En el caso de la información relacionada con el Ejecutivo federal, la suspensión va del 21 de marzo al 3 de junio, mientras que, para los poderes Judicial y Legislativo, así como para los órganos autónomos, el congelamiento va del 21 de marzo al 19 de junio de 2025.

La suspensiones no aplican para las solicitudes de información, es decir, todas las autoridades están obligadas a responder los requerimientos formulados por los ciudadanos en el plazo de 20 días que establece la ley o de 30 cuando el sujeto obligado justifica la ampliación.

El congelamiento es para aquellos procedimientos que el INAI, cómo órgano garante, resolvía, estos son recursos de revisión, de inconformidad y denuncias por incumplimiento.

Los recursos de revisión son las inconformidades de los ciudadanos a la respuesta de las autoridades; los recursos de inconformidad se presentan contra las resoluciones de los institutos locales de transparencia; mientras que las denuncias de incumplimiento son motivadas por el desacato a las obligaciones de transparencia.

Esta función garante, tras la reforma a la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora recaerá en un nuevo instituto que se denominará Transparencia para el Pueblo, en dos Contralorías, un Órgano de Control y Disciplina, en 12 Órganos Internos de Control (OIC), en el INE, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Con el nuevo diseño institucional, es previsible que los mayores problemas y conflictos de interés se dé en las Contralorías y OICs debido a que no fueron diseñados para ser órganos garantes, como sí lo será Transparencia para el Pueblo, ya que sus recursos humanos y financieros se los provee el ente sobre el cual va a ejercer su autoridad.

En el caso del Senado, por ejemplo, el órgano garante será la Contraloría Interna presidida por el tabasqueño Gerardo Fragozo, quien a su vez es integrantes del Comité de Transparencia que se encarga, entre otras cosas, de clasificar la información reservada.

Una vez que entre en funciones, esa Contraloría será la responsable de resolver casos como el del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien el pasado 19 de marzo viajó a Estrasburgo, Francia, en Business Class y se negó a detallar los gastos, pese a que se trata de una obligación de transparencia.

Todas aquellas solicitudes que se hayan formulado al Senado requiriendo comprobación del viaje de Fernández Noroña y que, podría eventualmente derivar en inconformidades, tendrán que ser resueltas por la Contraloría.
En el caso de la Cámara de Diputados, la Contraloría Interna está encabezada por Andrés Lozano Lozano, quien también es integrante del Comité de Transparencia y morenista desde 2015.

Según la denuncia presentada por Íñigo Riestra, secretario técnico de la FMF, funcionarios del Inai habrían condicionado la reducción de una multa de 23 millones de pesos por el uso del sistema Fan ID, exigiendo beneficios personales y la contratación de despachos jurídicos afines.

Sheinbaum señaló que estos hechos reflejan corrupción dentro del instituto y adelantó que su gobierno impulsará una reforma en materia de transparencia y protección de datos, la cual quedará bajo la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

La investigación se llevará a cabo a través del Órgano Interno de Control del Inai, con el objetivo de esclarecer las acusaciones y determinar responsabilidades.

La discusión generó un debate polarizado en el recinto. Diputados del PAN y PRI rechazaron la reforma con pancartas que decían “No a la Dictadura en México”, argumentando que esta acción concentra poder, elimina contrapesos y debilita la democracia. Por otro lado, legisladores de Morena defendieron la iniciativa como un cambio necesario para reducir gastos y terminar con estructuras que calificaron como ineficaces y privilegiadas.

Entre los cambios más significativos, las funciones del INAI pasarán a la Secretaría de la Función Pública, mientras que el Coneval será integrado al Inegi. Otros organismos como la Cofece y la CRE serán absorbidos por secretarías relacionadas con sus áreas de competencia.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Arreola, respaldó la medida señalando que representa un avance hacia una gestión más eficiente. En contraste, la diputada Frinné Azuara del PRI calificó la reforma como un retroceso democrático, asegurando que abre la puerta a una administración centralizada y opaca.

Tras la votación, se notificó al Senado para continuar el proceso legislativo. Este paso refuerza el camino hacia la desaparición de organismos autónomos y regula sus atribuciones bajo un nuevo esquema administrativo federal.

Serrano Cortés señaló que la posible desaparición de estos organismos debe analizarse considerando cómo se suplirán las funciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.

El diputado también destacó que, aunque algunos legisladores de oposición han presentado propuestas alternativas, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del cual Serrano es coordinador, decidirá su postura después de evaluar las propuestas integrales y las contrapropuestas de otros grupos parlamentarios. La discusión se perfila como uno de los temas clave en las próximas sesiones del Congreso local.

