El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que el dispositivo estará conformado por elementos de la Guardia Civil Municipal, la Guardia Civil Estatal y corporaciones federales. Estas fuerzas mantendrán presencia en los alrededores de los centros de votación, sin intervenir en su interior, como parte de una estrategia que busca asegurar un proceso en paz y apegado a derecho.

“El objetivo es que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de calma y con plena confianza en el proceso”, indicó el edil. Añadió que se han realizado mesas de trabajo previas entre los distintos niveles de gobierno para coordinar la logística del operativo.

Además, el alcalde hizo un llamado a la población para participar activamente en esta jornada democrática, que definirá a jueces, magistrados y ministros.

Por su parte, la contralora municipal, Beatriz Carranza Betancourt, exhortó al personal del Ayuntamiento a conducirse con responsabilidad y evitar el uso de vehículos oficiales durante la jornada. Señaló que se vigilará que estos permanezcan resguardados, conforme a lo establecido en los lineamientos internos.

Con más de 15 años de trayectoria en el Poder Judicial, Contreras es licenciada en Derecho por la Universidad Mesoamericana, plantel San Luis. Además, ha complementado su formación con especializaciones en Derecho Electoral, Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y Juicios Orales.

Durante su carrera, ha buscado equilibrar su función como juzgadora con su vida personal como madre, esposa y ciudadana. Resaltó que la actualización profesional constante es fundamental para ofrecer un servicio judicial justo, empático y efectivo.

Contreras ha recorrido distintas comunidades de su distrito, escuchando de cerca a la población y recopilando inquietudes sobre el acceso a la justicia. Asegura que el respaldo de la ciudadanía ha sido una fuente constante de motivación para continuar impulsando una justicia más accesible y cercana a la gente.

Además de su labor jurisdiccional, ha sido docente en instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, impartiendo materias como Derecho Procesal Civil, Procesal Penal y Mercantil. También ha formado parte de seminarios especializados en temas como argumentación jurídica, perspectiva de género, lenguaje incluyente y transparencia en la función judicial.

En su actual función, tiene a su cargo la tramitación y resolución de casos en materia civil, principalmente relacionados con disputas contractuales, patrimoniales y familiares. En ese contexto, Christian Puente ha destacado la importancia de resolver cada caso con imparcialidad, objetividad y sensibilidad hacia las partes involucradas.

“El acceso a la justicia no debe ser frío ni distante; debe ser empático y responsable”, ha señalado el juez, quien sostiene que cada persona que llega a los tribunales merece una atención respetuosa, justa y transparente. Su visión busca fortalecer la confianza en el sistema judicial a través de una aplicación ética y humana del derecho.

La presidenta del organismo, Paloma Blanco López, explicó que se han recibido más de 80 millones de pesos, aunque aún faltan por entregar 20 millones correspondientes a mayo y una porción clave en junio. Esto genera dudas sobre la ejecución de cómputos y otras tareas esenciales.

Además, existe una deuda superior a 4 millones de pesos desde enero por parte del presupuesto ordinario, sin ser transferida por la Secretaría de Finanzas, pese a contar con la aprobación del Congreso local. Esto ha obligado al CEEPAC a desviar recursos y pedir créditos.

La presidenta advirtió que, si no se liberan los fondos restantes en las próximas semanas, podría haber serias complicaciones para cumplir obligaciones laborales y operativas en lo que resta del año. Mientras tanto, el enfoque principal sigue siendo garantizar la jornada electoral.

Según el documento firmado por el titular de la Dirección de Gobernación, José Concepción Gallardo Martínez, la prohibición abarca la venta, distribución, consumo y suministro de bebidas alcohólicas desde las 00:01 horas del sábado 31 de mayo hasta las 24:00 horas del domingo 1 de junio. La disposición aplica tanto a establecimientos de consumo inmediato como a aquellos que operan con venta en envase cerrado.

La autoridad estatal ha advertido que el incumplimiento de esta normativa será sancionado conforme a los artículos 50 y 57 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí. Las sanciones pueden incluir multas económicas, clausura temporal o definitiva del establecimiento y la revocación de licencias para la venta de alcohol.

