Entre las instituciones mencionadas se encuentran Semillero de Aprendizaje Pizcani, Centro Educativo Octavio Paz y Jardín de Niños Aventuritas Kids, ubicadas tanto en la capital potosina como en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Estas escuelas fueron identificadas en las inspecciones realizadas por el Departamento de Registro y Certificación de la SEGE, responsable de supervisar que las instituciones educativas privadas cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Educación Estatal.

La SEGE explicó que estas visitas buscan garantizar que las escuelas cumplan con las normas de seguridad, higiene y estándares pedagógicos, brindando certeza jurídica a los estudiantes y sus familias. En caso de detectarse irregularidades, se hace un llamado a las instituciones para que regularicen su situación. Además, se enfatizó que las escuelas públicas no enfrentan problemas relacionados con la falta de RVOE, ya que todas cuentan con este reconocimiento.

Por su parte, Bárcena Ramírez destacó que los sindicatos de maestros no tienen injerencia en el funcionamiento de las escuelas privadas, limitándose a participar en el ámbito de la educación pública. Sin embargo, señaló que las irregularidades en las escuelas privadas suelen estar relacionadas con la falta de condiciones necesarias para ofrecer un servicio educativo de calidad.

La SEGE exhortó a la población a reportar cualquier duda o anomalía en los servicios educativos en las oficinas del Departamento de Registro y Certificación. Este mecanismo busca fortalecer la supervisión y garantizar que las instituciones cumplan con los estándares legales, asegurando que los certificados emitidos tengan validez oficial.

Con estas acciones, la SEGE refuerza su compromiso de supervisar y regular las escuelas privadas en beneficio de la comunidad estudiantil.

El legislador señaló que es fundamental que las instituciones privadas estén legalmente acreditadas para ofrecer estudios oficiales y sugirió que la Secretaría de Gobernación pueda también intervenir para asegurar la validez de estas escuelas. Bárcenas recalcó que, aunque los padres de familia tienen la responsabilidad inicial de revisar la validez de las escuelas, las autoridades educativas también deben mantener un control y evitar que instituciones sin el RVOE operen y ofrezcan servicios sin garantías de calidad.

Además, el diputado subrayó la importancia de una mayor vigilancia por parte de las autoridades, no solo en la validación del RVOE, sino en el seguimiento de estas instituciones. Expresó que el compromiso de revisar la validez de las escuelas debe ser compartido por padres de familia y autoridades, en beneficio de la educación de los estudiantes.

Según la SEGE, la medida precautoria se implementó el 11 de abril tras una visita de vigilancia que detectó las irregularidades. El 10 de junio se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad Potosina S.C., ya que la institución no pudo presentar la documentación necesaria para acreditar sus licenciaturas.

La reciente manifestación de los estudiantes frente a las instalaciones de la SEGE llevó a la secretaría a anunciar medidas de apoyo para los afectados. Los alumnos tendrán la opción de revalidar materias en otras instituciones que ofrezcan la licenciatura en Medicina General, asegurando la continuidad de sus estudios.

Asimismo, la SEGE abrirá una ventanilla especial para reubicar a los estudiantes en otras universidades y facilitar la emisión de duplicados de certificados de estudios de educación media superior para aquellos que no pudieron recuperar sus documentos tras su paso por la Universidad Potosina.

Los padres afectados señalan que el rector de la institución, José Arturo Segoviano García, ha sido protegido por la SEGE, la cual siempre ha negado la pérdida del registro necesario para ofrecer dicha carrera. A pesar de la falta de acreditación oficial, la universidad ha seguido matriculando estudiantes y cobrando más de 8 mil pesos por concepto de inscripción, además de las elevadas colegiaturas y otros cargos adicionales, incluido un costo de mil pesos por trámites administrativos.

Más de 50 familias han alzado la voz exigiendo justicia y que la SEGE tome medidas contundentes, incluida la clausura inmediata de la institución para evitar que más estudiantes y familias caigan en esta situación de fraude educativo.

Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Educación del Gobierno del Estado, informó que estas instituciones fueron detectadas gracias a las denuncias presentadas por los propios estudiantes, ya que inicialmente no estaban en el radar de la SEGE. Además, señaló que podrían existir más centros educativos en la misma situación.

Torres Cedillo explicó que, aunque la SEGE es responsable de verificar el registro estatal de algunas universidades, no todas las instituciones están bajo este sistema educativo. Algunas cuentan con registros nacionales, lo que las exime de la revisión estatal. En casos de irregularidades, los afectados deben presentar denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que se trata de un conflicto entre particulares y, en algunos casos, podría constituir fraude. La SEGE ofrece información sobre las instituciones registradas en su página web para consulta pública.

El Secretario advirtió que en los próximos días podrían descubrirse más instituciones sin RVOE. También alertó a los estudiantes que, después de sus exámenes en la Universidad Autónoma, son abordados por representantes de estas instituciones que ofrecen bajos costos y becas, pero que podrían ser fraudulentas. Torres Cedillo instó a los estudiantes y sus familias a estar atentos y verificar la validez oficial de las universidades antes de inscribirse.