Este 20 de enero, se cumple un año de que Donald Trump regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, dando inicio a uno de los periodos históricos más agridulces, cambiando por completo las reglas para la agenda mundial.

Sin duda, estos 365 días han estado llenos de retos a nivel global, donde destacan las amenazas del mandatario estadounidense en temas de seguridad, política y comerciales, sin dar tregua a ninguna nación y generando una incertidumbre, dejando múltiples secuelas.

México al compartir frontera con Estados Unidos, es uno de los países con mayores intimidaciones, derivado de la crisis migratoria y de fentanilo, que ha obligado al gobierno mexicano, dirigido por Claudia Sheinbaum, a reforzar las medidas de defensa y de comercio exterior.

Crisis de migración

Una de las propuestas de campaña del presidente republicano, era terminar con la crisis de migración que lleva afectando a Estados Unidos en los últimos años. A través de medidas radicales, se propuso erradicar a cualquier persona “ilegal” que habite en alguno de los 50 estados del país norteamericano.

El 2025 es catalogado como el año de mayores deportaciones registradas en la historia de EU. Trump implementó acciones para la expulsión forzosa de migrantes, principalmente mexicanos y de Latinoamérica, con el objetivo de la repatriación de cada uno de ellos, así como la encarcelación de otros si cuentan con algún antecedente penal.

A las nuevas normas migratorias, se suman la cancelación de programas como el CBP One, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el parole humanitario, al igual que la suspensión de visas para estudiantes, turistas y políticos.

Otra de las medidas aplicadas, fue la propaganda “antimigrante” difundida en distintos medios de comunicación estadounidenses, la cual también fue transmitida en algunos canales de México, con el fin de motivar a la autodeportación.

Tan solo en 2025, fueron repatriados 145 mil 537 mexicanos, de los cuales 116 mil 156 han tenido lugar vía terrestre y 29 mil 281 de forma aérea, de acuerdo con cifras presentadas durante la mañanera del pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 18 de diciembre.

Se espera que este 2026, se incremente la cifra de deportados, al igual que las medidas contra los migrantes, con mayores arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el aumento de cancelaciones en visas y permisos humanitarios.

Nombramiento de los cárteles de droga como grupos terroristas

Durante la administración de Trump, se firmó un nuevo decreto para la designación de los cárteles de drogas como grupos terroristas, con el fin de proteger la seguridad del pueblo estadounidense ante la crisis de tráfico de droga que se registra en Estados Unidos, principalmente por el consumo de fentanilo.

Las organizaciones criminales mexicanas que fueron denominadas como grupos que fomentaban la violencia y el terror a través de delitos como el tránsito de estupefactos son: el cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco “nueva generación” (CJNG), la nueva familia michoacana (LNFM), cártel del Golfo (CDG), Cárteles Unidos (CU) y el cártel de Noreste (CDN).

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, las designaciones como terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, suspendiendo su acceso al sistema financiero del país y a los recursos, ayudando a las acciones policiales de otras agencias de EU y otros Gobiernos.

Ante la presión por parte del presidente estadounidense contra el gobierno de México para enviar tropas contra los cárteles, se han implementado medidas en materia de seguridad con el objetivo de frenar el tráfico de drogas y su entrada al país norteamericano. Las más destacadas son:

• Fortalecimiento de vigilancia en el flujo ilícito de químicos, principalmente los provenientes de Asia
• Campañas de prevención de drogas por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Despliegue militar en el territorio mexicano bajo la “Operación Frontera Norte”, movilizando al menos 10,000 elementos de la Guardia Nacional

Intervención de EU en México

Momentos después de la intervención de Venezuela con la captura del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Donald Trump aseguró que México tiene que fortalecer las medidas contra las organizaciones criminales, o atacaría “en tierra a los cárteles”.

Advirtió que el gobierno de Sheinbaum debe “ponerse las pilas” si se quiere evitar una intervención militar en territorio mexicano.

Tras las declaraciones, la presidenta mexicana afirmó que mantiene su disposición de comunicarse con el mandatario de EU para una “cooperación sin subordinación”, y descartó alguna incursión estadounidense, a pesar de que fue ofrecida por Trump. También prometió redoblar los esfuerzos para cumplir con la reducción de la migración y el tráfico de drogas.

