Según el titular Jesús Juárez Hernández, el disparo causó una lesión en la espalda del jefe de grupo encargado de la zona. El policía que accionó el arma fue puesto a disposición de las autoridades para esclarecer el hecho ocurrido durante la operación.

El oficial herido recibió atención médica y permanece en observación, en espera de un informe definitivo sobre su estado de salud. Juárez Hernández reiteró que la corporación mantiene protocolos de control de confianza y capacitación para sus elementos.

Finalmente, el secretario aseguró que se reforzarán medidas disciplinarias contra quienes falten a los valores y protocolos de la institución, destacando la importancia de contar con personal preparado y comprometido con la seguridad ciudadana.

El modus operandi de los estafadores:

Los reportes indican que estos sujetos utilizan distintas estrategias para engañar a los trabajadores de tiendas y depósitos:

Realizan pedidos falsos y fingen haber hablado previamente con el dueño del negocio. Solicitan productos o dinero en efectivo, asegurando que la transacción ya fue acordada.

En algunos casos, dejan mercancía dañada a cambio de dinero, con la excusa de que ya existe un trato con el propietario. Los estafadores han sido captados en imágenes junto con el vehículo en el que se desplazan, por lo que se recomienda a los comerciantes extremar precauciones.

Es fundamental que los empleados: Verifiquen directamente con el dueño antes de entregar cualquier producto o dinero. Desconfíen de pedidos inesperados o urgentes, especialmente si no hay una orden previa confirmada.

Reporten cualquier intento de fraude a las autoridades locales. El llamado es claro: no caigas en el engaño. La comunidad debe mantenerse alerta y actuar con precaución para evitar ser víctima de estos delincuentes.

María Manuela García Cázares, titular de la FGE, informó que Daniela desapareció el 6 de enero y perdió la vida el día siguiente. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a un predio en el municipio de Zaragoza. La denuncia por su desaparición fue interpuesta por su familia el 8 de enero.

En conferencia de prensa, la fiscal detalló que cinco personas han sido detenidas y están acusadas de secuestro agravado y privación ilegal de la libertad. De acuerdo con las investigaciones, los presuntos responsables formarían parte de una célula del crimen organizado.

García Cázares también descartó que el caso sea tipificado como feminicidio, reiterando que la principal línea de investigación está relacionada con la venta de drogas. “Se manejaron tres líneas de investigación, pero la que se consolidó fue el tema del narcomenudeo”, declaró.

No obstante, en su momento, la familia de Daniela Martell expresó su inconformidad con esta versión oficial, argumentando que se trata de una narrativa que revictimiza a la joven y desvía la atención de lo verdaderamente importante: la exigencia de justicia.

La divulgación de estos detalles generó críticas sobre el manejo del caso y el trato a la memoria de la víctima. Colectivos y ciudadanos han exigido que las autoridades prioricen la verdad y la justicia sin criminalizar a Daniela.

El caso continúa en proceso y se espera que las investigaciones ofrezcan mayor claridad sobre los hechos.

Los restos, que portaban vestimenta masculina, fueron encontrados en terrenos cercanos a la Carretera Federal No. 57 Matehuala, a la altura del kilómetro 60. Los huesos estaban dispersos en la zona.

Tras recibir el aviso a los números de emergencia, elementos de diversas corporaciones se trasladaron al lugar para confirmar el hallazgo y asegurar el área.

Peritos del Servicio Médico Legista realizaron el levantamiento de los restos y activaron los protocolos correspondientes para su investigación e identificación.

La titular del SECESP, Nohemí Proal Huerta, informó que estos centros abonan positivamente a la Estrategia Integral de Seguridad Pública que impulsa el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, con el fin de garantizar la paz y tranquilidad en la entidad.

Durante 2024, la dependencia logró equipar y fortalecer los centros ubicados en Cerritos, Rioverde y Soledad de Graciano Sánchez, además de modernizar el Centro de Captura de la academia de Seguridad Pública del Estado y realizar visitas y supervisión de los centros instalados para coordinar trabajos y mantener a las personas usuarias activas que tengan acceso a las herramientas y aplicaciones de Plataforma México.

Además de los ya inaugurados, hay otros 17 centros en funcionamiento en Aquismón, Cárdenas, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Catorce, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tierra Nueva, Venado, Villa de Arriaga, Xilitla y Lagunillas.

En el rubro de integridad personal, se detectaron graves carencias en atención médica y condiciones de aislamiento, junto con la ausencia de mecanismos efectivos para denunciar violaciones a derechos humanos. La supervisión interna también resultó insuficiente, dejando vulnerables tanto a los internos como al personal.

Respecto a la estancia digna, las áreas de alojamiento, cocina, comedor y servicios médicos presentaron condiciones insalubres e inadecuadas. Además, la falta de infraestructura adecuada limita la comunicación de los internos con sus familias, afectando su vínculo social.

