Los 46 casos representan el 5.2% de los 874 ganadores revisados por el INE, que llevó a cabo una evaluación académica detallada de los expedientes de los candidatos. La autoridad confirmó que 36 aspirantes quedaron descartados por no alcanzar el promedio requerido en la especialidad judicial, mientras que otros 9 fueron eliminados por promedios deficientes en su licenciatura.

Uno de los casos más graves es el de Héctor Ulises Orduña Hernández, aspirante ganador que se encuentra detenido en Veracruz bajo cargos de abuso sexual. Aunque la Fiscalía estatal no ha emitido postura oficial sobre su proceso, su situación legal y ausencia en las etapas finales del concurso fueron determinantes para invalidar su candidatura.

Adicionalmente, se conoció que entre los aspirantes descalificados se encuentran perfiles que, a pesar de haber avanzado hasta la etapa final, tenían antecedentes de sanciones administrativas o procesos disciplinarios no informados en su solicitud, lo que también influyó en los dictámenes de inelegibilidad.

El INE precisó que, por disposición constitucional, las vacantes no serán asignadas automáticamente a los segundos lugares en las votaciones. La decisión final sobre la validez de estos comicios y la posible reposición del proceso en distritos donde quedaron cargos vacantes será tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá resolver más de 300 impugnaciones presentadas tanto por aspirantes como por organizaciones que cuestionan la legalidad del proceso.

La sesión del Consejo General del INE cerró con un intenso debate entre consejeros. Algunos, como Martín Faz y Carla Humphrey, criticaron la falta de lineamientos claros para impedir el uso de “acordeones” o guías de voto durante la jornada electoral, mientras que otros consejeros rechazaron que estas prácticas invaliden per se el resultado. La discusión se tornó simbólica cuando un grupo de activistas desplegó un elefante inflable frente al INE, denunciando la supuesta “omisión” del organismo al no garantizar un proceso completamente transparente.

Expertos en derecho constitucional y electoral advirtieron que este resultado podría abrir un precedente polémico sobre la viabilidad de procesos de elección popular para cargos judiciales, al evidenciar deficiencias en los filtros académicos y de idoneidad moral para quienes aspiran a desempeñar funciones jurisdiccionales de alta responsabilidad.

El delegado estatal, Pablo Sergio Aispuro, informó que el estado superó el promedio nacional de participación, con 16.5% frente al 12%, destacando zonas como la Huasteca y el Altiplano, que superaron el 22%. No obstante, el 36% de votos nulos o sin marcar reflejó desinterés o falta de información entre electores.

Entre las anomalías detectadas hubo uso indebido de propaganda, boletas fuera de las urnas y supuestos carruseles de votación. Aunque no se identificaron responsables, las irregularidades fueron asentadas oficialmente y se presentaron denuncias formales ante las autoridades competentes.

Uno de los hechos más graves fue el robo armado de boletas en un municipio no revelado. Estas boletas reaparecieron en los paquetes electorales, sin poder distinguirse las originales de las manipuladas. Por ello, el INE delegó al tribunal electoral la decisión sobre su validez, aunque aclaró que no afectarían el resultado general.

Durante el encuentro con medios, encabezado por el actual magistrado presidente Arturo Morales Silva, los nuevos integrantes del Tribunal lanzaron un mensaje de certidumbre institucional y compromiso con la justicia en San Luis Potosí. Zarazúa, quien asumirá el cargo por un periodo de dos años sin opción a reelección, agradeció el respaldo recibido y prometió una administración cercana, independiente y con enfoque en derechos humanos.

Los nuevos magistrados, quienes tomarán posesión en septiembre, aseguraron que no habrá cambios drásticos en el funcionamiento del Poder Judicial. Garantizaron respeto a los derechos laborales del personal y anunciaron una entrega-recepción global que abarcará todas las áreas administrativas y jurisdiccionales, con énfasis en mantener la operatividad y la estabilidad de la institución.

El nuevo pleno estará integrado por ocho mujeres y siete hombres. Entre las magistradas se encuentran Lourdes Anahí Zarazúa, Juana María Alfaro y Rocío Hernández; mientras que los magistrados incluyen a Jairo Hernández, Armando Oviedo y Juan David Ramos. Todos reiteraron que se ejercerá justicia con plena autonomía y sin imposiciones.

