La jornada legislativa transcurrió en medio de un ambiente de tensión, con acusaciones, gritos y un connato de pelea entre diputados del PAN y del PT, lo que obligó a la Mesa Directiva a llamar al orden en varias ocasiones.

Objetivos centrales de la nueva Ley General de Aguas

El análisis y dictamen de la reforma estuvo a cargo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que incorporó diversos cambios tras semanas de diálogo y presión social.

Entre los objetivos principales de la Ley General de Aguas se encuentran promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para el consumo personal y doméstico, así como impulsar la cultura del agua en todo el país.

De acuerdo con el dictamen aprobado en lo general, la reforma contempla, entre otros puntos:

• Establecer bases de políticas públicas con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad.
• Que el Estado sea el único regulador del uso del agua.
• Eliminar la transferencia de derechos de agua entre particulares.
• Que las concesiones no utilizadas regresen a Conagua para su reasignación.
• Reconocer la responsabilidad hídrica como criterio para el acceso sostenible.
• Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua.
• Modificar el pago de cuotas para evitar el acaparamiento.
• Establecer reglas claras para concesiones de uso agrario.
• Fortalecer la detección de usos irregulares y el régimen de sanciones.
• Incluir un catálogo de delitos hídricos.

Postura del gobierno federal y de Conagua

Previo a la votación, el director general de Conagua, Efraín Morales López, aseguró que el paquete de reformas representa “un acto de justicia para el pueblo de México”, al ordenar el sistema de concesiones y evitar la sobreexplotación del recurso.

Modificaciones impulsadas por Monreal

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, presentó una serie de modificaciones clave a la iniciativa.

Entre los ajustes, se establece que el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho humano al agua, mediante la integración de un Órgano Interno de Control.

También se reconoce al agua como parte de la Estrategia Nacional Hídrica y se fortalecen las atribuciones de los Organismos Operadores, encargados de la extracción, potabilización, distribución, drenaje, facturación y cobro.

Además, se fijó un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen su legislación, con el fin de asegurar la coherencia normativa.

Las protestas del campo y el acuerdo con agricultores

En semanas pasadas, agricultores y productores del campo realizaron protestas en varios estados al considerar que la reforma afectaba la transmisión y renovación de concesiones agrícolas, al impedir que los derechos de agua se heredaran o vendieran junto con la tierra.

Los manifestantes señalaron que la iniciativa generaba incertidumbre sobre su patrimonio y herencias familiares, además de que no contemplaba apoyos suficientes para el sector productivo.

Tras las movilizaciones, que incluyeron bloqueos como el del puente internacional Zaragoza–Ysleta, y el diálogo en San Lázaro, los agricultores informaron que el gobierno se comprometió a seguir discutiendo mecanismos para garantizar que el agua esté al servicio de la producción de alimentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este lunes 1 de septiembre comenzará una nueva era legalidad y justicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que por la tarde rendirán protesta los nuevos ministros elegidos por voto popular tras la reforma judicial.

Al encabezar un mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno, la mandataria celebró que la reforma judicial permitió que en junio se realizaran elecciones para elegir a los nuevos integrantes de la Corte.

Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y Justicia para todas y para todos. Un verdadero Estado de derecho”, indicó.

Más tarde, señaló que confía en que los nuevos integrantes del Poder Judicial permitirán avanzar en la lucha contra la impunidad, luego de las reformas presentadas por su administración para garantizar la seguridad de las víctimas que denuncien.

La presidenta destacó que en lo que va de su gobierno, el Congreso ha aprobado 40 nuevas leyes para resarcir el “daño provocado por el periodo neoliberal”.

Entre las reformas que destacó se encuentran la que se hizo en materia de defensa de la soberanía, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.