Durante el fin de semana, una aeronave Lockheed Martin C-130J Super Hércules procedente de Estados Unidos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Ante este suceso el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que fue una actividad autorizada por la Secretaría de Defensa Nacional con relación a un asunto de capacitación.

Implementación de aranceles

Una de las iniciativas más polémicas durante el primer año de la administración de Trump, fue la imposición de aranceles a sus socios comerciales, justificando su plan arancelario como que miles de naciones han sacado provecho de EU por años.

Dentro de los primeros países en la mira del mandatario estadounidense fue México, el cual

impuso gravámenes del 25% a todas las importaciones el 1 de febrero, pero tras una llamada entre la presidenta mexicana y su homólogo, logró pararlos tras un acuerdo para reforzar la seguridad, derivando la entrega de 29 capos mexicanos a Estados Unidos.

A pesar de estos esfuerzos y del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la administración de Trump aplicó aranceles del 25% para los bienes que están fuera del acuerdo comercial, y un 25% más al acero, el aluminio y los vehículos

En noviembre, previo a la finalización del plazo para la implementación del plan arancelario, la presidenta Sheinbaum informó que ambos acordaron seguir revisando las 54 barreras no arancelarias que EU reclama a México.

Este 2026, es la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cual tiene como prioridad las negociaciones arancelarias, así como los déficit comerciales de los tres países.

Donald Trump hace algunos días advirtió que el tratado comercial le resultaba irrelevante a su país, causando cierta alarma ante una posible cancelación por parte del mandatario estadounidense, mientras que México y Canadá han demostrado su disposición para seguir con el pacto comercial que beneficie a las tres naciones mediante un diálogo constructivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país no desplegará fuerzas militares en territorio mexicano para combatir al crimen organizado, a menos que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo solicite de manera expresa.

Durante una conferencia de prensa celebrada tras su participación en la reunión del G7 en Canadá, Rubio reconoció la magnitud de la amenaza que representan los cárteles en México, pero sostuvo que cualquier acción militar estadounidense debe estar supeditada a la voluntad del gobierno mexicano.

“No vamos a enviar fuerzas estadounidenses a México. Podemos ayudarlos con equipo, capacitación e inteligencia, pero eso solo ocurrirá si ellos lo piden”, declaró el funcionario.

COOPERACIÓN SIN INTERVENCIÓN

Las declaraciones del secretario de Estado coinciden con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado apertura a recibir apoyo de Washington en materia de seguridad, siempre que este no implique intervención militar, en contraste con la línea que ha propuesto el presidente Donald Trump.

Rubio recordó que Estados Unidos ha catalogado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y advirtió sobre su poder operativo. “No necesitas tener una ideología para ser considerado terrorista. Estos grupos tienen más armas, mejor entrenamiento y mejor inteligencia que varios gobiernos”, subrayó.

ESCALADA DE VIOLENCIA EN MÉXICO

Cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, Rubio lamentó el hecho y advirtió que no se trata de un caso aislado. Señaló que en los últimos meses también han sido asesinados otros alcaldes, además de periodistas, políticos y jueces, víctimas de la violencia de los grupos criminales.

“El nivel de violencia que enfrentan las autoridades mexicanas es inaceptable. Debemos trabajar juntos, pero siempre con respeto a su soberanía”, concluyó el secretario de Estado.

Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el océano Pacífico, informó este lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

CONFLICTIVA OPERACIÓN ANTIDROGAS
 

Con estas nuevas muertes, la cifra total de fallecidos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe se eleva a 76.

Hegseth precisó en la red social X que el domingo se registraron dos ataques en el Pacífico oriental contra sendas lanchas “que transportaban narcóticos”, con tres personas a bordo en cada una.

“Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, indicó el funcionario.

La organización, identificada como Bhardwaj, operaba mediante un entramado transnacional de empresas e intermediarios dedicados al tráfico de personas y drogas, con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En total, fueron sancionadas cuatro personas y 16 compañías vinculadas con sus operaciones ilícitas.

