La resolución fue emitida el lunes 27 de octubre, tras la audiencia en la que el Ministerio Público presentó los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado en la agresión sexual cometida contra una estudiante. Según la investigación, el ataque ocurrió dentro de las instalaciones universitarias, lo que agravó la tipificación del delito.

El juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila durante el desarrollo del juicio.

El caso ha generado amplia indignación entre la comunidad universitaria y la sociedad potosina. Diversos grupos estudiantiles han exigido justicia, transparencia institucional y garantías de protección para las víctimas, además de la implementación de medidas efectivas contra la violencia de género dentro de los planteles.

La Fiscalía estatal señaló que las indagatorias se realizaron en coordinación con la UASLP, que colaboró en la entrega de materiales y testimonios. No obstante, parte del alumnado ha pedido mayor claridad sobre las acciones emprendidas por la universidad y una postura firme ante el caso.

De acuerdo con la FGE, dos presuntos implicados más continúan prófugos, por lo que se solicitó la colaboración de fiscalías de otras entidades para su localización y detención.

De acuerdo con la declaración presentada ante las autoridades, la víctima relató que los hechos ocurrieron tras acudir con su pareja a una carne asada en compañía de amigos. Durante la reunión, el hombre comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, al intentar regresar a casa, se desató una discusión que derivó en una agresión dentro del vehículo, donde el señalado presuntamente la tomó del cabello y golpeó su rostro contra el tablero en repetidas ocasiones.

La víctima señaló que, además de los golpes, recibió insultos y amenazas, y que al día siguiente, cuando intentó retirar sus pertenencias del domicilio, su esposo la retuvo e impidió su salida, por lo que pidió auxilio a su madre y a elementos de la Policía Municipal, quienes lograron detenerlo. Sin embargo, denunció que el agresor fue liberado poco después, pese a la denuncia en curso y las lesiones visibles que documentó en fotografías.

“Temo por la seguridad de mi hijo y la de mi familia, hago responsable a Ossiel Ángeles y a su familia de cualquier cosa que pueda ocurrirnos”, expresó la joven en su testimonio público, difundido a través de redes sociales. También señaló que no era la primera vez que sufría agresiones, pero que esta vez decidió romper el silencio y buscar justicia.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, mientras colectivos feministas y activistas locales exigieron medidas de protección inmediata, así como una revisión del actuar ministerial ante posibles omisiones en el resguardo de la víctima.

“Más apoyo y protección para las mujeres”, concluyó la denunciante en su mensaje, acompañado de imágenes que muestran las lesiones sufridas y el momento de la detención del presunto agresor.

La dependencia recomendó verificar la autenticidad de las páginas o perfiles que publican vacantes, revisando su dirección física, comentarios de usuarios y fecha de creación, ya que muchas de estas cuentas son de reciente apertura y carecen de respaldo empresarial.

Asimismo, la Fiscalía exhortó a desconfiar de ofertas con sueldos excesivos o provenientes de otras entidades, pues suelen ser utilizadas por grupos que buscan obtener datos personales o transferencias de dinero de los solicitantes.

La institución recordó que no se deben realizar pagos ni compartir información privada durante un proceso de contratación hasta confirmar la legitimidad del reclutador o empresa.

La Policía Cibernética, en coordinación con la FGESLP, mantiene operativos digitales permanentes para detectar y dar de baja perfiles falsos y páginas fraudulentas.

Finalmente, la autoridad invitó a la ciudadanía a denunciar intentos de fraude laboral ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, ubicada en Volcán Tacaná #115, fraccionamiento Cumbres, en la capital potosina, o en cualquiera de las Delegaciones Regionales del estado.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que mantiene una estrecha coordinación con diversas instancias del Gobierno Estatal, con el propósito de dirigir las acciones penales pertinentes sobre la creación y difusión de materiales electrónicos que, a través de videos, pretenden generar desinformación y ataques en contra de instituciones gubernamentales.

A través de la Policía de Investigación (PDI) y Policía Cibernética se establecieron diversos perfiles y páginas de redes sociales, lo que generaron líneas sólidas de investigación, con las que se buscará llevar pronto ante un Juez de control a quien resulte responsable.

