En el marco del proceso de reinserción social impulsado por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y con la estrategia de llevar más apoyo a quienes más lo necesitan, la nueva integrante del equipo del CJM, iniciará sus actividades presenciales a partir del 7 de agosto en la sede de San Luis Potosí, lo que contribuirán al bienestar de ella y de su familia.

Los talleres que impartirá estarán enfocados en fomentar el empoderamiento social y económico, proporcionándoles a las mujeres herramientas para la toma de decisiones y la construcción de un mejor futuro, como acción efectiva contra la violencia.

La dependencia informó que acorde con su objetivo de brindar apoyo las mujeres en situación de vulnerabilidad y dado que Sanjuana también iniciará sus estudios en la carrera de Derecho en la capital del Estado, tendrá facilidades en su proceso de adaptación y reunificación familiar, con estancia temporal del 7 al 9 de agosto, para que pueda buscar una vivienda permanente, además de que proporcionará apoyo psicológico a sus hijos.

El Gobierno de Ricardo Gallardo, reafirma su compromiso con la reinserción social efectiva y el apoyo integral a quienes más lo necesitan.

El indulto, otorgado por el Poder Legislativo mediante un decreto del 20 de junio de 2024, ha permitido a Maldonado recuperar sus derechos civiles y políticos. El INE ha seguido los procedimientos necesarios para completar este trámite.

Sanjuana Maldonado será notificada sobre la fecha en que podrá recoger su nueva credencial para votar. El documento estará disponible para ella a partir de la fecha indicada.

En 2009, Sanjuana fue aprehendida, en un proceso irregular y discriminatorio en el cual distintas organizaciones, activistas, ciudadanos y el Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo focalizaron sus competencias para liberar a Sanjuana y hacer que prevalezca el acceso a la justicia y la igualdad para las y los potosinos.

El Mandatario Estatal afirmó que, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, seguirán trabajando de la mano para impulsar leyes y reformas que brinden protección a las y los potosinos, particularmente a las mujeres, “el Estado busca garantizar la igualdad, la no discriminación, una vida libre de violencia y el acceso a la justicia”, expresó.

Sanjuana agradeció al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona las atenciones brindadas y la sensibilidad con la que se atendió su caso, reconoció la voluntad para implementar nuevos mecanismos y revisar las competencias del Poder Ejecutivo ante este tipo de casos.

Sanjuana fue aprehendida en 2009 en un proceso irregular y discriminatorio. Distintas organizaciones, activistas, ciudadanos y el Gobierno del Estado, liderado por Ricardo Gallardo, unieron esfuerzos para asegurar su libertad y defender el acceso a la justicia y la igualdad en San Luis Potosí.

El Gobernador Gallardo Cardona reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo y Legislativo de seguir trabajando conjuntamente para promover leyes y reformas que protejan a los ciudadanos, especialmente a las mujeres. “El Estado busca garantizar la igualdad, la no discriminación, una vida libre de violencia y el acceso a la justicia”, manifestó.

Sanjuana Maldonado agradeció al Gobernador por la atención y sensibilidad con la que se abordó su caso, y reconoció la voluntad de implementar nuevos mecanismos y revisar las competencias del Poder Ejecutivo en situaciones similares.

Sanjuana fue arrestada en 2009 y condenada a 30 años de prisión por un delito que no cometió. Su proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y careció de la perspectiva de género necesaria, factores que contribuyeron a su condena. Durante estos 15 años, Sanjuana ha sido una víctima del sistema judicial, pero, el jueves su libertad marca un paso crucial hacia la rectificación de esta injusticia.

La liberación de Sanjuana no habría sido posible sin el trabajo de la organización Perteneces y el apoyo masivo de la sociedad civil. Desde la entrega de la solicitud de indulto el 15 de febrero, se inició un movimiento social que involucró a más de 22 mil personas que firmaron la petición en Change.org. Este esfuerzo se complementó con manifestaciones, marchas y una activa campaña en redes sociales bajo el hashtag #SanjuanaLibre.

La defensora de derechos humanos Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, jugó un papel fundamental en visibilizar el caso de Sanjuana. Su intervención, entrevistas y constante presión sobre los legisladores fueron cruciales para alcanzar este resultado.

El dictamen que ordena la liberación de Sanjuana fue aprobado de manera unánime por el Congreso del Estado, reflejando una clara voluntad política para corregir una injusticia histórica. Una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, Sanjuana fue liberada del Centro de Reinserción Social de “El Xolol” en Tancanhuitz.

