En tribuna, el legislador relató que “hope” fue encontrada en condiciones deplorables y su historia compartida por diversas asociaciones animalistas que trataron de rescatarla y salvarle la vida, y que ahora solicitan que su muerte no quede impune.

Al reunirse con representantes de las asociaciones animalistas, el diputado Badillo Moreno señaló que se apoyará en la exigencia de justicia, para que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo una investigación exhaustiva y diligente para identificar y sancionar a los responsables.

 “La semana pasada se suscitó un tema muy triste al oriente sur de la capital, donde una perrita Hope, desafortunadamente fue violentada hasta llegar a la muerte; ahorita me comprometí con las asociaciones a coadyuvar con la Fiscalía, con el Gobierno del Estado, para dar con quien perpetró esto, o con los perpetradores; y se levantó un acuerdo para avanzar en el tema del presupuesto para las esterilizaciones”.

Recordó que con la reciente reforma al artículo 4° constitucional, propuesto por el Gobierno de México, donde se reconocen a los animales como seres sintientes, es facultad de todos los órdenes de gobierno el poder enfocar una parte de recurso para poder cumplir con este tema. 

Señaló que el tema de la esterilización de animales es importante, porque de acuerdo con lo expresado por los propios colectivos, esto permitirá reducir la población animal y evitar que se sigan registrando actos de abandono o maltrato animal.

“Ya nos lo comentaron, pues la solución no es crear albergues y más albergues, porque no se va a llegar a tener abasto. Una de las soluciones que ellos comentan es que se cuente con el número necesario de esterilizaciones y con ello pues ir bajando este tema de los animalitos”. 

Celebró la rápida respuesta del Gobierno del Estado a este tema, y señaló  que en conjunto con las diversas asociaciones de protección animal que existen en el estado, se trabajará para la presentación de iniciativas que modifiquen la penalidad contra el maltrato animal, a fin de sentar precedentes en este tema.

“Yo creo que es importante, vamos a estar muy pendientes, es un tema que ha estado cobrando relevancia y desde el Congreso del Estado somos sensibles y vamos a estar de acuerdo a las agendas legislativas y del propio Gobierno Federal que ha puesto sobre la mesa este importante tema”.

Entre las acciones destacadas se encuentra la creación de una base nacional de información forense que unificará los registros de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), además de una plataforma federal de identificación humana. También se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda con mayores recursos y tecnología para mejorar el análisis de contexto y localización de personas.

Otra de las reformas clave será la modificación de la Ley General de Población para que la Clave Única de Registro de Población (CURP) se convierta en el identificador oficial en todas las dependencias gubernamentales, agilizando los procesos de búsqueda. Además, se establecerán protocolos para activar alertas de manera inmediata, iniciar investigaciones sin periodo de espera y equiparar la desaparición con el delito de secuestro.

El anuncio ocurre tras las protestas de familias de personas desaparecidas por el hallazgo de un presunto centro de detención y reclutamiento forzado en Teuchitlán, Jalisco. Colectivos de búsqueda denunciaron la existencia de cientos de prendas y objetos personales en el lugar, además de antecedentes de actividad criminal vinculada al narcotráfico.

Los maestros rechazan los cambios en el sistema de pensiones, particularmente el cálculo de jubilaciones por edad en lugar de años de servicio. También demandan el fin del esquema de Afores y el regreso al régimen solidario, así como la eliminación del uso de UMAs para el pago de pensiones, pues consideran que esto reduce sus ingresos. Otro de sus reclamos es evitar descuentos al salario integrado.

Durante la protesta, los manifestantes señalaron la falta de acción del SNTE, acusando al sindicato de no representar sus intereses ante las autoridades. Afirmaron que la reforma vulnera sus derechos y aseguraron que mantendrán la presión hasta que sus demandas sean escuchadas.

Las movilizaciones continúan en varias entidades del país, mientras el gobierno federal mantiene su propuesta de reforma. Los docentes han advertido que, si no hay cambios en la iniciativa, seguirán organizando protestas y acciones de resistencia en defensa de su futuro laboral.

