Tras una sesión de casi seis horas, el pleno avaló las reformas a la Ley Federal de Derechos, la Ley del IEPS y el Código Fiscal de la Federación, las cuales fueron turnadas al Ejecutivo federal para su publicación. La Ley de Ingresos será discutida este miércoles.

El nuevo esquema establece un impuesto de 3.08 pesos por litro a bebidas azucaradas, con la posibilidad de reducción si las empresas disminuyen el contenido calórico. Además, incrementa de 160% a 200% el IEPS sobre productos con nicotina, impone un gravamen del 8% a videojuegos violentos y aumenta de 30% a 50% los impuestos a las apuestas en línea.

La oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, calificó las medidas como “terrorismo fiscal”, argumentando que su propósito es meramente recaudatorio. En contraste, Morena defendió que la reforma busca proteger la salud pública y fortalecer los ingresos nacionales.

Entre los ajustes adicionales, se elevarán las cuotas por servicios migratorios, permisos aeronáuticos, y el acceso a museos y zonas arqueológicas, aunque solo aplicará para extranjeros. También se actualizarán las tarifas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y los derechos por uso del espectro radioeléctrico.

El Código Fiscal de la Federación otorgará al SAT la capacidad de acceder en tiempo real a datos de plataformas digitales y sancionar la emisión de comprobantes falsos, medidas que, según el Gobierno federal, buscan cerrar brechas de evasión y modernizar la fiscalización.

El dictamen fue aprobado con 76 votos a favor y 38 en contra, consolidándose como una de las reformas fiscales más amplias y polémicas del actual sexenio.

El documento plantea estimaciones realistas en variables clave: inflación promedio de 3.65%, tasa de interés de 6.6%, tipo de cambio en 19.3 pesos por dólar y precio del petróleo en 54.9 dólares por barril. Sin embargo, el costo financiero de la deuda crecerá 9.4% y limitará el espacio fiscal. La deuda pública equivaldría a 151 mil pesos por persona y su costo superará el gasto en salud o educación, lo que plantea un reto de sostenibilidad en el largo plazo.

Entre los puntos centrales destacan las transferencias a Pemex y CFE, que representan un alto costo de oportunidad: para Pemex se contemplan 263 mil 500 millones de pesos, cifra equivalente a más de tres veces el presupuesto de salud para población sin seguridad social. En tanto, los ingresos públicos alcanzarían 8.72 billones de pesos, con un refuerzo de 136 mil 994 millones vía la Miscelánea Fiscal, que incluye aumentos a impuestos sobre tabaco, bebidas azucaradas, apuestas y videojuegos.

El gasto total ascenderá a 10.2 billones de pesos, con incrementos en salud, educación y programas sociales. No obstante, persisten desafíos por la creciente presión de las pensiones, que en 2026 absorberán 2.3 billones de pesos, así como por el bajo nivel de inversión en medio ambiente, que tendrá un recorte de 4% respecto a 2025. A pesar del aumento en inversión pública —que privilegiará a Pemex, CFE y proyectos ferroviarios—, el espacio fiscal apenas será de 1.9% del PIB.

El paquete incluye además la creación de un Anexo Transversal de cuidados con 466 mil millones de pesos, aunque sin recursos adicionales; y la conformación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), cuyo papel en la coordinación fiscal aún genera dudas. Con este panorama, el Paquete 2026 plantea un presupuesto histórico, pero condicionado por la deuda, las pensiones y la necesidad de una reforma fiscal de fondo.