El logro de hoy es el resultado de una movilización coordinada de diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. La unión de fuerzas permitió mantener la presión sobre los legisladores y asegurar que la voz de Sanjuana fuera escuchada.

Si bien el indulto significa la libertad inmediata de Sanjuana, la lucha por su exoneración total continúa. Este caso subraya la necesidad de una reforma judicial profunda que incorpore la perspectiva de género y elimine las prácticas discriminatorias. La historia de Sanjuana es un recordatorio de que la justicia debe ser imparcial y equitativa para todos.

Con su liberación, Sanjuana Maldonado Amaya puede comenzar a reconstruir su vida fuera de las rejas. Su caso se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia, demostrando que la solidaridad y la acción colectiva pueden superar la injusticia.

La liberación de Sanjuana es una victoria significativa, pero también un llamado a continuar la lucha por la justicia para todas las mujeres y personas vulnerables que enfrentan situaciones similares.

Hay un antecedente; El miércoles1 de diciembre de 2021, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores que esperaban al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de representantes del Poder Judicial a dicho centro penitenciario, para recibir de sus manos otra oportunidad y volver con sus familias con la madurez de haber pagado con su preciada libertad las infracciones que hubieran cometido en el pasado.

Por primera vez en varias décadas, un gobierno indolente a las condiciones de olvido al historial de cada vida que se juega una condena en el sistema penitenciario estatal se había realizado un indulto institucional que, sumado a las distintas acciones del actual gobierno estatal para dignificar esos espacios de reclusión.

Su asesor jurídico, José Mario de la Garza, explicó que la ley permitiría un análisis profundo de cada caso y solicitud, siguiendo un protocolo con perspectiva de derechos humanos y de género, tal como se requirió en el caso de Maldonado Amaya.

Aclaró que el indulto se gestionaría a través de peticiones de las personas, para que sus casos sean analizados detalladamente. En relación con el temor del legislativo de intervenir en las facultades del poder judicial, aseguró que hay situaciones que deben ser analizadas y corregidas.

“Nosotros somos respetuosos y entendemos que hay casos que deben ser revisados, como sucede en todos los países que tienen un sistema donde se revisan las cosas. Se analiza si hay una violación a derechos humanos y se corrige”, dijo.

Actualmente, no existe un registro de casos como el de Sanjuana, en los que se presenten violaciones a derechos humanos. Sin embargo, solicitarán su colaboración para identificar a personas susceptibles de apoyo, con casos similares al suyo.

Los promoventes esperan que la iniciativa sea analizada a fondo por los diputados y, en su caso, hagan las correcciones correspondientes.

“Al ser el indulto la única figura jurídica que nos queda después de la deficiente impartición de justicia de la que hemos sido objeto, creemos firmemente que esta ley ayudará a muchas personas que, como yo, han sido sentenciadas injustamente y tienen la esperanza de reconstruir su proyecto de vida en libertad”, expresó Sanjuana en la exposición de motivos.

De acuerdo con la propuesta legislativa, las entidades que cuentan con regulación del reconocimiento de inocencia en sus Códigos Penales son Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Quintana Roo y Sinaloa.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, particularmente Perteneces AC, enfocada en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, impulsaron la solicitud de Sanjuana, la cual, argumentan, se le dictó tras un proceso penal irregular y sin perspectiva de género.

Maldonado Amaya recobró hoy mismo su libertad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre su salida del penal de Xolol, en la Huasteca potosina.

El caso de Sanjuana, indicó el titular de la secretaría, es visto como un caso de éxito en términos de su proceso de reinserción, para el cual ella cumplió con 5 ejes rectores: educación, salud, deporte, trabajo y capacitación para el trabajo, por lo que a partir de ahora le corresponde a las autoridades darle seguimiento para que logre una verdadera reinserción, pero que además se hable de la posibilidad de que se inserte a la vida productiva y laboral.

Detalló que luego de que el Poder Ejecutivo fue notificado sobre el indulto a Sanjuana, se procedió a acatar la medida mediante la pronta liberación, siendo este el primer caso desde que se tenga conocimiento en el actual gobierno estatal.