En respuesta a esta medida, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) ha solicitado al gobernador Ricardo Gallardo reconsiderar la aplicación de la Ley Seca, argumentando posibles afectaciones económicas al sector restaurantero. El mandatario estatal indicó que revisará la solicitud, aunque hasta el momento no se han anunciado modificaciones a la disposición.

La implementación de la Ley Seca forma parte de los preparativos que el Gobierno del Estado realiza para esta jornada electoral, con el fin de mantener la paz y garantizar la gobernabilidad durante el proceso de elección de jueces y magistrados.

Onofre Díaz promueve una justicia transparente, accesible y cercana, partiendo de la idea de que la labor judicial debe contribuir al fortalecimiento de la relación entre las instituciones y la sociedad. En sus declaraciones, sostiene que acercarse a la gente es clave para generar confianza en las resoluciones emitidas por los tribunales.

Desde una visión institucional, la figura de una magistrada implica analizar, deliberar y resolver recursos legales en segunda instancia, asegurando que se respeten los derechos y principios jurídicos. Este trabajo requiere criterio, conocimiento especializado y, como señala Onofre Díaz, una vocación de servicio firme.

El proceso de selección actual representa una oportunidad para reflexionar sobre el perfil y la visión de quienes buscan ocupar un cargo de esta responsabilidad. En ese sentido, América Onofre Díaz plantea una propuesta centrada en el deber de servir, bajo un modelo de justicia más sensible y abierto a las necesidades del pueblo.

En una reunión con el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, y el presidente del Colegio de Notarios, Juan Carlos Barrón Cerda, el secretario general de Gobierno resaltó la buena comunicación con el Colegio de Notarios y su participación en la jornada electoral judicial del 1 de junio, ya que aportará mayor seguridad jurídica, transparencia y legalidad, siendo tan importante como la logística, seguridad pública y promoción del voto.

Torres Sánchez agradeció la colaboración del INE y su delegado, para seguir el calendario electoral y garantizar una buena participación y tranquilidad social el 1 de junio. También informó que los Notarios Públicos serán responsables de dar fe de la jornada, cumpliendo la ley y respetando la secrecía del voto.

Entre sus prioridades destaca la atención urgente a los casos de violencia de género, un fenómeno que, afirma, requiere sensibilidad, enfoque y compromiso institucional. Asegura que el juzgado no puede ser solo un espacio técnico, sino un lugar donde las víctimas se sientan escuchadas y protegidas con celeridad.

También resalta la importancia de salvaguardar los derechos de la infancia, que en muchas ocasiones son vulnerados en conflictos legales complejos. Portales Pérez considera que los jueces deben ser guardianes activos de los derechos de niñas y niños, y que cada resolución debe partir del interés superior del menor.

Con miras a continuar su labor dentro del Poder Judicial, su participación en las elecciones judiciales del 1 de junio se basa en la experiencia, pero también en el compromiso con una justicia más humana, más cercana y eficiente para todos los habitantes del distrito que representa.

En su mensaje, Contreras destaca la importancia de la cercanía con la gente y el compromiso de escuchar sus inquietudes. Expone su disposición para visitar municipios, comunidades y localidades de la región, con el fin de conocer de primera mano las necesidades de los habitantes y trabajar de manera conjunta para lograr una justicia más equitativa.

Su candidatura representa una oportunidad para avanzar hacia una administración judicial más accesible y comprometida con el bienestar de la sociedad. A medida que se acerca el 1° de junio, asegura que su elección contribuirá a construir un sistema judicial más inclusivo y justo.

Este ejercicio forma parte del nuevo mecanismo implementado para elegir cargos dentro del Poder Judicial, en el cual la ciudadanía podrá emitir su voto el próximo 1 de junio. La intención es fomentar una mayor legitimidad en la designación de autoridades jurisdiccionales.

Como parte del proceso, las y los aspirantes han compartido sus planteamientos sobre temas como transparencia, profesionalismo y relación con las comunidades, elementos considerados relevantes en el contexto de esta elección.

Medina Hernández ha hecho pública su información de contacto y redes sociales, como parte de los lineamientos de apertura del proceso, donde las personas interesadas pueden conocer más sobre el perfil de cada participante.