El contingente, que portaba pancartas y realizaba percusiones, caminó hasta la Fiscalía General del Estado, donde demandaron resultados concretos por parte de las autoridades encargadas de la investigación. La marcha se llevó a cabo con el propósito de mantener viva la esperanza de encontrar a Daniela Martell, quien fue reportada como desaparecida desde el 6 de enero.

A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, que este miércoles ofreció una rueda de prensa en la que proporcionó pocos detalles, no se ha obtenido información clara sobre su paradero. María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía, mencionó que, aunque se han realizado cateos y algunas personas están bajo arresto por posibles vínculos con la desaparición, aún se están analizando los restos encontrados cerca del vehículo incinerado de la víctima. La familia de Daniela sigue exigiendo que las autoridades la busquen con vida y continúan con su propia búsqueda, esperando respuestas definitivas.

El concejal Dante Alan Carreón Sandoval y la presidenta concejal Teresa Rivera Acevedo escucharon las quejas de los habitantes, quienes solicitaron acciones concretas. Carreón Sandoval comprometió a su equipo a evaluar la red de drenaje y buscar soluciones efectivas.

En una mesa de trabajo, vecinos, liderados por Jorge Javier Sánchez Medina, compartieron sus experiencias sobre el impacto de la falta de infraestructura. Se acordó realizar una inspección detallada para identificar problemas y elaborar un plan integral.

El concejal también se comprometió a supervisar el uso de recursos públicos y a garantizar un desarrollo urbano ordenado, priorizando la mejora de calles, alumbrado y espacios públicos, lo que considera esencial para la seguridad y el atractivo de Villa de Pozos.

José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la sección 6 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, explicó que el propósito de la caravana es defender la democracia y el Poder Judicial. Méndez de Lira instó a la ciudadanía a unirse a la protesta, subrayando que la reforma afecta a toda la sociedad mexicana.

“La idea es hacer un movimiento civil y político para lograr mover las conciencias de toda la sociedad mexicana, que entiendan qué es lo que hace el Poder Judicial de la Federación y que no deben apoyar la reforma que se está proponiendo. Sería una verdadera aberración que acabaría completamente con el equilibrio del poder”, declaró Méndez de Lira. Añadió que los jueces y magistrados del PJF son altamente capacitados, y abogó por una reconfiguración del sistema en lugar de una reforma que, según él, podría destruir la integridad del Poder Judicial.

Los manifestantes rechazaron la imposición de concejales y la intervención de partidos políticos en la selección del Concejo Municipal. Recordaron que la municipalización de su comunidad tenía como uno de sus principales objetivos permitir a los residentes elegir a sus propios representantes. Sin embargo, temen que los diputados estén buscando imponer a los concejales, por lo que exigen la convocatoria inmediata de elecciones extraordinarias.

Además, los habitantes denunciaron la falta de servicios públicos esenciales en su comunidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reducido su vigilancia, limitándose a intervenciones que describen como extorsiones a motociclistas. La Comisión Estatal del Agua (CEA) ha fallado en la limpieza y desazolve de varios canales y ha dejado sin agua a sectores importantes como Ciudad Satélite, Urbi y Manantial.

Jessica Oliveros señaló que, aunque el Ayuntamiento aún proporciona algunos servicios como alumbrado público y recolección de basura, han surgido deficiencias en la distribución de agua, especialmente con las pipas que ahora no cumplen con los horarios establecidos. En Ciudad 2000, los residentes también han enfrentado problemas graves con el drenaje en la Calle 70, donde el agua potable se está contaminando con aguas residuales, y la fuga no ha sido atendida a pesar de las denuncias previas al Interapas.

Durante la protesta, los taxistas destacaron que ahora deben pagar anualmente por su gafete, a diferencia de administraciones anteriores, donde la renovación se hacía cada cinco años. Esta nueva exigencia ha resultado en un aumento significativo de sus costos operativos. También señalaron que Martínez no ha defendido adecuadamente sus intereses frente a la competencia de las aplicaciones de transporte.

“Decían que todo cambiaría, mentira, son la misma porquería. El problema es en todo el estado, necesitamos un cuerpo que esté capacitado especialmente para atender el pirataje, que es demasiado. Ya son más que nosotros”, expresaron los manifestantes.

Los taxistas demandan una intervención inmediata de las autoridades para resolver el problema del pirataje y mejorar sus condiciones de trabajo, buscando garantizar un trato justo y equitativo frente a la competencia de las aplicaciones de transporte.

