del desvío de fondos y las responsabilidades de los involucrados. Este descubrimiento ha generado inquietud entre los ciudadanos y autoridades locales, quienes exigen transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores del estado.

Los manifestantes señalaron que la tesorera del Comité de la Escuela es Nuestra es la responsable de la desaparición de los fondos. Sin embargo, las autoridades del Bienestar no han tomado acciones legales al respecto.

La situación se agrava porque la directora general de la institución está exigiendo a los padres de familia que reemplacen los 71 mil pesos perdidos, a pesar de que estos no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Estos fondos eran esenciales para la manutención y mejoras de la escuela.

A pesar de que los padres han presentado denuncias ante las Fiscalías del Estado y de la República, estas no han sido aceptadas. Se les indicó que deben realizar la denuncia directamente con las autoridades del Bienestar, ya que los fondos pertenecen a dicho programa.

Hasta el momento, ni la exatleta mexicana ni la dependencia han brindado información al respecto.

Al organismo se le acusa de presuntamente realizar daños al erario por la cantidad de 280 millones de pesos. Las autoridades detectaron irregularidades y malos manejos de la dependencia, como pagos a quienes no son miembros del sistemas nacional del deportes y la compra de equipos tecnológicos de menor calidad que los pagados.

Cabe recordar que en agosto de 2023 se presentó el primer recurso legal y fue interpuesto el pasado 19 de febrero 2024, por presuntos desfalcos por irregularidades detectadas en la auditoría 143-DS Conade, realizada a la Cuenta Pública 2022, por daños al erario por 377 millones de pesos.

Por otro lado, se integró a la carpeta de denuncia, la auditoría 141-DS, también de la cuenta pública 2020, donde se acusa a la Conade de contar con debilidades serias en la ejecución del gasto público.

También se encontraron otras irregularidades en los gastos realizados para los Juegos Nacionales y Paranacionales de Baja California y Sonora. De igual forma en el Mundial de Taekwondo de Guadalajara, la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco de Tlaxcala y el Tour de Voleibol de playa en Rosarito, todos llevados a cabo en el año de 2022.

Todo este dilema se junta con otras demandas penales y quejas de los propios atletas por el poco y nulo apoyo recibido durante la gestión de Ana Guevara en Conade.

“Es muy fácil acusar, nosotros luchamos toda la vida contra el uso de recursos públicos en elecciones. Toda la vida luchamos contra la corrupción”, mencionó en un panel de medios locales.

Agregó: “Jamás aceptaríamos de aceptar un recurso o de permitir que hubiera moches, del otro lado hay mucho que explicar, mucho, no sé cuál sea la razón de esta persona”.

Sheinbaum aseguró que dejó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con cero observaciones de la Auditoría Superior, y 100% en transparencia en la Secretaría de Administración y Finanzas.

En ese sentido, la precandidata se cuestionó la razón de que no se haya difundido “tanto” la carta del acuerdo en Coahuila de Marko Cortés, líder de Acción Nacional, dónde buscaban distribuirse notarias y direcciones públicas de la entidad.

“Eso está firmado y hay prueba, por eso de andan peleando porque no cumplieron con el botín que se iban a distribuir en Coahuila, pero de eso no se dice nada, está escondido ahí, ahí hay prueba”, mencionó Sheinbaum.

La precandidata del PRIAN denuncia que la doctora Sheinbaum desvió recursos públicos para su precampaña, las acusaciones surgen de las declaraciones de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien aseguro que le pidieron parte de la liquidación de los trabajadores para la precampaña de Claudia.

De acuerdo a las declaraciones de Sanjuana Martínez, el desvío de recursos públicos corresponde a “varios millones”. Ante esta situación, Xóchitl solicitó al INE “que investigue, ya Marcelo Ebrard dijo que había una intromisión rapaz”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta viernes un Juez de Control con sede en la Ciudad de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Sosamontes, “por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, contemplado en el Artículo 217 del Código Penal Federal, en el caso conocido como la Estafa Maestra”.

De acuerdo con la información difundida por la institución ministerial ante autoridades judiciales, el ex funcionario que se desempeñó como Jefe de Oficina de Comunicación Social, en 2014, “presuntamente contrató de manera indebida servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de más de 353 millones pesos”.

El Ministerio Público Federal informó al juez federal que el convenio de servicios contravino “todas las normas que la Ley obliga en el uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social, para desviarlos y disgregarlos con propósitos delictivos”.

En la audiencia, “la autoridad jurisdiccional otorgó tres meses para realizar la investigación complementaria y le impuso al justiciable la medida cautelar de prohibición de salir del país”.

Ramón Sosamontes se desempeñó como titular de comunicación Social tanto en Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 a 2015, época en la que de acuerdo con investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y concretadas en carpetas de investigación por parte de la FGR, supera los 5 mil millones de pesos en contratos otorgados a universidades públicas y empresas fantasma.

En esta semana ya suman dos de los colaboradores de mayor nivel en la Sedeso y Sedatu que son puestos a disposición de jueces federales para enfrentar acusaciones penales en torno a la llamada estafa Maestra. El lunes pasado fue aprehendido el ex coordinador de delegaciones de Sedesol,Simón Pedro de León Mojarro, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva juistificada.