Los dos primeros cachorros tienen seis meses de vida; la tercera, una hembra, nació a finales de enero de 2025. La compañía, conocida previamente por sus investigaciones sobre mamuts y dodos, empleó muestras genéticas preservadas para reconstruir el genoma del lobo terrible a partir del ADN de restos arqueológicos.

Para recrear la especie, los científicos editaron el ADN de lobos grises comunes, modificando 14 genes clave relacionados con características como el tamaño, la potencia de la mandíbula y la estructura craneal. También utilizaron perras domésticas como madres sustitutas, sin registrar complicaciones en el proceso reproductivo.

Las muestras genéticas utilizadas provienen de restos hallados en Ohio y en American Falls, con una antigüedad de hasta 72 mil años. A partir de estas, se generaron 45 óvulos modificados, de los cuales surgieron los tres ejemplares nacidos.

El proceso ha sido denominado por la empresa como “des-extinción”. Aunque los cachorros han sido criados en una instalación de ubicación reservada, la empresa ha compartido registros visuales de su crecimiento. Actualmente, los lobos miden 1.20 metros y pesan alrededor de 36 kilogramos, con expectativa de crecer aún más.

Este avance vuelve a abrir el debate sobre los límites éticos y científicos de revivir especies desaparecidas. Mientras tanto, Colossal Biosciences continúa desarrollando proyectos similares, bajo una premisa que podría transformar la relación entre ciencia y extinción.

La discusión generó un debate polarizado en el recinto. Diputados del PAN y PRI rechazaron la reforma con pancartas que decían “No a la Dictadura en México”, argumentando que esta acción concentra poder, elimina contrapesos y debilita la democracia. Por otro lado, legisladores de Morena defendieron la iniciativa como un cambio necesario para reducir gastos y terminar con estructuras que calificaron como ineficaces y privilegiadas.

Entre los cambios más significativos, las funciones del INAI pasarán a la Secretaría de la Función Pública, mientras que el Coneval será integrado al Inegi. Otros organismos como la Cofece y la CRE serán absorbidos por secretarías relacionadas con sus áreas de competencia.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Arreola, respaldó la medida señalando que representa un avance hacia una gestión más eficiente. En contraste, la diputada Frinné Azuara del PRI calificó la reforma como un retroceso democrático, asegurando que abre la puerta a una administración centralizada y opaca.

Tras la votación, se notificó al Senado para continuar el proceso legislativo. Este paso refuerza el camino hacia la desaparición de organismos autónomos y regula sus atribuciones bajo un nuevo esquema administrativo federal.

Álvarez Pérez destacó la importancia de atender las necesidades críticas del municipio, especialmente evidentes durante recientes eventos climáticos como las lluvias. Expresó preocupación por la percepción de falta de apoyo visible por parte de INTERAPAS en Soledad de Graciano Sánchez, elogiando en cambio la coordinación efectiva con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUVOP) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), quienes han intensificado las acciones locales para mitigar daños.

El secretario general subrayó que la exigencia de la población por mejorar los servicios de agua es urgente y justificada. “Los ciudadanos esperan respuestas claras y soluciones efectivas a sus problemas”, afirmó Álvarez Pérez. Según él, la propuesta para extinguir INTERAPAS no refleja solo una opinión personal, sino una respuesta directa a las demandas insatisfechas de los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez en relación con la gestión del agua.

Álvarez Pérez también señaló que, a pesar de niveles de captación relativamente altos en la presa, el suministro de agua sigue siendo deficiente en las colonias tanto de la capital como de Soledad. “Esta es una necesidad inaplazable que debe ser abordada”, enfatizó. Además, mencionó que los recursos hídricos locales están siendo utilizados para abastecer a la capital, exacerbando aún más la situación en Soledad.

En última instancia, el secretario general reafirmó la importancia de administrar cada recurso hídrico con responsabilidad, especialmente en un contexto de crisis prolongada en la disponibilidad de agua en la región. “Cada gota cuenta, cada decisión debe ser cuidadosamente evaluada para asegurar el bienestar sostenible de nuestra población”, concluyó Álvarez Pérez.

El legislador recordó que en la pasada sesión de trabajo de la Comisión del Agua, se solicitó a la presidenta que se enviara la petición para opiniones de los ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro y la CEA para integrar algunas mesas de trabajos y foros, para recabar opiniones en el tema.

“Lo que vamos a hacer es que en una próxima reunión, vamos a ver que nos respondieron los ayuntamientos, y este periodo es propicio para poder generar los foros e incluso solicitarle opinión a algunos entes expertos que pudieran ser la Universidad Autónoma y otras universidades privadas que también tienen estudios en materia de gestión del agua en la Capital y la zona metropolitana, entonces hacernos llegar toda la información posible para poder tomar la mejor decisión y poder llevar al pleno esta discusión”.

Manifestó que se está a tiempo de atender este tema, debido a que se tienen previstos varios periodos extraordinarios con la intención de sacar varios temas pendientes, y uno de ellos puede ser el tema del agua.

“La idea es que todos participen, que sea una discusión en que todas las partes involucradas puedan expresarse y podamos tomar una discusión consensada; no es un tema de pleito ni rompimientos ni mucho menos, lo que estamos buscando es que exista un nuevo modelo de gestión del agua en San Luis Potosí que tenga como objetivo resolver el grave problema que tenemos”.

Dijo que el INTERAPAS no representa la herramienta para llevar a cabo la gestión del agua a la población, “sino todo lo contrario, nos genera problemas por todos lados y lo que consideramos prudente es que sean los Ayuntamientos que tomen el control del agua y una vez que lo tengan, ellos decidirán si forman un organismo municipal como lo tienen otros municipios en el estado, si lo mantienen en una dirección municipal, ya será decisión de cada uno de los Ayuntamientos”.

Recordó que la responsabilidad constitucional de prestar el servicio de agua a la población recae en los Ayuntamientos, por lo que consideró, deben ser los que resuelvan la prestación de este servicio.