Explicó que al tratarse de una elección inédita, el Consejo Estatal Electoral no tenía un parámetro previo con el cual medir expectativas. Aunque hubo antecedentes como la consulta popular o la revocación de mandato, Ramírez García puntualizó que este proceso fue de naturaleza distinta, lo que implicó un escenario nuevo para el órgano electoral.

Señaló que la limitada participación puede explicarse por el corto periodo de preparación. En apenas cinco meses, promover y socializar los detalles de la elección, así como la importancia de los cargos a elegir, fue una labor compleja que no alcanzó a cubrir todo el territorio potosino, lo cual redujo el alcance informativo.

Finalmente, destacó que, aunque los niveles de participación fueron bajos, el hecho de superar la media nacional debe verse como un punto de partida. Llamó a reforzar el trabajo de instituciones y actores involucrados para que los próximos ejercicios similares logren una respuesta ciudadana más amplia y efectiva.

Con el 95% de las actas computadas, Aguilar lidera con más de 5.4 millones de votos, superando a la ministra Lenia Batres, quien ocupa el segundo lugar con aproximadamente 4.9 millones de sufragios. De acuerdo con el artículo 94 de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, la presidencia de la SCJN será ocupada por el candidato que obtenga la mayor votación, sin considerar criterios de género. Taddei enfatizó que, aunque la integración del pleno busca la paridad con cinco mujeres y cuatro hombres, la presidencia se asigna exclusivamente por mayoría de votos.

Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco originario de Oaxaca y hablante del Tu’un Savi, cuenta con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ha sido coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante los diálogos de San Andrés Larraínzar en 1996. Su trayectoria incluye la representación legal de más de 20 comunidades indígenas en Oaxaca.

La elección judicial registró una participación ciudadana del 13%, y aunque los resultados definitivos se darán a conocer el 15 de junio, el INE entregará constancias de mayoría a los nuevos ministros, especificando quién ocupará la presidencia de la Corte durante el periodo 2025-2027. Aguilar ha anunciado su intención de romper con ciertos protocolos tradicionales en su gestión, como el uso de toga, en respuesta a las comunidades que representa.

Este proceso electoral también ha sido objeto de críticas por la baja visibilidad de los candidatos y la falta de financiación para campañas, lo que dificultó la elección para muchos ciudadanos. A pesar de ello, el partido Morena logró colocar a sus nueve candidatos en la SCJN, consolidando su influencia en el máximo tribunal del país.

Con la elección de Hugo Aguilar Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia una nueva etapa que promete acercar la justicia a las comunidades indígenas y fortalecer la representación de los pueblos originarios en las instituciones del Estado mexicano.

Desde las primeras horas del día, la instalación de casillas enfrentó retrasos significativos. Aunque se tenía previsto que abrieran a las 8:00 a.m., muchas comenzaron a operar cerca de las 9:00 a.m., lo que generó confusión y desánimo entre los ciudadanos que acudieron puntuales a ejercer su derecho al voto.

La participación fue notoriamente baja en diversas zonas de la capital potosina y en municipios como Soledad de Graciano Sánchez. En algunas casillas, apenas se registraron dos votantes en fila durante las primeras horas de la jornada.

Las condiciones climáticas adversas también jugaron un papel en la baja afluencia. Las lluvias intensas que comenzaron alrededor de las 9:00 p.m. del sábado y se extendieron hasta pasada la medianoche provocaron inundaciones en varias calles de la capital, Soledad, Pozos y Cerro de San Pedro, dificultando el acceso a los centros de votación.

Además, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) informó que el 22% de las casillas instaladas estuvieron incomunicadas debido a problemas de conectividad, exacerbados por las lluvias.

La complejidad del proceso electoral, que requería que los votantes llenaran hasta 13 boletas con el número de su candidato, sumada a la falta de información clara sobre los aspirantes y sus propuestas, contribuyó a la confusión y desinterés de la población.

A pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral (INE) por organizar esta inédita elección judicial, las limitaciones presupuestales y de tiempo, así como la falta de coordinación en la implementación de la reforma judicial, fueron factores que afectaron el desarrollo del proceso.

