Es un proceso insidioso, como el óxido en una estructura: el Estado de Derecho en San Luis Potosí se desvanece a la vista. La erosión local en tema de justicia, corrupción, seguridad, legalidad y derechos es reflejo de una enfermedad nacional.

Recién el WJP publicó su Índice Global 2025, situando a México en el puesto 121 de 143 países. Mejor que México están Rusia, Turquía, Guinea, Honduras, Nigeria, El Salvador, Angola, Madagascar y Togo.

El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) recopila las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país. Levanta cuestionarios, muestras y consultas con especialistas.

El IEDMX 2025 todavía no se hace público. El más reciente disponible es el que corresponde a 2023-2024. Una lectura comparativa de los reportes de año tras año permite notar una clara caída desde 2018: SLP descendió desde un mediocre pero menos alarmante lugar 17 nacional, hasta el peldaño 27 en el ciclo 2023-2024.

La caída de San Luis Potosí no es una casualidad. Es la resultante de la implosión de subfactores clave, aquellos que miden la vida real de la gente. El informe detalla la anatomía de un colapso institucional.

El índice está integrado por ocho subcomponentes: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal.

El rubro de Ausencia de Corrupción es un pantano del que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en SLP apenas se mueven. El indicador no sale del sótano, edición tras edición. No hay “herencia maldita” que valga como pretexto ni cambio de gobierno o legislatura que marque diferencia. Los potosinos perciben un abuso de funciones para beneficio privado en los tres poderes y las corporaciones policiacas. No hay confianza en que la ley se aplique por igual a todos.

Los subfactores de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad y Corrupción en la Procuración de Justicia son críticos. Esto significa que quien debe proteger o investigar es, en sí mismo, es visto como parte del problema. Esto corroe la legitimidad del sistema desde la base.

El indicador Ausencia de Corrupción en el Poder Judicial también ha mostrado preocupantes descensos. El WJP evalúa la percepción de influencias inapropiadas o el uso de funciones para beneficio privado de juzgadores.

Una justicia lenta se vuelve una justicia venal. Las demoras procesales son a menudo un mecanismo para ejercer presión y abrir la puerta a la corrupción. El sistema se convierte en un laberinto con peaje.

El factor de Justicia Penal también arrastra a SLP. La insuficiente investigación y resolución de crímenes es evidente. La impunidad se siente en las calles, normalizando el quebranto de la ley.

Otro factor débil es el de Justicia Civil, con tiempos procesales lentos y un acceso limitado a la población. Un sistema de justicia que no es ágil ni accesible no es un Estado de Derecho funcional.

El rubro de Gobierno Abierto en SLP es el más preocupante y no extraña en absoluto: es la señal de que el espacio cívico se encoge o la gente se harta. Esta contracción puede interpretarse como apatía, pero también como miedo o desencanto absoluto. Si la opinión pública no influye, el ciudadano se retira y deja el campo libre al cacicazgo. Con Ricardo Gallardo Cardona, la grosería y las amenazas para el disenso son política pública. Insulta porque puede y paga quién se lo celebre y amplifique. SLP fue bajando desde el lugar 23° en 2018 al 31° en 2024.

La crisis de confianza se agudiza al voltear al Poder Judicial del Estado. Es el garante final del Estado de Derecho y su renovación reciente, a través de una elección inédita, cuestionada y percibida como fraudulenta, añade sombras. Esa elección judicial compromete la legitimidad y autoridad moral de los nuevos juzgadores. ¿Cómo exigirán el cumplimiento de la ley si su origen está bajo sospecha? Será interesante percibir cambios, para mejor o para peor.

El desafío para este Poder Judicial recién instalado está a la vista: despolitizar la justicia. Lo que hagan siempre tendrá el reto de disolver dudas respecto de su independencia absoluta del Ejecutivo.

San Luis Potosí no puede permitirse seguir descendiendo en silencio. O es ahora, o el Estado de Derecho se convertirá en un concepto de museo.

ROLLOS SUELTOS

ESTILO “VARGUITAS”. El caso de la venta de cerveza en exclusiva para los organizadores de la feria de Pozos, en la cabecera municipal, dejó en cueros los peores modos para el trastupije de las administraciones verdes. Remite a “Varguitas”, el alcalde trácala de “La Ley de Herodes”.

A PUNTA DE PREPOTENCIA. Disque en aras de convivencia familiar segura, y sin acuerdo alguno del concejo municipal poceño, la Dirección de Comercio prohibió la venta de cerveza a los comerciantes, quienes de inmediato se dieron cuenta que en las instalaciones de la feria los organizadores, o sea la administración pública, sí vendían bebida alcohólica. Comercio pretendió asustarlos con una circular hechiza, sin sellos, y avivó el enojo. Además, sus inspectores o lo que sea que sean, incurrieron en conductas intimidatorias y abusivas. La titular de Comercio, Rocío Alvarado Vázquez, y su asesor jurídico, Alex Muciño, fueron denunciados ante la contraloría interna por siete concejales de distintos partidos, debido a su “conducta antijurídica, dolosa, errónea o de mala fe”. El proceso se anuncia largo, para que se olvide el tema y rescaten a su recaudadora.

¿Y LA PRESIDENTA CONCEJAL? No les gustó ya ni a quienes la pusieron como primera autoridad en el recién creado municipio de Villa de Pozos, pero parece que no hallan con quién suplirla.

La protesta estudiantil en la UASLP, nacida de la indignación legítima ante una agresión execrable a una alumna en la Facultad de Derecho, es más que un paro de actividades.

Es el sismo que ha expuesto la urgencia de cambios institucionales en la UASLP, también el cinismo de una política provinciana de aspiraciones injerencistas. El origen del conflicto, que generó la renuncia del director de Derecho y el cese de funcionarios, dejó a la vista fallas, obsolescencias, y actitudes equivocadas en dos puntos centrales: justicia para víctimas de violencia y seguridad.

Hay otras solicitudes más. Las representaciones del movimiento en las facultades levantaron una agenda a atender con temas próximos, los del día a día en su entidad, y los generales, de resolución central. Son las que ha recibido el rector, en diálogo directo. 

La sacudida desplazó de golpe a la FUP, rebasada y vaciada de contenido por el movimiento estudiantil. Los hechos motivo de la repulsa ocurrieron en un cubículo asignado a la Federación Universitaria Potosina. La presidenta no tenía en control ese espacio, un pequeño privilegio que administraban otros en quienes confió.

La federación de estudiantes paga el costo inmediato de ese descuido y otro más por un acumulado de más larga data: el descrédito de una especie de gerontocracia de exlíderes cuyo tiempo ya fue, pero ya egresados se aferran a una visión patrimonialista de la representación estatutaria en la que alguna vez participaron. Venden afuera supuesto “control” de los jóvenes, “influencia”. Les compran esa carta algunos políticos, de variado color, como vía “para estar en la UASLP”.

En cada elección estudiantil universitaria, estos personajes lanzan el “gancho” de sus experiencias de éxito hace diez, veinte y hasta cuarenta años. Épicas juveniles hoy chaparras, envejecidas y apolilladas. Estos señores no cambiarán ni cuando lleven pañal para incontinencia. Ante los hechos lamentables en Derecho, una FUP con gafas anacrónicas no vio el golpe de la realidad y tardó en reaccionar. El inmovilismo pasa factura a todo nivel.

En el escenario de crisis, sujetos de muy diversa procedencia echaron a andar una embestida externa de frente múltiple, centrada en el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra. Desde grupos encapuchados y violentos que el movimiento estudiantil no reconoce siquiera como universitarios, al foráneo líder del Congreso, diputados de distinto color, el brazo fiscalizador del Estado y funcionarios estatales. Los violentos de capucha fueron los hostigadores de funcionarios y directivos, a quienes cercaron y agredieron en plena calle.