Las modificaciones legales se completaron el 15 de diciembre con la adición de los artículos 58 Bis y 58 Ter a la Ley de Salud, garantizando atención médica gratuita para la interrupción legal del embarazo.

Aunque en enero el Tribunal Electoral del Estado ordenó revisar la reforma tras una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promovida por integrantes de un colectivo a favor del aborto, las solicitantes decidieron desistir del proceso, señalando inconformidad con el procedimiento legislativo.

Azuara Yárzabal afirmó que las reformas fueron cumplidas en su totalidad y que el marco legal para garantizar la atención ya está en funcionamiento.

Precisó que un punto que se está trabajando es el acercamiento con las distintas asociaciones e instituciones que atienden a personas con discapacidad, para escuchar sus propuestas en materia de accesibilidad.

“Estamos revisando la iniciativa ya presentada y estamos viendo la situación de las personas con discapacidad, entre lo que hemos detectado es la urgencia de señalética en las calles y una buena atención en lo relacionado al transporte público, que a la par, estamos pidiendo que se renueven las unidades que tienen vencimiento y en este sentido, que se apoye en los traslados de personas con discapacidad”.

Agregó que también se mantiene el acercamiento con la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, para conocer las acciones en materia de mejoramiento del transporte y la consolidación del programa Metro Red tanto en la capital, como en el interior del estado.

“Con la SCT tenemos muy buen acercamiento, ya nos presentaron el avance en materia de transporte y las acciones que se deben implementar, y que incluiremos también en el análisis de la iniciativa de movilidad para que sea verdaderamente de beneficio para los potosinos”.

Finalmente, la diputada Jauregui Mendoza indicó que un punto que se buscará reforzar en la iniciativa será la presencia de señalética, así como la aplicación de los reglamentos de tránsito, ante el incremento de accidentes viales. 

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que estas modificaciones tienen por objetivo, la integración del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial, por el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual será un órgano con independencia técnica y de gestión, integrado por tres personas Magistradas electas por voto de la ciudadanía.

La duración de su cargo será de seis años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser reelectos para un nuevo periodo. 

Además, cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación, por orden de prelación. Sus funciones incluyen la supervisión, evaluación, investigación de conductas irregulares y la aplicación de sanciones administrativas.

El Tribunal de Disciplina Judicial desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas  conforme a las disposiciones previstas en la Ley. Las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial son definitivas en segunda instancia, asegurando que las decisiones sean firmes y vinculantes, garantizando así un proceso disciplinario efectivo y transparente.

La Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Respecto a la presidencia del Órgano de Administración Judicial, durará dos años y será rotatoria, en términos de lo que establezcan las leyes. Quienes integren el Pleno del Órgano de Administración Judicial deberán ser mexicanos y potosinos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con experiencia profesional mínima de cinco años; y contar con título de licenciatura en derecho, economía, actuaría, administración, contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial, con antigüedad mínima de cinco años.

 No deben estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad;

En cuanto Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se establece que cada uno de ellos cuente con un Comité de Evaluación, con el objetivo de que cuenten con procedimiento de revisión, evaluación y selección candidatos y candidatas para los cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, incluyendo el procedimiento de insaculación pública, en los términos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de los cinco días naturales siguientes a la emisión de sus reglas de funcionamiento, los Comités de Evaluación emitirán sus propias convocatorias dirigidas a profesionales del derecho en el Estado de San Luis Potosí interesados en participar en la evaluación y selección de postulaciones para la elección de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos, de acuerdo con la estructura judicial notificada por el Congreso del Estado.

Por último, indicó el diputado Arreola Mallol,  se acordó reformar también diversas disposiciones normativas de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y la Ley de Justicia Electoral para el Estado de San Luis Potosí, con el objeto de que estas sean armonizadas, en términos de las reformas constitucionales arriba señaladas.

