Durante el arranque de obras en colonias del sur de la capital, Gallardo cuestionó la falta de inversión municipal en infraestructura. “es trabajo de los municipios pero a muchos no les gusta hacer su chamba, les gusta que venga el gobernador y que la haga”, afirmó. También señaló que, aunque el estado entrega recursos a los 59 municipios para mejorar las calles, estos fondos no siempre se destinan a su propósito original.

“gobierno del estado les da dinero a los municipios, a los 59, para que pavimenten las calles, pero muchos se gastan el dinero en otras cosas, prefieren tener funcionarios ganando un dineral, y el pueblo que se chingue”, expresó. En este sentido, insistió en la necesidad de un cambio en la administración municipal para evitar que continúe lo que calificó como una “mala gestión” de los recursos públicos.

Además, criticó la reciente repavimentación de la avenida Salvador Nava Martínez, argumentando que se rehabilitó una vía que no lo necesitaba, mientras que muchas colonias siguen en condiciones precarias. “¿para qué la vuelven la pavimentar, mientras mantienen tantas colonias jodidas?”, cuestionó.

Finalmente, reiteró que su administración priorizará las necesidades de las zonas más afectadas y llamó a la ciudadanía a exigir un manejo adecuado de los recursos municipales para evitar el rezago en infraestructura básica.

dejó una derrama económica superior a los 35 millones de pesos y generó una importante ocupación hotelera con estancias promedio de 4 días y 3 noches.

La Directora de Turismo de San Luis Capital aseguró que el evento reunió a más de 13 mil espectadores en el Súper Óvalo Potosino, además gracias a su transmisión televisiva, las bellezas de nuestra ciudad se promovieron en más de 17 países y ante una audiencia de más de 20 millones de espectadores.

Peralta Antiga reveló que gracias a la Nascar México Series, San Luis Capital sigue consolidándose como la Capital Latinoamericana del Turismo Deportivo, posicionándose como sede ideal para eventos de talla internacional.

Lecourtois López detalló que esta recuperación se originó por las observaciones realizadas a través del Laboratorio de Certificaciones, un proceso clave que ha demostrado su eficacia en la identificación de irregularidades. Explicó que, entre las acciones fiscalizadoras, algunas obras fueron repavimentadas y otras devolvieron dinero debido a fallas en la calidad, como el grosor de los materiales, detectadas por el laboratorio de obra pública.

El titular del IFSE expresó su satisfacción con los resultados obtenidos, pero no descartó que se generen más datos a medida que se continúen analizando las obras antes de finalizar el año.

De cara a 2025, Lecourtois López destacó que uno de los principales retos será fortalecer el laboratorio con certificaciones internacionales y agilizar los trámites mediante la consolidación de la firma electrónica avanzada, lo que permitirá hacer los procesos más accesibles y económicos.

Entre las dependencias que recibirán mayores recursos destaca la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, con un aumento del 163% al pasar de mil 221 millones a más de 3 mil 213 millones de pesos. También se proyecta un incremento del 57% para el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, que dispondrá de 200 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental contará con un presupuesto de 55 millones de pesos, 37.5% más que este año.

En contraste, 26 dependencias estatales no verán cambios en sus asignaciones. Entre ellas están el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que podría ser elevado a secretaría, pero mantendrá el mismo presupuesto de 33 millones de pesos. Gloria Serrato Sánchez, titular del instituto, señaló que un aumento permitiría fortalecer las estrategias de prevención y combate a la violencia de género.

Otra institución que repetirá su presupuesto es el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que seguirá operando con 5.2 millones de pesos, una cifra que plantea dudas sobre el impulso a la innovación en el estado.

El contexto económico nacional, con un crecimiento proyectado del 2.5% y una inflación estimada del 3.5% para el próximo año, podría limitar el impacto real del presupuesto aprobado. Además, las recientes decisiones legislativas, como el apoyo a la eliminación de organismos autónomos a nivel federal, subrayan las prioridades y restricciones en la administración pública local.

La discusión en el Congreso será determinante para definir el rumbo financiero del estado en 2025 y las áreas prioritarias en un entorno económico marcado por desafíos.

“Lo quise precisar porque pareciera que no le estamos cobrando, le estoy cobrando y con toda la fuerza; ya me actualizaron el dato, no son 120 millones de pesos, ese es de un crédito fiscal (…)  la suma total que le requerimos a la Minera México es de 220 millones de pesos” indicó Galindo. No obstante, el alcalde reconoció que, pese a los diálogos con la empresa, aún no se ha concretado un acuerdo que garantice el pago del adeudo, lo cual plantea el riesgo de que se acumule también el monto correspondiente al año 2025.

