Los señalados fueron Arturo Morales Silva (7.91), Juan David Ramos Ruiz (8.68), Ángel Gonzalo Santiago Hernández (7.58), José Luis Ruiz Contreras (7.91) y Mónica Kemp Zamudio (7.88), según promedios obtenidos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). También se cuestionó la elegibilidad de Ruiz Contreras por su reciente cargo como fiscal estatal, pero el TEESLP desechó los argumentos, considerando que el acuerdo no fue impugnado a tiempo y que las reformas al Poder Judicial eximen a integrantes del sistema de justicia local de acreditar nuevamente ciertos requisitos.

El magistrado Sergio Iván García Badillo votó en contra, argumentando que los promedios incumplen el artículo 116 constitucional y que los nombramientos debieron anularse. Respecto a Ruiz Contreras, el Pleno determinó que no había impedimento legal, destacando mecanismos como la excusa o recusación para garantizar imparcialidad.

Documentos oficiales de la UASLP confirman que sus promedios generales van de 7.58 a 7.91. Esta falta incumple un criterio establecido en la Ley, que exige un mínimo de ocho en la licenciatura y de nueve en asignaturas relacionadas con la función. El incumplimiento ha provocado en el país la nulidad de al menos 45 designaciones similares, según el INE.

El caso es analizado por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí en varios juicios promovidos por aspirantes excluidos del proceso. Se cuestiona la omisión de los Comités de Evaluación y del Ceepac, quienes no verificaron el cumplimiento del promedio a pesar de que era un requisito visible en las convocatorias oficiales emitidas por los tres poderes estatales.

El fallo del Tribunal podría derivar en la anulación de los nombramientos y en la reposición del proceso. El antecedente más cercano es la anulación del cargo de María Concepción Castro Martínez por motivos idénticos. En próximos días se sabrá si esta omisión institucional obliga a reconfigurar nuevamente el máximo órgano judicial potosino.

Se explicó que quien obtenga más votos asumirá la presidencia del Supremo Tribunal por dos años, sin opción a reelección. Además, se confirmó que la entrega-recepción será global, abarcando todas las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, sin dividirse por órganos individuales.

Anahí Zarazúa, virtual presidenta electa, agradeció el respaldo de la ciudadanía y prometió una administración cercana y sensible. Reafirmó su compromiso con la independencia judicial, la defensa de los derechos humanos y una profunda transformación institucional que beneficie a la sociedad.

Morales Silva aseguró que existe certeza institucional y laboral para todo el personal del Poder Judicial. Subrayó que los derechos de los trabajadores están protegidos, el servicio de justicia seguirá sin interrupciones, y que toda reforma se hará dentro del marco constitucional. Los magistrados electos destacaron que cada juez decidirá con autonomía, sin imposiciones ni oficialismos.

A través de sus redes sociales, el Tribunal Electoral estatal felicitó a los nuevos integrantes y expresó su compromiso de seguir trabajando en favor de la democracia, al considerar que la conformación total del cuerpo colegiado fortalecerá la institucionalidad del órgano jurisdiccional en la entidad.

María Carolina López Rodríguez cuenta con amplia experiencia como abogada en distintos ámbitos públicos y privados, mientras que Sergio Iván García Badillo ha estado vinculado a diversas responsabilidades en materia electoral, según información oficial dada a conocer tras su nombramiento.

Aunque ambos perfiles han sido reconocidos por su trayectoria, distintos reportes señalan que tienen cercanía con el partido Morena, lo que ha generado atención sobre su papel en futuros procesos electorales en San Luis Potosí.

Uno de los casos más discutidos es el de Homero Salazar Cardoza, excluido en la lista del 11 de febrero tras haber sido incluido previamente el 4 del mismo mes. El Tribunal Estatal Electoral determinó que su exclusión carecía de fundamento legal y ordenó su reincorporación inmediata.

El procedimiento también ha generado cuestionamientos sobre la incorporación automática de jueces y magistrados en funciones o con licencia, conforme al decreto 0029. Destaca la situación de José Luis Ruiz, actual Secretario de Seguridad, quien accedió a la lista por su trayectoria en el Poder Judicial, aunque la convocatoria establece que los aspirantes no debieron haber sido fiscales un año antes del registro.

Además, persisten dudas sobre un aspirante señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, sin que exista una sentencia en su contra. La entrega de las listas oficiales despejará estas y otras incógnitas en torno al proceso.

