En su nueva función, Carreño Linares se enfocá en consolidar los vínculos entre instancias federales, estatales y municipales, priorizando la estabilidad política y el desarrollo de estrategias integrales. Su designación ocurre en un contexto donde el gobierno federal busca incrementar su presencia en las entidades para abordar de manera más efectiva las problemáticas locales.

No obstante, su nombramiento también reaviva un episodio controversial de su carrera política. En su momento, Carreño Linares fue investigada por el homicidio de Crispín Ordaz, exalcalde panista de Ébano. Aunque el caso no prosperó en su contra, este antecedente genera posturas divididas entre diversos sectores de la sociedad potosina sobre su llegada al cargo.

A pesar de las controversias, el nombramiento de Carreño Linares representa una oportunidad para reforzar la gobernabilidad en San Luis Potosí. Su gestión será clave para superar las expectativas y afrontar los retos políticos y sociales que enfrenta el estado en la actualidad.

La nueva delegada tendrá el desafío de equilibrar las demandas locales con las directrices federales, unificando esfuerzos para promover el desarrollo regional. Su desempeño será evaluado de cerca por ciudadanos y autoridades, quienes esperan resultados concretos que fortalezcan la estabilidad y la cohesión en el estado.

El legislador dijo que, la Comisión de Gobernación sesionará para compartir los nombres de quienes integrarán el concejo: “Ya se estarían compartiendo los nombres, yo no los tengo, sé que llegaron a la presidencia, pero se mandaron a la Comisión de Gobernación”.

El presidente de la directiva detalló que se debe esperar a que concluya esta sesión de Comisión para poder llamar a una sesión extraordinaria del Pleno, pues el concejo debe quedar integrado antes del 15 de agosto.

Por su parte, el Cabildo capitalino aprobó por una comisión edilicia que representará a la administración municipal saliente en el proceso de entrega-recepción de la delegación de Pozos a la nueva alcaldía, también una para la entrega de la administración municipal capitalina.

La Comisión de Entrega de la Administración 2021-2024 está integrada por el propio alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, la síndica municipal Maribel Lemoine Loredo, y los regidores Gustavo Mercado Garay, Elodia Gutiérrez Estrada, Martha Orta Rodríguez, José Ángel Lara y María de los Ángeles Hermosillo Casas.

El consejero electoral Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, dijo que el CEEPAC está a la espera de la conformación del Concejo Municipal del nuevo municipio de Villa de Pozos, para saber qué participación tendrá, lo cual depende de que las y los legisladores determinen cuánto tiempo estará en funciones este concejo, y saber si habría elecciones el próximo año o hasta 2027,

“En tanto no conozcamos el dictamen en donde se establezca el periodo en el que este organismo va a operar, y si existe alguna cláusula en la que soliciten la realización de una elección para elegir a las nuevas autoridades, hasta entonces no podríamos hablar de algún proceso electoral”, indicó el consejero.

Por su parte, el secretario general de gobierno Guadalupe Torres Sánchez dio a conocer que no habrá elecciones extraordinarias en este nuevo municipio para elegir a su primer presidente o presidenta municipal. Explicó que el Concejo Municipal que elegirá el Congreso del Estado será la máxima autoridad de esta localidad por lo menos hasta el 2027.

Un grupo de vecinos de Villa de Pozos presentaron al Congreso del Estado sus propuestas para integrar el Concejo Municipal, quienes estarán pendientes para una probable sesión plenaria extraordinaria del Legislativo que deberá desarrollarse.

Del grupo que impulsó la municipalización se sabe que entre ellos se propuso a Gaspar Méndez Ramírez, sucesor de Cirilo Juárez en la lucha por dejar de ser una delegación.

Aguiñaga Muñiz informó que la pesquisa se enfoca en los permisos otorgados a bares y clubes nocturnos, con especial atención a la Dirección de Gobernación y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Estas revisiones buscan identificar posibles irregularidades en la emisión de permisos y asegurar que no queden impunes.

