Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, fue aprobada la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, lo que representa un nuevo paquete de medidas fiscales que incluye aumentos de impuestos a diversos productos de consumo generalizado, la incorporación de nuevos gravámenes y la autorización de un importante nivel de endeudamiento público.

De acuerdo con la información publicada por Animal Político, la reforma a la Ley del IEPS fue avalada en lo general con 351 votos a favor y 129 en contra, en medio de un debate intenso y polarizado entre el bloque oficialista y la oposición.

Durante la discusión en lo particular, que incluyó más de 200 reservas presentadas por legisladores, se aceptó una modificación para fijar un impuesto de $1.5 por litro a las bebidas con endulzantes no calóricos, luego de un acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y las principales empresas refresqueras del país.

Los productos que serán gravados con mayor fuerza son las bebidas saborizadas, incluidos refrescos, jarabes, polvos y concentrados, cuyo impuesto pasará de 1.64 por litro en 2025 a 3.08 en 2026. Este mismo impuesto se aplicará a los sueros que no se limiten a contener los cuatro ingredientes sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades señalaron que la medida busca desalentar el consumo de productos con alto contenido calórico y azúcares, en un esfuerzo por reducir las enfermedades asociadas a estos productos.

El IEPS también contempla un aumento progresivo en la carga fiscal a los cigarros, con una cuota adicional de 0.85 por unidad en 2026, que aumentará a 1.15 en el año 2030. A esta medida se suma el incremento del impuesto a juegos, apuestas y sorteos del 30 al 50, así como la creación de un nuevo impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento y no aptos para menores, aplicable tanto a su formato físico como a los servicios digitales de descarga o acceso.

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron las reformas como un mecanismo para fortalecer las finanzas públicas, combatir el consumo de productos nocivos para la salud y ampliar la base tributaria.

En tribuna, el diputado morenista Daniel Murguía Lardízabal explicó que con esta reforma se busca recaudar más de 761 mil millones de pesos únicamente por concepto del IEPS. Argumentó que uno de los objetivos principales es incorporar nuevos productos y servicios a la base gravable, como bolsas de nicotina, apuestas digitales y videojuegos violentos, bajo un enfoque de salud pública y modernización fiscal.

Por su parte, José Antonio López Ruiz, del PT, indicó que los llamados “impuestos saludables” buscan una reducción del 7% en el consumo de bebidas azucaradas, mientras que Héctor Pedroza Jiménez, del PVEM, destacó que la intención es canalizar la recaudación hacia programas de prevención y fortalecimiento del sistema público de salud.

En contraste, los partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), criticaron duramente la reforma al considerar que los nuevos impuestos afectan directamente a las familias de bajos ingresos.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, cuestionó la verdadera intención del gobierno al afirmar que, si bien se promete que los recursos se destinarán al sector salud, no existe un mecanismo de transparencia que garantice este uso. También denunció que el gobierno federal prevé una recaudación total de más de 270 mil millones de pesos adicionales, sin que exista claridad sobre su destino.

Desde el PRI, Víctor Samuel Palma advirtió sobre una inminente escalada de precios que profundizará la crisis económica que enfrentan millones de mexicanos, mientras que Paulo Gonzalo Martínez, del PAN, acusó a Morena de actuar con hipocresía al prometer que “primero los pobres” cuando las medidas fiscales afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.

Junto a la reforma al IEPS, también se aprobó la Ley de Ingresos 2026, que proyecta ingresos por un total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, a obtenerse a través de impuestos, cuotas de seguridad social, derechos, ventas de bienes y servicios, así como endeudamiento interno y externo.

Con 349 votos a favor y 128 en contra en lo general, y 352 votos a favor en lo particular, se avaló también que el Poder Ejecutivo pueda contratar un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos y uno externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares para financiar el Presupuesto de Egresos y operaciones de refinanciamiento.

Durante el debate, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, aseguró que los ingresos se fortalecerán gracias al combate a la evasión fiscal, a las factureras ilegales y a la eliminación de beneficios como la deducción fiscal de aportaciones al Fobaproa por parte de los bancos. Desde tribuna, acusó también al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de evadir impuestos con facturas falsas, lo que encendió aún más los ánimos entre los bloques legislativos.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que con esta reforma la deuda pública se duplicará en el sexenio, al alcanzar los 30 billones de pesos, lo que equivaldría al 52.3% del Producto Interno Bruto del país.

Por su parte, Éctor Jaime Ramírez, del PAN, lamentó la falta de un marco de responsabilidad fiscal y acusó al gobierno de implementar “parches fiscales” sin visión de largo plazo.

