De estos casos, 453 ocurrieron en la capital potosina y 96 en Soledad de Graciano Sánchez, con 2024 registrando el pico más alto (129 carpetas). En 2025, se reportan 19 nuevas investigaciones. En entornos escolares, desde 2019, se iniciaron 55 carpetas por agresiones sexuales, con solo siete judicializadas, reflejando un rezago del 85%.

La Red Libres alerta sobre una cifra negra mayor debido a la falta de justicia con enfoque en niñez, la normalización de la violencia sexual, la carencia de educación sexual integral y la desconfianza institucional. También destacan uniones tempranas y embarazos forzados, con un 35% de los 10 mil nacimientos anuales en el estado correspondientes a madres de 13 a 17 años, vinculados a violencia sexual, pobreza y abandono institucional.

La Red Libres exige políticas públicas con enfoque en derechos humanos, fortaleciendo prevención, atención y justicia para víctimas, para combatir esta problemática en San Luis Potosí.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron víctimas de un ataque por parte de policías y grupos del crimen organizado. Tres estudiantes y otras tres personas perdieron la vida durante el incidente, mientras que 43 normalistas fueron detenidos y permanecen desaparecidos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se promovió la llamada “verdad histórica”, una narrativa que fue ampliamente cuestionada. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló inconsistencias en la investigación. A partir de 2018, con la llegada del presidente López Obrador, se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), pero, según denuncian familiares y expertos, no ha habido avances sustanciales.

En el informe más reciente del GIEI, publicado en julio de 2023, se confirmó la participación de militares en la desaparición de los estudiantes y en la eliminación de pruebas. Las familias de los desaparecidos solicitaron en septiembre de 2023 la entrega de documentos que podrían ser clave para conocer el destino de los estudiantes, pero el presidente ha negado la implicación del ejército en el caso.

Rodríguez Loredo expresó su descontento: “a diez años de este cruel crimen de Estado, las familias tengan que encontrarse con la impunidad. Sin importar el signo político, el mensaje es peligroso: no hay justicia que toque al ejército”. También criticó la ausencia de normalistas potosinos en la protesta, considerando preocupante que no se sumen a recordar a los desaparecidos.

El estudio destaca que delitos como feminicidio, violencia familiar, abuso sexual, secuestro, despojo y fraude son los que presentan los mayores niveles de impunidad en México. En particular, los casos de feminicidio han alcanzado un índice de impunidad del 88.6 %, mientras que la violencia familiar ha llegado al 98.6 % y el abuso sexual al 96.1 %.

A nivel estatal, Hidalgo encabeza la lista con el mayor porcentaje de impunidad en 2022, alcanzando el 99.6 %. Le siguen Jalisco y Colima con un 99.5 % cada uno, mientras que la Ciudad de México tiene un índice de impunidad del 99.1 %. Por otro lado, Michoacán registró el menor porcentaje de impunidad con un 82.9 %. Cabe mencionar el caso de Yucatán, que experimentó el mayor aumento en el índice de impunidad, pasando de 69.5 % en 2021 a 94.3 % en 2022.

México Evalúa resalta que algunos estados están implementando medidas para mejorar la efectividad en la respuesta a los casos, reduciendo la congestión operativa y explorando diferentes soluciones previstas.

El estudio subraya la necesidad urgente de abordar estos problemas para garantizar un sistema de justicia más efectivo y transparente en México.

Uno de los afectados narra en su cuenta de Facebook que “hoy tuvieron 4 robos, cuando estaba reportando llegó el 4”, pero eran apenas las 2 de la tarde, le restaban al día muchas horas.

Las cámaras de video vigilancia no abarcan la cobertura de todo el estacionamiento, con tristeza y decepción se dan cuenta los afectados, cuando piden se revisen los videos para encontrar a los delincuentes.

Al reclamar, también se dan cuenta que el centro comercial cuanta con 17 guardias encargados de cuidar el edificio, los locales, a los compradores y el estacionamiento, imposible poder abarcar todo el lugar.

La banda delincuencial opera con toda impunidad, pues saben que no serán capturados, no hay forma de identificarlos y la policía ni por equivocación se da una vuelta por el lugar. Con información de Código San Luis.