Las representaciones del movimiento, en videos y redes sociales, desconocieron las acciones, conducta y demandas de esos bloques negros. Se dieron inmediata cuenta del juego. De lo burdo, el ataque a la UASLP se fue a la manipulación y la mentira, que suponen más finos.

Hay un telón de fondo circunstancial: el 31 de octubre vence el plazo para que Gobierno del Estado pague lo que adeuda a la UASLP, más de 200 millones de pesos de este año. El Gobierno afirmó que pagará, después de meses de negaciones, insultos, amenazas y quejas porque se critica en prensa el impago.

La presión financiera se apuntala con el intento del Instituto de Fiscalización Estatal (IFSE) de arrogarse autorización de la Suprema Corte de Justicia para para fiscalizar a la UASLP. El IFSE miente con un boletín que distorsiona la verdad desde el título. El fallo de la Corte, cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, se limitó a confirmar el descarte de la controversia constitucional de la UASLP.

Basado en un Estatuto Orgánico de la UASLP y una Ley Orgánica que ya no están vigentes, el dictamen aduce que la Universidad no tiene legitimidad para interponer controversia constitucional porque es parte de la administración estatal, cosa que no es cierta. Un fallo a modo, armado con leyes no vigentes, sí, pero que nunca autorizó al Instituto a que auditara porque no entró al fondo.

Por otro lado, una maniobra evidente del Congreso local para cercar a la Rectoría. Un intento de obligar al rector a comparecer ante diputados rebotó en la Junta de Coordinación Política. No pudo pasar por la negativa del PAN, MC y Morena. El legislativo local no tiene facultades para ello, le corresponde al federal. Y no se trata de ningún interés de transparencia, sino de acorralar al rector, escracharlo en una pretendida exhibición mediática de poder. No, desde luego no sería la pasarela convenida, viscosa, lerda y floral que fueron las comparecencias de funcionarios de Gobierno.

Los diputados del Verde vociferaron su cantaleta de comparecer. Otro entrometido, Carlos Arreola, de Morena, incluso salió a pronunciarse por modificar los procesos democráticos internos de la UASLP y proponer voto universal para rector. Irónico: el esquema de representación estudiantil que hoy enfrenta una crisis en la UASLP nace del voto directo y universal.

Flota ya otra intentona, lustrosa y tóxica como manzana envenenada: invitar al rector a un foro en el Legislativo para hablar de su solicitud de autonomía financiera. Y una vez ahí, montar un espectáculo de linchamiento político. Si existe en los diputados una verdadera disposición para el debate, que el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano, solicite al Consejo Directivo Universitario hacer foros para escuchar a la comunidad universitaria, en espacios universitarios. Y que la ronda comience en la Facultad de Ciencias, donde los jóvenes todavía esperan las obras que les prometió personalmente el gobernador en abril de 2024.

El movimiento de paro estudiantil no se parece a otros del pasado. Son otros el momento, el reclamo y la organización original. A las autoridades universitarias les plantea el desafío de resolver fallas, omisiones y prácticas que se normalizaron desde lustros atrás, por la comodidad de no enfrentarlas.

La chatarra y el óxido se acumularon en algunos espacios, estudiantiles, docentes y administrativos; material inflamable se extendió bajo la alfombra. En esos pasajes grises, hicieron estallar el reclamo la agresión a una estudiante y el tratamiento de la autoridad inmediata, todavía más inaceptable por tratarse de una facultad formadora de abogados y criminólogos.  

Los jóvenes del movimiento original han mostrado una madurez política notable, respondiendo en sus redes que la renuncia del Rector no es su exigencia. Entienden perfectamente las intentonas de infiltrar su movimiento y usarlo para agendas que no son las suyas. Sacudida desde la corteza profunda, sí. De sus efectos y origen se encargan los universitarios. Lo demás es ruido con fines de aturdimiento.

La semana cierra con un nuevo intento. El Partido Acción Nacional, otrora faro de la alternancia, se ha embarcado en lo que sus líderes denominan un “relanzamiento” con logotipo y mercadotecnia más adecuados para productos de lavandería.

Desde el Frontón México se ha querido dibujar una nueva etapa. Sin embargo, el entusiasmo de su cúpula choca de bruces con la frialdad de los hechos y la historia reciente. No hubo foros, consultas a las bases, un auténtico ejercicio de autocrítica que definiera el rumbo. El vacío resuena. Es un mero ejercicio de mercadotecnia.

El líder nacional, Jorge Romero Herrera, prometió reconquistar la alternancia cuando asumió el cargo. Triunfalista, anunció una proeza electoral en 2027, una retórica audaz cuyo eco se ensombrece ante la realidad de su elección interna.

Romero ganó con una participación raquítica. Apenas el 45% de los 277,665 militantes panistas acudieron a las urnas. La desmovilización de su propia militancia es el primer gran aviso de que la épica discursiva no corresponde al ánimo real de las bases. El entusiasmo parece ser un asunto exclusivo de la dirigencia.

Ayer, en su discurso, Romero Herrera anunció que el futuro del PAN “no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”. Es un punto final a la era de las coaliciones obligadas. El líder asegura que “ninguna sigla se antepondrá al PAN”.

En San Luis Potosí, las siglas panistas recuperaron la alcaldía capitalina en 2018 y confirmaron permanencia en las elecciones de 2021 y 2024. El tema es que los candidatos, primero Xavier Nava Palacios y luego Enrique Galindo Ceballos, no tenían militancia azul. El primero era diputado del PRD y el hoy reelecto presidente municipal tunero es priista.

La última vez que el PAN en San Luis Potosí encaró un desastre electoral en la capital potosina fue con un candidato propio, en 2015. Y con miras a la elección para gobernador de 2027, no hay un perfil panista hasta ahora que destaque como posibilidad real de competencia para el gobernante Partido Verde Ecologista. Jorge Romero y su propuesta de panismo amurallado podría estar pavimentando el camino a la nada del PAN potosino en la cita del 2027.

El viraje anunciado de Romero Herrera es drástico y ambicioso. Promete un nuevo método de selección de candidatos. Habrá elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y encuestas cualitativas, donde “la gente decidirá quién nos representa”. Romero promete el “regreso de la meritocracia” al partido.

La historia del panismo potosino es el paradigma perfecto del declive. El cenit de Acción Nacional en San Luis Potosí tiene nombre: Marcelo de los Santos Fraga. En 2006, con su gubernatura a mitad de periodo, el PAN tocó sus cotas más altas.

Lo que siguió fue un muestrario de autodestrucción política. Disputas internas, victorias que se daban por seguras y la incapacidad de gestionar la sucesión desmoronaron el andamiaje. Un PRI mediocre y pragmático supo capitalizar aquella división. No hubo otro Marcelo a la vista. Sí en cambio un panismo padronero que funcionó como agencia de colocaciones para los familiares y amigos de las dirigencias, cabildero de constructores, excluyente, “negociador” y corrupto.

La elección concurrente de 2024 redujo la geografía de lealtades blanquiazules en San Luis Potosí a su mínima expresión. El panismo se contrajo a un distrito federal y a dos distritos locales, todos ellos anclados en el municipio capitalino que gobierna la alianza PAN-PRI-PRD.

El camino del relanzamiento que anuncia Jorge Herrera se topa con el fantasma de las viejas prácticas. Figuras como Armando Tejeda Cid, secretario de Planeación del CEN y con fuertes lazos entre algunos panistas de San Luis Potosí, empañan la promesa de la meritocracia. Su currículum incluye una elección municipal en Sahuayo anulada por uso fraudulento de recursos públicos.

Como tesorero de Sahuayo, Tejeda Cid usó un equipo de futbol para posicionar su imagen y desvió recursos públicos por casi dos millones de pesos al equipo, su plataforma política. Trácala sobre diseño.

La presencia de personajes así en la nueva cúpula del pan “relanzado” contradice la retórica de la transparencia. ¿Cómo creer en el regreso de la meritocracia cuando se arropa a individuos con expedientes de fraude y uso de recursos públicos?