La aprobación de estas reformas marca un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas, reclamos de opacidad en el uso de los recursos y críticas al creciente endeudamiento público.

Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende los llamados impuestos saludables como una medida de bienestar social, los partidos contrarios denuncian un aumento en la carga tributaria de las familias sin una rendición de cuentas clara ni sostenibilidad financiera.

Las reformas a la Ley de Ingresos Estatal contemplan impuestos como el de Emanaciones Contaminantes, los que gravan operaciones inmobiliarias y venta de bebidas alcohólicas, así como un ajuste en el impuesto al hospedaje. A partir de febrero, la Iniciativa Privada deberá cumplir con estas nuevas obligaciones, lo que, según Ortuño, podría impactar la generación de empleo y el dinamismo económico.

El empresario advirtió que la incertidumbre por posibles medidas arancelarias de Estados Unidos sobre productos mexicanos hace necesario fortalecer la economía en lugar de imponerle una mayor carga tributaria. Además, destacó que el reciente aplazamiento de aranceles anunciado por el gobierno estadounidense brinda a México la oportunidad de prepararse para enfrentar eventuales impactos económicos.

Ortuño instó a los tres niveles de gobierno a implementar estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitan conservar la estabilidad económica, proteger las exportaciones y evitar una desaceleración. Subrayó que, al igual que el país, San Luis Potosí debe tomar medidas preventivas para fortalecer su economía local.

El ajuste, que será discutido en sesión extraordinaria, ha generado inquietud entre empresarios debido a la falta de claridad sobre su aplicación, ya que no se ha definido si incluirá la venta de bebidas en botella cerrada y abierta. Pinto advirtió que este incremento impactará directamente en la industria del entretenimiento y la venta de bebidas alcohólicas en distintos establecimientos.

Además, el representante empresarial consideró que la medida implica una doble tributación para el sector y criticó que se plantee un cambio en la tasa impositiva cuando ya se habían establecido las reglas de operación desde diciembre. Ante esta situación, los empresarios han solicitado mayor diálogo con las autoridades para evitar afectaciones en la actividad económica.

El funcionario recordó que la administración ha sostenido reuniones con las cámaras empresariales para abordar estos temas de manera directa. La semana pasada, empresarios locales, incluyendo hoteleros y restauranteros, solicitaron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que reconsiderara la publicación de los nuevos impuestos, pero la respuesta fue clara: la medida debe aplicarse tal como fue aprobada en el Congreso.

El viernes pasado, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para 2025 fueron aprobados por unanimidad, lo que generó protestas inmediatas por parte de sectores afectados, quienes no descartaron recurrir a amparos en contra de las nuevas cargas fiscales.

En otro tema, Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí se posiciona entre las diez ciudades más seguras del país, gracias al trabajo conjunto entre el gobierno estatal, las fuerzas federales y las autoridades municipales. Además, anunció que en 2025 se implementará un nuevo esquema de las Mesas para la Construcción de la Paz, con reuniones más frecuentes, posiblemente los sábados, para continuar con los esfuerzos de seguridad en el estado.

Según Serrano, los impuestos están dirigidos a sectores con mayor capacidad económica, buscando evitar un impacto significativo en la mayoría de los potosinos. “Lo importante de todo es que el recurso que ingrese será aplicado a favor del grueso de los potosinos (…) entonces creo que es una medida que permite una recaudación ante un momento crítico con los recortes presupuestales vividos, y creo que es importante simplemente el estar atentos a la recaudación de estos recursos y al destino de los mismos”, señaló.

El legislador, también coordinador del Partido Verde Ecologista de México, subrayó que este esquema es una medida necesaria en el contexto económico actual. Además, aseguró que se trabajará para que las prioridades presupuestales respondan a las necesidades de la población más vulnerable de San Luis Potosí.

El Congreso hizo un llamado a la ciudadanía para confiar en que estos recursos serán utilizados en proyectos que impacten de manera positiva a la mayoría de los habitantes del estado.

El gravamen a las bebidas alcohólicas fue uno de los puntos más controversiales durante la sesión legislativa. Algunos legisladores advirtieron que esta y otras medidas, como el aumento del impuesto al hospedaje del 3% al 4%, podrían afectar a la economía familiar y a sectores específicos de la población.

La Ley de Ingresos fue aprobada con 21 votos a favor y 5 en contra. Los legisladores de PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la propuesta, argumentando que carece de un análisis profundo sobre las consecuencias económicas y sociales de los nuevos impuestos.

