El Senado de la República aprobó este jueves la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que abrió paso a la designación inmediata de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la institución.

La decisión se formalizó luego de que Gertz Manero enviara su carta de dimisión al Poder Legislativo. Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado avaló la salida del aún fiscal, quien se perfila para ocupar una representación diplomática en el extranjero.

Minutos antes de hacerse oficial su renuncia, Gertz nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cargo que, de acuerdo con la normativa de la FGR, tiene la facultad de asumir la conducción del organismo en caso de ausencia definitiva del fiscal general. Con ello, Godoy tomó posesión de forma automática.

Godoy Ramos, ex titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y hasta hoy consejera jurídica de la Presidencia de la República, se convierte en la primera mujer en encabezar la Fiscalía General de la República desde la autonomía constitucional de la institución.

El nombramiento ocurre en un contexto marcado por exigencias de transparencia y eficacia en la procuración de justicia a nivel federal. Como encargada de despacho, Godoy deberá garantizar la continuidad de las investigaciones en curso, fortalecer la coordinación con las fiscalías estatales y responder a los reclamos ciudadanos sobre impunidad y violencia.

En los próximos días, el Senado iniciará el proceso para integrar una terna de candidatos a fin de elegir al nuevo fiscal general. Mientras tanto, Ernestina Godoy permanecerá al frente de la FGR.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias carpetas de investigación contra empresarios estadounidenses presuntamente involucrados en operaciones de huachicol fiscal.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la Mandataria federal informó que algunas de estas investigaciones ya fueron turnadas ante un juez para solicitar órdenes de aprehensión.

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema; algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la Fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”, precisó Sheinbaum.

COMBATE AL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE

La Presidenta explicó que las pesquisas se derivan de un operativo conjunto para frenar el ingreso ilegal de combustibles provenientes de Estados Unidos, una práctica que —aseguró— ha disminuido significativamente en los últimos meses gracias a la vigilancia reforzada en aduanas y al incremento de ventas formales de Pemex.

“No se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal, que ya es bastante menos, porque a partir de las investigaciones, de las detenciones y de la vigilancia mayor en aduanas, ha disminuido de manera importante”, señaló.

Sheinbaum añadió que las autoridades estadounidenses también mantienen indagatorias paralelas a través del Departamento de Justicia, en colaboración con México.

“Estados Unidos también lo mencionó y tiene investigaciones abiertas. De hecho, sería imposible que entrara combustible ilegal sin que existiera alguien del otro lado”, subrayó.

EMPRESA LIGADA AL CJNG, EN LA MIRA

Al ser cuestionada sobre una empresa con sede en Houston vinculada con otra en Monterrey, señalada como presunta “fachada” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ingresar combustible de contrabando, Sheinbaum afirmó que no tiene información precisa sobre si ese caso forma parte de las carpetas ya judicializadas.

“Hay casos, no sé si esté relacionado este caso con las carpetas de investigación que ya están en la Fiscalía. La Fiscalía hace sus propias investigaciones, pero lo que es cierto es que sí había un vínculo”, indicó.

LLAMADO A TRANSPARENCIA EN LAS PESQUISAS

La Presidenta exhortó a la FGR a informar públicamente sobre los avances de las investigaciones y sobre la participación del Ejército mexicano en los operativos relacionados con el combate al huachicol fiscal.

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene una política de “cero tolerancia” ante la corrupción y las prácticas ilegales en la importación de hidrocarburos, especialmente aquellas con presunta participación de redes empresariales binacionales.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó tras el homicidio de Bernardo Bravo, dirigente de citricultores en la región. El dispositivo fue coordinado por elementos de la SSPC, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Según las investigaciones, Rigoberto “N” presuntamente pertenece a la organización delictiva Blancos de Troya y operaba como jefe de una célula dedicada al cobro de cuotas a productores locales.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las indagatorias para ubicar a otros posibles implicados en las extorsiones y en el asesinato de Bernardo Bravo.

Durante la conferencia presidencial, el titular de la FGR explicó que el caso se originó a partir de una investigación de la Fiscalía estatal, relacionada con denuncias por extorsión a propietarios de estaciones de servicio. Indicó que hasta el momento dos personas han sido detenidas, y que una de ellas se acogió a un criterio de oportunidad, proporcionando información que permitió fortalecer la indagatoria.

Según el fiscal, la intervención de la FGR se dio a solicitud de las autoridades locales para coordinar la localización internacional del exfuncionario. Tras labores conjuntas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Bermúdez fue ubicado en Paraguay y posteriormente expulsado.

En relación con el amparo promovido por el exsecretario, Gertz Manero afirmó que no alterará el curso del proceso y anticipó que el delito federal será perseguido una vez que se integren todos los elementos correspondientes en las audiencias.

El ataque ocurrió dentro del restaurante The Italian Coffee de Pichucalco, donde la víctima fue sorprendida por un sicario que le disparó y huyó de inmediato.

De acuerdo con versiones extraoficiales, no era la primera vez que Rafael Arturo Vila sufría un atentado. En noviembre de 2022 resultó herido tras un ataque armado, y en noviembre de 2023 sobrevivió ileso a otro atentado cuando viajaba en una camioneta blindada.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Rafael N. “por hechos ocurridos en el municipio de Pichucalco”.

Sobre los avances, señaló que se ha logrado acreditar que el agresor fue una sola persona, proveniente de Tabasco, y que actualmente más de 250 agentes participan en tareas de investigación e inteligencia.

