La diputada Ramírez Ramírez destacó la necesidad de informar adecuadamente a la ciudadanía sobre estos riesgos, haciendo hincapié en la importancia de llevar las campañas de prevención más allá de las redes sociales y asegurar que la información llegue a todos los rincones del estado, especialmente a las áreas con acceso limitado a la información.

“Es fundamental que las campañas de prevención no se limiten a las plataformas digitales. Debemos alcanzar a todas las comunidades, incluidas aquellas con menos acceso a internet”, subrayó la diputada. En este sentido, instó a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí a implementar redes de comunicación eficientes que permitan una difusión más amplia de información preventiva.

Ramírez Ramírez hizo un llamado a los municipios para que se involucren activamente en la difusión de información y promuevan la denuncia ante las autoridades correspondientes. “Muchas personas tienen temor de denunciar debido a las amenazas recibidas. Es crucial que las autoridades locales aseguren a los ciudadanos que pueden reportar estos delitos de manera segura y confiable”, afirmó.

Con estas acciones, la diputada busca no solo prevenir el delito, sino también fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad y fomentar una cultura de denuncia responsable y segura en San Luis Potosí. “La participación activa de los municipios en la difusión de información y la promoción de la denuncia son esenciales para combatir estas amenazas y proteger a nuestra comunidad”, concluyó.

Esta iniciativa pretende reforzar la lucha contra las extorsiones telefónicas y los secuestros virtuales, delitos que han afectado a numerosos ciudadanos. La diputada Ramírez Ramírez reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad y bienestar de la población potosina.

El propósito principal de estas medidas es blindar a los usuarios contra posibles ataques cibernéticos y el robo de información sensible mientras disfrutan del acceso gratuito a la red. Con el objetivo de evitar situaciones como el bombardeo de publicidad no solicitada o la manipulación de datos personales, se ha establecido un enfoque proactivo hacia la protección de la información digital de los ciudadanos.

La presidencia de la comisión ha destacado la importancia de esta iniciativa, enfatizando que se busca garantizar que los usuarios puedan navegar por la red de forma segura, sin temor a la intrusión no autorizada en sus datos personales. Para lograr este objetivo, se insta a los ayuntamientos a implementar tecnologías avanzadas y disponibles para asegurar la integridad de las redes y la información que circula a través de ellas.

Además, se ha establecido claramente que los ayuntamientos no deben utilizar el servicio de internet gratuito como una plataforma para enviar mensajes personalizados que no estén relacionados con comunicaciones institucionales. Esta disposición se convertirá en un requisito esencial para la prestación del servicio de internet gratuito en las plazas públicas, como parte de las leyes estatales existentes que regulan este tipo de actividades.

En una medida adicional aprobada, se ha dado luz verde para la modificación de la Ley del Transporte Público del Estado, permitiendo que los taxis utilicen vehículos más amplios como minivans o hatchbacks. Esta decisión, destinada a mejorar la comodidad de los usuarios, especialmente aquellos con necesidades especiales, abrirá nuevas posibilidades de transporte sin necesidad de emitir nuevas concesiones.

Los ayuntamientos, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se comprometen a garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, promoviendo así un entorno más seguro y protegido para todos los ciudadanos. Los resultados de estas iniciativas serán sometidos a votación en el Pleno del Congreso, en un esfuerzo por fortalecer aún más la protección de la privacidad y los derechos digitales de la población.

Araceli Martínez Acosta, titular de la dependencia, alertó sobre la irregularidad en la operación de estos servicios, lo que representa un riesgo para los usuarios al no estar regulados por las autoridades.

Martínez Acosta enfatizó que quienes prestan este servicio de manera no autorizada están incurriendo en un delito, por lo que los usuarios deben abstenerse de utilizarlo para evitar exponerse a posibles consecuencias legales.

Asimismo, advirtió sobre la realización de operativos que podrían resultar en la detención de los usuarios y su remisión a la fiscalía.

Hasta la fecha, se han detenido aproximadamente 75 unidades que operan como transporte público de manera irregular, utilizando vehículos particulares con placas no autorizadas para dicho fin.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece que cualquier transporte que desee operar debe contar con la debida autorización, la cual no ha sido obtenida por las plataformas mencionadas.

Aunque la Ley de Transporte de San Luis Potosí permite la operación de servicios de transporte público a través de aplicaciones digitales desde 2018, impone requisitos específicos para su funcionamiento.

Estos incluyen el pago de impuestos sobre los viajes, la limitación de cobros en tarjeta y el registro de todos los operadores en la entidad, requisitos que hasta el momento no han sido cumplidos por ninguna empresa de este tipo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.