Dominic era un niño sociable y entusiasta, con un gran amor por las motos. Aquella tarde, salió a jugar con un amigo, tres años mayor. Minutos después, su familia escuchó un estruendo y lo vio regresar en una motocicleta conducida por su compañero. Pero algo no estaba bien: Dominic cayó al suelo y su padre descubrió que tenía una herida de bala.

A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital general de Soledad, el menor no sobrevivió. Mientras tanto, el adolescente que lo acompañaba huyó del lugar.

Días después, la familia del presunto responsable abandonó su domicilio, llevándose todas sus pertenencias. Vecinos alertaron a las autoridades sobre la fuga, pero no hubo reacción inmediata. Aunque la Fiscalía General del Estado inspeccionó la vivienda donde ocurrió el disparo, hasta ahora no ha informado avances en la investigación ni ha detenido al responsable.

El padre de Dominic teme que el caso quede impune. “Había dos camiones, dos fletes esperando en cada esquina de la casa de los hechos, casa que ya había sido revisada por las autoridades. Los vieron sacar todo, y mudarse a tan solo unos días de que me hijo había fallecido. Yo lo estaba velando cuando eso sucedió. Yo solo quiero justicia para mi hijo. No es justo que le arrebaten la vida y que los responsables sigan libres. Mi niño tenía sueños, tenía un futuro y me lo arrancaron”, expresa con dolor. A una semana de los hechos, su familia sigue esperando justicia.

Según reportes preliminares, el presunto agresor, identificado como Esteban, atacó a madre e hija con un arma punzocortante en la calle Plomo. Anaiza falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que Regina fue trasladada de emergencia al hospital, donde lucha por su vida. El responsable del ataque se encuentra prófugo, lo que ha intensificado las exigencias de justicia por parte de la comunidad.

En redes sociales, amigos y familiares de las víctimas han expresado su dolor e indignación, utilizando el lema “Justicia para Anaiza y Regina”. Mientras recuerdan a Anaiza como una mujer amorosa y valiente, también manifiestan su esperanza de que Regina pueda recuperarse.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ha iniciado una investigación siguiendo los protocolos correspondientes. La Policía de Investigación (PDI) confirmó que ambas mujeres fueron agredidas con un arma punzocortante, y Servicios Periciales se encargó del traslado del cuerpo de Anaiza a la Vicefiscalía Científica para realizar los estudios legales pertinentes.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios atrajo el caso y trabaja para localizar al responsable. La comunidad potosina permanece atenta y unida en su demanda de justicia, exigiendo que este acto no quede impune.

Rafael López, quien imparte clases de dibujo en el Ceart, explicó que la protesta busca defender un espacio que consideramos de todos los potosinos. La inquietud surge ante la noticia de que el Gobierno del Estado planea transformar la galería, que ha albergado exposiciones artísticas significativas tanto a nivel estatal como internacional, así como proyectos en colaboración con diversas organizaciones. López subrayó: “Nos manifestamos en contra de lo que consideramos un abuso arbitrario, del cual no estábamos informados. Se supone que vivimos en una democracia. No pueden reconfigurar el espacio simplemente porque sí. Venimos a reclamar lo que pertenece a todos los potosinos”.

La controversia comenzó cuando una maestra, quien había programado una exposición en la galería, fue notificada de que el espacio sería destinado a oficinas, lo que la llevó a cancelar su evento.

La manifestación refleja la creciente preocupación por la pérdida de un importante centro cultural en San Luis Potosí. Los artistas exigen que el Gobierno del Estado reevalúe su decisión y mantenga la Galería Principal como un espacio vital para la promoción y el desarrollo del arte en la comunidad.

Sofía Viramontes, defensora de los derechos humanos de las mujeres y hermana de Lupita Viramontes, víctima de feminicidio en 2012 en Soledad de Graciano Sánchez, expresó su frustración y rabia por la situación. “El día sábado que pasamos por el lugar sentimos indignación y rabia. No se ha respetado la memoria de nuestras hermanas e hijas y no sabemos el origen de estos baños públicos. Entendemos que es un espacio que suele ser ocupado en cualquier situación, pero también había más adelante otra pared para colocarlos. No era necesario realizar esta acción y le exigimos a las autoridades correspondientes que pongan atención al hecho”, declaró.

Viramontes destacó la falta de respuesta por parte de las autoridades, a pesar de haberse comunicado con el director de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quien se comprometió a revisar el caso con el municipio. Sin embargo, han pasado dos días y los baños públicos siguen en el lugar. El encargado del estacionamiento también se ha deslindado de la responsabilidad, a pesar de que se le ofrecieron favores a cambio de permitir la colocación del mural.

“Nos enoja ver esta situación y que solo se trate de pasarse la culpa sin tomar cartas en el asunto. Las familias y nuestras hermanas e hijas merecemos respeto y justicia. De lo contrario, las familias se verán en la necesidad de tomar acciones para corregir esta situación porque ya estamos cansados de que no tomen la responsabilidad. Nuestra lucha no es un juego y tampoco representamos una burla para las autoridades y la sociedad. Queremos que nuestros derechos sean respetados y validados”, afirmó Viramontes.

Las familias del colectivo y quienes gestionaron este proyecto esperan una pronta solución y una muestra de respeto hacia la memoria de las víctimas de feminicidio, así como el reconocimiento y validación de los derechos de sus familias.

Sanjuana Maldonado, originaria de Charco Cercado, Guadalcázar, fue sentenciada a 30 años de prisión en el penal de Xolol. En el momento de su arresto, estaba cursando el último semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Matehuala. Su relación con un hombre violento llevó a su implicación en un crimen del que ella alegó desconocer su participación.

Obligada por su pareja a retirar dinero de una cuenta bancaria a su nombre, Sanjuana fue arrestada sin una orden de aprehensión por elementos presuntamente de la Policía Ministerial. El juez del caso no permitió que presentara pruebas en su defensa, y se le solicitó una elevada suma para su liberación, dinero que su familia no podía pagar. La organización Perteneces, al analizar el caso, identificó numerosas violaciones a sus derechos humanos y discriminación basada en estereotipos de género.

El indulto aprobado por los diputados locales permitirá que Sanjuana recupere su libertad. Sin embargo, este indulto no anula la condena original, dejando una mancha en su historial legal.

Durante la sesión del Congreso, los legisladores destacaron la importancia de revisar casos como el de Sanjuana para asegurar que se haga justicia y se respeten los derechos humanos, evitando que otras personas enfrenten situaciones similares en el futuro.

Esta medida ha generado controversia debido a la oferta de compensación de 500 pesos diarios por parte de la casa productora, la cual ha sido criticada por considerarse insuficiente para cubrir los gastos y pérdidas potenciales durante el traslado de mercancías.

La Dirección de Comercio Municipal ha colaborado estrechamente con Netflix para facilitar el proceso de reubicación de los comerciantes. No obstante, la oferta económica mencionada ha suscitado críticas por su aparente falta de consideración respecto a los costos y pérdidas asociadas.

La tensión aumentó cuando se difundieron en redes sociales denuncias sobre intentos de desalojo de comerciantes de revistas y libros en los alrededores del Palacio Municipal. Según estas denuncias, la compensación ofrecida por la empresa era de solo 500 pesos diarios, generando malestar entre los afectados.

Frente a estas acusaciones, el área de comunicación social de la Dirección de Comercio Municipal ha asegurado que las reubicaciones se han llevado a cabo de manera organizada y sin perjudicar las ventas de los comerciantes. Se les ha solicitado que se coloquen en zonas cercanas sin obstruir las grabaciones, buscando minimizar las molestias ocasionadas por las filmaciones.