El caso se originó a finales de diciembre de 2024, cuando Abraham fue atropellado por Carlos Adrián Cepeda Echavarría, delegado de la Sedesore en Aquismón y conocido empresario. Tras el accidente, el funcionario abandonó al joven en un hospital local y amenazó a la familia para evitar acciones legales en su contra. Sin encontrar atención adecuada en la Huasteca, la familia trasladó a Abraham a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, donde el Hospital General de Soledad aceptó recibirlo.

Sin embargo, en el hospital tampoco recibió el tratamiento necesario. Durante días, Abraham permaneció en una camilla mientras su lesión, infectada desde el accidente, empeoraba hasta desarrollar necrosis. Los familiares afirman que, con los recursos y personal adecuados, la situación podría haberse evitado. Ahora, Abraham enfrenta un futuro sin su pierna, una pérdida que podría haberse prevenido.

“Abraham todavía me pregunta dónde está su pierna. Aún no concibe que se la hayan cortado”, compartió entre lágrimas la abogada Xóchitl Tolentino. Además del dolor físico y emocional, la familia enfrenta dificultades económicas al tener que costear medicamentos que el hospital no provee, como analgésicos esenciales.

El delegado Cepeda Echavarría, cuya hermana ocupa un alto cargo en el gobierno estatal, ha utilizado sus influencias para evadir responsabilidades, según la abogada. Mientras tanto, la familia de Abraham lucha por superar esta tragedia y obtener justicia en un sistema que parece favorece a los poderosos.

En los próximos días, se espera que las autoridades actúen para resarcir los daños causados a Abraham y su familia. Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de salud más humano y eficiente, así como de un aparato judicial que no permita la impunidad.

Según los reportes iniciales, tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables, aunque este hecho ha reavivado las críticas hacia el hospital, que en ocasiones anteriores ha registrado situaciones similares. Diversos sectores sociales y activistas denuncian que, en lugar de recibir el trato adecuado, algunas mujeres en labor de parto han sido desatendidas, viéndose obligadas a dar a luz en condiciones inadecuadas y de riesgo.

Este nuevo caso de omisión médica ha generado reclamos de violencia obstétrica y un llamado urgente a las autoridades para intervenir en la administración del hospital, con el objetivo de prevenir que estos episodios sigan ocurriendo. Además de estos casos de negligencia obstétrica, el Hospital General de Zona 1 enfrenta acusaciones por el mal estado de sus instalaciones e, incluso, reportes de acoso sexual por parte de su personal médico, aumentando la preocupación de la población potosina sobre las condiciones de atención en este centro de salud.

El parto de Ximena ocurrió en el Hospital Marcharbel, donde, según relata, el médico responsable, Teódulo, no estuvo presente. En su lugar, otro ginecólogo le aplicó la maniobra de Kristeller, una técnica invasiva que acelera el parto presionando el abdomen, sin explicarle los riesgos ni obtener su consentimiento. A las 9:05 a.m., el bebé nació, pero no hubo un pediatra en el lugar para recibirlo. La pediatra encargada, identificada como Laura, llegó 15 minutos después, cuando ya intentaban reanimarlo.

Humberto denunció que, a pesar de haber pagado por estar presente durante el parto, se le impidió el acceso en todo momento. Ante la situación crítica del bebé, intentaron trasladarlo al Hospital del Niño y la Mujer, pero las doctoras Ingrid y Laura les negaron el acceso, indicando que debían acudir a una clínica del IMSS por ser derechohabientes.

Finalmente, el bebé fue trasladado a la Clínica No. 1 del IMSS, donde, según los padres, la subdirectora Irene les exigió 30 mil pesos en efectivo para aceptar al bebé, ya que provenía de un hospital privado. A pesar de los esfuerzos, el recién nacido falleció días después.

Los padres ahora buscan justicia, señalando una cadena de negligencias en los tres hospitales que, aseguran, contribuyeron a la muerte de su hijo.

La paciente, aquejada de dolores abdominales, acudió al Hospital Central, donde le diagnosticaron miomatosis uterina. El personal del hospital indicó que la solución sería una cirugía para extraer el útero, pero tuvo que esperar aproximadamente seis meses mientras soportaba sangrado y dolor severo.

Desesperada por la falta de atención inmediata, se trasladó al Hospital General de Soledad, donde se le diagnosticó cáncer cervicouterino tras realizarse nuevos estudios. En este hospital enfrentó la falta de insumos y de especialistas.

Para deslindarse de la responsabilidad, el hospital trasladó a la paciente de regreso al Hospital Central, que también carecía de especialistas y equipos médicos necesarios. La ausencia de atención adecuada permitió que la enfermedad progresara y, finalmente, el hospital suspendió las quimioterapias, lo que condujo al fallecimiento de la paciente.

La familia presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la remitió al Colegio de la Profesión Médica para su evaluación. Aunque se realizó una investigación, el Colegio determinó que, a pesar de las pruebas aportadas por la familia, no se encontró negligencia.

El dictamen del Colegio de la Profesión Médica ha generado indignación entre la población, que considera que la falta de insumos y especialistas, junto con un diagnóstico incorrecto, son claros indicios de negligencia médica. Los documentos proporcionados por la familia de la víctima confirman que el personal médico admitió la falta de recursos y un diagnóstico erróneo en el Hospital Central.

La comunidad de San Luis Potosí expresa su preocupación por el deterioro del servicio de salud en el estado y teme que la falta de atención médica adecuada continúe afectando a los ciudadanos. Hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para implementar estrategias que mejoren, en lugar de perjudicar, la salud de la población.

A continuación, se presentan los documentos emitidos por los hospitales que evidencian el aparente diagnóstico incorrecto y la carencia de insumos en la atención urgente de la paciente.

Todo comenzó cuando la niña recibió una vacuna en su escuela y sufrió una reacción negativa, lo que la llevó al hospital. Trágicamente, falleció poco después. Aunque los diagnósticos iniciales indicaban una trombosis venosa profunda y lesiones cutáneas postvacunales, el hospital posteriormente informó a la familia que la muerte se debió a una neumonía.

La falta de transparencia por parte del hospital ha llevado a una denuncia anónima ante el Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí. Hasta el momento, las víctimas no han recibido respuestas claras, dos semanas después del fallecimiento de la niña.

Ante esta situación, la asociación ha emitido un comunicado instando a la Secretaría de Salud del Estado y al Hospital del Niño y la Mujer a esclarecer los hechos y la causa oficial del fallecimiento.