En un video difundido en redes sociales se observa al sujeto sentado, mientras una persona lo amenaza con un machete frente al rostro. En la grabación también se escuchan las voces de quienes lo confrontaron, cuestionándolo sobre su identidad y actividades.

El individuo, de 36 años, manifestó ser originario de la colonia Quintas de la Hacienda y admitió realizar grabaciones, señalando que recibía pagos a través de redes sociales por este material, aunque aseguró desconocer a los compradores debido al uso de seudónimos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el desenlace de la retención. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) y las corporaciones de seguridad emitan un pronunciamiento en las próximas horas respecto a la situación legal del detenido.

En el Altiplano, los casos estremecen. En Matehuala, una niña de 11 años se convirtió en madre tras ser violentada por un hombre de 47 años, lo que derivó en una investigación por violación equiparada. Sin embargo, colectivos advierten que lo más probable es que el caso quede en la impunidad, como ocurre en numerosos episodios donde predominan condenas tardías, procesos judiciales débiles y acuerdos familiares que silencian los delitos.

En la Zona Centro, la Instancia Municipal de las Mujeres reportó un incremento de la violencia digital contra menores, con casos de difusión de imágenes íntimas y de grooming, donde adultos se hacen pasar por jóvenes en redes sociales para ganarse la confianza de niñas y adolescentes. La dependencia brinda acompañamiento psicológico y asesoría legal, pero advierte que se requiere mayor vigilancia del uso de internet en los hogares.

En la Zona Media, la Delegación del Centro de Justicia para las Mujeres documentó agresiones sexuales a niñas desde los 4 años. Aunque también se denuncian ataques contra mujeres adultas, la delegación enfatiza la gravedad de los delitos contra la niñez. Un dato peculiar es que los casos aumentan en marzo y suelen estar vinculados al consumo de drogas o alcohol por parte de los agresores, en su mayoría integrantes del círculo familiar de las víctimas.

En la Huasteca, la Red Libres mantiene la región bajo alerta por la persistencia de uniones tempranas forzadas, disfrazadas de relaciones sentimentales entre hombres adultos y niñas, lo que constituye violencia sexual. La ausencia de una fiscalía especializada en delitos sexuales complica aún más la documentación y atención de estos casos.

Pese a que numerosas denuncias se han documentado, tanto por instancias de gobierno como por organizaciones civiles, los procesos rara vez concluyen en sentencias condenatorias. Entre enero de 2019 y marzo de 2025 se abrieron 549 carpetas de investigación por abuso sexual y violación contra menores en la zona metropolitana, de las cuales solo dos llegaron a judicialización y apenas una concluyó en sentencia.

La Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, reconoció que estos delitos presentan un bajo índice de denuncias, pues “la mayoría de las víctimas decide no acudir a las instancias procuradoras de justicia, ya sea por coacción o por vergüenza, lo que imposibilita la persecución y encarcelamiento de los culpables”.

La realidad muestra que, a pesar de las diferencias regionales, en todo San Luis Potosí persisten dinámicas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La falta de acceso a la justicia, la escasez de albergues y programas de prevención, así como la normalización social de estas agresiones, mantienen a la infancia en una situación de vulnerabilidad permanente.

El funcionario federal indicó que estos menores, a quienes describió como “niños que no alcanzan a discernir las consecuencias”, han sido sorprendidos realizando tareas como vigilancia, traslado de armas, mensajería y apoyo logístico durante operativos criminales. Añadió que varios de los detenidos fueron encontrados a bordo de vehículos blindados y modificados para el combate, característicos del crimen organizado.

Méndez también denunció que algunos de estos menores no son originarios de Sonora, sino que han sido traídos desde otros estados por los propios grupos criminales. A esto sumó una fuerte crítica hacia la falta de supervisión familiar, responsabilizando a los padres por no vigilar la educación ni el entorno de sus hijos. El delegado propuso incluso triplicar las penas para adultos que recluten menores en actividades ilícitas, argumentando que “no puede ser que se usen niños como carne de cañón para delinquir”.