Además del logo que remite a producto de lavandería, no hay trazo claro de cambio. Está por verse si el PAN de Romero logra levantarse de la lona política. Un PAN acosado por Morena en las encuestas nacionales y jibarizado por el Partido Verde a nivel local en San Luis Potosí.

Es cierto que tanto el régimen de Morena a nivel nacional como el gobierno de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí atraviesan momentos de alto riesgo. El barrizal que recorre la presidenta electa no es solo el de las inundaciones. El verdadero lodazal que debe sortear es el del legado que le ha sido impuesto por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

La paradoja es mayúscula. Mientras Sheinbaum intenta proyectar una imagen de cercanía y gestión eficiente ante la calamidad natural, la Cuarta Transformación le arroja a las espaldas el peso de su propia podredumbre. El contraste entre la acción personal y el legado institucional es abrumador. Una oportunidad servida para cualquier oposición.

En San Luis Potosí el gobierno de Ricardo Gallardo puede estar en graves dificultades, con manejos financieros opacos, demagogia, frivolidades, obras faraónicas y la grosería como política pública, pero no es la oposición que ha mostrado el PAN quien se las plantea. Le lleva más claro un contrapeso emergente Morena, el “aliado” con el que Gallardo se hizo del poder.

Uno esperaría que la corrupción política fuera capitalizada por una oposición vigilante. Pero el bloque opositor vive en una defensiva permanente, sin capacidad de conectar con la gente más allá de las burbujas mediáticas. No logra trascender el encono y el señalamiento. No ofrecen una alternativa creíble, ni un relato que seduzca a quienes viven la frustración de la impunidad. Su incapacidad para articular un mensaje que resuene en la calle es un regalo para el oficialismo.

Con sus tropiezos de mercadotecnia y sus líderes cuestionados, lo único que la oposición conseguirá es hacerle un favor al adversario. El relanzamiento panista huele más a desesperación que a estrategia.

Entre los ejercicios públicos más tediosos e inútiles, las comparecencias de funcionarios del Gobierno del Estado ante el Poder Legislativo se llevan de calle el dudoso honor del primer lugar.

No se pretenda que el debate obligado por ley entre los dos poderes sea un enfrentamiento de navajas rápidas a primera sangre. El problema es que no hay debate, a veces ni siquiera preguntas de nivel para abrir una conversación inteligente.

Cuando la prioridad es conseguir que no haya cuestionamiento, duda o réplica que afee el ecosistema propagandístico de los gobiernos, las llamadas “comparecencias” se convierten en pasarelas de secretarios estatales en pleno apostolado de los gobernadores que los emplean. Porque el formato de esos ejercicios se los permite, su primera tarea es hacer de la comparecencia otro foro de loas a la administración en la que participan.

Se supone que los diputados, nuestros representantes, solicitan a los comparecientes que respondan a cuestionamientos, contrastes e inconsistencias de sus informes oficiales. La posibilidad de que eso suceda es proporcional a la de avistar el paso de un cometa.

Se entiende, y no es de esperar otra cosa, que las bancadas oficialistas hagan de coristas en el performance. Preguntas comedidas, para que el compañero secretario o secretaria puedan lucir su capacidad de recitar una mareante cantidad de cifras, nombres de programas y universos de beneficiados, como manda el canon burocrático en este país.

El programa del Congreso es que el compareciente presente en diez minutos su evangelio de las maravillas, pura buena nueva. Y al cierre una segunda ronda de réplica, si a alguien le interesa hacerla.

El formato ha sido criticado desde siempre, pero no le mueven nada. La razón es obvia: se trata de que el compareciente esté tan cómodo como sea posible. No permite que al canto le enderecen una corrección, un comparativo o un lado B omitido. Y si hay alguna réplica que valga la pena en la segunda ronda, está el batallón de “asesores” que ocupa todas las sillas disponibles en la sala.

Ha habido legisladores oficialistas incluso que bien podrían pasarse desde el inicio a la sillería de porristas. No usan su tiempo para una pregunta o duda propia, o de sus supuestos “representados”. Sus participaciones son para descalificar al que preguntó algo incómodo o puso duda sobre la veracidad de una respuesta.

Cartas del mismo palo son los legisladores que se presentan sin la tarea hecha. Llegan en blanco. No estudiaron nada. Cumplen con el encargo de ir a hacer bulto en el programa. Y a ver qué se les ocurre.

¿La oposición es siempre opuesta? Pues no. Y en esta legislatura en particular hay casos en los que uno se pregunta si tiene sentido darle un voto a MC, al PRI o a cualquier otro partido no gobernante, en aras de impulsar contrapesos.

Estos opositores cheerleaders se agarran como náufragos a la tabla de la llamada “oposición responsable”, esa que dice representarnos con la tentación permanente de buscar la calma: mejor no mover nada para que nadie se nos enfade. Son creaturas que aspiran a ser contrapeso apacible sin molestar a ninguna élite, mucho menos desafiar los intereses de alguien con cargo.

De la contraparte estelar, los funcionarios, tampoco es que haya mucho para recordar. Van a echar números, con la mecanicidad de un robot. No se moverán del informe, aunque en sus cifras 2+2 den 5. Con algunos es un poco más ingrata la tarea oficial de hacerlos ver inteligentes. Van empavorecidos, encorsetados en el papel de autoridad o no les da el amueblado para reaccionar y hay que volcar en el operativo al aparato completo de cabilderos, asesores, publirrelacionistas, jefes de prensa, correveidiles y anexos.

La Junta de Coordinación Política calendarizó una comparecencia cada dos horas, en jornadas de las nueve de la mañana a las tres de la tarde. Tres días continuos. El performance tiene horario estricto. Eso es: un espectáculo para cumplir sin riesgos, sin escoceduras ni raspones para el gobierno.

En el montaje oficial, sin contrapeso real, se trabaja para que la opaca Seduvop se vea luminosa y los contratos de obra resplandezcan. La titular de Salud pretextará la federalización para justificar el extravío del sector. El aparato trabajará para que la morosa Finanzas pase entre algodones y la demagogia despensera de Sedesore brille como ejemplo de política social.

No, la Dirección de Pensiones no comparece. Nadie lo pidió. A ese Congreso no le interesa el creciente adeudo de pagos de liquidación a los jubilados. Ni la deuda del gobierno que hace los descuentos a burócratas y maestros, pero no lo entrega al fondo de pensiones. Tampoco irá la CEA, cuando menos a decir que no pueden contra la concesionaria del acueducto El Realito, fallido una semana sí y a la otra también.

Pasarán el trámite. Y si no gusta, la culpa será, otra vez, del formato. Pero no harán nada por pensar siquiera en otro para el año siguiente.

ROLLOS SUELTOS

DE REFLEJOS RÁPIDOS. Un entramado extorsivo de inspectores y jefes de la Dirección Municipal de Protección Civil del municipio capitalino con “gestores” y “dictaminadores” fue expuesto ayer por el propio Ayuntamiento. La reacción de la autoridad municipal fue barrer desde arriba y quedaron cesados el director de Protección Civil, el coordinador de operaciones; la jefa de Inspección, varios inspectores y una asistente.

DE FAVORITAS. Con los cesados operaba una red de empresas dedicadas a la elaboración de dictámenes que Protección Civil ordenaba realizar. Los funcionarios señalados recomendaban a quienes requerían permisos municipales, que pidieran los dictámenes a empresas “palomeadas” por ellos, o se atoraba la autorización. Pedían decenas de miles de pesos por algunos trámites.

HASTA LA FISCALÍA. El secretario de Seguridad Pública, Juan Antonio Villa anunció que se hará formal denuncia de lo encontrado a los exfuncionarios en una investigación interna. Con ello se envía un mensaje de tolerancia cero para este tipo de conductas corruptas que no dejan de producirse en la esfera política.

El mensaje de la dirigente nacional de Morena, desde Tijuana, recala en San Luis: el partido gobernante en este país no está de acuerdo en que se impongan por vía legislativa limitantes de género a la participación para las elecciones de gobernador de 2027.

