De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “Beto Coca” es identificado como presunto jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal La Barredora, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona de La Chontalpa.

La detención ocurrió cuando ambos circulaban a bordo de un vehículo Volkswagen Teramont gris sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de Barra de San Pedro. Durante la revisión, las autoridades reportaron el aseguramiento de sustancias prohibidas, por lo que se les acusa de delitos contra la Ley General de Salud.

Los detenidos y lo confiscado fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con la carpeta de investigación correspondiente.

El juez Ramón Adolfo Brown Ruiz determinó que la Fiscalía de Tabasco aportó datos de prueba suficientes para acreditar los hechos, por lo que ratificó la prisión preventiva de oficio en el penal federal de El Altiplano, al considerar el riesgo de fuga. Además, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La audiencia, que se desarrolló por videoconferencia durante siete horas, se realizó a puerta cerrada. Bermúdez se conectó desde el interior del penal, mientras que en Tabasco estuvieron presentes las partes procesales.

Este primer proceso judicial se relaciona con el caso del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol, secuestrado en mayo de 2019 en Villahermosa. De acuerdo con las investigaciones, tras negarse a vender combustible robado para el grupo criminal, fue privado de la libertad por dos días y golpeado. Durante su cautiverio, lo obligaron a firmar el traspaso del 40% de las acciones de una gasolinera a uno de sus captores.

Posteriormente, Martínez recuperó la estación a través de un fallo judicial, pero denunció que Bermúdez intentó condicionarle la devolución a cambio del 50% de la empresa. La causa penal 213/2025 también involucra a Eduardo Vázquez Orellana, alias “El Menchito” o “El Blin Blin”, y al abogado Manuel de Atocha Romero, señalados como partícipes en el secuestro.

El 28 de febrero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano aseguraron la gasolinera en disputa, presuntamente despojada al empresario por el grupo delictivo.

De acuerdo con la estimación, la sanción por secuestro oscila entre 50 y 100 años; por asociación delictuosa, de 7.5 a 18 años; y por extorsión, de 20 a 40 años de prisión.

La audiencia inicial está programada para este viernes y se llevará a cabo de manera virtual desde el penal del Altiplano, en el Estado de México. Según confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Carlos Reséndez, la diligencia será privada.

El fiscal adelantó que no se descarta la posibilidad de que se realicen más detenciones relacionadas con el caso, en el marco de las investigaciones en curso.

Según los informes, Bermúdez Requena enfrenta una orden de aprehensión emitida desde febrero pasado por la comisión de delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Además, se le vincula con el grupo criminal “La Barredora”, organización con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusaciones de tráfico de drogas, secuestro y corrupción institucional.

El operativo fue realizado de forma coordinada entre autoridades de Paraguay y México, incluyendo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera. Bermúdez negó la extradición voluntaria, por lo que el juez penal paraguayo dictó prisión preventiva mientras se lleva a cabo el procedimiento de extradición, el cual puede prolongarse hasta 60 días.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández, actual senador y exgobernador de Tabasco, afirmó estar “dispuesto a comparecer ante las autoridades” si así lo requieren. En un comunicado, López Hernández dijo no haber tenido “algún indicio o alguna sospecha” durante su gestión de los presuntos actos criminales de Bermúdez. También declaró que él mismo solicitó que se investigue el caso a fondo.

El caso ha generado reacciones políticas amplias. Morena manifestó su respaldo a las investigaciones, mientras la oposición ha exigido que se aclare la responsabilidad de quienes ocuparon cargos de gobierno. Además, la detención prende focos sobre la actuación de organismos de inteligencia y seguridad nacionales, así como el seguimiento de órdenes de aprehensión internacionales, dado que Bermúdez estaba prófugo desde enero y era buscado por Interpol.

Tras su arresto, fue trasladado por vía aérea a Tabasco para su presentación ante la autoridad judicial. Su detención representa un avance significativo en los esfuerzos por desarticular bandas delictivas que operan entre ambos estados.

“El Casier” es sindicado de participar en delitos como extorsión, secuestro y tráfico de armas dentro de la estructura criminal. El operativo se realizó en coordinación entre la fiscalía, Sedena y autoridades estatales.

La noticia fue difundida como parte de una campaña conjunta de inteligencia y persecución, que busca debilitar los grupos armados asociados al CJNG y restablecer la seguridad regional en la Huasteca potosina.

“Mediante acciones de seguimiento, se identificó su zona de movilidad y resguardo en diferentes puntos del estado de Jalisco”, señaló la SSPC, al detallar que equipos operativos realizaron vigilancias fijas, móviles y discretas apoyadas con herramientas tecnológicas.

De acuerdo con la dependencia, Ulises “P” tenía una orden de aprehensión por asociación delictuosa agravada y es considerado uno de los generadores de violencia en la región Centro de Tabasco. Fue ubicado en la colonia Los Gavilanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco), acompañado de un presunto escolta. Tras marcarles el alto y corroborar identidades, se cumplimentó el mandamiento judicial.

Fuentes federales señalan que “La Barredora” surgió en 2023 tras la alianza con el CJNG, luego de disputas con el Cártel del Golfo. Se le atribuyen actividades como extorsión, robo de hidrocarburos, venta de droga, tráfico de migrantes y armas de fuego. A Ulises “P” se le adjudica haber acumulado recursos mediante estas operaciones ilícitas y poseer inmuebles en zonas residenciales de Zapopan y Guadalajara, además de vehículos de alta gama.

La SSPC indicó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.