Equipados con sombrillas y cachuchas para protegerse del sol, los manifestantes portaban lonas y pancartas dirigidas al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Expresaron su preocupación por la falta de pago de una prestación de ahorro que, según ellos, lleva meses sin ser entregada. También denunciaron una serie de despidos que consideran injustos.

La protesta no solo paralizó la avenida Venustiano Carranza, sino que también afectó otras vías importantes de la ciudad, causando retrasos en el centro histórico. A pesar de estar escoltados por motociclistas de la Policía Vial de San Luis Potosí, el tráfico se complicó considerablemente.

En las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia, otra manifestación organizada por padres de familia de un kínder añadió más complicaciones al tráfico vehicular. Este grupo bloqueó brevemente la avenida Universidad y el túnel de Manuel José Othón, incrementando la congestión.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una declaración oficial en respuesta a las demandas del SITTGE. Se espera que en las próximas horas el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ofrezca una solución para abordar el conflicto y evitar futuras interrupciones de este tipo.

La comunidad sigue atenta al desarrollo de estos eventos, esperando que las negociaciones entre el sindicato y el gobierno estatal lleguen a un acuerdo para restablecer la normalidad en las calles de San Luis Potosí.

La razón de la protesta radica en la falta de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí durante 700 días. Los manifestantes urgen que esta armonización se lleve a cabo lo antes posible para garantizar la seguridad de ciclistas y peatones en la ciudad.

Para hacer visible su reclamo, organizaron la creación de una Pirámide de Movilidad Monumental. Este símbolo representa la prioridad que se debe otorgar a las personas en la movilidad urbana, por encima de los automóviles. Los peatones y ciclistas deben tener un lugar destacado en esta pirámide.

Como parte de su protesta, los colectivos ciclistas grabaron un video que representaba los diferentes niveles de la pirámide de movilidad, destacando la importancia de otorgar preferencia a los medios de transporte más sustentables y seguros.

Además de exigir la armonización de la Ley General de Movilidad, los colectivos ciclistas aprovecharon la manifestación para promover la iniciativa de Ley conocida como Ley Santi. Esta iniciativa busca priorizar a las personas en la pirámide de movilidad, con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de tránsito.

Dentro de las consignas que mencionan, hablan sobre la magistrada María Manuela García, exigiendo no discriminar y realizar el pago de forma igualitaria entre los trabajadores, no solo algunos. 

Hasta el momento el Gobierno del Estado les adeuda el fondo de ahorro que se les debió pagar a inicios de diciembre y que corresponde al 7% de sus salarios, otro de los adeudos son  aumentos salariales que se pactaron desde 2022 y no se han visto reflejados. Además actualmente tienen suspendidos sus servicios médicos. 

Alrededor de 1200 trabajadoras y trabajadores realizaron el paro de labores en todo el Estado. Solo piden que se pague lo que se les adeuda. Una comisión fue enviada para dialogar con los manifestantes, les ofrecieron realizar un pago parcial de lo adeudado, sin embargo, se han rehusado a aceptar pues es el sueldo de todas y todos o nada. 

Las madres de familia indicaron a este enviado especial que desde hace ya varias semanas tienen este problema, donde por falta de maestras y maestros, sus hijos no reciben una educación de calidad pues, las maestras, para suplir la falta de personal docente tienen que trabajar con diferentes grupos al mismo tiempo. 

En ese plantel educativo, que el mes pasado cumplió 60 años de haber sido rehabilitada, de hecho, refundada, reciben la educación primaria un aproximado de 170 alumnos. 

Las madres de familia inconformes se plantaron frente a la entrada del plantel, donde colocaron cartulinas donde escribieron sus exigencias, simplemente que las autoridades del Sistema Estatal Educativo Regular resuelvan el problema de la falta de maestras y maestros. No permitieron la entrada al director, profesor Esaú Rangel Zavala, quien entendió la postura de las señoras. 

El alcalde, Maestro Rubén Rodríguez Rodríguez dijo; “Atendí personalmente a madres de Familia de la Escuela Primaria Oficial Josefa Ortiz de Domínguez que demandan la pronta respuesta de solicitud de docentes”. 

Agregó, “Estuvimos hablando telefónicamente con el Director del SEER Crisógono Sánchez Lara y la Directora de Servicios Educativos Lety Castillo, aproveché también en dialogar y aclarar de mis permisos correspondientes sin goce de sueldo naturalmente. Estamos para servir y apoyar al pueblo y Escuela Josefa Ortiz. Cuentan conmigo”.  Las inconformes indicaron que su postura es firme; No nos vamos a retirar, no vamos a permitir que se abra la escuela, hasta tener una respuesta positiva.