El hallazgo ocurrió este miércoles, cuando personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, junto con Guardia Civil Estatal y Policía Municipal, llevó a cabo labores de reconocimiento. En el lugar se localizaron dos contenedores metálicos con restos calcinados y fragmentos óseos dispersos sobre el terreno, por lo que se acordonó y aseguró la zona para preservar indicios.

Fuentes consultadas en medios estatales señalan que la Fiscalía General del Estado también opera en el sitio, recolectando evidencia que será enviada a laboratorios forenses para su análisis. La intervención coincide con el tercer hallazgo de este tipo en menos de un año en la región, lo que evidencia la recurrencia de estos lugares empleados por grupos delictivos para deshacerse de víctimas de desaparición forzada.

Este predio, catalogado como posible fosa clandestina o campo de exterminio, se suma a otros detectados anteriormente en ejidos como Las Pitas y Cerro Alto, toda vez que en campañas previas se habían encontrado osamentas incineradas y contenedores con huesos, confirmando la vinculación con redes criminales dedicadas al secuestro y narcotráfico transfronterizo.

A pesar de la gravedad del hallazgo, las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial ni dado detalles sobre el número de víctimas o el tipo de restos encontrados. La carpeta de investigación continúa abierta, bajo resguardo permanente de cuerpos de seguridad y búsqueda.

El uso de ejidos rurales y áreas boscosas para ocultar evidencia delictiva ha sido destacado por colectivos y especialistas como una práctica frecuente de la delincuencia organizada en territorio potosino. Este tipo de operativos no solo contribuyen a la localización de restos, sino que amplían el entendimiento geográfico de zonas de peligro y fortalecen el trabajo forense y de búsqueda de personas desaparecidas.

La sociedad civil, a través de colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros, ha exigido una mayor transparencia sobre los procedimientos judiciales y la coordinación entre poderes. Consideran crucial que la Fiscalía estatal y la autoridad municipal de Ciudad Valles rindan cuentas sobre los avances, incluidas las diligencias en curso y el destino final de los restos identificados.

En contexto, San Luis Potosí ha registrado un incremento de casos de desapariciones forzadas y hallazgos de fosas clandestinas en los últimos años, especialmente en la Huasteca. Organismos como la CEBP trabajan de forma permanente para localizar a personas desaparecidas, pero enfatizan que hace falta fortalecer protocolos de prevención y reforzar la presencia institucional en zonas rurales aisladas.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco estima que en este lugar podrían haber sido asesinadas al menos 200 personas, aunque aún se espera la confirmación oficial. El terreno, de 50×100 metros, también albergaba un altar con imágenes de la Santa Muerte y veladoras consumidas, lo que sugiere prácticas rituales o de culto en el sitio.

Las investigaciones revelan que este rancho operó hasta hace seis meses como un espacio de entrenamiento para grupos criminales. El fiscal estatal de Jalisco, Salvador González de los Santos, recordó que en septiembre de 2024 el lugar fue intervenido, lo que llevó a la detención de 10 personas y al rescate de dos víctimas. Sin embargo, en aquella ocasión no se logró inspeccionar toda el área, lo que ahora permite nuevos hallazgos.

La magnitud del descubrimiento recuerda otros casos similares en Jalisco, como el hallazgo de hornos de cremación en El Salto en marzo de 2024. De confirmarse que los cientos de zapatos pertenecen a víctimas ejecutadas, se trataría de un caso de desaparición masiva con implicaciones de crimen de lesa humanidad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la cantidad exacta de víctimas y la posible responsabilidad de grupos delictivos en estos hechos.

Los restos, que portaban vestimenta masculina, fueron encontrados en terrenos cercanos a la Carretera Federal No. 57 Matehuala, a la altura del kilómetro 60. Los huesos estaban dispersos en la zona.

Tras recibir el aviso a los números de emergencia, elementos de diversas corporaciones se trasladaron al lugar para confirmar el hallazgo y asegurar el área.

Peritos del Servicio Médico Legista realizaron el levantamiento de los restos y activaron los protocolos correspondientes para su investigación e identificación.

Este incidente agrava la creciente problemática de desapariciones en municipios cercanos como Villa de Arista, donde, pese a los reportes de múltiples casos, las denuncias siguen siendo limitadas debido al temor de las víctimas y sus familias a represalias. Esta situación complica las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo subraya la necesidad urgente de reforzar las acciones de seguridad en la región, así como mejorar los mecanismos de apoyo a las víctimas y sus seres queridos, quienes continúan enfrentando un contexto de incertidumbre y miedo.

El ente procurador de justicia fue informado por el primer respondiente que sobre la carretera 70 a la altura del Eje Xolol, había una persona sin vida; ante ello, la Policía de Investigación (PDI) acudió al lugar referido para efectuar las primeras diligencias.

Los Servicios Periciales realizaron el levantamiento de diversos indicios en la escena y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Legal (Semele) donde le realizarán los estudios conforme lo indica la ley.

La PDI mantiene las acciones en la zona con el fin de establecer los hechos, así como identificar los datos personales de la persona sin vida y dar con el paradero del o los presuntos responsables.