Los nombres de las candidatas mejor posicionadas son: Lourdes Anahí Zarazua Martínez, Juana María Alfaro Reyna, Sara de la Luz Bernal Ramírez, Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, Rocío Hernández Cruz, Silvia Torres Sánchez, Mónica Kemp Zamudio y Lizet Paola Morales Monter.

En cuanto a los hombres con mayor cantidad de sufragios destacan: Jairo Hernández Garibay, Arturo Morales Silva, Armando Rafael Oviedo Abrego, Juan David Ramos Ruiz, José Luis Ruiz Contreras, Rogelio Javier Salazar Zavala y Ángel Gonzalo Santiago Hernández. Todos ellos figuran como virtuales ganadores tras la última actualización del Ceepac.

Pese a que la tendencia ya es visible, será en los próximos días cuando se den a conocer de forma oficial los resultados finales. El conteo se lleva a cabo de manera permanente en las instalaciones del Ceepac, donde se trabaja intensamente para garantizar la transparencia del proceso.

El Tribunal de Disciplina Judicial, creado tras la reforma al Poder Judicial estatal, tiene la función de supervisar la conducta de jueces y magistrados, investigando posibles irregularidades y sancionando faltas graves, además de recibir denuncias ciudadanas. Según información del Congreso del Estado, este órgano busca garantizar la ética y la legalidad en el sistema judicial, fortaleciendo su legitimidad frente a la población.

Moreno, con experiencia en el ámbito jurídico, subrayó que los valores de transparencia y rendición de cuentas son esenciales para transformar la percepción del Poder Judicial. En sus intervenciones públicas, ha enfatizado que los funcionarios judiciales deben actuar con empatía y mantener un diálogo abierto con la ciudadanía, asegurando que las resoluciones respondan a las necesidades reales de la sociedad.

El llamó a los potosinos a participar en este proceso electoral histórico, destacando que la elección de perfiles comprometidos con la legalidad y el servicio público es clave para consolidar un sistema judicial más confiable. “La renovación no solo depende de estructuras, sino de personas dedicadas a la justicia”, afirmó.

Castañón, quien desde 2016 ejerce como juez de distrito, detalló que su trayectoria comenzó en los niveles más básicos del Poder Judicial, avanzando mediante procesos de selección rigurosos. Egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con una licenciatura en Derecho, complementó su formación con una maestría y un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, su experiencia como subprocurador general de justicia en San Luis Potosí y su trabajo como docente en comunidades rurales le han permitido comprender las necesidades de la población y abogar por un sistema judicial más accesible.

El juez explicó que los jueces federales tienen la responsabilidad de resolver casos relacionados con leyes federales en ámbitos civil, penal y administrativo, además de conocer juicios de amparo indirecto para proteger los derechos humanos frente a actos de autoridad. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, los juicios de amparo representan una carga significativa en el sistema judicial, lo que resalta la relevancia de contar con jueces capacitados y comprometidos.

Castañón instó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral, destacando que este proceso democrático permitirá consolidar un Poder Judicial más transparente y equitativo. “Elegir con información y responsabilidad es clave para una justicia justa”, afirmó.

El Tribunal de Disciplina Judicial, creado como parte de la reciente reforma al Poder Judicial de San Luis Potosí, tiene como objetivo garantizar la integridad en la impartición de justicia. Esta instancia reemplaza al Consejo de la Judicatura y está facultada para investigar denuncias ciudadanas, sancionar irregularidades y, en casos graves, destituir a funcionarios judiciales. El tribunal busca fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en el sistema judicial.

Martínez Martínez, ha destacado su compromiso con los valores de ética y transparencia. En entrevistas recientes, ha subrayado su orgullo por sus raíces huastecas y su intención de promover un sistema judicial más accesible y justo, especialmente para las comunidades vulnerables de la región.

