Estados Unidos está preparando posibles operaciones militares contra objetivos vinculados al narcotráfico en Venezuela, de acuerdo con un reporte de NBC News basado en fuentes anónimas, entre ellas dos funcionarios estadounidenses.

OPERACIONES EN DISCUSIÓN

El informe señala que los planes, aún sin la aprobación del presidente Donald Trump, contemplan ataques con drones contra traficantes y laboratorios de drogas en territorio venezolano. Las acciones podrían ejecutarse en las próximas semanas, lo que representaría una nueva fase en la estrategia antidrogas del gobierno estadounidense.

PRECEDENTES EN EL MAR CARIBE

La información se da a conocer después de que ataques militares de Estados Unidos destruyeran al menos tres embarcaciones cerca de la costa venezolana en semanas recientes. De acuerdo con Washington, las naves transportaban drogas con destino a su territorio; sin embargo, críticos calificaron las operaciones como un uso desproporcionado de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.

POSTURA OFICIAL

Ante la consulta de la cadena, el Ejército estadounidense declinó hacer comentarios. Por su parte, la Casa Blanca reiteró que considera “inaceptable” la supuesta colaboración de Venezuela en el envío de drogas y miembros de bandas hacia Estados Unidos.

El juez Frederic Block designó como nuevo abogado al penalista Mark deMarco, quien sustituirá a Michael Vitaliano debido a un posible conflicto de interés. Caro Quintero, sin embargo, conservará a Elizabeth Macedonio como parte de su defensa. Ambos abogados fueron nombrados por las autoridades estadounidenses para representarlo en el juicio donde enfrenta cargos que podrían derivar en la pena de muerte.

La audiencia de este viernes, que marcaría el inicio formal del juicio, fue cancelada y hasta ahora no se ha anunciado una nueva fecha para su reprogramación. El calendario de la Corte ya no contempla ninguna audiencia relacionada con el caso en los próximos días.

Al fundador del extinto Cártel de Guadalajara se le acusa de dirigir una empresa criminal, conspiración para asesinato —incluido el caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985—, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas de fuego con fines de narcotráfico.

Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos a finales de febrero junto con otros 27 presuntos líderes del crimen organizado. Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera del inicio de su juicio.

La entrega tuvo lugar en la garita internacional de Santa Teresa, ubicada en El Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. En el operativo participaron autoridades del Consulado General de México en El Paso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal.

Las personas repatriadas serán ingresadas al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, donde cumplirán el resto de sus condenas. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la decisión de traslado fue solicitada por los propios sentenciados, quienes optaron por continuar sus procesos penales en México.

Según datos del Departamento de Justicia, los 13 individuos enfrentaban sentencias por delitos relacionados con el tráfico y distribución de sustancias como cocaína, metanfetamina y fentanilo. El organismo indicó que, al concretarse esta repatriación, se logró un ahorro estimado de tres millones de dólares en costos de encarcelamiento.

Esta es la transferencia número 184 realizada desde Estados Unidos hacia México bajo el marco del tratado bilateral. En contraste, el pasado 27 de febrero, el gobierno mexicano transfirió a 29 personas a las autoridades estadounidenses, entre ellas figuras señaladas por su vinculación con grupos delictivos, como Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Las autoridades estadounidenses afirman que esta organización ha sido uno de los principales proveedores de drogas en Estados Unidos durante más de dos décadas. “El Mochomito” es identificado como un miembro clave en su estructura operativa. Hijo de Alfredo Guzmán Leyva —actualmente cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos— y sobrino de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, Beltrán Guzmán fue detenido en 2016 por posesión de armas y cocaína, pero fue liberado en 2021.

La decisión de sancionarlo ocurre meses después de una de las incautaciones de fentanilo más grandes en la historia del país. El 3 de diciembre de 2024, autoridades mexicanas realizaron un operativo en Guasave y Ahome, Sonora, donde fueron arrestados dos líderes ligados al mismo cártel. Se estima que el decomiso representaba el equivalente a 20 millones de dosis de esta sustancia sintética.

A las acusaciones por narcotráfico se suma la sospecha de su participación en el asesinato de Halexy Guadalupe, agente de seguridad asignada al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ocurrido el 18 de diciembre de 2024.

Los cárteles incluidos en la lista son el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, acusados de operar redes de tráfico de drogas y personas. La orden ejecutiva, firmada el 20 de enero, otorga al secretario de Estado, Marco Rubio, un plazo de dos semanas para concretar la designación.

Además de los cárteles mexicanos, la medida abarcaría a otros grupos criminales en América Latina, como el Tren de Aragua en Venezuela, el Clan del Golfo en Colombia y la Mara Salvatrucha (MS-13), con presencia en El Salvador y Estados Unidos. En particular, el Clan del Golfo ha sido señalado por su papel en el tráfico de cocaína y el control de rutas migratorias en la selva del Darién.

Analistas advierten que la clasificación como terroristas podría tener consecuencias en diversos frentes, desde la cooperación bilateral en seguridad hasta la renegociación de acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque la legislación estadounidense vincula el terrorismo con motivaciones políticas, la designación permitiría ampliar la jurisdicción de sus agencias para investigar y actuar contra los cárteles fuera de su territorio.

El impacto de esta decisión en la relación entre México y Estados Unidos aún está por definirse, pero marca un cambio en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El hallazgo ocurrió luego de que la semana pasada se decomisaran vehículos robados en la misma zona. A raíz de esto, la Fiscalía General del Estado y colectivos de búsqueda realizaron una inspección más amplia, encontrando cuerpos en descomposición, osamentas y diversas prendas de vestir.

Las autoridades continúan con excavaciones para identificar a las víctimas y recabar más indicios sobre el posible uso del lugar para desapariciones forzadas. Mientras tanto, elementos de seguridad mantienen presencia en la zona para dar seguimiento a las investigaciones.

Afuera del tribunal en Brooklyn, su esposa, Linda Cristina Pereyra, y su hija, Luna García, fueron recibidas por manifestantes que exigían “justicia”. Los asistentes sostenían pancartas en contra del ex presidente Calderón, al que también se le relaciona con el caso.

Durante la presentación judicial del 19 de septiembre, se reveló que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán. A cambio, se le acusó de proteger a los narcotraficantes, notificándoles sobre operativos policiales y obstaculizando las detenciones de líderes criminales.

Los fiscales afirmaron que bajo su supervisión, se enviaron más de un millón de kilogramos de cocaína desde México a Estados Unidos utilizando diversos medios de transporte. Testigos en el juicio de “El Chapo” habían declarado que García Luna había recibido al menos 6 millones de dólares en sobornos, y que el cártel había establecido un fondo de hasta 50 millones de dólares para asegurar su protección.

Además, se le acusa de intentar manipular el veredicto de su juicio anterior, buscando sobornar a reos para que respaldaran testimonios falsos relacionados con la comunicación entre testigos del Gobierno.

Sheinbaum subrayó que México ha trabajado arduamente para reducir la inseguridad y que la reciente encuesta de la Ensu refleja los esfuerzos implementados en la lucha contra la delincuencia y la búsqueda de una mayor seguridad. “México ha avanzado en la disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más”, afirmó.

La presidenta electa destacó que “donde se pueda trabajar conjuntamente, se trabaja”, pero enfatizó que siempre se defenderá la soberanía de México.

En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que, si vuelve a la presidencia, tendrá mano dura con los cárteles de la droga y que México deberá alinearse rápidamente o podría ser considerado un narcoestado.

La aparición de este contenedor, marcado con manchas hemáticas y acompañado de un mensaje atribuido a Los Zetas Vieja Escuela (ZVE), provocó una inmediata movilización policial.

El incidente ocurrió cerca del kilómetro 218, entre los poblados de Alfredo Buenfil y Los Vergeles.

Automovilistas que pasaban por el área notaron la hielera de colores rojo y blanco y alertaron a las autoridades.

Imágenes del contenido de la hielera, mostrando partes desmembradas de un cuerpo masculino, comenzaron a circular en redes sociales.

La identidad de la víctima permanece desconocida, ya que no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades de Tamaulipas.

La cartulina encontrada con la hielera contenía un mensaje firmado por el grupo criminal ZVE, conocido por su violenta rivalidad con facciones del Cártel del Golfo.

El mensaje sugiere una justificación para el acto violento, refiriéndose a la víctima como no inocente.

Tras el descubrimiento, se estableció un perímetro de seguridad para recolectar evidencia y trasladar los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Un informe de AC Consultores, en San Fernando operan múltiples células criminales, incluyendo a ZVE, que también tiene presencia en otros estados como Veracruz y Chiapas.

El informe destaca al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la organización con mayor expansión territorial en México, seguido por el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República no pudo justificar las acusaciones de posesión ilegal de armas y delitos contra la salud. La decisión ha generado críticas, incluyendo las de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien lo interpretó como complicidad gubernamental con el crimen organizado. Esta liberación se produce en un contexto de presión internacional para que México enfrente el narcotráfico, particularmente el del fentanilo.

En medio de la presencia del CJNG, Jalisco es el quinto estado con más homicidios en México, al registrar 459 de los 7,155 cometidos a nivel nacional en el primer trimestre del año, según datos oficiales. La liberación del presunto narcotraficante ocurre mientras crece la presión de Estados Unidos para que México combata el narcotráfico, en particular el de fentanilo, en medio de las elecciones presidenciales que este año coinciden en ambos países.