El Gobierno de San Luis Potosí prepara una reforma electoral que ya ha dejado escapar vapores de cierta narrativa de género, esa que se utiliza a medida para dejar fuera de competencia a potenciales competidores, varones en este caso. 

Si es que tal reforma se presenta y aprueba, refuerza la viabilidad del proyecto de convertir en gobernadora a la senadora Ruth González Silva, cónyuge del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. 

Con una reforma, en calidad de transitorio o entresijo legal en este sentido, queda descartada cualquier posibilidad para perfiles masculinos con potencial o aspiraciones: el diputado federal Juan Carlos Valladares, del Verde; el alcalde Enrique Galindo Ceballos, de alianza PRI-PAN-PRD, o Gerardo Sánchez Zumaya, el bronco proveedor huasteco de Pemex. 

¿Hay otros aspirantes masculinos a la gubernatura en el entorno del gobernador? De haberlos, los hay. Están en el gabinete de Gallardo, en el partido y uno más señalado como emergente, en la alcaldía de Soledad. De los dos primeros, necesitarían construir su posibilidad por la libre, y no pueden: no irían muy lejos y no se van a arriesgar. Y el alcalde soledense guarda los papeles, no se mueve más de donde le dicen para que destelle de vez en cuando como segunda opción del jefe político

Del proyecto Navarro 2027 son más explícitos algunos de sus colaboradores, una discreta diáspora del gallardismo original, quienes aspiran a prolongar la permanencia del Verde fuera del entorno familiar de Gallardo. Las fisuras dentro del monolito gallardista existen.

En rueda de prensa en Tijuana, Baja California, Luisa María Alcalde Luján, la dirigente nacional de Morena, anunció que las candidaturas a gobernador se definirán por encuesta.

Morena gobierna 12 de los estados que tendrán elecciones en ese año: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala. El PAN tiene tres: Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua. Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León y el Partido Verde San Luis Potosí. Son estos dos últimos en donde la tentación de imponer en la ley electoral un proceso 2027 sólo para mujeres, cabe decir además que las propuestas de los gobernadores son sus esposas. 

Alcalde afirmó que Morena no está de acuerdo con “algunos estados quieren imponer por vía legislativa que sea para hombre o para mujeres”. Que la decisión de Morena respecto de la selección de candidatos “va por encima” de mover leyes electorales con supuestos motivos de equidad. Destacó que Morena ha sido un promotor del respeto a la paridad de género, pero no está de acuerdo “en que se aproveche la parte legislativa para orientar una elección”, mucho menos en manipular elecciones desde la legislación a modo. 

Promotor de la charrería, calador de caballos, el gobernador potosino gusta de llevar trajes charros de factura muy elaborada, caprichos de sastrería especializada. Quién sabe si hasta le vayan los melindres de diferenciar entre el “bespoke” y el hecho a la medida. Y tiene un Congreso con mayoría que le permite diseñarse más de una oportunidad de vestir la ley, los vetos, los juicios de responsabilidades y los presupuestos como mejor le acomoda.

En la legislatura anterior, con el aval de opositores, el gobierno de Gallardo promovió la inhabilitación del exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios y de varios regidores. Se trató de una venganza política burda que la Suprema Corte tiró finalmente por abusiva. Si se hayan aliados para sacar del mismo modo una ley electoral a modo, lo hará. 

La legislatura actual si bien tiene mayoría verde, también tiene una bancada de Morena con más sentido de pertenencia. Fue la bancada de Morena la que obligó a modificar la reforma judicial gallardista que pretendía un “tribunal” de disciplina de una sola persona. El líder de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano, tuvo que organizar y ejecutar la corrección.

El mismo Serrano, por instrucción superior, según su argumento a diputados opositores, pretendía sacar una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad para imponer un esquema de paridad de género en las elecciones de autoridades, consejos y direcciones de la UASLP. 

En una extensa opinión que le solicitó el propio Legislativo, el rector de la UASLP ya les había advertido que esa reforma propuesta podría contravenir lo establecido en el artículo 3° y la Ley General de Educación respecto de las vertientes de la autonomía concedida por ley a las universidades. Y además, cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas a los alcances de las autonomías universitarias “deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”. 

El jefe de bancada morenista, José Roberto García Castillo, informó antes de sesión que no votaría a favor de una reforma inconstitucional, intrusiva, violatoria de la autonomía y que no cumplía con el requisito de consultar siquiera a la comunidad universitaria. Se sumaron los diputados panistas. La reforma se cayó antes de la sesión.

La intromisión legislativa solo se explica en términos de tratar de someter a la UASLP en su facultad de autogobierno, debajo del argumento de equidad de género cuya imposición no se justifica. En su opinión enviada al Congreso, el rector expuso que con una reforma estatutaria de los universitarios, el Consejo Directivo Universitario hoy está conformado por 100 personas (entre titulares y suplentes) que representan 19 entidades académicas; la Federación Universitaria Potosina; la Asociación de Padres, Madres y Tutores, y la rectoría. “De entre estas 100 personas, 52 son mujeres, resultando óbice que, nuestra máxima autoridad colegiada cuenta con más mujeres que hombres”.

¿Cómo vendrá la reforma electoral gallardista? Cabe la posibilidad de que el argumento de la “equidad de género” se convierta en distractor y haya más florituras, fruncidos, puntadas de satín, zurcidos invisibles y otros trucos de sastrería para el traje electoral “bespoke” del gobernador y su partido en 2027. Que sus partidarios y empleados con curul lo avalen sin leer siquiera, se entiende. La oposición no puede acabar confeccionando su propia mortaja. 

En la primera fila de invitados especiales al Informe de Resultados del gobernador “y padrino” de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, Yasmín Esquivel Mossa, integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mandatario la presumió en las galerías fotográficas del evento y salutación, el llamado “besamanos”, que subió a sus redes.

Tal y como la anunciaron, la juzgadora de nuestro máximo tribunal no trajo al informe representación institucional alguna. Acudió motu proprio. Según el INE, Esquivel Mossa fue la candidata a ministra más votada en la elección de personas juzgadoras en San Luis Potosí (160 mil 637 votos), muy por encima del hoy presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz ((100 mil 386) y Lenia Batres Guadarrama (92 mil 286).

Si Aguilar Ortiz y Batres Guadarrama fueron el primero y segundo más votados a nivel nacional, en SLP doña Yasmín se los llevó de calle en una elección, federal y concurrente local, bajo el control acordeonero del gobernador y su franquicia Verde.

La ministra Esquivel Mossa tiene en su ponencia el Recurso de Reclamación 43/2025-CA que presentó la UASLP, luego de que en agosto pasado fue desechada su controversia constitucional contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

El gobernador, con el IFSE como ariete, insiste en auditarle a la UASLP recursos qué ésta genera con la prestación de servicios y otros conceptos. El artículo primero de la Ley Orgánica de la UASLP señala que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, “posee personalidad jurídica, está dotada de autonomía, y cuenta con patrimonio propio, capacitada para adquirir y administrar los bienes muebles e inmuebles necesarios para realizar su objeto”. En términos sencillos, del ejercicio de su patrimonio propio, responde la propia institución porque es autónoma.

El artículo 17 de la misma ley, fracción IV, señala que son patrimonio universitario “los bienes, derechos, acciones, valores, subvenciones y otros ingresos que haya adquirido y adquiera por cualquier título legal”. Y el artículo 20 establece que “el Órgano Interno de Control, es el ente oficial en materia de fiscalización” de la UASLP. Agrega que en fiscalización externa, se aplicará lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, “siempre y cuando no se atente contra el principio de autonomía universitaria reconocido por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El gobernador acusa con una media verdad que es una mentira propagandística completa: la UASLP, señala, “no se deja auditar”. En efecto, la UASLP no permite que le auditen recursos que ella misma se generó porque para eso es autónoma. Permitirlo sería un acto de sumisión. Del ejercicio de recursos federales, la UASLP recibe la revisión puntual de la Auditoría Superior de la Federación, cuyos resultados son públicos y cualquiera puede consultar en el portal de la ASF.