Pese a las críticas, el gobierno estatal confía en que estas medidas fortalecerán su capacidad de recaudación. No obstante, persisten las dudas sobre el impacto que podrá tener en el consumo y sobre si realmente contribuirá a mejorar los servicios públicos.

Gallardo explicó que los recientes ajustes en impuestos en la entidad no responden a instrucciones de la administración estatal, sino que buscan homologar la carga tributaria con otras entidades federativas. Entre los incrementos se encuentran los impuestos sobre la enajenación de bienes inmuebles, la venta final de bebidas alcohólicas y el hospedaje. Estas medidas, añadió, podrían beneficiar a la federación al equilibrar los sistemas fiscales de los estados.

Enfatizó que el impuesto de la tenencia vehicular, que desapareció durante el sexenio de Fernando Toranzo Fernández, no se considera como una opción para aumentar los ingresos estatales. Este gravamen, que anteriormente generaba ingresos por hasta 1,500 millones de pesos anuales, fue reclasificado a un derecho por control vehicular en esa administración y, desde entonces, no ha vuelto a aplicarse en la entidad.

Finalmente, el mandatario destacó que la homologación fiscal ayudará a mantener servicios gratuitos como el transporte colectivo de MetroRed y el subsidio de placas y licencias de conducir, permitiendo al estado adaptarse a las restricciones presupuestales sin afectar a la ciudadanía.

Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la comisión, detalló que algunos municipios, como Axtla, Ciudad del Maíz, Tanquián y Tamuín, no solicitaron ajustes, por lo que se mantendrán las tarifas vigentes de este año. En el resto de los municipios, incluidos Cárdenas, Ciudad Valles y Rayón, se aprobó un aumento del 3.77%, correspondiente al incremento registrado en el Índice Nacional de Precios al Productor entre octubre de 2023 y octubre de 2024.

El caso del Interapas fue diferenciado, ya que se aprobó no incrementar las tarifas para el servicio doméstico ni para instituciones públicas. Sin embargo, se autorizó un ajuste del 5% al 6% en las tarifas para los servicios industriales, comerciales y residenciales con consumo superior a los 25 metros cúbicos.

Además, se implementaron incentivos fiscales para los deudores morosos, que incluyen un descuento del 100% en la contratación del servicio en zonas residenciales, con el objetivo de regularizar a quienes no han cumplido con sus pagos.

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, apoyó la medida, subrayando que este ajuste será crucial para mejorar la estabilidad financiera de Interapas y continuar garantizando el suministro de agua en la ciudad.

Por otro lado, en relación a los impuestos municipales, la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal rechazó la propuesta de incrementar en 10.6% los valores de uso de suelo y construcción en la capital, manteniendo las tarifas actuales de 2024. Asimismo, la Comisión Primera aprobó las leyes de ingresos de 30 ayuntamientos y la actualización de los valores unitarios de suelo y construcción en siete municipios del estado.

La Tesorería del Ayuntamiento de San Luis Potosí informa considera un incremento general del 4.94 por ciento en los recursos que se recibirán, calculado en una combinación entre recursos propios junto con participaciones y aportaciones federales. Respecto a los ingresos propios, el valor de la UMA se actualizará 6 por ciento en febrero de 2024. En el caso del impuesto predial, solamente se considera el efecto de la inflación, que se calcula en 6 por ciento en el caso de predios urbanos y suburbanos destinados a comercios, servicios, oficinas o uso industrial.

En el caso de todos los predios y fincas habitacionales, no se presentará ningún incremento en el impuesto predial, el efecto de la inflación será absorbido por la administración municipal, con lo que se sigue el precepto de equilibrio y justicia tributaria del Ayuntamiento.

Para el caso de las tarifas de panteones, se considera un incremento en la mano de obra y en los costos de los materiales que utilizan quienes prestan el servicio al Ayuntamiento. Respecto a los permisos de tránsito, se propuso disminuir la tarifa de permisos para circular sin placas, de 6.00 a 2.5 UMA, con el fin de homologar los costos con los municipios conurbados.

Leonor Noyola, comentó que la administración municipal sigue revisando los detalles del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año, pero hasta el momento no se ha considerado incrementar los impuestos. 

Se está buscando mantener los impuestos establecidos este año para 2024 con el fin de apoyar a la población de Soledad, tomando en cuenta la situación económica desfavorable que persiste en el municipio. 

Se espera que en los próximos días la Ley de Ingresos del 2024 sea aprobada por el cabildo y posteriormente el Congreso del Estado manteniendo sin modificaciones los impuestos establecidos.