El incremento en las cifras es notable si se compara con el año pasado, cuando apenas se habían reportado 22 detenciones de menores en condiciones similares. El repunte coincide con una escalada de violencia en la región noroeste del país, particularmente tras los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, iniciados en septiembre de 2024 tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Aunque se han planteado estrategias para prevenir el reclutamiento de menores, hasta el momento no se han traducido en acciones concretas por parte de las autoridades federales o estatales.

La nueva ley también contempla que menores de edad, implicados en delitos de terrorismo, extorsión, secuestro y violación sexual, serán tratados bajo el mismo rigor penal. Según autoridades, esta reforma es un paso firme para contener los delitos cometidos por jóvenes.

El dictamen introduce modificaciones al Código Penal que determinan la imputabilidad de adolescentes de 16 y 17 años en el sistema de justicia penal, alineándolos con penas previstas para adultos.

Por otro lado, el Congreso evalúa una propuesta para implementar el servicio militar obligatorio en jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”. El proyecto contempla edades entre los 18 y 51 años y propone inculcar en ellos disciplina militar, como medida para promover una reintegración social y reducir el índice de desempleo en este sector.

Durante la sesión, se presentó una propuesta de protocolo de actuación para servidores públicos municipales, destinado a la atención y adecuada canalización de menores hacia la Procuraduría Municipal que se encarga de la niñez y adolescencia. Además, se abordaron iniciativas para promover una crianza adecuada y talleres de plan de vida para adolescentes y jóvenes, con el objetivo de ayudarles a definir sus metas futuras.

Cid González destacó la participación activa de los integrantes en favor de los menores, señalando que se está poniendo un énfasis especial en este grupo en la capital potosina.

En la Mesa Regional de Construcción de la Paz, se planearon estrategias para el próximo periodo vacacional, enfocadas en atender y prevenir la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres en diversas colonias de la capital. Miguel Hernández Calvillo y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, también participaron en la sesión. Se discutieron temas relacionados con la atención y seguimiento a casos recientes de violencia familiar y se propusieron medidas preventivas para estos grupos de la población.

Asimismo, se presentó el seguimiento de acciones relacionadas con la Alerta de Género, incluyendo la actualización del mapeo de zonas para garantizar entornos seguros, con la colaboración de diversas dependencias municipales.

Finalmente, se informó sobre la entrega de lentes graduados a niñas, niños y adultos en seis localidades: Arboledas de Jacarandas, Tlaxcala, Aranzazú, Tierra Blanca, Fraccionamiento Español y Delegación Villa de Pozos, como parte de los servicios integrales de salud.

Al arribo de los uniformados al centro de salud, la responsable del lugar indicó que había recibido a los menores de 7 y 8 años de edad, quienes pedían dinero y comida, al no poder ubicar a sus padres o tutores, reportó los hechos a las autoridades, para su debida atención, luego de notar que podrían ser víctimas de violencia.

Ante ello, la UEAVG, trasladó a los menores a la comandancia central, en donde, mediante el área de Trabajo Social, se les dio seguimiento a sus casos, sin poder establecer contacto con sus tutores legales, también fueron revisados por médicos de la comandancia, quienes indicaron que los niños presentaban cicatrización de heridas en algunas partes de su cuerpo y huellas de lesiones.

Mediante este antecedente, se le dio conocimiento a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), quienes indicaron avisar a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, para dar seguimiento de este posible caso de maltrato infantil y abandono. Los menores de edad fueron trasladados a un refugio para proteger su integridad y continuar con las investigaciones sobre este caso.

Cualquier acto que transgreda en los derechos de las niñas y niños a una vida libre de violencia, es motivo de sanción y se castiga con cárcel, por ello se exhorta a la población a denunciar cualquier acto de maltrato infantil a la Línea de Emergencias 911 o bien de forma anónima al 089.