El presidente del PJESLP, Arturo Morales Silva, destacó que el proceso avanza con normalidad y que las autoridades trabajan para garantizar un procedimiento transparente y exitoso. Aunque la recepción de documentos aún no ha finalizado, existe confianza en la participación de profesionales del derecho interesados en ocupar los cargos de magistrados, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de primera instancia.

Una vez cerrada la convocatoria, iniciará una fase de evaluación en la que se revisarán los currículums y antecedentes de los postulantes. De este proceso, se seleccionarán diez aspirantes que cumplan con los requisitos necesarios para avanzar a la siguiente etapa. Posteriormente, se llevará a cabo la insaculación, un procedimiento que busca asegurar la imparcialidad en la selección de los candidatos más idóneos.

Morales Silva señaló que el proceso ha contado con una coordinación efectiva entre los tres poderes del estado, lo que ha permitido su correcto desarrollo.

En la entidad serán elegidos jueces para siete juzgados de distrito: dos mixtos, uno del Tribunal Laboral, dos del Sistema Penal Acusatorio, uno de Materia Mercantil y uno en Ciudad Valles. En cuanto a magistraturas de circuito, se designarán 10 cargos en tribunales colegiados de diversas materias.

En algunos casos, la participación fue limitada. Para jueces del Sistema Penal Acusatorio y del Tribunal Laboral, solo se inscribió una mujer por cargo, por lo que Ana Luis Zavala Carrasco y Bianca Cristal Zavala Hernández fueron incluidas automáticamente en la lista. Para juez en Materia Mercantil no hubo aspirantes.

En los juzgados mixtos, con tres vacantes, se inscribieron tres mujeres y siete hombres. Las aspirantes Getzabel Patricia Rubio Espinoza, Leticia Juárez Abonce y Jessica Liz Hernández Luna quedaron seleccionadas de manera automática, mientras que los hombres insaculados fueron Diego Galeana Jiménez, Eleazar Izeta Aguillón y Benjamín Rocha Loredo.

Para las magistraturas de circuito, en Materia Penal tampoco hubo postulantes. En Materia Civil y Administrativa, con seis vacantes, avanzaron dos mujeres y seis hombres, mientras que en Materia de Trabajo, con dos vacantes, solo se inscribieron dos hombres, quienes fueron incluidos en la lista. En Materia de Apelación tampoco hubo registros.

A estos seleccionados se sumarán los aspirantes que se postularon a través del Poder Ejecutivo y el Legislativo, quienes también serán considerados en la elección de junio.

Cada uno de los tres poderes del estado organizará su propio sorteo, donde solo participarán quienes cumplan con requisitos académicos y profesionales. Los registros estarán abiertos hasta el 2 de febrero, y los aspirantes seleccionados serán evaluados antes del sorteo.

Por cada cargo, se elegirán dos finalistas mediante tómbola, quienes competirán en la elección del 1 de junio. Con este mecanismo, se busca garantizar un proceso transparente y equitativo.

En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó el compromiso de la administración estatal con la democracia y la participación ciudadana. Señaló que el convenio asegura una comunicación constante entre los tres poderes para la planificación, desarrollo y seguimiento del proceso electoral, mediante un enlace que gestionará los acuerdos necesarios.

El funcionario subrayó que el objetivo principal es garantizar que la ciudadanía potosina pueda ejercer su derecho al voto en un proceso electoral que, por su naturaleza extraordinaria, marca un precedente en la historia democrática del estado. Añadió que el compromiso gubernamental se mantendrá apegado a los principios rectores de la función electoral, asegurando la legalidad y la equidad en cada etapa del proceso.

Este acuerdo fue firmado por representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, junto con el CEEPAC, quienes se comprometieron a coordinar acciones para garantizar un proceso democrático y sin contratiempos. Entre los objetivos del convenio se incluye el intercambio de información técnica y metodológica, así como la protección de datos personales.

El magistrado Arturo Morales Silva destacó que este proceso es resultado de reformas constitucionales históricas, mientras que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, enfatizó la importancia de este paso hacia la selección de 15 magistrados y otros jueces especializados.

La presidenta del CEEPAC, Paloma Banco López, subrayó el valor de las mesas de trabajo previas, en las que se definieron criterios clave para este proceso electoral extraordinario. Con esta colaboración, San Luis Potosí reafirma su compromiso con la democracia y la transparencia en el ámbito judicial.