La jornada electoral en San Luis Potosí concluyó sin incidentes mayores, pero dejó en evidencia los desafíos que enfrenta el país en la implementación de reformas de gran envergadura sin una adecuada planificación y comunicación con la ciudadanía.

El Jefe de Gobierno Estatal recomendó a las y los potosinos ejercer el derecho consagrado en la Constitución y salir a votar. “La recomendación es que salgan a votar, que salgan tempranito, todas y todos los mexicanos tenemos el derecho y la responsabilidad de votar”, agregó.

Detalló que adicionalmente la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección de Gobernación cuidará la aplicación de la Ley Seca para el Estado que entrará en vigor a partir de este 31 de mayo, por lo que confió en que el ejercicio democrático del primero de junio se lleve a cabo en paz y con seguridad en las cuatro regiones.

Comentó que será una elección concurrida dentro de las proporciones de una elección que tiene la mitad de casillas y con un aproximado de 15 minutos entre voto y voto, pero que en San Luis Potosí se llevará a cabo en tranquilidad y paz.

Durante la sesión, se convocará a los 59 ayuntamientos para mantener comunicación constante y garantizar condiciones de orden y gobernabilidad, con presencia de fuerzas federales, del Ejército y estatales de Seguridad, listas para actuar en las cuatro regiones.

Como medida preventiva, entrará en vigor la ley seca desde las 00:00 horas del 31 de mayo hasta las 24:00 horas del 1 de junio, prohibiendo la venta, distribución, consumo y suministro de alcohol, según la Ley Electoral y la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado.

En este sentido, en caso de determinar en su momento que hubo dinero público utilizado en las campañas para jueces y magistrados, y ante la configuración de delitos presuntamente cometidos por funcionarios públicos de cualquier ente gubernamental, el organismo fiscalizador actuará conforme a la legislación vigente y promoverá las sanciones que correspondan.

“En el IFSE estamos de manera permanente a disposición de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, para que nos hagan llegar las denuncias fundadas y motivadas relativas al financiamiento irregular de este nuevo proceso electoral extraordinario, pues es nuestra obligación darles el curso legal que corresponde”, aseguró Rodrigo Lecourtois.

Añadió que por su parte, en el IFSE ya se tomaron las medidas necesarias para resguardar los vehículos oficiales, suspender las comisiones de personal y publicaciones oficiales durante este fin de semana, con la finalidad de no exponer al Instituto ni sus colaboradores, a ninguna situación que pueda prestarse a quejas o suspicacias.

Finalmente, puntualizó que al igual que durante el proceso electoral de 2024, el organismo fiscalizador no tolerará de ningún modo prácticas reprobables en los entes auditables, pues la transparencia y rendición de cuentas van de la mano con el fortalecimiento democrático del Estado y el IFSE no será omiso en la promoción de sanciones a funcionarios públicos presuntamente responsables del desvío de recursos.

Con una sólida formación en derecho y experiencia previa como secretaría de estudio y cuenta en el STJE, así como su paso por la sindicatura municipal de San Luis Potosí entre 2007 y 2009, Hernández Cruz aboga por un sistema judicial más accesible y ético. En el foro, propuso fortalecer la administración de justicia mediante la capacitación continua en derechos humanos y la promoción de la transparencia en los procesos judiciales. Según datos del Poder Judicial estatal, la adopción de enfoques basados ​​en derechos humanos ha incrementado la resolución de casos con perspectiva de equidad en los últimos años.

Hernández Cruz expresó su gratitud por la oportunidad de dialogar con profesionales y ciudadanos, subrayando que la cercanía con la población es esencial para construir confianza en el Poder Judicial. “La justicia debe ser un reflejo de las necesidades de la sociedad, garantizando el respeto a los derechos de todos”, afirmó.

La candidata llamó a los potosinos a participar en la elección judicial del 1 de junio de 2025, destacando que este proceso histórico permitirá consolidar un sistema judicial más justo y humano. Su incluye visión modernizar los mecanismos de impartición de justicia para que sean más eficientes y accesibles, especialmente para sectores vulnerables.