Martinelli, de 31 años, perpetró los abusos durante un período de aproximadamente cinco años, entre 2007 y 2012. Posteriormente, ascendió a coordinador de actividades en el centro que alberga a los monaguillos de la basílica de San Pedro. La condena emitida por las autoridades eclesiásticas del Vaticano se refiere a los recientes abusos denunciados.

El sacerdote ya había enfrentado acusaciones previas en 2017 por abuso sexual cuando ejercía como clérigo en el norte de Italia. Sin embargo, las acusaciones fueron desestimadas en primera y segunda instancia debido a la supuesta falta de pruebas, según los jueces del Vaticano. La reapertura de la investigación tuvo lugar tras la publicación del libro “Pecado Original” escrito por Gianluigi Nuzzi, que denunciaba abusos ocurridos en el seminario entre 2011 y 2012.

El libro reprodujo las denuncias de Kamil Tadeusz Jarzembowski, un joven polaco, sobre los abusos en el seminario y reveló los repetidos abusos sufridos por un compañero de habitación, perpetrados por Martinelli en más de 140 ocasiones. La nueva condena marca un paso significativo en la respuesta de la justicia del Vaticano ante los casos de abuso sexual, subrayando la importancia de abordar y condenar estos actos para preservar la integridad de la comunidad religiosa.

Ruth González presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia apuntó que esa instancia, desde que comenzó la actual administración, redobló esfuerzos para identificar cuando se presenten estos casos, y brindar la asesoría y atención más oportuna y adecuada.

Son casos que dan mucha tristeza -atajó-, y que queremos hacer todo lo posible por prevenirlos y erradicar esas situaciones de abandono.

González invocó al reporte anónimo, para poder conocer cuando se identifique un caso de esa naturaleza, e intervenir lo antes posible.

El bienestar de los menores -acotó- siempre debe estar por encima de todo.

González agregó que, en forma aleatoria, el DIF Estatal identifica a menores de edad, en los cruceros de la calle, donde son sometidos a esquemas laborales.

Ahí lo que hacemos es que se les rescata a ellos -añadió- o a familias enteras, para que no estén en esas condiciones de vulnerabilidad, y se ayuda a su retorno a sus entidades de origen.

“Hicimos una semana de prevención en el área de Tamuín y la Zona Huasteca, e invitar a las familias, ya que tocamos el tema, que platiquen con sus hijos porque estamos viendo que hay consumo de menores a partir de los ocho años, gente que está involucrada en la delincuencia organizada desde los 15 o 16 años entonces invitarlos para que platiquen con sus hijos, eso nos va ayudar mucho”.

Precisó que el estupefaciente más accesible es el “cristal” por lo barato que resulta comprarla, y se trabaja para combatir su distribución y una muestra son las detenciones que se realizan a diario en toda la entidad.

Casi un 500% de las detenciones en el 2023 fueron por narcomenudeo y se les ha vinculado a proceso, “hemos sacado de circulación mucha droga que andaba en las calles, y seguimos con las tareas en el área preventiva como en el área reactiva, pero si estamos trabajando”.

Por último el mando policíaco pidió a las familias más apoyo para dialogar con niños, adolescente y jóvenes sobre estos temas, y así erradicar esta grave problemática en la infancia potosina.

Ante un agente del ministerio público de la Delegación II de la FGE con sede en Matehuala se presentaron familiares de una de las adolescentes afectadas para denunciar los hechos que casi le quitan la vida, presuntamente, al haber consumido bebida adulterada en Urban Park.

En la denuncia fueron relatados los hechos en donde se especifica que bastó con un “shot” para vomitar espuma y perder el conocimiento. A pesar de que pidieron ayuda, el personal del lugar se deslindó y tuvieron que acudir a buscar atención médica por sus propios méritos.

El diagnóstico médico arrojó que los jóvenes consumieron alcohol y droga, presuntamente en alta dosis dejando secuelas físicas y psicológicas en al menos uno de ellos.

La carpeta de investigación se inició por el delito de corrupción de menores, toda vez que en el antro se violentaron las leyes al permitir el acceso a menores de edad así como el consumo de bebidas alcohólicas, además de la distribución de droga.