Durante sus actividades públicas, el candidato ha abogado por un modelo de justicia que escuche a la ciudadanía y priorice la imparcialidad. Además, ha resaltado la importancia de esta elección histórica, que permite a los potosinos incidir directamente en la selección de quienes integrarán el Poder Judicial. Martínez Martínez llamó a la población a participar activamente el próximo 1 de junio, evaluando los perfiles de los candidatos para garantizar una justicia más equitativa y cercana a la gente.

Su trayectoria incluye una amplia experiencia en el litigio, especialmente en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, así como roles en la función pública, como secretario general de gobierno. Esta combinación, afirmó, le ha permitido construir una carrera desde niveles iniciales hasta posiciones de relevancia, siempre con un enfoque en la resolución práctica de conflictos.

El candidato subrayó la necesidad de una justicia más humana y cercana a la ciudadanía, que priorice a los sectores vulnerables. Propuso que los jueces y magistrados mantengan un contacto directo con la población, rompiendo con la percepción de figuras judiciales distantes o inalcanzables. Según datos del Poder Judicial de San Luis Potosí, la implementación de mecanismos como la mediación ha permitido resolver un porcentaje significativo de casos de manera más ágil, un enfoque que Vega Robles busca fortalecer.

Además, abogó por resoluciones más rápidas y objetivas, basadas en un análisis profundo de las circunstancias y vivencias de las personas involucradas. Para ello, considera esencial que los jueces adopten una postura empática y mantengan una comunicación abierta con la ciudadanía. Vega Robles también destacó la importancia de la capacitación continua para garantizar decisiones justas y alineadas con los principios de derechos humanos.

De cara a la jornada electoral, instó a los potosinos a participar de manera informada, evaluando los perfiles de los candidatos para elegir a quienes mejor representen los valores de una justicia ética y accesible. “Esta elección es una oportunidad única para definir el futuro del sistema judicial en el estado”, afirmó.

Estas elecciones judiciales surgen a raíz de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que establece la elección por voto popular de más de dos mil 500 cargos judiciales federales y estatales. Entre los puestos a renovar se encuentran jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno federal sostiene que esta medida busca democratizar el Poder Judicial y acercarlo a la ciudadanía.

Sin embargo, la reforma ha generado controversia. Partidos de oposición como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han anunciado su negativa a participar en el proceso, argumentando que legitimarían una “farsa democrática” y una “destrucción del Poder Judicial”. Además, figuras públicas y organizaciones civiles han convocado a protestas en todo el país para el día de la elección.

Mientras que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la reforma como un paso hacia una justicia más accesible y transparente, críticos advierten que podría politizar al Poder Judicial y comprometer su imparcialidad. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) ha manifestado su oposición, argumentando que la reforma afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión del Ejecutivo y grupos de interés.

En San Luis Potosí, la marcha del 1 de junio se suma a una serie de movilizaciones en diversas ciudades del país, reflejando el descontento de sectores de la sociedad ante lo que consideran una amenaza a la autonomía del Poder Judicial. Los organizadores han enfatizado el carácter pacífico de la protesta y han llamado a la ciudadanía a manifestarse de manera ordenada y respetuosa.

La jornada del próximo domingo será crucial para el futuro del sistema judicial mexicano, y la participación ciudadana, tanto en las urnas como en las calles, será determinante en este proceso histórico.

La campaña comenzó el 30 de marzo y concluirá el 28 de mayo a la medianoche, mientras que la jornada electoral se celebrará el 1 de junio. Los resultados oficiales se darán a conocer el 15 del mismo mes y cualquier impugnación deberá resolverse antes del 28 de agosto.

Los aspirantes pueden participar en debates, entrevistas y mesas de diálogo, además de promoverse en redes sociales sin pagar por publicidad. También se permite el uso de propaganda impresa con materiales biodegradables. Sin embargo, está prohibida la contratación de anuncios en radio, televisión o internet, así como recibir financiamiento externo o entregar dádivas.

