Según lo informado por el organismo electoral, comenzó un período de escrutinio para evaluar a las personas que actuarán como supervisores, capacitadores y asistentes electorales, así como a aquellos que estarán a cargo del conteo de votos, la revisión y sellado de boletas, y la organización de las casillas de votación, entre otras funciones esenciales para la correcta recepción de los sufragios.

La aprobación de estos perfiles se da a pocos días del inicio de las campañas de los candidatos que buscarán llegar a alguno de los diversos cargos dentro del Poder Judicial del Estado. Las campañas arrancarán el 29 de abril y finalizarán el 28 de mayo, con el fin de preparar a los votantes para la elección de jueces de todas las especialidades y magistrados.

De este proceso democrático, resultaron electas 9 Consejeras Alumnas y 10 Consejeros Alumnos, que se incorporarán al H. Consejo Directivo Universitario (CDU).

Para esta elección el miércoles 5 de marzo se registraron 43 planillas, 22 con mujeres como titulares y resaltó la presencia de 11 duplas mujer-mujer, en las facultades de Contaduría y Administración, Economía, Estomatología, Enfermería y Nutrición, Ciencias Químicas, Ciencias, Agronomía y Veterinaria, Psicología, así como la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano. Con ello se ratifica la aplicación de la igualdad sustantiva incorporada durante la actual rectoría, al Estatuto Orgánico de la UASLP.

Conforme a lo señalado en la convocatoria, el jueves 6 de marzo se llevó a cabo proselitismo de 07:00 a 20:00 horas, a través del canal de YouTube “Elecciones universitarias UASLP”, en el que se difundieron los videos con las propuestas de acción de las planillas inscritas. Mientras que este viernes las y los estudiantes acudieron a las urnas, a votar de forma libre, secreta, directa personal e intransferible. Este 2025, se registró un 44 por ciento de participación del padrón.

Las y los representantes estudiantiles rendirán protesta en la próxima sesión del CDU de marzo para iniciar con sus funciones. Cabe apuntar que el Consejo tiene como atribución dictar todas las normas y disposiciones encaminadas a organizar y definir el régimen de la institución y la consecución de sus fines.

Este acuerdo fue firmado por representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, junto con el CEEPAC, quienes se comprometieron a coordinar acciones para garantizar un proceso democrático y sin contratiempos. Entre los objetivos del convenio se incluye el intercambio de información técnica y metodológica, así como la protección de datos personales.

El magistrado Arturo Morales Silva destacó que este proceso es resultado de reformas constitucionales históricas, mientras que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, enfatizó la importancia de este paso hacia la selección de 15 magistrados y otros jueces especializados.

La presidenta del CEEPAC, Paloma Banco López, subrayó el valor de las mesas de trabajo previas, en las que se definieron criterios clave para este proceso electoral extraordinario. Con esta colaboración, San Luis Potosí reafirma su compromiso con la democracia y la transparencia en el ámbito judicial.

Guajardo Barrera señaló que la dualidad de roles del Fiscal podría comprometer la imparcialidad y la equidad del proceso electoral en el estado, que arranca formalmente el 2 de enero. “Está jugando a doble papel, él es juez y parte y en una visión de tener equidad en este proceso, debería separarse del cargo para que en este caso, el titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado nombremos a alguien que asuma al ciento por ciento el cargo de esta responsabilidad”, afirmó el legislador, sugiriendo que se designe a un nuevo responsable mediante el Congreso y el Ejecutivo estatal.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales jugará un papel clave en las elecciones de 2025, cuando se elijan jueces y magistrados del Poder Judicial. Según el diputado, esta fiscalía será responsable de investigar cualquier delito electoral durante el proceso, conforme al catálogo de delitos establecidos en la reciente reforma constitucional.

Además, Guajardo destacó que la reforma ha transformado las elecciones judiciales en procesos con características electorales completas. Esto implica la supervisión administrativa por parte de las autoridades correspondientes y la resolución de conflictos por el Tribunal Electoral. Sin embargo, los delitos penales deberán seguir el cauce de la fiscalía especializada, que tendrá que iniciar investigaciones y preparar casos para los jueces.