“De entrada es lamentable, eso significa un retroceso a los años 70s, al sistema que tenía el PRI que era un todo centralizado, tener el control de todo, y eso significa precisamente un retorno y que costó tanto tanto avanzar en temas importantes, entre ellos en el de transparencia, para que el día de hoy regresemos a un oscuro pasado”.

Para González Covarrubias, la propuesta también plantea un grave conflicto de interés, ya que la reforma permitiría que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito federal, y la Contraloría del Gobierno, en el estatal, sean las encargadas de resolver las quejas de ciudadanos en temas de transparencia.

Finalmente, el vocero cuestionó el conocimiento y experiencia de los legisladores que apoyan esta reforma, afirmando que muchos de ellos probablemente nunca han ejercido su derecho a solicitar información pública. “yo reto a todos los diputados locales y federales que están a favor de la eliminación de los organismos autónomos a qué me digan ¿Cuántas veces han ejercido su derecho a la información pública?, son gente incompetente que desconoce el tema de transparencia, solamente levantan el dedo el dedo porque así se los dictan arriba, son verdugos del combate a la corrupción y enemigos de la transparencia”, concluyó.

El gobierno local tomaría estas responsabilidades a través de la Contraloría Estatal o una Secretaría adecuada para ello, con el fin de garantizar que el acceso a la información pública sea más accesible y menos burocrático. Arreola Mallol destacó que el propósito de la reforma es crear un modelo de gobierno más eficiente y económico, eliminando organismos autónomos que, según él, son costosos y no cumplen con su función.

“Queremos que deje de ser un régimen costoso, ineficiente y burocrático, que era lo que el neoliberalismo hacía cuando había una exigencia social, creaba un instituto, armaba una nómina y metía a tus cuates”, afirmó el legislador. En su propuesta, la Secretaría Anticorrupción sería la encargada de asumir esta nueva función de garantizar el acceso a la información pública.

Por su parte, el presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, expresó su preocupación ante los cambios en la legislación, señalando que la desaparición del INAI podría generar vacíos en la protección del derecho a la información. Navarro Alviso destacó que la Plataforma Estatal de Transparencia ha sido una herramienta importante para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información relacionada con el gasto público, aunque subrayó que la desaparición de los órganos garantes locales podría generar ambigüedades sobre cómo se resolverán los recursos.

El presidente de la CEGAIP recordó que, además del INAI, se contempla la eliminación de otros órganos autónomos, lo que implicaría una transferencia de funciones a la Secretaría de la Función Pública. En este contexto, Navarro Alviso advirtió que el derecho humano a la transparencia y protección de datos personales podría quedar bajo el control del Estado, lo que generaría preocupaciones sobre la imparcialidad en la rendición de cuentas.

El proceso legislativo para aprobar la reforma podría concluir en los próximos días, pero los cambios dependerán de la ratificación por parte de los Congresos estatales.

Rocha criticó las intenciones del gobierno federal de desaparecer organismos autónomos clave como el INAI, el INE, el IFT, el Banco de México, el INEGI y el CONEVAL. Según la líder priista, el desmantelamiento de estas instituciones representaría un retroceso de hasta 50 años en la vida democrática del país. “Sería un golpe devastador para la democracia, que necesita contrapesos y organismos sólidos e independientes”, afirmó.

El PRI, según Rocha, se mantendrá firme en su postura en contra del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que propone reformas que podrían afectar la autonomía de estos organismos. El partido ya votó en contra en la comisión y lo hará nuevamente en el pleno. La dirigente también advirtió que, de aprobarse el dictamen por el Constituyente Permanente, conformado por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, el país retrocedería en los avances democráticos conseguidos en las últimas décadas.

Además de estos señalamientos, Sara Rocha y la secretaria general del PRI, Frinné Yarzábal, expresaron su solidaridad con los habitantes de Sinaloa, denunciando que la violencia en esa entidad está fuera de control. Rocha lamentó que el gobierno federal se haya desentendido de su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población, resaltando que la falta de acción está poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los ciudadanos.

Olivos sostuvo encuentros en la capital potosina, así como en la huasteca, zona media y altiplano potosino, donde destacó la necesidad de abordar pendientes para 2025, tales como la recuperación de plazas sindicalizadas, mejoras en las instalaciones de clínicas y hospitales, y el respeto al desarrollo profesional de los trabajadores. También resaltó la importancia de la capacitación continua y la protección de los derechos de los sindicalizados.

