La dependencia recomendó verificar la autenticidad de las páginas o perfiles que publican vacantes, revisando su dirección física, comentarios de usuarios y fecha de creación, ya que muchas de estas cuentas son de reciente apertura y carecen de respaldo empresarial.

Asimismo, la Fiscalía exhortó a desconfiar de ofertas con sueldos excesivos o provenientes de otras entidades, pues suelen ser utilizadas por grupos que buscan obtener datos personales o transferencias de dinero de los solicitantes.

La institución recordó que no se deben realizar pagos ni compartir información privada durante un proceso de contratación hasta confirmar la legitimidad del reclutador o empresa.

La Policía Cibernética, en coordinación con la FGESLP, mantiene operativos digitales permanentes para detectar y dar de baja perfiles falsos y páginas fraudulentas.

Finalmente, la autoridad invitó a la ciudadanía a denunciar intentos de fraude laboral ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, ubicada en Volcán Tacaná #115, fraccionamiento Cumbres, en la capital potosina, o en cualquiera de las Delegaciones Regionales del estado.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2022, cuando la víctima se encontraba en su lugar de trabajo y los imputados arribaron presentándose como actuarios, argumentando que venían a embargar una camioneta.

Además, los presuntos responsables exigían una cantidad adicional en efectivo, por lo que la víctima acudió al juzgado para verificar los documentos relacionados con el embargo y detectó que eran apócrifos.

Ante estos indicios, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y emprendió acciones legales en contra de los señalados.

La PDI localizó a los imputados y cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un juez de control para su captura y puesta a disposición.

Actualmente, los detenidos se encuentran internados en el centro de reinserción social de la capital potosina, a la espera de que la autoridad resuelva su situación jurídica.

La propia delegación reconoce que los exservidores públicos aprovecharon su acceso a datos personales para contactar a los beneficiarios y exigir depósitos a cambio de supuestos aumentos en sus pensiones. Sin embargo, en lugar de asumir su responsabilidad, Bienestar busca deslindarse de los hechos, cuando el manejo negligente de la información fue posible gracias a la falta de controles y supervisión efectiva.

El anuncio de que la Secretaría presentó denuncias y trabaja con la Guardia Civil Estatal llega tarde y parece más un intento de limpiar su imagen tras la evidente omisión de sus autoridades, que un verdadero esfuerzo por proteger a los adultos mayores. Mientras tanto, cientos de abuelitos podrían ya haber sido estafados con promesas falsas de incrementos en sus apoyos, ante la pasividad inicial del delegado Guillermo Morales.

Este caso refleja el desorden y la ineficiencia en la Delegación del Bienestar en San Luis Potosí, donde los programas sociales, en lugar de ser un apoyo, terminan convirtiéndose en un riesgo para los beneficiarios más vulnerables. Urge una investigación independiente que determine las responsabilidades de los funcionarios que permitieron este grave fallo en la protección de los datos y se garantice que no se repita una situación tan lamentable.

El mensaje fraudulento afirma que la información sobre las becas puede consultarse en páginas del gobierno municipal e incluye una leyenda que asegura que el programa no está vinculado a ningún partido político. Ante esto, el Ayuntamiento aclaró que la información es falsa y reiteró que cualquier convocatoria oficial se publica exclusivamente en sus canales institucionales.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar compartir este tipo de mensajes sin antes confirmar su autenticidad, con el fin de prevenir fraudes y la propagación de información engañosa. Además, instaron a reportar estos casos para que las instancias correspondientes tomen medidas contra quienes buscan aprovecharse de la confianza de la población.

Se hace un llamado a la ciudadanía a no confiar en mensajes inesperados o inusuales que usen la imagen de funcionarios públicos, así como a evitar compartir información personal o realizar transacciones sin verificar la autenticidad del contacto. Cualquier cuenta sospechosa puede ser reportada a las plataformas digitales correspondientes y a las autoridades.

El Ayuntamiento reitera su compromiso con la seguridad digital y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se dará seguimiento a esta situación y se brindarán recomendaciones para prevenir incidentes similares. El número de WhatsApp del Alcalde Enrique Galindo Ceballos sigue siendo 55 1081 6588.

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director general de Interapas, aclaró que el organismo no cuenta con intermediarios para realizar estos trámites y exhortó a la población a utilizar exclusivamente los canales oficiales. “Invitamos a los usuarios a realizar el trámite personalmente con los ejecutivos del organismo para evitar caer en fraudes”, señaló.

El programa puede gestionarse de manera segura a través del portal oficial de Interapas o en las ventanillas de atención ubicadas en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro. Hernández Delgadillo destacó que los estímulos fiscales han beneficiado a un gran número de usuarios, especialmente del sector comercial, gracias a descuentos de hasta el 50%.

Ante el aumento de casos, Interapas llamó a la ciudadanía a estar alerta y reportar cualquier intento de fraude. La transparencia y la seguridad en el uso de los canales oficiales son fundamentales para garantizar el éxito del programa y proteger a los usuarios.

El director general de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, aclaró que el organismo no avala este tipo de descuentos y enfatizó que actualmente no existe ningún programa de estímulos fiscales vigente. Programas como “Cuenta Nueva y Borrón” o “Acaba tu Deuda de una Vez” solo pueden implementarse con la aprobación del Congreso del Estado y, en este momento, no están activos.