“Su liberación es una prueba de que en San Luis Potosí hay nuevos mecanismos en la aplicación de la justicia”, subrayó el titular de la SSPCE y aseguró que Sanjuana es un claro ejemplo de la reinserción social y que las autoridades estatales están haciendo grandes esfuerzos para darle un trato digno a las personas privadas de la libertad.

Sanjuana Maldonado, originaria de Charco Cercado, Guadalcázar, fue sentenciada a 30 años de prisión en el penal de Xolol. En el momento de su arresto, estaba cursando el último semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Matehuala. Su relación con un hombre violento llevó a su implicación en un crimen del que ella alegó desconocer su participación.

Obligada por su pareja a retirar dinero de una cuenta bancaria a su nombre, Sanjuana fue arrestada sin una orden de aprehensión por elementos presuntamente de la Policía Ministerial. El juez del caso no permitió que presentara pruebas en su defensa, y se le solicitó una elevada suma para su liberación, dinero que su familia no podía pagar. La organización Perteneces, al analizar el caso, identificó numerosas violaciones a sus derechos humanos y discriminación basada en estereotipos de género.

El indulto aprobado por los diputados locales permitirá que Sanjuana recupere su libertad. Sin embargo, este indulto no anula la condena original, dejando una mancha en su historial legal.

Durante la sesión del Congreso, los legisladores destacaron la importancia de revisar casos como el de Sanjuana para asegurar que se haga justicia y se respeten los derechos humanos, evitando que otras personas enfrenten situaciones similares en el futuro.

Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, manifestó que la Iglesia se alegra ante la posible liberación de Maldonado y se une al sentimiento de su familia. “Nos alegramos como Iglesia y nos unimos al gozo de ella y de su familia por su pronta liberación, que ojalá el Congreso dé el veredicto final para que obtenga su libertad”, declaró Cruz Perales.

El vocero argumentó que Sanjuana Maldonado fue utilizada como un “chivo expiatorio” y que incluso las víctimas del secuestro no la reconocen como culpable. Maldonado, que tenía 19 años al momento de su arresto, vivía en Matehuala por motivos de estudio y mantenía una relación con una pareja que la maltrataba física y psicológicamente. Según Cruz Perales, su pareja la obligó a acompañarlo a realizar un cobro en contra de su voluntad, lo que llevó a su arresto y condena.

Cruz Perales también hizo un llamado a que se haga justicia para las víctimas del secuestro, asegurando que los verdaderos responsables enfrenten las consecuencias legales. “La justicia tiene que trabajar y las familias tienen que seguir insistiendo para que se alcance la justicia”, afirmó.

El sacerdote se refirió a la reciente modificación de la Ley de Amnistía, que permite al Presidente de la República otorgar amnistía directa en casos que considere apropiados. Señaló que uno de los riesgos de que el indulto dependa de una sola persona es la posible falta de capacidad para escuchar todas las perspectivas, lo que podría llevar a la liberación de personas que no lo merecen.

Reconoció que en las cárceles de México hay muchas personas inocentes que están detenidas injustamente y expresó su esperanza de que el indulto beneficie a estas personas. Cruz Perales subrayó la necesidad de trabajar por una justicia real en el país, que es un clamor de todos los sectores de la sociedad.

El dictamen que será votado justifica la liberación de Maldonado sin declarar su inocencia, señalando la separación de poderes en el sistema legal mexicano y en San Luis Potosí. El documento explica que “la solicitud se fundamenta en su presunta inocencia respecto del delito de secuestro agravado, por el cual ya fue juzgada y condenada”.

Dado que ya existe un fallo judicial y respetando la separación de poderes entre el Legislativo y el Judicial, el Congreso del Estado no tiene la autoridad para reconsiderar la sentencia. Por lo tanto, aunque utilizará su capacidad para indultar, no se restaurarán los derechos de Maldonado ni se reconocerá su inocencia. Su liberación se basa en irregularidades procesales, no en una absolución del delito.

El dictamen también destaca que los motivos presentados por Maldonado para su indulto requieren revisar el proceso judicial y la sentencia para confirmar su inocencia y determinar si hubo fallos procesales significativos. Sin embargo, el Congreso del Estado no tiene el poder legal ni constitucional para actuar como órgano revisor de las decisiones judiciales.

Este jueves, el Congreso votará únicamente sobre la liberación de Sanjuana Maldonado Amaya, sin concederle el perdón o una absolución formal. Esto podría afectar sus derechos, como la capacidad de votar o de conseguir empleo que requiera un certificado de antecedentes penales limpios.