Además pide cuentas al presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, José Antonio Zapata Meraz, por su irresponsabilidad en el cargo, pues ha dejado pasar muchos temas y autoridades corruptas no han sido sancionadas.

Ante la falta de oficio técnico e incapacidad de la funcionaria, ya varios diputados como Edgardo Hernández, Marité Hernández y Mario Larraga, han exigido que de cuentas de su gestión, pero sólo han visto apatía y desconsideración hacia las necesidades de la población que requiere acabar con los malos funcionarios.

El abogado potosino, hizo un llamado al panista José Antonio Zapata Meraz para poner orden, aun y cuando ya se va de la comisión “no es posible que le permitan decir a la Auditora que tenga un rezago de 2 mil 400 expedientes, manejando un presupuesto de casi 300 millones de pesos al año y con más 350 empleados, entonces qué está haciendo, no se vale, hay que denunciar a todas las autoridades que están atentando contra el Estado como la Secretaría de Salud”.

Para él, se está demostrando que existe complicidad desde la ASE hacia los entes de gobierno porque hay omisión en las denuncias penales y administrativas en contra de ex funcionarios, ejemplo de ello, el gran desfalco a la Dirección de Pensiones, que a través de diversas organizaciones civiles están exponiendo, pero no investigando en ninguna parte.

“Hago un llamado enérgico, le solicito su renuncia porque no se vale, que a un ente lo fiscalice y a otro no; y el presidente de la Comisión de Vigilancia, qué vigila, ya se va y así quiere ir a hacer campaña, tiene responsabilidad y no lo está cumpliendo, pero eso sí, solicita aumentos al personal de asesores del Poder Legislativo, entonces no son capaces de llevar a cabo un dictamen jurídico apegado a derecho”.

Mostró documentación sobre algunas otras irregularidades en la ASE, como el pago de laudos millonarios a ex empleados de la institución a pesar de haber sido participes de la Ecuación Corrupta, nombramientos donde hay conflictos de interés como es el caso de Fernando Díaz Jiménez.

Esta suspensión de actividades de la Auditoría Superior del Estado, cayó como anillo al dedo principalmente a aquellos alcaldes que antes de la pandemia del Coronavirus ya tenían innumerables observaciones a sus cuentas públicas. Ahora, sin que nadie les audite se puede caer más en la tentación de los malos manejos.

Legisladores y especialistas financieros consideran que la apatía de la Auditoría Superior del Estado por revisar las cuentas públicas –mínimo en los porcentajes y términos que marca la ley- y su nulo plan de acción, puede generar mal manejo de los recursos públicos en detrimento de los pobladores de los diferentes municipios.

Como ejemplos de las innumerables observaciones mucho antes que iniciara la pandemia se tiene a las cuentas públicas de las presidentas municipales Erika Briones de Villa de Reyes y Paloma Bravo García de Zaragoza, así como el Presidente Municipal de Santa María del Río Israel Reyna Rosas.

Irregularidades en los municipios

Sólo en tres meses de la cuenta pública del 2018 en el municipio de Villa de Reyes se detectaron irregularidades en el rubro de “Gratificaciones” con más de 6 millones 326 mil pesos, en “Prestaciones” más de un millón 279 mil pesos y en “Estímulos” más de un millón 83 mil pesos. En todos los casos se hicieron pagos pero no presentó la documentación comprobatoria. En el mismo periodo le fueron observados 7 millones en combustible, medicinas así como en material eléctrico, oficina y limpieza.

En este medio dimos a conocer que el ayuntamiento de Santa María del Río recibe de la Federación más de 33 millones de pesos al año del Ramo 33 que deberían ser destinados para abatir el rezago social en beneficio de los habitantes, sin embargo han optado por obtener ganancias con este recurso.

En lugar de utilizar el monto que recibían aproximadamente de 3 millones 300 mil pesos por mes, la administración de Israel Reyna Rosas dejaba que se acumulará el monto hasta por 10 meses que metieron a Fondos de Inversión con una renta fija “bonos” que les generaban intereses económicos, omitiendo abrir una cuenta específica y productiva como lo exige la Ley de Contabilidad Gubernamental; es notorio que el alcalde en coordinación con el Tesorero y el Contralor desviaban el recurso a una cuenta particular para evitar los embargos de los laudos laborales que tienen emplazados, sin previa autorización el Cabildo.

En el caso de Zaragoza, se detectaron diferentes irregularidades por más de 25 millones de pesos a la Presidenta Municipal de Zaragoza Paloma Bravo García, correspondiente a los tres meses de su cuenta pública de 2018. Entre las anomalías no presentó evidencia de suscripción de contratos individuales, tiene un balance negativo entre la ley de ingresos y el presupuesto devengado, así como ingresos que no cuentan con la documentación comprobatoria.

Si estas observaciones se detectaron haciendo Auditoria, ahora que ya tienen tres meses que suspendieron labores y sin un plan de acción se pueden incrementar.

Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia han solicitado a la Auditoría Superior del Estado que se practique de manera inmediata a la Secretaría de Salud una auditoria especial con respecto a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020; el motivo son los diversos señalamientos que se han vertido en contra de empresas que le han proporcionado bienes y servicios, en los que se presumen precios, adjudicaciones y contratos que se presumen irregulares. Sin embargo, esta revisión podría demorar más tiempo del que esperan los legisladores.