En el aspecto de gobernabilidad, el penal enfrenta deficiencias en la aplicación de sanciones disciplinarias y una alarmante escasez de personal de seguridad. Esta situación representa un riesgo constante para la seguridad de todos dentro del centro penitenciario.

La reinserción social también se ve comprometida debido a la falta de programas educativos, laborales y deportivos adecuados. La mala clasificación entre procesados y sentenciados, así como el desorden en la organización de actividades, agravan este problema.

Finalmente, la CNDH destacó la falta de atención a grupos vulnerables, como mujeres, personas LGBTTTI y menores que conviven con sus madres. Asimismo, se carece de programas efectivos para prevenir adicciones y promover la desintoxicación, dejando a estos grupos en situación de mayor desprotección.

Agentes de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal recorrían la comunidad San Nicolás de los Jassos, en seguimiento a la incidencia presentada en este sector, sitio donde detuvieron a un hombre, por el probable delito de tráfico de hidrocarburo, asegurándole 70 mil litros de dicho combustible.

Las autoridades preventivas detectaron al tripulante de un tractocamión modelo 2025, acoplado a dos tanques, modelo 2024, en donde posiblemente trasladaba sustancias peligrosas, por ello, mediante los protocolos de seguridad conducentes, se le solicitó la documentación legal, para su transporte seguro.

Salvador N., de 26 años de edad, no pudo comprobar la legalidad de la sustancia que trasladaba, siendo un total de 70 mil litros de combustible, por lo anterior, se le

hizo de conocimiento que incurría en un aparente hecho constitutivo de delito y se procedió a informarle de los derechos que legalmente le corresponden.

El vehículo y los remolques., fueron llevados a un corralón y el presunto ya se encuentra a disposición de las autoridades, para responder por el o los delitos en los cuales haya incurrido.

La detención tuvo lugar en la colonia Garita de Jalisco, sitio donde fue ubicado Filimon “N” de 56 años de edad, a bordo de una motocicleta marca Yamaha, modelo 2010, color blanco, que tenía reporte de robo en el año 2011.

Además, se aseguró un semirremolque tipo caja refrigerada, modelo 2013, que tenía reporte de robo en la delegación La Pila. Dicha unidad fue recuperada por agentes de la GCE, en el municipio de Villa de Reyes.

Por último, la División Caminos de la GCE, localizó un tractocamión, marca International, modelo 2018, color blanco, además de un tractocamión modelo 2024, ambos hurtados en el municipio de Villa de Arriaga.

Las unidades aseguradas, así como los detenidos, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la ciudadanía potosina a reportar ante la Línea de Emergencias 911 o 089 Denuncia Anónima, el robo de vehículos, ya que con ello coadyuvan a la reacción inmediata de las autoridades de seguridad.

Al ser informados sobre un robo en proceso de un tractocamión y su caja seca, se implementa operativo de reconocimiento en la carretera 57 para su posible ubicación; tales acciones dieron resultados positivos en un breve lapso de tiempo.

Es localizado sobre la carretera federal 57, San Luis Potosí-Querétaro Km 149, en la localidad de El Cerrito, Santa María Del Río, un tractocamión Kenworth, color blanco, modelo 2023, con placas de circulación del S.P.F., con reporte de robo con violencia en carretera federal km. 165, localidad de Enramadas, Santa María del Rio.

Metros más adelante, se visualiza un tractocamión Kenworth, color rojo, con placas de circulación del S.P.F. sin datos negativos, acoplado a una caja seca marca Hyundai, color blanco, modelo 2023, con reporte de robo con violencia en carretera 57, en el kilómetro 165, localidad de Enramadas, Santa María del Rio.

Al inspeccionar la caja seca, se localizan en el chasis tres inhibidores de señal.

Por otra parte, se informa la detención de Ismael N. de 58 años de edad a la altura de la colonia Los Aguilares, Municipio de Villa de Pozos, quien tripulaba un tráiler modelo 2023, cuyo remolque modelo 2020 contaba con reporte de robo de la localidad de Enramadas, Santa María del Río.

El esposo explicó que la oficial les informó que confiscaría el vehículo por la luz defectuosa. Cuando él cuestionó su autoridad en asuntos de tránsito, la oficial reaccionó de manera agresiva, exigiendo que ambos descendieran del auto, sin consideración por la presencia de su hija pequeña. Poco después, una grúa llegó al lugar y se llevó el vehículo sin mayores explicaciones.

Posteriormente, llegaron agentes de tránsito, quienes adoptaron una actitud más cordial, aunque ya era demasiado tarde: el automóvil había sido retirado y la pareja se sentía vulnerada. La pareja afectada expresó su molestia y mencionó que no es el primer caso de este tipo en la zona.

Estos incidentes parecen formar parte de un patrón preocupante. Testimonios señalan una posible colusión entre policías y operadores de grúas para extorsionar a ciudadanos mediante detenciones arbitrarias. La comunidad, que se siente cada vez más afectada por este tipo de abusos disfrazados de faltas menores, denuncia que estos actos se han convertido en un modus operandi común en el municipio, generando temor e indignación entre la población.