De igual forma el IFSE, órgano fiscalizador estatal debe y puede auditar a la UASLP en el ejercicio de recursos estatales, si es que los recibe. Pero ahí estriba el problema de la fiebre fiscalizadora del gobernador: no hay recursos estatales por auditar porque su gobierno no los entrega.

El gobernador firma cada año convenios Federación-Estado-UASLP para establecer el aporte estatal a la Universidad, pero su administración no lo cumple. El Gobierno del Estado ha recibido ya la mayor parte del recurso federal de este año que debe entregar a la UASLP, pero no lo ha hecho. El adeudo ya supera los 170 millones de pesos.

Pero le ha escamoteado a la UASLP mucho más. En ánimo de acuerdo, el año pasado la UASLP aceptó que la aportación estatal comprometida se hiciera en obra. El gobernador acudió a la Facultad de Ciencias de la UASLP y, ante maestros y muchos jóvenes alumnos, comprometió obras que ni siquiera comenzaron. Y culpa a la UASLP de no haberle permitido construir, otra mentira que no puede sostener documentalmente.

Su cantaleta de la UASLP resistente a la revisión de cuentas es uno más de sus bulos, repetido muchas veces por su ecosistema de medios y redes alineadas. Para las universidades autónomas, la Auditoría Superior de la Federación audita el ejercicio de recursos federales que ejercen. A su vez, los órganos fiscalizadores estatales revisan el ejercicio de los recursos que les dan los gobiernos de los estados. Un orden simple y claro. Si no se entiende, consulte a su neurólogo de confianza.

El IFSE, controlado por el gobierno de Gallardo, pretende auditarle a la UASLP recursos que el Estado no le da, meterse en el patrimonio que le es propio y que por ley y orden constitucional tiene autonomía para manejar.

Por eso la UASLP se fue a la controversia constitucional previa. El medio de defensa fue desechado como improcedente pero no discutido a fondo el tema.

La Suprema Corte admitió a trámite el recurso de reclamación promovido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se abrió la posibilidad de que el Pleno analice nuevamente si la UASLP tiene legitimidad para promover una controversia constitucional en defensa de su autonomía. Lo que se decida, va también para otras universidades autónomas del país.

No, no es irrelevante que el expediente de la UASLP fuera a dar a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La ministra le puso una mordaza a la UNAM para evitar que su Comité Universitario de Ética hiciera público el resultado de la resolución sobre el plagio de la tesis que presentó para obtener la licenciatura en Derecho.

A finales de 2022, el escritor Guillermo Sheridan denunció en Latinus que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría plagiado la tesis que presentó en 1987 para obtener la licenciatura en Derecho. La tesis que Esquivel Mossa presentó tiene muchas similitudes con otra tesis presentada un año antes por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Esquivel Mossa, ya ministra, consiguió un certificado de derechos de autor y antes de que el dictamen de la UNAM pudiera hacerse público, interpuso recursos legales ante tribunales federales. Un juez le otorgó el amparo y ordenó a la UNAM abstenerse de divulgar cualquier información o resolución relacionada con el caso, incluyendo el dictamen final del Comité de Ética. El argumento principal era que hacerlo podría vulnerar los derechos de la ministra. La UNAM la consideró una interferencia inadmisible a su autonomía, pero acató.

El perfil de X de la ministra se encabeza con un gráfico donde establece su premisa: “Justicia de puertas abiertas”. Como no sea para despejar el camino a la intervención de gobiernos en las universidades autónomas públicas…

La política, como en el teatro del absurdo, a veces se vale de las máscaras más nobles para sus fines más turbios. La paridad de género, una causa justa y necesaria, se asoma como el camuflaje perfecto para una operación de alto calado: frenar a potenciales adversarios masculinos en la carrera por las gubernaturas.

El ruido en San Luis Potosí sale de una entrevista al secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sobre la reforma electoral que presentará el Ejecutivo al Congreso. El funcionario habló de la intención de incentivar la llegada de mujeres a la gubernatura.

En publicación del portal La Orquesta, el secretario afina el objetivo de mejorar la paridad en ayuntamientos y Congreso, con una pregunta de cierre: “¿Conoces una mujer gobernadora?”. El cuestionamiento, más que una reflexión, sonó a adelanto. A un borrador de la jugada para 2027, sabidos y conocidos los esfuerzos de Ricardo Gallardo Cardona para encaminar a su esposa, la senadora Ruth González, como su sucesora en la gubernatura de San Luis Potosí.

En alusión a la senadora y esposa del gobernador, el bautizo de la supuesta intención para hacer una ley electoral a modo, el bautizo no tardó en llegar: la Ley Ruth. Pero si tal cosa es en verdad un proyecto de reforma electoral, el reflector no estará sobre las aspiraciones sucesorias de la señora de Gallardo, sino sobre el notorio objetivo de interés a frenar: el presidente municipal capitalino, Enrique Galindo Ceballos.

El guion, muy audaz, no es único. En Nuevo León, hizo ruido la extraña aparición y difusión de una supuesta iniciativa para imponer límites de género a la participación en la elección a la gubernatura. Igual que acá, se hablaba de cerrar la puerta en la ley electoral neoleonesa a los aspirantes hombres a la gubernatura. Y en la lógica de potencial afectado de esa idea, el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza, la llamaron “Ley anti-Adrián”.

Desde luego, la polvareda mediática metió como beneficiaria potencial de una ley así a la esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien perdió en 2024 la alcaldía de Monterrey frente a de la Garza. Dudoso que esa versión y la polémica que le siguió hayan beneficiado políticamente en algo al gobernador neoleonés, o a su esposa. Para empezar, se supone que sería una candidatura MC-Morena, o sea, MC y un partido que prometió vetar el nepotismo en el 2027.

Cuando la supuesta reforma electoral con claro destinatario se volvió una bola de nieve, secretario del gobierno neoleonés y bancada de MC salieron a descartar intenciones de promover una ley electoral con limitante de género.

Visto así, si es verdad que hay la intención de una Ley anti-Galindo, se trata de una jugada casi descarada, donde el poder se asoma a través del cristal de la equidad para cimentar en forma palmaria su propia continuidad. Pero ¿su beneficio es seguro?

El paralelismo con Nuevo León es inevitable. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha hecho de la promoción de su esposa una política de Estado desde su lanzamiento al Senado. Sus declaraciones sobre una reforma electoral que frenaría a los “adelantados” parecen dirigidas, paradójicamente, a su propia familia.

Seguramente hay mujeres en los otros partidos que aspiran a la gubernatura y que verían favorecido su impulso político con una ley limitativa. Pero, honestamente, ¿son competitivas? ¿Hay alguna priista, panista o emecista con potencial de crecimiento para una contienda electoral por la gubernatura en 2027? Sara Rocha, diputada y dirigente del PRI, sería con gusto candidata si le quitan de en medio competencia masculina. ¿Tendrá posibilidades reales de ganar?

El Congreso del Estado le impuso a la Universidad un transitorio para obligarla a limitar la participación en la sucesión de Alejandro Zermeño Guerra a la Rectoría, en 2028. Que por la paridad, se adujo. La comunidad universitaria no pidió semejante cosa. Fue una imposición francamente innecesaria: el actual rector tiene al menos cuatro colaboradoras y funcionarias mujeres en su entorno que, de manera natural, han dejado ver con su desempeño un potencial destacado. Llegado el momento, se verá si les interesa. Momento dulce y excepcional para el género en la UASLP. Si alguien esperó amparos cuando esa ley intrusiva se emitió, pues no los hubo. Si algún universitario varón se ampara, parece que será tema personal.

La oposición partidista al Verde no puede presumir de algo siquiera parecido. En el discurso oficial es frecuente que se use la bandera de la paridad, pero olvida el verdadero espíritu de esta. Y se abusa de las llamadas “acciones afirmativas” para forzar candidaturas de mujeres.