Interapas alertó que quienes confíen en estos falsos gestores podrían enfrentar pérdidas económicas y ver aumentados sus adeudos debido a los recargos acumulados. Ante esta situación, el organismo exhortó a la población a ignorar estas ofertas fraudulentas y a acudir directamente a las oficinas de Interapas para obtener información sobre alternativas de convenio o programas futuros.

Asimismo, Interapas subrayó que cualquier programa oficial será anunciado únicamente a través de sus canales oficiales. Para verificar la veracidad de cualquier información, los usuarios pueden comunicarse al número telefónico 4441236400 o consultar las redes sociales del organismo.

Finalmente, el organismo pidió a la población mantenerse alerta y desconfiar de intermediarios no autorizados. Evitar caer en este tipo de fraudes es fundamental para proteger la economía familiar y prevenir mayores complicaciones financieras.

De acuerdo con los denunciantes, Aguilar Moreno, quien según versiones sería empleado del Gobierno del Estado, canceló un viaje programado para finales de agosto argumentando que el dinero sería devuelto. Sin embargo, afirman que hasta ahora no ha cumplido. “Nos sigue dando largas y nada más no cumple”, expresaron, destacando que no son las únicas víctimas, ya que otros grupos también resultaron defraudados.

Las personas afectadas provienen de diversas localidades como Mexquitic, Portezuelo, Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante, entre otras. También informaron que presentaron una denuncia formal ante las autoridades, aunque aseguran que Aguilar Moreno no ha acudido a las audiencias y utiliza su supuesto puesto estatal para evadir responsabilidades.

Finalmente, los afectados hicieron un llamado a las autoridades para acelerar el proceso y obtener justicia. “Solo queremos que nos regresen nuestro dinero, es el fruto de nuestro trabajo”, señalaron en sus publicaciones difundidas en redes sociales.

La Unidad de policía cibernética de la SSPCE ha detectado esta modalidad de posible fraude a través de los esquemas de monitoreo que implementa de manera permanente. Como parte de los protocolos de prevención y disuasión de delitos financieros, en particular el fraude, se ha identificado que esta empresa opera bajo un esquema engañoso, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones.

Modus Operandi detectado: La empresa en cuestión invita a las personas a participar en conferencias donde se presentan supuestos esquemas de inversión en países como Estados Unidos, España y Portugal, ofreciendo la promesa de obtener atractivos dividendos a corto plazo. Sin embargo, los interesados deben realizar un pago por adelantado, equivalente a los intereses de hasta cinco años de un préstamo que supuestamente se gestionaría con una financiera asociada a esta empresa.

Uno de los principales ganchos para atraer a posibles víctimas, además de la promesa de ganancias rápidas, es la posibilidad de obtener residencia o incluso la nacionalidad del país en el que se realice la inversión. La empresa asegura que invirtiendo un monto mínimo de 500 mil euros o dólares, los inversores no solo obtendrán altos rendimientos, sino que también accederán a beneficios migratorios en el país seleccionado.

Riesgo para el patrimonio de la ciudadanía: La SSPCE advierte que este tipo de esquemas son altamente sospechosos y que los pagos adelantados solicitados no cuentan con el respaldo de ninguna entidad financiera legítima. Las investigaciones realizadas hasta el momento sugieren que los montos entregados por adelantado no tienen garantía de recuperación, lo que coloca a los participantes en una situación de alto riesgo de pérdida patrimonial.

Esta empresa se promociona de manera activa en diversas plataformas digitales y redes sociales, utilizando estrategias de mercadotecnia engañosa para atraer a personas que puedan desconocer los riesgos involucrados. Esta modalidad de fraude está diseñada para captar la atención de personas que buscan opciones de inversión o mejora de su situación migratoria, aprovechándose de la falta de información o la urgencia por obtener rendimientos financieros rápidos.

Recomendaciones a la ciudadanía: Se hace un llamado a la población para que no realice depósitos o transferencias de ningún tipo a empresas que ofrezcan este tipo de esquemas sin contar con información verificable y sin la certeza de estar ante una empresa legalmente constituida y regulada. Asimismo, se recomienda verificar siempre que las entidades financieras o empresas de inversión con las que se pretenda interactuar estén debidamente registradas y cuenten con las autorizaciones correspondientes para operar tanto en el país como en el extranjero. En caso de duda, se puede acudir a las autoridades competentes para recibir orientación y evitar ser víctima de fraudes financieros. Es fundamental desconfiar de ofertas de inversión que prometen grandes beneficios en cortos plazos, ya que estas suelen ser un indicativo de operaciones fraudulentas. Ninguna entidad seria exige el pago adelantado de intereses ni garantiza ganancias inmediatas sin riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la funcionaria omitió notificar al Ayuntamiento de San Luis Potosí sobre los ingresos obtenidos por la venta de fosas en el camposanto. Esta omisión representa una violación tanto a la Ley del Registro Civil como al Reglamento de Cementerios vigentes en el estado. Se presume que la imputada llevó a cabo actos fuera de sus funciones, lo que agravó su situación legal.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, que tras recibir la información correspondiente, procedió a la judicialización del expediente. Los litigadores adscritos al caso presentaron los datos de prueba necesarios para sustentar las acusaciones en contra de la funcionaria pública.

En la audiencia celebrada ante el Juez de Control, se consideraron suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público, lo que resultó en la vinculación a proceso de Aracely “N”. Además, la autoridad judicial determinó un plazo de tres meses para llevar a cabo una investigación complementaria, tiempo en el cual se recabarán más pruebas que puedan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.