“El objetivo de esta acción, en colaboración con nuestros socios policiales, es desbaratar la capacidad de esta red para introducir ilegalmente migrantes a Estados Unidos”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con la investigación, la organización Bhardwaj utilizaba propiedades y medios de transporte en Cancún para coordinar el traslado de migrantes por una ruta que iba desde Tapachula hasta Mexicali, facilitando su ingreso irregular a la frontera norte. También fueron sancionados José Germán Valadez Flores, empresario acusado de sobornar a autoridades, y Jorge Alejandro Moreno Villegas, ex policía de Quintana Roo señalado de permitir el acceso irregular de migrantes al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Las sanciones fueron aplicadas bajo la Orden Ejecutiva de 2011 contra organizaciones criminales transnacionales, emitida por la administración de Barack Obama, la cual contempla el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones comerciales con las personas o entidades implicadas.

La Administración de Donald Trump declaró un “conflicto armado directo” contra organizaciones criminales latinoamericanas que califica como terroristas, justificando así acciones militares en aguas internacionales. Esta estrategia, iniciada en agosto con el despliegue de buques en el Caribe, ha ampliado su alcance hacia zonas del Pacífico vinculadas con Colombia y Venezuela, países señalados por Washington de colaborar con redes de narcotráfico.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro como el de Gustavo Petro denunciaron los ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, mientras Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias cuestionaron la legalidad de estas operaciones, por considerarlas violatorias del derecho internacional y la soberanía regional.

Entre los ataques confirmados, el primero ocurrió el 2 de septiembre, con el hundimiento de una lancha presuntamente vinculada al Tren de Aragua. Desde entonces, Washington ha reportado ofensivas sucesivas, incluyendo una el 28 de octubre, considerada la más letal, en la que catorce personas murieron tras el ataque a cuatro embarcaciones en el Pacífico.

El Departamento de Guerra, encabezado por Pete Hegseth, advirtió que los bombardeos continuarán “día tras día”, e incluso dejó abierta la posibilidad de extender las operaciones a zonas terrestres, sin precisar ubicaciones.

Organismos internacionales han alertado que estas acciones podrían desatar una crisis diplomática y humanitaria, al implicar el uso de fuerza letal en territorios y mares compartidos con países latinoamericanos, bajo una política estadounidense que borra los límites entre seguridad nacional y conflicto militar.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga continúan con total normalidad en vuelos nacionales e internacionales. El titular de la dependencia, González Martínez, explicó que la medida estadounidense afecta principalmente rutas con origen en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otras terminales del centro del país, por lo que San Luis Potosí no figura entre las terminales impactadas.

“Damos certeza a los pasajeros, así como al sector empresarial y turístico, de que la conectividad del estado se mantiene sin modificaciones”, indicó el funcionario, quien destacó que el vuelo internacional de Aeroméxico hacia Atlanta continúa operando de forma regular y sin alteraciones en su itinerario.

Asimismo, la Sedeco subrayó que el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene comunicación constante con las aerolíneas que operan en la entidad, a fin de garantizar la continuidad de los servicios y responder oportunamente ante cualquier ajuste en las disposiciones internacionales.

De acuerdo con Tereso Medina, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila y representante sindical en diversas armadoras, el cierre de la planta de Nissan en Morelos provocó también la paralización de la proveedora Autotek, lo que derivó en la pérdida de al menos mil empleos directos.

En el norte del país, la afectación alcanzó a Coahuila, donde una planta en Piedras Negras eliminó 650 puestos laborales, mientras que en Acuña se registraron otros 600 despidos. Medina explicó que la incertidumbre por las medidas arancelarias ha llevado a las empresas a reducir plazas como medida preventiva, ante el riesgo de que las tensiones comerciales con Estados Unidos se prolonguen.

Para mitigar el impacto, algunas compañías han implementado paros técnicos y reducción salarial de hasta el 35 por ciento, como estrategia temporal para preservar empleos. Sin embargo, el dirigente sindical advirtió que estas medidas solo son sostenibles a corto plazo si no se logra una solución en el ámbito comercial.

Medina exigió además que el Gobierno Federal incluya a los sindicatos y representantes laborales en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que las consultas emprendidas por las secretarías de Trabajo y Economía son insuficientes. “Los trabajadores también debemos estar en la mesa; somos quienes resentimos primero las consecuencias”, subrayó.