El legislador subrayó la urgencia de resolver esta situación antes del arranque formal del proceso, asegurando así la legalidad y la transparencia del mismo.

En el estado, se contempla la instalación de aproximadamente 1,889 casillas para garantizar la participación ciudadana en el ejercicio electoral. No obstante, Aispuro Cárdenas enfatizó que el éxito del proceso dependerá en gran medida del presupuesto asignado al INE, necesario para llevar a cabo las actividades operativas y administrativas relacionadas.

El delegado informó que ya se trabaja en el diseño del plan de acción para estos comicios, aunque reconoció la existencia de retos particulares. Uno de los principales es la necesidad de armonizar la distritación electoral con las jurisdicciones judiciales, lo que complica la planeación. Además, la ausencia de partidos políticos en estas elecciones reduce ciertos costos, como los de papelería, pero también representa un desafío logístico.

Pese a los obstáculos, Aispuro Cárdenas aseguró que el INE está preparado para enfrentar este y otros procesos electorales, sin importar la cercanía entre ellos. Sin embargo, no detalló cómo se abordarán problemas clave, como la organización de las campañas de los candidatos y la baja participación ciudadana en las urnas.

Con miras a un proceso transparente y eficiente, el INE continuará trabajando en la planeación y coordinación necesarias para que estas elecciones sean un ejercicio ejemplar de democracia. Las autoridades electorales instan a la ciudadanía a participar activamente y contribuir al fortalecimiento del sistema judicial y democrático del país.

Este proceso implica la renovación de 881 cargos, que abarcan tribunales federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados electorales y jueces de distrito, entre otros.

En el evento inaugural, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del INE, tomó protesta a los representantes de las siete vocalías ejecutivas, encargados de supervisar el proceso en los distritos electorales del estado.

A la ceremonia acudieron autoridades de diversas instituciones, como universidades, colegios de abogados, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno, así como representantes de partidos políticos, quienes acompañaron el inicio de este proceso electoral fundamental.

A nivel nacional, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que mil 092 personas se postularon para los diferentes cargos que estarán en disputa. De este total, en San Luis Potosí hay nueve aspirantes para juzgados y 11 para magistraturas. Sin embargo, la presencia femenina es limitada, con solo dos mujeres inscritas para los juzgados y ninguna en las magistraturas.

En el estado, los puestos judiciales en competencia incluyen siete juzgados y 10 magistraturas en diversas materias como civil, penal, laboral y mercantil. Este proceso busca abrir la participación ciudadana en la selección de autoridades judiciales, pero enfrenta críticas por la baja representación de género y la falta de datos claros en otros niveles de gobierno.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo informó haber recibido más de seis mil registros, aunque no especificó cuántos corresponden a San Luis Potosí. Asimismo, el Poder Ejecutivo no ha proporcionado información sobre los aspirantes bajo su evaluación, dejando vacíos en la transparencia del proceso.

Estas elecciones judiciales representan un cambio significativo en el sistema de justicia local, aunque las desigualdades y la opacidad del registro plantean desafíos para garantizar la legitimidad de la elección.

La victoria de Trump fue impulsada por triunfos en estados determinantes como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, asegurando los 270 votos electorales necesarios para regresar a la Casa Blanca. “Es una victoria para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer de nuevo grande a Estados Unidos”, declaró Trump en un discurso ante sus seguidores en Florida, donde estuvo acompañado por su familia y por su compañero de fórmula, JD Vance, el futuro vicepresidente.

A diferencia de 2016, Trump aseguró tanto el colegio electoral como el voto popular, superando así a Harris y sus proyecciones iniciales. Durante la campaña, Harris enfrentó desafíos y una dura comparación con Hillary Clinton, quien también intentó en 2016 convertirse en la primera mujer presidenta de EE. UU. Sin embargo, Trump se enfocó en temas de economía e inmigración, con propuestas para frenar la entrada de migrantes indocumentados y un enfoque de no intervención en conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente.

Además, la victoria republicana en el Senado permitirá a Trump avanzar en su agenda política. Su retorno ocurre en un contexto de divisiones internas y cuestionamientos legales, pero ha consolidado el apoyo de su base y promete una nueva etapa para Estados Unidos.