Llaven Abarca afirmó que el caso se atiende en conjunto con la Fiscalía General de Chiapas y la de Tabasco, y garantizó que no habrá impunidad:

“Continuaremos con la investigación hasta dar con los responsables”, aseguró.

“El Cachorro” era buscado por su rol en el contrabando de fusiles AR-15 y AK-47, utilizados en enfrentamientos con fuerzas de seguridad y rivales. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de armas, asociación delictuosa y delitos contra la salud, con posibles sentencias de hasta 50 años. La red operaba mediante rutas transfronterizas, aprovechando la porosidad de la frontera México-Estados Unidos para ingresar armamento ilegal. Autoridades destacan que esta célula abastecía a sicarios del CJNG en conflictos territoriales por el control de plazas clave. El decomiso incluye granadas y lanzacohetes, evidenciando el poderío militar del grupo criminal.

La operación se basó en inteligencia compartida entre México y Estados Unidos, donde se rastrearon envíos de armas desde Texas y Arizona. Semar informó que no hubo enfrentamientos durante las detenciones, realizadas en domicilios y vehículos en los tres estados mencionados. Este golpe se suma a recientes capturas de líderes del CJNG, debilitando su estructura logística y operativa. Expertos en seguridad advierten que el tráfico de armas alimenta la violencia, con miles de homicidios anuales relacionados. El gobierno federal reitera su compromiso con el desarme de grupos delictivos para restaurar la paz en regiones afectadas.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la FGR para su procesamiento, donde se espera que revelen más detalles sobre la red. Esta detención podría llevar a más arrestos en ambos lados de la frontera, intensificando la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Comunidades locales en Jalisco y Michoacán celebran la acción, aunque temen represalias del CJNG. Analistas destacan la necesidad de reformas para controlar el flujo de armas desde EE.UU., principal proveedor. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho”, sigue siendo uno de los cárteles más poderosos y violentos de México.

Fuentes ministeriales indican que la captura del sospechoso, realizada por fuerzas de seguridad federales y locales, surgió a partir de evidencia criminalística y trabajo de inteligencia en la zona. Las autoridades consideran este arresto un paso relevante para reconstruir la cadena de mando y las motivaciones del ataque: se busca determinar si la agresión obedeció a represalias por operativos recientes de la FGR, a luchas locales entre células del crimen organizado o a filtraciones internas que habrían puesto en riesgo investigaciones sensibles.

La muerte del delegado y la posterior detención del presunto autor intensifican el debate sobre la seguridad de funcionarios que combaten al crimen organizado y sobre las medidas de protección que el Estado debe garantizar. Organismos de derechos humanos y asociaciones de fiscales han condenado el asesinato y exigido investigaciones exhaustivas que lleven ante la justicia no sólo a los autores materiales sino a los posibles autores intelectuales y estructuras que permitieron el atentado. Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar indagando pese a la amenaza que representan grupos con capacidad de fuego y logística sofisticada en la frontera noreste.

El contexto regional también importa: Reynosa, por su localización fronteriza con Estados Unidos, es escenario de competencia entre facciones por rutas de tráfico y control de células extorsivas y de robo de combustible. El homicidio del delegado subraya la vulnerabilidad de agentes y funcionarios y la necesidad de protocolos que combinen investigación, protección y coordinación entre niveles de gobierno para proteger a quienes investigan estructuras criminales. En lo inmediato, la captura del sospechoso servirá para desentrañar el patrón del ataque; en el mediano plazo, contrastará la eficacia de las estrategias de persecución y prevención en zonas de alta peligrosidad.

El 4 de agosto, alrededor de las 19:30 horas, Vázquez viajaba en una camioneta blindada cuando una granada fue lanzada hacia el vehículo, inmovilizándolo e iniciando fuego. Al descender herido, fue rematado por sujetos que llegaron en una camioneta sin placas.

La Fiscalía General informó que nueve días antes se había asegurado casi dos millones de litros de combustible robado durante un operativo en Reynosa. Existen indicios de que el crimen esté vinculado a esa acción.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal condenaron el homicidio y anunciaron colaboración inmediata entre instancias federales y estatales para esclarecer y avanzar en la investigación.

El caso subraya la peligrosidad en la frontera y el riesgo que enfrentan funcionarios al combatir redes delictivas vinculadas al robo de combustible.

La FGR no descarta otras líneas de investigación, pero el contexto sugiere una respuesta violenta a la ofensiva institucional contra el huachicol.

La detención ocurrió en la zona metropolitana de la capital potosina, y de inmediato fue trasladado al penal de La Pila, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Se le acusa de un presunto fraude relacionado con operaciones irregulares en contratos de obra.

El caso generó sorpresa en la comunidad empresarial potosina, ya que el detenido era considerado un comerciante de trayectoria en el ramo de plomería y ferretería. Sin embargo, la FGR confirmó que ya había una orden activa de búsqueda y localización desde hace meses.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el monto o naturaleza exacta del presunto fraude, pero el proceso legal ya se encuentra en curso.

Legisladores priistas solicitaron además la remoción de Adán Augusto como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, argumentando que la relación con Bermúdez representa un conflicto de interés y riesgo institucional.

Por su parte, PAN también informó haber interpuesto denuncia similar, buscando que autoridades internacionales como el FBI, DEA y la Corte Penal Internacional investiguen los presuntos vínculos con el crimen organizado.

Adán Augusto aún no ha sido citado oficialmente o vinculado a proceso. El hecho ha generado tensión política en Morena, y se espera que en los próximos días se emitan los avances o posibles órdenes de investigación.