Olivos prometió que, de ser elegido, trabajará para asegurar que las autoridades respeten a los trabajadores y evitará abusos de poder por parte de funcionarios. Además, enfatizó que se deben concentrar esfuerzos en mejorar las condiciones deficientes de infraestructura en clínicas y hospitales del IMSS.

El SNTSS cuenta con finanzas sanas y una gestión eficiente de su presupuesto, avalada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Olivos mencionó una inversión sindical de más de 600 millones de pesos en los últimos años y urgió al gobierno federal a atender las carencias en infraestructura, las crisis en salas de urgencias, la falta de camas y material, así como la escasez de personal.

Olivos propugna por un sindicato de puertas abiertas y una representación sólida y comprometida. Junto con Claudio Salazar Hernández, dirigente local de la sección XVIII de San Luis Potosí, hizo un llamado a exigir mayores recursos y herramientas de trabajo para el IMSS en cada estado, asegurando así mejores condiciones laborales y profesionales para los 437 mil trabajadores sindicalizados.

Salazar subrayó la importancia del proyecto de Olivos, resaltando la necesidad de transformar el IMSS en una institución innovadora que ofrezca mejores oportunidades e infraestructura. También afirmó que el SNTSS es el mejor sindicato de México y se encuentra en un momento crucial para mejorar las condiciones laborales y las prestaciones de los sindicalizados, privilegiando al personal médico y a los trabajadores de cada localidad.

Fernández Martínez subrayó que es crucial revisar y actualizar diversos órganos y áreas, como el INAI, para adecuarlos a las nuevas condiciones del país. Indicó que se debe analizar cómo se desarrollan estas reformas a nivel federal para actuar en consecuencia en el ámbito local.

El diputado recordó que el presidente presentó un documento con varias reformas constitucionales el pasado 5 de febrero, que probablemente serán parte de la agenda legislativa del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados a nivel federal. Fernández Martínez mencionó que se debe observar cómo avanzan estas propuestas legislativas en el primer periodo de sesiones.

En cuanto a los trabajos pendientes de la LXIII Legislatura, Fernández Martínez mencionó el proceso de nombrar un comisionado en la CEGAIP y la designación de un representante del Congreso ante el Consejo de la Judicatura. También destacó la expectativa de votar la creación del municipio de Villa de Pozos, dado que los amparos en su contra fueron resueltos a favor del Congreso del Estado y están en revisión colegiada.

Fernández Martínez concluyó que la legislatura, que finaliza el 13 de septiembre, aún tiene tiempo para abordar y desahogar la mayoría de los temas pendientes en comisiones, previendo varios periodos extraordinarios para completar el trabajo legislativo restante.

Recalcó que el cúmulo de irregularidades por la “intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral y el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del acto admisorio”.

Agregó que “la ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, administrativas y políticas. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora, y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando”.

Al referirse a la investigación en su contra por la “supuesta denuncias anónimas, sin ninguna prueba”, Zaldívar subrayó que “la ministra Piña decidió intervenir en el proceso electoral”. Consideró que la denuncia se “filtró en medios y redes con el único propósito de dañar políticamente a mi persona y a nuestro movimiento”, señaló Zaldívar este martes.

Sostuvo que “no es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN, y la derecha, con los intereses que ella representa” y dijo que sus votaciones y decisiones “son clarísimas para ubicarla como brazo opositor” al gobierno del presidente López Obrador y ahora a la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Adelantó que ante la FGR presentarán una denuncia por la probable comisión de delito en contra de la administración de justicia “porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo, se debió haber excusado de conocer este caso… estaba impedida para conocer este asunto”.

También la denunciarán ante la FGR por el probable ejercicio ilícito del servicio público por la sustracción de información bajo su custodia, relacionada con la distribución masiva de la denuncia y el acto admisorio.

Frente a la Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la FGR, por el probable “uso ilegal de fondos, bienes y servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a una candidatura”, así como por la probable comisión de delito electoral “consistente en apoyar de cualquier forma en apoyar a un candidato o perjudicar a otro candidato”.

En materia electoral, presentarán una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y la equidna en la contienda, “derivado de la realización de reuniones privadas, según ha trascendido en la prensa, con líderes de partidos políticos en una casa en Lomas de Chapultepec con estos líderes partidistas, para preparar esta pesquisa y denuncia, y para acordar distintas cuestiones en materia electoral”.

También, aseguró que se está presionando a jueces y magistrados para declarar en su contra, y en cuanto cuente con las evidencias presentará la denuncia. Advirtió que presentará denuncias contra quienes declaren en su contra con falsas declaraciones.