El INE estableció límites de gasto dependiendo del cargo en disputa, que van desde un millón 468 mil pesos para ministros de la Suprema Corte hasta 220 mil pesos para jueces de distrito. Los candidatos deberán registrar sus ingresos y egresos en la plataforma MEFIC y presentar un informe único de gastos el 31 de mayo. En caso de irregularidades, podrían enfrentar sanciones.

Para informar a la ciudadanía, el INE habilitó el portal “Conóceles”, donde se pueden consultar los perfiles de los aspirantes y, conforme se acerque la elección, ubicar casillas y practicar el procedimiento de votación.

En sesión del Consejo General, el organismo informó que ya se han integrado todas las casillas y que los 3,987 paquetes electorales estarán bajo resguardo entre el 7 y 8 de mayo. Asimismo, se detalló que cada votante recibirá una boleta tamaño carta y cinco en formato media carta, optimizando la logística del proceso electoral.

El vocal de Capacitación Electoral, Juan Manuel Sánchez Hernández, destacó la labor de 537 capacitadores que recorrieron todo el estado, visitando a 295,797 ciudadanos en condiciones adversas de clima y geografía. Por su parte, el vocal ejecutivo, Sergio Aispuro, reconoció su esfuerzo y compromiso, señalando que algunos visitaron hasta 1,000 personas individualmente.

Las casillas especiales estarán distribuidas en puntos estratégicos: Plaza Citadina (Distrito 2), Central de Autobuses (Distrito 3), Centro Cultural de la Huasteca Potosina (Distrito 4), Teatro Carlos Amador en el Parque Tangamanga I (Distrito 5), Walmart Express de Villa de Pozos (Distrito 6) y la avenida 20 de Noviembre en Tamazunchale (Distrito 7).

Los paquetes electorales se distribuirán entre el 26 y 28 de mayo. Aunque a nivel nacional se han registrado 4,377 observadores electorales, aún no se ha determinado cuántos estarán presentes en San Luis Potosí.

Torres Sánchez recordó que el proceso electoral extraordinario comenzó el 2 de enero y que el objetivo es garantizar que la elección de jueces y magistrados se lleve a cabo en un ambiente de orden y legalidad. Destacó que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se ha diseñado una ruta crítica y un mapa de riesgos para prevenir incidentes y asegurar un proceso ejemplar.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) será el organismo encargado de organizar la elección, en la que se designarán 69 jueces y juezas de primera instancia, 15 magistraturas del Tribunal de Apelación y tres del Tribunal de Disciplina Judicial. La jornada electoral se realizará el 1 de junio de 2025, con campañas del 29 de abril al 28 de mayo.

Torres Sánchez enfatizó que la Secretaría General de Gobierno garantizará la paz social y trabajará para evitar cualquier tipo de injerencia o actividad delictiva que ponga en riesgo el proceso. Subrayó que la prioridad es que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con confianza y participar en una elección transparente.

Finalmente, el funcionario destacó que San Luis Potosí tiene una cultura democrática consolidada y llamó a la ciudadanía a participar activamente. Aseguró que se implementará un operativo de seguridad en cada centro de votación de los 59 municipios para garantizar una jornada electoral sin incidentes.

El consejero Arturo Castilla Loza enfatizó que ni funcionarios públicos no candidatos ni instituciones gubernamentales pueden destinar recursos públicos para incentivar el voto o la participación ciudadana en este proceso. Además, subrayó que la legislación electoral, específicamente el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), prohíbe estas acciones.

“¿Quién tiene el fin institucional de promover la participación de la ciudadanía en esta elección? Ya lo mencioné dos veces, en términos de la propia ley del artículo 504 de la ley, es el Instituto Nacional Electoral. Esta no es una función prevista expresamente para ninguna otra autoridad”, señaló Castilla Loza.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera advirtió que permitir propaganda gubernamental en este contexto violaría la imparcialidad electoral, pues “es inocultable la identificación de Gobierno y partido”, lo que comprometería la neutralidad en el uso de recursos públicos.

Adicionalmente, el INE ratificó que los ministros de culto tampoco pueden promover candidaturas, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que garantizan la separación entre religión y política.