Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, fue aprobada la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, lo que representa un nuevo paquete de medidas fiscales que incluye aumentos de impuestos a diversos productos de consumo generalizado, la incorporación de nuevos gravámenes y la autorización de un importante nivel de endeudamiento público.

De acuerdo con la información publicada por Animal Político, la reforma a la Ley del IEPS fue avalada en lo general con 351 votos a favor y 129 en contra, en medio de un debate intenso y polarizado entre el bloque oficialista y la oposición.

Durante la discusión en lo particular, que incluyó más de 200 reservas presentadas por legisladores, se aceptó una modificación para fijar un impuesto de $1.5 por litro a las bebidas con endulzantes no calóricos, luego de un acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y las principales empresas refresqueras del país.

Los productos que serán gravados con mayor fuerza son las bebidas saborizadas, incluidos refrescos, jarabes, polvos y concentrados, cuyo impuesto pasará de 1.64 por litro en 2025 a 3.08 en 2026. Este mismo impuesto se aplicará a los sueros que no se limiten a contener los cuatro ingredientes sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades señalaron que la medida busca desalentar el consumo de productos con alto contenido calórico y azúcares, en un esfuerzo por reducir las enfermedades asociadas a estos productos.

El IEPS también contempla un aumento progresivo en la carga fiscal a los cigarros, con una cuota adicional de 0.85 por unidad en 2026, que aumentará a 1.15 en el año 2030. A esta medida se suma el incremento del impuesto a juegos, apuestas y sorteos del 30 al 50, así como la creación de un nuevo impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento y no aptos para menores, aplicable tanto a su formato físico como a los servicios digitales de descarga o acceso.

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron las reformas como un mecanismo para fortalecer las finanzas públicas, combatir el consumo de productos nocivos para la salud y ampliar la base tributaria.

En tribuna, el diputado morenista Daniel Murguía Lardízabal explicó que con esta reforma se busca recaudar más de 761 mil millones de pesos únicamente por concepto del IEPS. Argumentó que uno de los objetivos principales es incorporar nuevos productos y servicios a la base gravable, como bolsas de nicotina, apuestas digitales y videojuegos violentos, bajo un enfoque de salud pública y modernización fiscal.

Por su parte, José Antonio López Ruiz, del PT, indicó que los llamados “impuestos saludables” buscan una reducción del 7% en el consumo de bebidas azucaradas, mientras que Héctor Pedroza Jiménez, del PVEM, destacó que la intención es canalizar la recaudación hacia programas de prevención y fortalecimiento del sistema público de salud.

En contraste, los partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), criticaron duramente la reforma al considerar que los nuevos impuestos afectan directamente a las familias de bajos ingresos.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, cuestionó la verdadera intención del gobierno al afirmar que, si bien se promete que los recursos se destinarán al sector salud, no existe un mecanismo de transparencia que garantice este uso. También denunció que el gobierno federal prevé una recaudación total de más de 270 mil millones de pesos adicionales, sin que exista claridad sobre su destino.

Desde el PRI, Víctor Samuel Palma advirtió sobre una inminente escalada de precios que profundizará la crisis económica que enfrentan millones de mexicanos, mientras que Paulo Gonzalo Martínez, del PAN, acusó a Morena de actuar con hipocresía al prometer que “primero los pobres” cuando las medidas fiscales afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.

Junto a la reforma al IEPS, también se aprobó la Ley de Ingresos 2026, que proyecta ingresos por un total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, a obtenerse a través de impuestos, cuotas de seguridad social, derechos, ventas de bienes y servicios, así como endeudamiento interno y externo.

Con 349 votos a favor y 128 en contra en lo general, y 352 votos a favor en lo particular, se avaló también que el Poder Ejecutivo pueda contratar un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos y uno externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares para financiar el Presupuesto de Egresos y operaciones de refinanciamiento.

Durante el debate, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, aseguró que los ingresos se fortalecerán gracias al combate a la evasión fiscal, a las factureras ilegales y a la eliminación de beneficios como la deducción fiscal de aportaciones al Fobaproa por parte de los bancos. Desde tribuna, acusó también al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de evadir impuestos con facturas falsas, lo que encendió aún más los ánimos entre los bloques legislativos.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que con esta reforma la deuda pública se duplicará en el sexenio, al alcanzar los 30 billones de pesos, lo que equivaldría al 52.3% del Producto Interno Bruto del país.

Por su parte, Éctor Jaime Ramírez, del PAN, lamentó la falta de un marco de responsabilidad fiscal y acusó al gobierno de implementar “parches fiscales” sin visión de largo plazo.

La aprobación de estas reformas marca un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas, reclamos de opacidad en el uso de los recursos y críticas al creciente endeudamiento público.

Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende los llamados impuestos saludables como una medida de bienestar social, los partidos contrarios denuncian un aumento en la carga tributaria de las familias sin una rendición de cuentas clara ni sostenibilidad financiera.