El panorama laboral del sector automotriz, uno de los pilares de la economía mexicana, enfrenta así un escenario de inestabilidad y desaceleración ante el endurecimiento de la política comercial de Washington y la falta de mecanismos de protección efectiva para los empleos nacionales.

“México no es piñata de nadie; a México se le respeta”, declaró la mandataria, al anunciar que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a solicitar una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, para analizar los motivos de la determinación, que calificó como “sin fundamento” y posiblemente influida por intereses políticos o empresariales.

Sheinbaum explicó que los vuelos afectados corresponden a nuevos itinerarios, y aseguró que confía en que se alcanzará un entendimiento diplomático. También informó que se reunirá con representantes de Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para conocer la postura de las aerolíneas mexicanas ante la cancelación.

Recordó que las autoridades estadounidenses justificaron la medida en el traslado de operaciones de carga aérea del AICM al AIFA y en la distribución de slots, temas que, dijo, México ya explicó como decisiones soberanas y de seguridad nacional. “El AIFA funciona bien y no hay razón para limitar vuelos hacia Estados Unidos”, subrayó la presidenta.

Según el reporte oficial, los ataques fueron dirigidos contra lanchas rápidas que presuntamente se dedicaban al tráfico marítimo de estupefacientes. En los videos difundidos por el Departamento de Defensa, se observan dos embarcaciones que explotan tras un breve intercambio, y una tercera que estalla mientras se desplazaba a alta velocidad.

México coordinó el rescate del único sobreviviente, confirmó Hegseth, aunque no precisó si la persona permanecerá bajo custodia mexicana o será entregada a las autoridades estadounidenses. En un operativo similar a inicios de octubre, los sobrevivientes fueron repatriados a Colombia y Ecuador, por lo que no se descarta que este caso siga el mismo procedimiento.

Los ataques forman parte de una operación marítima a gran escala desplegada por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que incluye destructores de misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y miles de efectivos. Además, el portaaviones Ford se dirige hacia la región para reforzar el cerco naval contra las rutas internacionales del narcotráfico.

Hasta el momento, el Pentágono no ha revelado la nacionalidad de las embarcaciones ni la identidad de las víctimas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la jurisdicción y la legalidad internacional de los ataques. Diversos analistas señalan que la falta de transparencia sobre los procedimientos podría agravar las tensiones diplomáticas en la región y abrir un debate sobre el uso de la fuerza militar en operaciones antidrogas fuera del territorio estadounidense.

Autoridades de Estados Unidos informaron la detención del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien enfrenta cargos en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y vínculos con la delincuencia organizada.

El arresto ocurrió el pasado 24 de septiembre, luego de que las autoridades migratorias estadounidenses revisaran su estatus legal y determinaran que se encontraba de forma irregular en el país.

De acuerdo con documentos judiciales, Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa que vencía el 13 de julio del mismo año. Aunque salió hacia Las Bahamas el 9 de julio, regresó al día siguiente por vía marítima y no abordó el vuelo programado del 21 de ese mes. En 2022 presentó una solicitud de asilo que continúa sin resolución. Desde su detención, permanece bajo custodia en el centro de procesamiento migratorio Krome North Service, en el condado de Miami-Dade.

PROCESO PENAL ACTIVO EN MÉXICO

La detención del abogado coincide con un proceso judicial abierto en México. En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su presunta implicación en delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

Según la investigación, el despacho Álvarez Puga & Asociados habría participado en una red de empresas fantasma utilizadas para simular contratos con dependencias del gobierno federal durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación.

El presunto desfalco asciende a 2 mil 950 millones de pesos, recursos que habrían sido desviados mediante facturación de servicios inexistentes a través de compañías vinculadas al abogado y a su hermano.

INÉS GÓMEZ MONT, EN PARADERO DESCONOCIDO

La conductora de televisión Inés Gómez Mont, esposa de Álvarez Puga, continúa prófuga de la justicia mexicana desde 2021, cuando también fue señalada en el mismo caso. Hasta la fecha, no existen reportes oficiales sobre su ubicación o situación migratoria.