Además, Galindo extendió un llamado a todos los contribuyentes, en especial a los grandes deudores, para que regularicen sus pagos. Invitó tanto a empresas como a la ciudadanía a aprovechar los descuentos disponibles para ponerse al día en el pago del predial. “No hemos dejado de cobrarle a nadie, al contrario, para los grandes deudores hay una invitación a que se acerquen y podamos llegar a acuerdos, a  convenios de pago, si es que no tienen suficiencias presupuestales; y ahorita mismo invitaría a la población en términos generales a que hay descuentos, es una buena época para hacer descuentos y ponerse al día en el predial” señaló el alcalde.

El secretario explicó que este problema se originó por un adeudo heredado de la administración anterior, que era de mil millones de pesos y que, con el tiempo, ha crecido hasta los 2,500 millones. Este aumento representa más del 75% respecto al monto inicial, ya que se intentó saldar la deuda sin considerar los intereses generados.

Al tratarse de pensiones, la deuda incluye el pago del interés compuesto, lo que implica que los 1,000 millones de pesos podrían elevarse hasta 3,500 millones debido al incumplimiento de pagos y los altos intereses acumulados, que podrían ser retenidos si no se cumplen las obligaciones.

El convenio original estipulaba que la deuda se cubriría con participaciones federales, algo que no se ha concretado. Esta situación ha sido comunicada al nuevo secretario de Educación Federal y se ha identificado como uno de los principales desafíos. La SEGE confía en que se pueda resolver la deuda antes de 2028 para evitar un aumento adicional en los próximos años.

Según Gallardo, se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Finanzas del Estado para desarrollar un presupuesto que refleje los ingresos propios, con el objetivo de disminuir la dependencia de los fondos federales. Esto se logrará mediante la optimización de procesos presupuestales y una asignación más eficiente de los recursos.

El gobernador enfatizó que la proyección de 60 mil millones de pesos permitirá un aumento en el apoyo a las familias potosinas. Este presupuesto facilitará la ejecución de nuevas obras y programas sociales, así como la atracción de inversión extranjera, lo que contribuirá al desarrollo económico del estado y mejorará las condiciones de vida de sus habitantes.

A pesar del ligero aumento salarial, Gámez Macías subrayó que, en términos reales, el presupuesto continúa siendo reducido. En 2021, el entonces denominado Auditoría Superior del Estado recibió 322 millones de pesos, y con una inflación acumulada del 24% hasta 2025, la asignación actual refleja una política de contención del gasto que ha mantenido la tendencia a la baja en los últimos años.

Durante la discusión, la diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza destacó la necesidad de apoyar a los trabajadores por honorarios, quienes no cuentan con prestaciones a diferencia de los empleados de base. Al mismo tiempo, los diputados Sara Rocha Medina y Marco Antonio Gama Basarte solicitaron un informe detallado sobre las actividades del IFSE, haciendo énfasis en la importancia de fortalecer la supervisión de los entes auditados.

El auditor superior, Rodrigo Lecourtois López, entregó el proyecto de presupuesto el 30 de septiembre, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Durante la sesión, Lecourtois explicó que no se han otorgado nuevas plazas de base en su gestión y que la implementación de la firma electrónica reducirá costos y agilizará procesos en la institución. También destacó el compromiso del personal, muchos de los cuales trabajan horas adicionales sin compensación extra.

Además de la aprobación del presupuesto, en la reunión se dio luz verde al Plan de Trabajo de la Comisión de Vigilancia para el próximo año.

Este día, un grupo de jubilados llevó a cabo un plantón frente a las oficinas del Poder Judicial, reclamando el pago de las prestaciones que les corresponden. Con pancartas, exigieron que se les entregue el dinero que, por derecho, les pertenece.

Morales Silva señaló que la reunión para discutir este tema con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se ha retrasado debido a las actividades relacionadas con el informe de gobierno, pero aseguró que el encuentro tendrá lugar pronto. “Podría comentar que estamos en pláticas, yo espero entrevistarme un poco tiempo con el señor gobernador. Ahorita por las actividades propias, no ha sido posible pero yo estoy seguro que en poco tiempo nos vamos a entrevistar con él para ver de qué forma se puede definir esta situación”, comentó.

El monto requerido asciende a 90 millones de pesos, y se espera que el préstamo sea autorizado por el gobierno estatal. El propio gobernador, en declaraciones recientes, expresó su respaldo al Poder Judicial, lo que deja abierta la posibilidad de que se logre una solución en el corto plazo.

Una parte significativa de los recursos, 132 millones de pesos, fue destinada a 125 proyectos de infraestructura urbana y seis programas, lo que resultó en la rehabilitación de más de un millón de metros cuadrados de pavimento en calles y avenidas clave de la ciudad. En el ámbito social, se asignaron 5 millones de pesos para programas de asistencia comunitaria.

El financiamiento también ha impulsado proyectos de infraestructura agropecuaria y salud, destacando la distribución de medicamentos especializados. Además, se destinó una suma considerable de 824 millones de pesos para la gestión de residuos sólidos urbanos, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

Los integrantes de Codesol subrayaron la importancia de estas acciones, valorando el compromiso del alcalde Galindo en áreas esenciales como la seguridad, la educación y el acceso a agua potable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes.