“Obviamente es algo que no apoyamos, nosotros creemos en la libertad de prensa (…) Es importante que la prensa pueda informar en libertad sobre los temas que son importantes para los americanos, de una manera que los reporteros se sientan seguros y a salvo y no exhibidos o atacados”, dijo en conferencia de prensa.

Ayer, el presidente López Obrador divulgó en su conferencia matutina datos personales de Natalie Kitroeff, jefa de Corresponsalía del NYT. Además, arremetió contra el diario estadounidense, al que calificó de “pasquín inmundo“.

El medio buscó a su gobierno para que fijara su postura sobre el reportaje que aborda una supuesta reunión entre uno de sus cercanos y el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, previo a la elección de 2018.

López Obrador leyó el cuestionario enviado a la vocería de la Presidencia en el que se consulta si el gobierno conocía la investigación que señala reuniones y pagos millonarios a “aliados cercanos” del presidente por parte de cárteles de la droga. De acuerdo con el NYT, la indagatoria está basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero.

La divulgación de la información personal de la comunicadora generó una serie de críticas en contra del mandatario federal, acusado de vulnerar la libertad de prensa.

En respuesta, el mandatario dijo que “no fue un error” y aseguró que “no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad, prohibido prohibir”.

“Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México (…) por encima de esa ley (de protección de datos personales) está la autoridad moral y la autoridad política, yo represento a un país y a un pueblo que merece respeto”, dijo el mandatario.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses pasaron años investigando acusaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y les quitaron millones de dólares después de que él asumió el cargo, según registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto”, se lee en el arranque del texto

En el texto se precisa que la investigación se realizó mientras el presidente se ha desempeñado en el cargo, se detalla también que previamente se tuvo información que apuntaba a vínculos de “funcionarios mexicanos” con “poderosos agentes de cárteles”, pero que no se había realizado una investigación, pero fue hasta la actual administración que se realizó la misma.

Se detalla también como antecedente que, desde el año 2006 hubo una investigación dirigida por la DEA, en la que se hacían señalamientos sobre donativos por millones de pesos a la campaña presidencial de López Obrador en ese año en la que fue derrotado por escaso margen por Felipe Calderón.

Después de recuperar la postura externada por el presidente este jueves en el sentido de que la investigación es una “falsedad”, el diario destaca que aunque sí hubo investigación no se encontraron las conexiones:

“Los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales”, se detalla.

El texto del diario estadounidense puntualiza que parte de la investigación fue sobre entregas de dinero

“Uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, un alto líder del cartel de la droga de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

“Una fuente diferente les dijo que después de la elección del presidente, un fundador del notoriamente violento cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión.

“Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga, según muestran los registros”, se cita en tres párrafos de la publicación.

Los autores del texto Alan Feuer and Natalie Kitroeff detallan que esta investigación es complicada para el gobierno de Estados Unidos puesto que es entrar en una “confrontación directa”.

“Para Estados Unidos, presentar cargos penales contra altos funcionarios extranjeros es una tarea rara y complicada. Construir un caso legal contra López Obrador sería particularmente desafiante. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano, finalmente los retiró después de que su arresto provocó una ruptura diplomática con México”.

Derivado de los pronunciamientos del presidente, el diario incluyó su respuesta en el reporte y, además, publicó una nota en su cuenta de comunicados en la que lamenta las críticas al medio:

“Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento”.

La nota del diario aclara que actualmente ya no tienen abierta la investigación contra los colaboradores del presidente y que en todo momento se mantuvo cautela durante la misma, sin embargo, parte del trabajo consistió en mantener reuniones de funcionarios estadounidenses con mexicanos.

“Los esfuerzos para escudriñar a los aliados de López Obrador ya no están activos, la revelación de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos estaban examinando silenciosamente acusaciones de corrupción en su contra podría ser en sí misma perjudicial”, se aclara.

“La administración Biden ha manejado a López Obrador con mucho cuidado, evitando las críticas públicas y enviando repetidamente a altos funcionarios a la Ciudad de México para reunirse con él y presionar en privado para que se apliquen medidas migratorias sostenidas”, explican los autores.

También se reseña el caso de la detención e investigación en contra del general Salvador Cienfuegos, un exsecretario de la Defensa que fue retenido en el aeropuerto de Los Ángeles en octubre del 2020 y que derivó en un episodio de tensión entre ambos gobiernos:

“En una investigación de varios años denominada ‘Operación Padrino’, los fiscales acusaron al general Cienfuegos de utilizar los poderes de su cargo para ayudar a un grupo criminal violento llamado cartel H-2 a llevar a cabo sus operaciones de narcotráfico.

“Su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles provocó furor dentro del gobierno mexicano, particularmente entre los líderes de las fuerzas armadas del país, que han asumido mayores responsabilidades y poder bajo el gobierno de López Obrador” se detalla.

Incluso se menciona que personalmente el presidente López Obrador intervino para que se echara abajo el proceso contra Cienfuegos.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo una fuerte presión de López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación, enviando al general Cienfuegos de regreso a México”.