La investigación interna avanza en paralelo a la investigación penal realizada por la Fiscalía General del Estado. Se examinan tanto el caso del antro “Rich” como otros establecimientos similares. Las identidades de los funcionarios bajo investigación no se han divulgado, pero se están evaluando las acciones y posibles omisiones de las dependencias involucradas.

Si se encuentran responsabilidades, se tomarán medidas administrativas correspondientes para sancionar a los responsables.

El titular de Prevención y Reinserción Social Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, comentó que la finalidad es educar a la población penitenciaria próxima a obtener su libertad sobre cómo manejar sus finanzas personales y así poder emprender para ser dueños de sus propios negocios.

Lo anterior, gracias al convenio de colaboración signado entre la dependencia de seguridad y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (SIFIDE), con lo que se establecen las bases para implementar, fomentar y/o promover diversas actividades en beneficio de las y los PPL’S de los Centros Estatales de Reinserción Social del Estado.

En la ceremonia de inicio de programa estuvo presente Lilia Malvido Flores, Coordinadora General Ejecutiva del SIFIDE y Alejandro Antonio Molina Tapia, Director de Programas Estratégicos e Impulso Empresarial, quienes atestiguaron el comienzo de los trabajos de capacitación en educación financiera.

El programa que se desarrollará del 17 de junio al 28 de agosto, se implementará de manera diferida a grupos de aproximadamente 30 personas privadas de la libertad, en los penales de La Pila en la capital del Estado y en los penales de Rioverde, Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale.

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández explicó que, aunque el proceso se maneja como un juicio dentro del Poder Legislativo, es crucial respetar la confidencialidad de ciertos datos y cumplir con la normativa establecida.

“Tras recibir la información solicitada, evaluaremos si procede la formación de una comisión jurisdiccional. Hemos aceptado la solicitud de juicio político y estamos recabando información adicional para determinar si los hechos encuadran en las hipótesis necesarias para avanzar con el juicio,” detalló Aguilar Hernández.

Sobre la petición de separar a la presidenta de la CEDH de su cargo mientras se desarrolla el proceso, el legislador mencionó que legalmente no pueden tomar acciones no contempladas en la ley de juicio político. “La medida cautelar solicitada no está fundamentada en la normativa actual, por lo que no podemos resolver algo fuera del marco legal,” aclaró.

A pesar de la ocupación de la CEDH por personas inconformes, Aguilar Hernández aseguró que esto no influye en el proceso legislativo. “El Congreso actuará con diligencia, pero siempre respetando los procedimientos legales. Solicitaremos la información necesaria a la presidenta de la CEDH para tener todos los elementos y decidir sobre la apertura de la comisión jurisdiccional en la próxima semana,” concluyó el diputado.

La instalación de iluminación, señalización, la construcción de tres puentes vehiculares y un colector sanitario. Todo esto contribuirá a mejorar la movilidad en la zona, facilitando el acceso a las carreteras y al aeropuerto internacional. Además, se espera que esta obra aumente la plusvalía de las viviendas en la región y aborde años de descuido en la infraestructura vial.

Tras inspeccionar los avances de la obra, el Gobernador resaltó su importancia y destacó que esta iniciativa se suma a otros proyectos en curso en las diferentes regiones del estado. Estos proyectos buscan mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias potosinas, y se están llevando a cabo con cifras récord en inversión pública.

La ampliación del Bulevar Río Santiago beneficiará a más de 823 mil habitantes, así como a la comunidad universitaria de la Facultad de Agronomía, a los comerciantes, empresarios y a todas las familias que utilizan esta vía para sus desplazamientos diarios. Este proyecto, que se espera tenga un impacto a largo plazo, avanza sin contratiempos y dentro del plazo establecido, lo que garantiza su pronta finalización.