Uno de los cambios en discusión es la inclusión de la protección animal en la Constitución, una iniciativa impulsada por el ex presidente López Obrador en un paquete de reformas presentado el 5 de febrero. La propuesta busca dar un marco constitucional a los derechos de los animales en el país.

Otra reforma en análisis es la modificación de la prisión preventiva oficiosa para garantizar los derechos humanos de las personas sin sentencia. Arreola destacó la necesidad de que el Poder Judicial evalúe caso por caso la justificación de la prisión preventiva, estableciendo plazos y criterios para no generar problemas en el proceso de justicia.

Finalmente, se estudia una reforma orientada a reducir los costos de los organismos públicos y redirigir esos recursos hacia programas de becas y otros beneficios para la ciudadanía. Dentro de esta reestructuración, se contempla la creación de una Secretaría Anticorrupción, propuesta que sería liderada por Raquel Buenrostro, quien ha tenido un papel relevante en el SAT con el cobro a grandes deudores fiscales.

El presidente de la comisión, Carlos Artemio Arreola Mallol, informó que hay alrededor de 59 asuntos en revisión, algunos de los cuales requieren atención urgente. En la próxima sesión se aprobará un Plan de Trabajo que integrará las propuestas de los legisladores y las demandas de los ciudadanos que representan, formando una agenda amplia y enfocada en el bienestar de la población.

Arreola Mallol destacó que la implementación de la reforma judicial conlleva cambios a nivel constitucional y que ya se han emitido leyes secundarias para facilitar su aplicación. Además, mencionó que se está a la espera de recibir la minuta correspondiente, así como la normativa necesaria para los programas de apoyo a jóvenes.

La inversión social del Gobierno Federal es considerable y necesita un marco legal que garantice su efectividad a nivel estatal. La comisión se prepara para procesar estos temas en beneficio de San Luis Potosí y el país. El grupo está compuesto por el presidente Arreola Mallol, el vicepresidente Juan Carlos Bárcenas Ramírez, el secretario Héctor Serrano Cortés, y los vocales Roxana Hernández Ramírez, Jessica Gabriela López Torres, Ma. Sara Rocha Medina y Dulcelina Sánchez de Lira.

Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, resaltó que la resolución judicial impone un plazo para que se realicen los cambios necesarios. Las diputadas Jessica Gabriela López Torres y Nancy Jeanine García Martínez explicaron que promoverán las reformas a través de las comisiones en las que participan.

Las legisladoras afirmaron su compromiso de colaborar con las colectivas que han defendido esta causa y subrayaron que el marco jurídico actual debe alinearse con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respalda el derecho de las mujeres a decidir.

La reciente sentencia declara inconstitucionales varios artículos del Código Penal y la Constitución del Estado, lo que requiere que el Poder Legislativo actúe para derogar estas disposiciones. Badillo Moreno indicó que se evaluará cómo abordar el tema y que el Congreso debe cumplir con esta orden judicial, enfatizando que la interrupción legal del embarazo no será tratada como un delito hasta las doce semanas.

El diputado Carlos Arreola Mallol, representante de MORENA y conocido por sus denuncias de corrupción dentro del Poder Judicial, dirigió un mensaje a los presentes. En su intervención, pidió respaldo para la transformación del marco normativo que rige a este poder, destacando la importancia de su experiencia y trayectoria. “Queremos nutrir de ellas esta transformación del marco normativo que regula toda la organización de los poderes judiciales”, expresó Arreola, subrayando la necesidad de trabajar en conjunto para reorganizar el sistema judicial.

Por su parte, la diputada Jéssica Gabriela López Torres, presidenta de la comisión, recordó que la división de la Comisión de Justicia en dos fue una medida para enfrentar la carga de trabajo, y aseguró que las decisiones que se tomen estarán orientadas a beneficiar tanto al sistema judicial como a la ciudadanía potosina. En el mismo tono, el presidente del Supremo Tribunal, Arturo Morales Silva, manifestó la disposición del Poder Judicial para colaborar en las reformas, incluyendo la revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial.