La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, informó que existen indicios que sugieren que el imputado había amenazado en varias ocasiones al alcalde antes de su asesinato. Además, señaló que los sicarios involucrados serían foráneos.

“Y de ahí surgen diversas afirmaciones que hacen pensar que entre los dos existían ya rencillas. Entonces, eso es al parecer el móvil (…) De acuerdo a los hechos y las personas entrevistadas, nos hacen referencia que había sido amenazado de muerte”, detalló García Cázares.

En el marco de la investigación, se llevó a cabo la detención de Manuel N., alias “Kippy”, aunque inicialmente por su presunta relación con otro delito. No obstante, también se indagó su posible implicación en el crimen del edil, aunque fue puesto en libertad al no encontrarse elementos suficientes para vincularlo con el asesinato.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre la posible búsqueda de Alejandro N., regidor morenista e hijo de José Guadalupe N., como presunto implicado en el caso, la fiscal afirmó que las indagatorias continúan, pero los detalles permanecen reservados.

Asimismo, García Cázares indicó que, derivado de un cateo realizado por la Policía de Investigación, se localizó armamento y una camioneta asegurada por la Guardia Civil Estatal, los cuales serán remitidos a la Fiscalía General de la República para su análisis.

El caso ha generado conmoción en la región y elevado las demandas de justicia por parte de la ciudadanía, quienes exigen esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

La nueva ley también contempla que menores de edad, implicados en delitos de terrorismo, extorsión, secuestro y violación sexual, serán tratados bajo el mismo rigor penal. Según autoridades, esta reforma es un paso firme para contener los delitos cometidos por jóvenes.

El dictamen introduce modificaciones al Código Penal que determinan la imputabilidad de adolescentes de 16 y 17 años en el sistema de justicia penal, alineándolos con penas previstas para adultos.

Por otro lado, el Congreso evalúa una propuesta para implementar el servicio militar obligatorio en jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”. El proyecto contempla edades entre los 18 y 51 años y propone inculcar en ellos disciplina militar, como medida para promover una reintegración social y reducir el índice de desempleo en este sector.

De acuerdo con Ulises Lara López, titular de la FGJCDMX, el agente del ministerio público logró demostrar que estas personas, sentenciadas por homicidio calificado y de tentativa de homicidio calificado, participaron en el ataque armado ocurrido el viernes 26 de junio del 2020, en la colonia Lomas de Chapultepec, al poniente de la capital de la país, mientras el entonces ex secretario circulaba por el Paseo de la Reforma al cruce con Monte Blanco.

“Ministerios Públicos de nuestra Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento acreditaron la plena participación de dichas personas en los delitos de homicidio calificado, en agravio de tres personas, y de tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de cinco más”, informó Ulises Lara en un video donde dio a conocer la sentencia.

Agregó que el Tribunal de Enjuiciamiento otorgó 50 años de prisión a cada uno de los responsables por cada uno de las tres personas asesinadas, al tiempo que sentenciaron con 33 años y cuatro meses a los doce sicarios del CJNG por el delito de tentativa de homicidio calificato en agravio de cinco personas, entre las que se encuentra el ahora exsecretario de Seguridad, García Harfuch.

“Al sumar la totalidad de las penas, a cada uno de los acusados se les impuso una sentencia condenatoria de 316 años, ocho meses de prisión. No obstante, los procesados solamente compurgarán 70 años de prisión, como lo establece el Código Penal”, apuntó el titular de la Fiscalía de la CDMX.

Además, estas doce personas con procedencias de la CDMX, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno de nacionalidad colombiana, tendrán que pagar la reparación del daño a las personas agraviadas, mientras que a las víctimas indirectas se les deberá pagar el daño psicoemocional, los perjuicios ocasionados vehículos relacionados con los hechos.

Según las autoridades capitalinas, los sicarios fueron contratados con tres semanas de anterioridad al atentado, al tiempo que fueron organizados en células y concentrados en la capital del país.

“Fueron llevados a tres diferentes puntos, específicamente a los lugares en donde interceptarían la camioneta en donde viajaba el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana”.

“Derivado de estos lamentables hechos, una mujer que se encontraba en el lugar, ajena a esta situación, falleció”, precisó Lara López.

Diferentes reportes refieren que la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, buscaba asesinar a García Harfuch por las diferentes bajas de las que fue responsable mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El operativo se realizó en el municipio de Tamasopo, en San Luis Potosí, con la finalidad de detener a García Vilano alias La Kena, quien logró escapar ya que autoridades locales le avisaron que tropas federales iban rumbo a su captura, no obstante lograron detener a once sicarios, entre los detenidos se encuentran José N., alias Juanillo, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de La Kena, además de José N., alias Negro, quien fungía como enlace y persona de confianza de La Ken, Juan Francisco N. alias Frank, era técnico de comunicaciones, para citar la facción criminal, la célula delictiva tenía como principal objetivo la protección y guardia de José Alberto García, así como de cuidar el traslado de grandes cantidades de droga como cocaína, heroína, metanfetamina y pastillas de fentanilo hacia los Estados Unidos.

Este grupo criminal mantenía presencia en el corredor de la huasteca potosina, que abarca los municipios de Ciudad Valles, Rioverde y Tamasopo. También ejercía violencia en Tamaulipas.

Trabajos de inteligencia indican que, mediante la cooptación de autoridades federales, estatales y municipales, realizaban secuestros, extorsiones, asesinato, venta de droga y tráfico de armamento de alto poder con el cual abastecían a los demás integrantes de su organización.

Se tiene conocimiento que el Cartel del Golfo ofreció un millón de pesos al Juez federal que lleva la causa penal, para que los declare inocentes y deje en libertad a esos delincuentes, responsables de generar violencia en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Un enfrentamiento armado se registró la mañana de este miércoles 2 de septiembre en las inmediaciones de la súper carretera 75 San Luis-Rioverde, a la altura del entronque con Cerritos, situación que generó una intensa movilización policiaca para atender la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta roja abrieron fuego contra elementos de la Guardia Nacional, el hecho, provocó una persecución que se prolongó hasta Cerritos, frente a un balneario conocido como Splash en donde, presuntamente, los sicarios lograron huir.

En la zona se implementó un fuerte operativo en el que participaron agentes de la Guardia Nacional, del Ejército y de otras corporaciones de Seguridad Pública sin que, hasta el momento, se reportaran detenidos o heridos.

Fueron ejecutados dos hombres, a quienes les dispararon varios sujetos, fueron cinco tipos con armas largas y cortas, según testigos, dejaron una cartulina en el lugar con un mensaje, al parecer, un grupo de la delincuencia organizada. El vehículo en el cual llegaron y huyeron los presuntos sicarios, fue encontrado poco después, abandonado. 

Los hechos sucedieron en la calle Miniatura, minutos antes de finalizar el lunes, en la colonia antes señalada, ubicada en prolongación 20 de Noviembre y Ponciano Arriaga, por el rumbo de Guanos. Según se dijo, fueron cinco sujetos a bordo de una camioneta Nissan, de la línea Xtrail, gris metálico, con placas de Tamaulipas, quienes llegaron a donde se encontraban dos jóvenes y abrieron fuego contra ellos. 

Tras haber disparado, los presuntos sicarios dejaron una cartulina y volvieron abordar la camioneta, la cual, como característica, carece del medallón. Tras la huida, vecinos llamaron al 911 de atención a emergencias y cuando llegaron los paramédicos ya nada podían hacer por las víctimas, habían fallecido y llegaron agentes uniformados quienes procedieron al acordonamiento del área, en espera de la llegada de los agentes de la Policía de Investigación y personal de periciales. 

Minutos después, fue encontrada la camioneta Nissan que había sido abandonada en la calle Mar Rojo, cerca de la Escuela Secundaria “Dionisio Zavala”, según testigos, ahí cuatro sujetos, dos con el rostro cubierto, bajaron de ese vehículo y subieron a un Volkswagen, de la línea Bora, blanco, donde huyeron. Proporcionaron a los agentes policiales las características de los presuntos.