El proyecto se hace realidad gracias a la donación de un predio municipal por parte de Soledad de Graciano Sánchez al Gobierno del Estado. Esta iniciativa, impulsada por el Mandatario Estatal, busca proporcionar una mayor protección animal en San Luis Potosí, siendo respaldada por representantes de asociaciones rescatistas y defensoras del bienestar animal.

Yeralt Zavala Rico, representante de la Asociación “Amigos de Corazón México”, expresó su satisfacción por la concreción de este proyecto, destacando que es un anhelo largamente esperado por los grupos de rescatistas locales. Belén Cruz, presidenta de la Asociación Civil “Casa Perruna”, resaltó la importancia de este albergue como un referente a nivel estatal, y señaló la colaboración entre organizaciones para coordinar las atenciones y promover adopciones responsables.

Marian Márquez, representante juvenil del Frente Ciudadano por Derecho Animal con sede en la Ciudad de México, celebró la noticia y agradeció a las autoridades municipales y estatales por concretar este espacio que beneficiará a la población de la zona metropolitana, subrayando la importancia de considerar a los animales como seres sintientes que merecen cuidado y respeto.

En el Jardín de Niños “Mercedes Campa”, ubicado en el fraccionamiento El Toro, se entregaron tres aulas didácticas, mejoras en la infraestructura eléctrica, rehabilitación de la plaza cívica y estacionamiento, así como una barda perimetral y área de juegos infantiles.

Posteriormente, en la primaria “Dr. Agustín Bocard Alvarado”, se inauguró un techado de 15×30 metros con columnas de concreto de nueve metros de altura, acompañado de mejoras en la pintura general del edificio y el acceso principal.

Estas acciones forman parte de un plan integral que busca fortalecer la infraestructura educativa en el Estado, con una inversión de más de 400 millones de pesos para la construcción y renovación de 100 planteles en todas las regiones. Con esta inversión, se garantiza un entorno propicio para el desarrollo académico de las actuales y futuras generaciones de estudiantes.

En su Conferencia de la Verdad, la abanderada de la coalición Fuerza y Coalición por México afirmó que, en su recorrido por el país para buscar el voto de los mexicanos, visitará principalmente las zonas del territorio nacional más complicadas por la presencia del crimen organizado.

“Voy a visitar las 32 entidades federativas en su totalidad y de hecho quiero ir a zonas especialmente complicadas, justo ahí es a donde yo quiero devolverle la esperanza a las personas que hoy viven con miedo, justo donde hay menos certezas es a donde quiero estar”, puntualizó.

Xóchitl Gálvez advirtió nuevamente que la intervención del crimen organizado es una gran amenaza para el proceso electoral que está en curso, por lo que expresó su preocupación por la seguridad de los candidatos a alcaldes, y a diputados locales y federales.

“Ya nos lo decía el Comando Norte en Estados Unidos, que hacen investigaciones muy serias sobre el tema de seguridad, que el 35 por ciento del territorio nacional está en manos de la delincuencia, así es que estos 50 focos rojos de los que habla la secretaria de Seguridad Pública en realidad deben de existir”, indicó.

Concluyó que el domingo 25 de octubre, se reunió con un grupo de connacionales
residentes en la entidad, de quienes dijo están muy agradecidos porque la ciudad ha sido
bondadosa, muchos tienen negocios, están casados con mexicanos, tienen hijos y son
familias a las que el gobierno ha estado atento a otorgarles lo necesario para que formen
parte de esta comunidad.
Enrique Malacara Martínez, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional, dijo
que San Luis Potosí se ha distinguido por tener un gobierno solidario y con programas de
atención a personas en situación de movilidad, donde se prioriza el apoyo a las personas y no a las nacionalidades, lo que es un sello de la administración del Gobernador Juan
Manuel Carreras.
Asistió a esta reunión, Humberto Ávalos Rodríguez, coordinador del Centro Integrado de
Protección al Migrante Hondureño y el cónsul general de Honduras en San Luis Potosí,
José Natividad Ortiz Cisnado.