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, explicó que la discrepancia se originó debido a que el Gobierno del Estado había asignado un recurso inicial a la universidad, pero posteriormente la Federación aumentó la partida destinada a la institución sin notificación previa, generando un desfase presupuestal que derivó en el adeudo.

Según la funcionaria, la intención es negociar con la universidad el pago en especie a través de proyectos de infraestructura. No obstante, la propuesta no contempla la entrega del monto en liquidez, lo que mantiene abiertas las conversaciones con la institución educativa.

En los próximos días se espera que concluyan las negociaciones, mientras la UASLP enfrenta una crisis financiera que podría afectar el cumplimiento de compromisos laborales, incluidos sueldos y aguinaldos de la comunidad académica y administrativa.

Se sabe que desde el mes de octubre pasado ya se tenía conocimiento de la sentencia emitida por los tribunales, pero en forma inexplicable la dirigencia sindical actual no lo había dado a conocer a la asamblea, hasta el mes pasado.

Al principio la empresa se negaba a pagar, finalmente aceptaron pagar, pero solo a los trabajadores en activo actualmente en la empresa, a los que por diversas razones ya no laboran en Valeo, los dejarían fuera. Al parecer el sindicato aceptó, se hizo un acuerdo de confidencialidad; no se comentaría el acuerdo, pero si trascendió.

Hay un escrito que señala: En Valeo Wipper que está en carretera 57, en el año 2016 el sindicato y los trabajadores aún activos, metieron una demanda contra la empresa porque en ese tiempo no les querían dar utilidades.

Esta demanda apenas se ganó, pero la empresa sólo les quiere dar a los empleados activos y por ley corresponde a los activos y a los no activos.  Esta demanda se ganó por más de 800 millones de pesos.

Los cuáles se deben de repartir entre todos. Pero la empresa no quiere pagar a los no activos. Por lo cual están haciendo firmar al personal activo de no divulgar cualquier información.

Por lo cual, se cita a todos los trabajadores inactivos de Valeo Wipper el día viernes 21 de este mes para hacer una marcha pacífica afuera de Valeo, con el fin de que la empresa nos dé una solución.

A cada trabajador le toca un poco más de 130,000 antes de impuestos Esto a todo el personal activo en 2016 a nivel Valeos nacional,

El documento emitido por el SAT condena a Valeo Wipper a pagar 880 millones 19 mil 402 pesos. Según, los trabajadores recibirían 130 mil pesos en promedio, menos impuestos.

Pero la empresa pretende escamotear el pago de las y los trabajadores que por cualquier circunstancia fueron separados del trabajo y solo pagar ese poco más de 130 mil a quienes están en activo en ese mismo lugar, pretenden dejar de lado a trabajadores que, con su esfuerzo hicieron posible las utilidades de ese año.

El problema financiero se originó por retrasos en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) en distintos periodos, lo que generó un adeudo acumulado. Sin embargo, la intervención de la Secretaría de Finanzas ha permitido establecer un esquema de pago que garantiza la estabilidad de la institución sin afectar sus operaciones.

Para atender la situación, el COBACH presentó un recurso legal que le permite gestionar sus obligaciones fiscales sin riesgo de medidas extremas. Además, se trabaja en la regularización de un nuevo crédito fiscal relacionado con ISR de 2021 para evitar futuros problemas.

Centeno Trejo enfatizó que, gracias a la coordinación con las autoridades estatales, la institución sigue operando con normalidad y sin peligro de embargo, garantizando así la continuidad de sus actividades académicas.

Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, explicó que durante el proceso de entrega-recepción no se estableció ninguna obligación financiera para Villa de Pozos. Además, destacó la falta de un convenio entre los dos municipios que determine responsabilidades sobre la deuda. “Es complicado que Villa de Pozos tenga la certeza de que el adeudo que se obtuvo por parte del Ayuntamiento de la Capital, fue utilizado en servicios o temas que fueran específicos para esta demarcación”, afirmó.

Por su parte, Marco Antonio Gama Basarte respaldó la postura del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), subrayando que sin un convenio formal con San Luis Potosí, no es legalmente viable transferir la deuda de 51 millones de pesos a Villa de Pozos. “un municipio que acaba de comenzar, no puede nacer con deuda, porque apenas está en su proceso de recibir su presupuesto y realizar su planeación financiera como parte de su Plan de Desarrollo Municipal”, enfatizó.

Jessica Gabriela López Torres, secretaria de la Comisión de Hacienda del Estado, hizo un llamado a ambas administraciones municipales para llegar a un acuerdo que resuelva la situación. Subrayó que es fundamental abordar este conflicto de manera conjunta y respetando la autonomía de cada municipio.

“Aún más, hay métodos seguros como realizarlo a través de la página web de Interapas.mx o en la aplicación InterAppas Móvil”, acotó el funcionario.

Hernández Delgadillo, que es momento de apoyar a la gente que en su momento sufrió la crisis hídrica, ahora se ofrecen estímulos fiscales para que terminen sus adeudos, “es un ganar, ganar para ambas partes”.