En un estudio sobre paridad de género en Nuevo León, justo por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que evidenció incumplimiento en el caso de las diputadas locales, la politóloga Laura Medellín Espinosa, señala que las acciones afirmativas son temporales. No son un fin en sí mismas, sino un medio para corregir desigualdades históricas. Convertir la paridad en exclusividad, como se pretende en SLP y se discutió en NL, no es equidad, es imposición.

La paridad no debe convertirse en un argumento para tener candidaturas exclusivas. Una medida así genera nuevas inequidades. Es una distorsión del principio original. Más evidente cuando se trata de una ley en específico para evitar que una persona compita por un cargo de elección popular. Un intento de obligar a la gente a votar por una sola persona.

La supuesta “Ley Ruth” o “Ley Anti-Galindo” es un riesgo calculado. Es una idea para limitar el acceso de un rival y trasvasar el poder sin enfrentar la competencia. Sin embargo, en su afán por consolidar un proyecto dinástico, la reforma podría tener un efecto boomerang. El tiro podría salir por la culata.

Una reforma así, si se concreta, será terreno fértil para el litigio. Los tribunales electorales tienen la última palabra. La Constitución no tolera las leyes a modo, ni las que restringen derechos políticos sin causa justificada. Paradójicamente, el intento de frenar al alcalde capitalino podría terminar fortaleciéndolo, colocándolo como la víctima de una maniobra torpe y antidemocrática.

En política, a veces el mejor ataque es el que se orquesta con la bandera de la virtud. Pero la gente no es tonta. Y el derecho, tarde o temprano, pone a cada quien en su lugar.

ROLLOS SUELTOS

MIEL SOBRE… CARDOS. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para informar a los potosinos de su primer año de gestión no fue fácil para el gobernador. Si no instala Gobierno su barra brava verde con antelación, la gritoniza y abucheos de los maestros y morenistas se habrían notado más desde el frente. De cualquier forma, la presidenta, con mucha prudencia y mano izquierda, tuvo que interrumpir varias veces su mensaje porque los profes, que reclaman impagos y distracción de sus aportaciones para prestaciones, gritaban “¡fuera!, ¡fuera!” al gobernador. La barra verde se desgañitaba como respuesta lanzando vivas al jefe político y a la presidenta.

REVELADORA. La imagen más ilustrativa que circuló ayer, quizá de La Noticia, con la cámara apostada atrás de los asistentes. La toma captó en la pantalla gigante al gobernador manoteando y dando un mensaje de bienvenida casi a gritos, destemplado y forzado. Y a su vez la toma captó también los gritos y brazos levantados de repulsa a Gallardo.

MAL DISIMULADO. De remate, dos invitados que son blanco frecuente de las invectivas y ataques enrabietados del mandatario: el alcalde capitalino y el rector de la UASLP. Los dos saludaron a la presidenta. La cara de Gallardo atestiguando el diálogo entre el rector y Sheinbaum es todo un manifiesto.  Ahí no se veían tan seguro de que no le ha escamoteado recursos a la UASLP durante años.

El escenario está listo, la trama es familiar. Un gobernador termina su periodo y un pariente cercano levanta la mano para sucederlo. La justificación de esta vulgar ambición nepotista es idéntica en Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero: “Si el pueblo me lo pide, el pueblo manda”.

La retórica del “pueblo” que aclama no es nueva en este país. El 18 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide aprovecha la negativa borbónica a enviar un monarca para el México naciente, un verdadero disparate histórico, y se hizo nombrar emperador. El pretexto fue el mismo: un “clamor popular” súbito y exaltado que no dejó tiempo ni lugar a dudas. Los sargentos de Iturbide, acarreados y afines a la idea monárquica hicieron suficiente alboroto para justificar un imperio.

La historia ubica aquello como una farsa, un montaje de poder disfrazado de voluntad popular. En la novela “La corte de los ilusos” de Rosa Beltrán, el “pueblo” que aclamó a Agustín de Iturbide es descrito con una “corte de opereta”, una multitud cursi, ilusionada y superficial.

Ese episodio real de nuestra historia es tentador hasta para creadores lejanos: “Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano”, una popular novela web de ficción histórica en Corea del Sur tomó como escenario a nuestro país, durante el final del efímero régimen imperial de Agustín de Iturbide. El protagonista es un chico coreano que acaba metido en la piel de Jerónimo de Iturbide, el hijo y heredero del emperador. Ficción asiática, sí, pero anclada en la percepción exterior de los mexicanos.

Hoy, la puesta en escena de nuestros aspirantes a que cierto clamor popular prefabricado los exalte como sucesores de hermanos, hijas y maridos es idéntica, solo cambian los protagonistas. La narrativa de la continuidad dinástica se disfraza de democracia participativa. Es un insulto a la inteligencia del votante y un acto de cinismo político puro. Creen que el disfraz de pueblo es suficiente para engañar a la historia.

En Zacatecas, el drama familiar se expone sin pudor. Saúl Monreal, hermano del actual gobernador, David, insiste en su “legítima aspiración”. “Todo el que respira, aspira”, dice. Se duele de “exclusión” y trata de desligar su aspiración personal de una realidad: su consanguíneo es el jefe político del estado que quiere gobernar. Ricardo Monreal, el patriarca de la dinastía, le ha advertido que debe serenarse y apoyar a la presidenta. Hasta le recomendó emprender el camino a San Juan de los Lagos, encomendarse a la virgen y no olvidar al Santo Niño.

David Monreal, el gobernador zacatecano, en breve encuentro con medios, indicó: “Saúl es el menor de mis hermanos y a todos los quiero mucho… En su expresión política, que cada quien se haga responsable de sus dichos y hechos”. Tenía una visita de la presidenta Sheinbaum a Zacatecas, que transcurrió en la formalidad con los tres Monreal presentes.

En su “Mañanera”, Sheinbaum no entró en polémica con la pataleta o “rebelión” del senador Monreal. “Morena decidió que eso fuera desde el 2027. Entonces, pues esa es la regla, y ya”, dijo.

Saúl Monreal asegura que no es el favorito del gobernador David Monreal porque éste atiende a un grupo político de Morena que le es adverso. Y recurre al mantra del “pueblo” a la medida de sus aspiraciones: “Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo lo seré”. Un desafío a la propia dirigencia de Morena y a la presidenta Sheinbaum. Saúl podría buscar el respaldo de otros partidos aliados, como el PT o el PVEM, que se acogerán a la medida hasta el 2030.

La presidenta ha sido contundente. “El nepotismo es esencialmente cuando un familiar contrata a su otro familiar… o cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto”. Enfatizó que “no se abren oportunidades para otras personas”.

En Guerrero, la farsa adopta un tono más filosófico. Félix Salgado Macedonio reconoce que “se ve mal” que aspire a suceder a su hija Evelyn. Justifica su posible candidatura en el resultado de encuestas de popularidad. “Se tiene que hacer caso al pueblo. Claro, por supuesto. Si el pueblo dice que Félix Salgado Félix se debe a su pueblo. ¿Y si el pueblo se encapricha, qué hago, pues? Ni modo, llevarle la contraria al pueblo, declaró con una sonrisa socarrona.

Es la misma retórica que Iturbide, una negación del espíritu de la norma para justificar la sed de poder. Una voluntad popular borrosa, difusa pero maleable, como excusa. En la elección de 2024, la mitad de las encuestadoras, entre ellas como El Financiero, Gea ISA, Campaigns & Elections, Rubrum o Parametría, fallaron por diez puntos o más. Massive Caller, fue la única que dio como ganadora a la candidata de la coalición opositora Xóchitl Gálvez. Massive Caller también falló en cinco de nueve encuestas para gubernaturas, hechas el mismo día de la elección a la salida de las casillas.  ¿Las encuestas expresan lo que el pueblo quiere en una elección?