De igual forma, la PDI mantendrá las estrategias de inteligencia orientadas a determinar el origen de dichos clips, así como el lugar y los medios desde los cuales fueron elaborados y difundidos.

La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para no compartir contenido proveniente de portales o cuentas apócrifas, y recomienda mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación de las dependencias del Gobierno del Estado y de esta institución.

Con estas acciones, la FGESLP refrenda su compromiso con la legalidad, la verdad y la seguridad informativa de la población potosina.

El inmueble, ubicado en las inmediaciones del penal La Pila, permanece en obra negra y cuenta con el nombre de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la entrada. En la parte posterior se desarrollan terrenos del programa estatal “Tu casa, tu apoyo”, lo que podría requerir adecuaciones adicionales para su habilitación como sede administrativa.

Lara Enríquez recordó que anteriormente se había planteado la posibilidad de reubicar algunas instituciones en oficinas de la Arena Potosí, aunque dicho proyecto no se concretó. Señaló que el análisis actual responde a la intención de reducir el gasto público derivado del pago de rentas en distintos inmuebles de la capital.

La decisión final dependerá de estudios técnicos y financieros sobre la viabilidad del edificio y las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos se registraron en agosto de 2024, en la localidad de Arroyo Hondo, donde el imputado, junto con otras personas, habría agredido físicamente a la víctima, quien requirió atención médica por la gravedad de las lesiones.

Tras las indagatorias, el Ministerio Público judicializó la carpeta de investigación y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron al señalado en la comunidad de Los Castillos, donde fue notificado sobre el mandamiento judicial y de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue sometido a valoración médica y trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde permanecerá para garantizar su presentación en la audiencia inicial.

En dicha audiencia, la representación fiscal realizará la imputación formal ante la autoridad judicial

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en abril de 2022, cuando el imputado, presuntamente durante una visita al domicilio de la madre de su hija en el municipio de Santa María del Río, se llevó a la menor sin consentimiento de su tutora legal.

Tras conocer la denuncia, la FGESLP inició las investigaciones correspondientes y logró localizar a la menor en Aguascalientes, asegurando su retorno con la madre. Las indagatorias culminaron con la emisión de la orden de aprehensión contra Gabriel “N”.

Elementos de la Policía de Investigación ubicaron al señalado en la colonia Villa de las Palmas III, donde le notificaron el mandato judicial y sus derechos. Posteriormente, fue trasladado a San Luis Potosí e ingresado al centro penitenciario correspondiente, en espera de que se determine su situación jurídica.

De acuerdo con la publicación realizada en redes sociales oficiales de la institución, el retrato se realizó con técnicas de proyección de edad y busca acercar información a la ciudadanía que permita dar con el paradero de la adolescente desaparecida.

La madre de Zoé ha señalado que en estos diez años no ha recibido un trato adecuado por parte de las instituciones encargadas de investigar el caso. Ha insistido en que se indague sobre la posible línea de investigación que apunta a que la menor habría sido trasladada a Estados Unidos con documentación falsa, hipótesis que hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente.

Con la actualización del retrato, las autoridades reiteraron que la búsqueda de Zoé Zuleica continúa abierta, aunque a una década de su desaparición aún no se han obtenido resultados que permitan esclarecer su paradero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente ingresó al domicilio de la víctima en el municipio de Zaragoza, donde sostuvo una confrontación y la lesionó con una cuchilla. También habría causado daños materiales en el inmueble.

Tras el incidente, elementos preventivos detuvieron al probable responsable y lo pusieron a disposición de la FGESLP. La detención fue calificada como legal por un Juez de control.

Durante la audiencia, personal fiscal solicitó la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, solicitudes que fueron concedidas por la autoridad judicial. Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses de investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán incorporar más datos de prueba al proceso penal.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de Servicios Periciales realizaron las primeras diligencias en el sitio con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a la víctima, quien presentaba lesiones ocasionadas por quemaduras.

Al no contar con documentos oficiales ni información que permitiera establecer su identidad, la persona fue trasladada al Servicio Médico Legal (SEMELE), donde se llevará a cabo la necropsia de Ley, procedimiento que precisará la causa del fallecimiento.

La Fiscalía potosina confirmó que continuará con las labores científicas y jurídicas necesarias para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.