El trámite puede realizarse de manera muy sencilla desde la página oficial www.interapas.mx, donde se despliega un banner que redirige al sitio de consulta de descuentos disponibles. o también se puede acceder directamente al link https://sindeuda.interapas.mx/Consulta. Además, los usuarios pueden acudir a las ventanillas habilitadas en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro.

Hernández Delgadillo destacó el buen recibimiento del programa, especialmente entre los usuarios comerciales. Durante el fin de semana, se registró una alta afluencia en las ventanillas, reflejando el interés de los ciudadanos por regularizar sus adeudos y aprovechar los descuentos de hasta el 50%.

Para más información, comunícate al teléfono de Acuatel 4441 23 64 00 o consulta las redes sociales oficiales de Interapas.

De acuerdo con los registros, la deuda corresponde a impuestos no pagados que, con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, alcanzaron una suma considerable. Posteriormente, durante la administración de Margarito Chaverría Delgado, el problema no se resolvió, pues tampoco se realizaron pagos significativos para cubrir los pendientes fiscales.

Al asumir la presidencia municipal, el profesor Rubén Rodríguez Rodríguez heredó esta carga financiera, que ahora se le atribuye como una responsabilidad exclusiva, a pesar de que los orígenes del problema se remontan a varios años atrás.

Es importante aclarar que la deuda se generó antes de la administración el profesor Rubén Rodríguez. Lo que ocurrió fue que no se tomaron las medidas necesarias para subsanar este adeudo en el pasado, y los intereses hicieron que creciera. Es injusto que se pretenda culpar al mentor como único responsable.

El conflicto ha generado polémica entre la ciudadanía, especialmente porque los recursos para solventar estos pagos pudieron haberse destinado a proyectos importantes para el municipio.

Sin embargo, también se cuestiona por qué ninguna de las administraciones involucradas priorizó el pago de los impuestos pendientes, permitiendo que la deuda alcanzara su actual magnitud.

“Lo quise precisar porque pareciera que no le estamos cobrando, le estoy cobrando y con toda la fuerza; ya me actualizaron el dato, no son 120 millones de pesos, ese es de un crédito fiscal (…)  la suma total que le requerimos a la Minera México es de 220 millones de pesos” indicó Galindo. No obstante, el alcalde reconoció que, pese a los diálogos con la empresa, aún no se ha concretado un acuerdo que garantice el pago del adeudo, lo cual plantea el riesgo de que se acumule también el monto correspondiente al año 2025.

Además, Galindo extendió un llamado a todos los contribuyentes, en especial a los grandes deudores, para que regularicen sus pagos. Invitó tanto a empresas como a la ciudadanía a aprovechar los descuentos disponibles para ponerse al día en el pago del predial. “No hemos dejado de cobrarle a nadie, al contrario, para los grandes deudores hay una invitación a que se acerquen y podamos llegar a acuerdos, a  convenios de pago, si es que no tienen suficiencias presupuestales; y ahorita mismo invitaría a la población en términos generales a que hay descuentos, es una buena época para hacer descuentos y ponerse al día en el predial” señaló el alcalde.

Galindo Ceballos señaló que las negociaciones avanzan con buena disposición por ambas partes, aunque el proceso se ha ralentizado debido a discrepancias en el cálculo de la deuda. La administración municipal está revisando montos históricos no recaudados en gestiones pasadas que han prescrito, lo que dificulta precisar una cifra final. No obstante, el alcalde se mostró optimista en que se llegará a un acuerdo satisfactorio.

Asimismo, el Ayuntamiento está evaluando el valor de la infraestructura que Aguas del Poniente transferirá a la ciudad y ha asegurado que este dato se hará público cuando concluya el análisis, garantizando transparencia en la gestión de este proceso.

Zermeño Guerra explicó que, anualmente, el Congreso aprueba un presupuesto para la UASLP, pero semanas después, la federación exige al gobierno estatal una mayor aportación, lo que provoca un desfase. Aunque el gobierno estatal cumple con lo aprobado por el Congreso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) demanda el pago total de los convenios federales, dejando a la universidad en una situación financiera complicada.

Ante este panorama, el rector propuso un plan a largo plazo para alcanzar la autonomía financiera de la universidad. La estrategia contempla un incremento gradual del presupuesto estatal durante cinco años, con el objetivo de estabilizar las finanzas de la institución para el año 2030. Zermeño subrayó la importancia de iniciar este proceso cuanto antes para asegurar el futuro económico de la UASLP.

En cuanto a la opción de saldar la deuda mediante obras, el rector señaló que la SEP está dispuesta a aceptar esta propuesta, siempre y cuando los proyectos beneficien directamente a la academia y al desarrollo de la universidad. Zermeño Guerra confía en que las negociaciones con el gobierno estatal progresen y se logren acuerdos que pongan fin a los problemas presupuestales que enfrenta la institución cada año.