En San Luis Potosí, la senadora Ruth González Silva podría suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El aplazamiento de la regla anti nepotista de Morena hasta 2030 es un acuerdo político que el Partido Verde y senadores morenistas montaron para dar vía a postulaciones claramente dinásticas.

Al igual que los otros senadores aspirantes a suceder a familiares, González Silva reta y se escuda en el pueblo. “La gente decide, el pueblo manda y lo que San Luis Potosí quiera”, justifica. La paradoja es que estos aspirantes invocan la voluntad popular mientras se amparan en acuerdos políticos que la ignoran. Es una traición a la democracia.

La narrativa de estos aspirantes es una burla. El regreso de la ambición iturbidista en el siglo XXI, donde los cacicazgos locales se visten de pueblo. Sheinbaum ha delineado un camino. La cuestión es si su partido será capaz de seguirlo o si los intereses dinásticos y de emisarios del obradorismo como Adán Augusto López terminarán por imponerse.

ROLLOS SUELTOS

REVISIÓN DE FONDO. ¿Quién lleva la cuenta de las sentencias que el Trife ha tirado al tribunal electoral potosino este año? En números quizá sea considerado algo “normal”, pero en algunos casos muy sonoros el revés ha sido precisamente notorio porque emitió sentencias evidentemente controvertibles que el Trife o anuncia tirar, como la elegibilidad del exfiscal José Luis Ruiz Contreras como magistrado del Supremo Tribunal.

¿CAMINO LEGAL? El interés jurídico es en términos sencillos, la base que legitima a una persona para acudir a los tribunales y reclamar la protección de un derecho o el cumplimiento de una obligación. Funciona como un requisito de procedencia para iniciar un procedimiento judicial. Para que una persona, física o jurídica colectiva, pueda promover una demanda, debe demostrar que el acto que impugna le causa un “agravio personal y directo”. LO MISMITO. Agravio y daño a la UASLP por la no entrega de un recurso federal comprometido y etiquetado, lo hay. Si a una titular de Salud le fincaron proceso en este gobierno por usar recurso etiquetado del COVID en comprar productos contra el dengue, en términos básicos debiera aplicar lo mismo si el gobierno estatal se gastó el recurso de la UASLP en otra cosa. Y si no se lo gastaron y simplemente no les da la gana entregarlo, la exhibida podría ser definitiva. Cosa de caminarle más lejecitos.

En el muro de piedra de la Facultad de Estomatología de la UASLP, junto a otras cartulinas, entre coloridas y blancas, una en rosa fosfo, llamativa como un grito: “Gobernador deje de robarle a la UASLP”.

Los estudiantes cerraron una avenida y bloquearon la facultad para exigir, entre otras cosas, que no se aumentaran los precios de los tratamientos al público y volvieran los descuentos a personas de la tercera edad con credencial del Inapam.

La carrera de profesionista dental y sus especialidades son de las más caras para la Universidad. Los estudiantes deben realizar prácticas y la vía es la clínica de servicios a bajo costo, tanto generales como de especialidad, que opera la Facultad de Estomatología. De esos servicios sale el recurso para los materiales y un margen mínimo para mantenimiento de la clínica y equipos, también costosos.

Aún con el ajuste por inflación a los servicios, es del dominio público en la ciudad que la clínica universitaria ha sido desde hace décadas y es ahora el lugar más económico dónde realizarse estudios, tratamientos, implantes y cirugías maxilofaciales que no hacen ni el IMSS ni el ISSSTE.

Los jóvenes y la dirección llegaron a un acuerdo y a un compromiso de un uso más adecuado de los materiales para poder mantener los costos. En cambio, no hubo respuesta para la pancarta de reclamo al gobernador por el incumplimiento en las entregas de recursos que su administración adeuda a la UASLP desde hace años. La Universidad no puede ni le toca responder a eso. Para los jóvenes no hay pretextos que valgan: lo ven como un robo. Y la cuenta sigue corriendo.

El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, abordó el tema ante el Consejo Directivo Universitario, al final de su sesión mensual. La UASLP es de las universidades estatales que menos recurso convenia con el gobierno local, que además no cumple con la entrega del recurso.

Otros estados, como Veracruz, aportan la mitad del recurso público a sus universidades autónomas. Así debería ser desde 2016 en todas, por acuerdo con la Federación, pero muchos gobiernos, entre ellos el potosino, comprometen mucho menos. Y además ni lo cumplen. El convenio anual de la UASLP con el gobierno estatal es del 16%, del cual ha entregado el 9%.

Este año, la deuda va por encima de los 170 millones de pesos. Y si no entrega nada de lo comprometido, serán 299 millones de pesos que la UASLP no tendrá para cerrar el año. Hay aún más, la Federación le entregó al gobierno de Gallardo 10 millones de pesos para que entregara equipamiento de la UASLP y no ha entregado un peso; si no lo hace antes de noviembre, el dinero se perderá porque no le alcanzaría a la UASLP a hacer los concursos de ley necesarios para comprar equipo.

La UASLP y otras universidades que padecen el racaneo vulgar de sus recursos por parte de gobernadores (unas 14) han propuesto que la Federación deseche la intermediación de los gobiernos estatales. Siendo realistas, el recurso que los gobiernos estatales comprometen cada año con las universidades es federal: sólo se pasa de una bolsa a otra.

Hay algo además que agrava la idea de vulgar robo a la educación superior: el recurso que los gobiernos estatales reciben para dar a las universidades está etiquetado y no se puede gastar en otra cosa. Por ejemplo, si el gobierno potosino usara el dinero de la UASLP para pagarle al reguetonero don Omar o a Marilyn Manson sus conciertos gratuitos en El Foro de la Feria, lo tendría que regresar a la Federación porque no está justificado. O lo regresa o lo sancionan.

En resumen: si el gobierno estatal ya recibió el dinero federal que debe darle a la UASLP y no lo hace, es pura y vulgar miseria humana de quien gobierna. Nada más. No hay otra explicación porque se trata de un recurso que si no se gasta en lo acordado con la Federación, tiene que regresarlo. Es decir, prefiere literalmente joder a los universitarios, negarles recursos para equipo, materiales, servicios y mantenimiento, antes que cumplir.

Hay todavía otros rasgos de esta postura: el berrinche del nada autónomo Instituto de Fiscalización del Estado (el IFSE) porque la UASLP se resiste a que le auditen sus recursos propios. El titular sale a medios a acusar a la Universidad de resistirse a los mecanismos legales de transparencia y vigilancia, una mentira tartajosa por mal articulada y retorcida. Su pretensión es una intentona de violar la autonomía que tiene la institución sobre sus recursos propios, es decir, los que ella misma genera y administra.

La insistencia del IFSE, y la halitosis mediática del gobierno con este tema, es más una forma de presionar, chantajear, doblar, asustar y convertir en otro de sus dominios políticos a la UASLP. No hay gobierno que tenga derecho a auditar recursos que no otorgó ni son suyos. Así de simple. No hay alegato leguleyo, campañita fétida ni amenaza matona que tenga la razón. Pueden continuar en su postura de aquí a que se vayan en dos años, pero los puestos a Dios gracias no son eternos, tampoco la paciencia de los jóvenes.

En lo que va del actual sexenio, el adeudo total es de casi 600 millones de pesos. El rector advirtió que si este año el gobierno estatal no cumple, se verán comprometidos pagos de quincenas, aguinaldos y fondo de pensiones, lo que generaría un escenario de inestabilidad en la institución y en el propio estado. En la sesión estaban, en primera fila, los dirigentes sindicales académico y administrativo.

El rector dijo que en efecto acudió a Segob, no a pedir dinero, sino a hablar del daño potencial a la gobernabilidad que puede generar una universidad financieramente colapsada y protestas de maestros a los que no se les paga, personal administrativo y de servicios que no pueden cobrar sus sueldos y alumnos que no tienen equipos, materiales e instalaciones adecuadas.

La directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Alma Gabriela Palestino, se levantó en la sesión para preguntar si los universitarios podrían hacer algo más. El rector contestó que el tema es un problema de voluntad, que no es papel de la universidad llamar a movilizaciones. En rueda de prensa al término de la sesión, reporteros le preguntaron al rector si era factible que universitarios salieran a bloquear calles: “Factible sí, pero no deseable”, contestó.

El material inflamable se acumula y lo pone el propio gobierno. El gobernador Gallardo prometió personalmente a los estudiantes de Ciencias un estacionamiento, un gimnasio y ayuda para transporte. La maquinaria entró a la facultad, rascó las piedras y se retiró del lugar después de semanas de inactividad. No hay mentira oficial ni versión retorcida que valga. No hay voluntad.

Llegado el momento de formalizar en San Luis la nominación de Juan Manuel Carreras López, el precandidato priista por quien el gobernador Toranzo amenazó con deslindarse de la elección si no era, el ánimo era de escaso entusiasmo. Colmilludo, enviado a una unción desangelada, el entonces presidente nacional del PRI, César Camacho, preguntó a la base militante: “¿Están tristes o qué?”.

Carreras no tenía base popular ni estructura. Los organizadores de esa ceremonia sudaron frío para poner “relleno” y algo de vidilla al auditorio tricolor. Fernando Pérez Espinosa, “Calolo”, el presidente estatal del partido y exaspirante a candidato tenía seguidores fieles que no supieron qué hacer con el desencanto. “Calolo” se registraría por el PRD más tarde.

Si el candidato en ese 2015 hubiera sido el alcalde Mario García, con la convocatoria a las juntas de mejoras habría bastado para vestir la ceremonia. Pero era Carreras, distante, sin más atrezzo en el PRI potosino que la presión de un gobernador emberrinchado. El auditorio era una sala de pompas fúnebres. Si ese ánimo se extendía a la campaña externa, escenario más lúgubre para el día de las urnas.

Se prendieron las alarmas. El entonces presidente estatal del PRI, Joel Ramírez Díaz, fue por otro exaspirante a la gubernatura para tratar de apuntalar la campaña de Carreras, Juan Carlos Valladares García. En muy poco tiempo, el empresario había levantado intenciones de suma a su propuesta y mucha polvareda como una carta cercana de manera personal al presidente Enrique Peña Nieto. Conectado con la primera fila del sector productivo, Valladares García prendió en un sector muy urbano y entre votantes hartos de la llamada “política profesional”.

Pero Valladares no se dejó convencer con la oferta “de consolación” que le llevaron: la candidatura priista a presidente municipal de la capital potosina. “Es que eres el más alto en las encuestas”, le dijeron. ¿Ah sí?, pues esas encuestas las hubieras presentado para lo que yo quería”, replicó. A esa hora, el empresario ya sabía, por el propio Camacho, que habían omitido su nombre de todos los ejercicios demoscópicos, reales y supuestos, que se usaron desde San Luis para sacar el beneplácito final de Los Pinos.

Era obvio. A la campaña de Carreras le urgía un candidato con potencial ganador real para la alcaldía capitalina, el peso electoral más complicado para ganar la gubernatura. Valladares no se anduvo por las ramas: lo convocaban, ahora sí, “a ganar la capital para que no pierdan la gubernatura”. Y que una vez en la alcaldía, lo dejarían correr la suerte solitaria de un presidente municipal, sin apoyo ni para tapar los baches. “Que gane la capital para que me lleve los madrazos y el desgaste, pues no”, algo así concluyó.

El gobernador Toranzo aceptó hacer a un lado la soberbia y convocó al empresario a un desayuno para el día siguiente. Valladares no le dio ni tiempo de ponerse en plan de encantador y le reclamó que no lo hubiera recibido en los cuatro meses anteriores, cuando buscó una reunión con el mandatario, por cortesía política, para exponerle sus aspiraciones y su proyecto. “Es que he estado muy ocupado”, pretextó el gobernador. “Pues ocupado nada más para mí, porque a los demás sí los recibiste”, le reviró.

Toranzo, nulo para la argumentación política, reintentó con un “choro” que apelaba a las fuerzas vivas, el llamado del partido y esas cosas. Valladares lo desarmó: “César Camacho nos dijo que las decisiones de candidatos a alcaldes y diputados iban a llevar mano del candidato (a gobernador) … y yo aquí no veo a Juan Manuel”.

El desayuno se volvió una inacabable escena vacía. Puesto en evidencia por su interlocutor, Toranzo se embebió en la mensajería de su teléfono. El empresario recibió un mensaje de su jefe de escoltas, desde el exterior de la Casa de Gobierno: “Patrón, acaba de entrar ‘Meme’ (el abogado Manuel Lozano Nieto)”.

De salida de Casa de Gobierno, Juan Carlos Valladares García esperaba encontrarse a Lozano Nieto, pero no apareció. Horas más tarde, se enteró que Lozano Nieto sería, por pronunciamiento de los priistas, el candidato tricolor a la presidencia municipal de San Luis Potosí.

Iniciadas las campañas, un priista explicaba por qué no se integraba al proyecto para la capital potosina. “No se me hace que ese gane”, expresó muy seguro. Y ni pensar que ganara: el PRI en la capital se fue al tercer lugar. La derrota tuvo para Lozano, eso sí, una magnífica compensación: la secretaría del Trabajo por seis años, un empleo más apacible y cómodo que la alcaldía.

La historia tiene giros inesperados, a veces. El diputado federal por el distrito sexto, Juan Carlos Valladares Eichelmann, parece ser la carta a la alcaldía capitalina del hoy gobernador, Ricardo Gallardo Cardona. Lo necesitan en el Verde para que haga el papel que su padre, Juan Carlos Valladares García, rechazó en redondo hace más de una década en el PRI. El joven diputado iría a apuntalar electoralmente en la capital la candidatura al gobierno de Ruth González Silva, senadora y esposa del mandatario.

Hay algo más: como potencial candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí, Valladares Eichelmann resuelve un vado insalvable hasta ahora para el gallardismo. Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador, fue el ganador de la elección municipal de 2015, pero su papel fue tan atrabiliario, que no logró reelegirse.

Quizá a eso obedezca el interés del gobierno gallardista por desmembrar y reducir al municipio capitalino con la municipalización exprés de delegaciones: primero Villa de Pozos, de largo reclamo, y ahora La Pila, una ocurrencia provocadora.

Hay amplios sectores de clase media y alta en la capital potosina que rechazan a los Gallardo y su franquicia Verde. El cálculo es que con Valladares Eichelmann, eso quedaría más que resuelto. Empresario, conectado con figuras del espectáculo y el deporte, nieto de un recordado industrial y alcalde potosino, es una carta competitiva para cualquier otro partido. Lo que no se sabe es si estaría dispuesto al desgaste de una presidencia municipal, el mostrador de servicios públicos de primera instancia y mayor demanda. Una alcaldía como la de San Luis Potosí es políticamente una picadora de carne.

Y si no está en su interés ser alcalde, ¿el joven Valladares puede reelegirse como diputado federal de su distrito? Tal vez ni la opción le den, porque en el Verde potosino no cabe lo distinto a lo que ordena el gobernador.

Ricardo Gallardo Cardona es un tipo audaz. Cuando dice que busca todas las canicas, habla en serio. Si la alianza con Morena y la gobernante 4T hace agua tal y como va, el gobernador podría separarse del cargo en los tiempos requeridos de ley para buscar precisamente el distrito sexto federal. Apuntan dos razones: meterse sin restricciones a hacer campaña con su esposa candidata a gobernadora y, la de más largo alcance, conseguir el liderazgo de bancada Verde en San Lázaro.

Así, si es cierto que en el gobernante Morena “ya no lo quieren”, tendrán que ir a verle la cara como “jefe Verde” en la Cámara de Diputados. Inspirado en el aplazamiento legislativo de la iniciativa Sheinbaum contra el nepotismo. Nada menos.