El documento será entregado formalmente el miércoles 15 de octubre a la Secretaría de Finanzas, para ser integrado en el Paquete Económico Estatal 2026, que deberá presentarse ante el Congreso del Estado antes del 20 de noviembre.

Entre los elementos adicionales contemplados en el proyecto se encuentran la instalación del Tribunal de Disciplina, nuevo órgano dentro de la estructura del Poder Judicial, y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyos trabajos deberán adelantarse para cumplir con los plazos legales.

Zarazúa señaló que ambos componentes ya fueron considerados dentro del monto solicitado para el próximo año y confió en que se realice una evaluación precisa de las necesidades operativas del Poder Judicial. Aclaró que el presupuesto no contempla la construcción de nuevas instalaciones, y que el gasto fue distribuido para cubrir a todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los ubicados fuera de la capital.

El tribunal resolvió que la impugnación carecía de validez al no contar con firma autógrafa ni electrónica, ya que fue presentada por correo electrónico y no a través del sistema en línea correspondiente.

La sanción, derivada de la resolución INE/CG977/2025, se aplicó por irregularidades detectadas en la revisión del informe único de gastos de campaña de Ruiz Contreras. Aunque inicialmente la multa ascendía a 30 mil 434.66 pesos, fue ajustada tras valorar los ingresos y la capacidad económica del excandidato.

Aún falta la resolución de la última instancia en la cadena impugnativa; sin embargo, por ahora se mantiene vigente la sanción que obliga al exfuncionario a cubrir el monto señalado.

Los nombramientos recaen en profesionales con amplia trayectoria jurídica y académica, quienes a partir de hoy asumen la responsabilidad de fortalecer la independencia y eficacia del Poder Judicial, en un contexto en el que la sociedad demanda mayor transparencia y resultados concretos en la resolución de conflictos.

Los nuevos magistrados del STJE son: Lourdes Anahí Martínez Zarazúa, Juana María Alfaro Reyna, María Sara de la Luz Bernal Ramírez, María del Rocío Hernández Cruz, Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, Lizet Paola Morales Monter y Silvia Torres Sánchez.

De igual manera, se suman al máximo órgano judicial jueces y magistrados de salas y materias adicionales, entre ellos: Jairo Hernández Garibay, Armando Rafael Oviedo Ábrego, Yanet Hernández Trejo, Rogelio Javier Salazar Zavala, Juan David Ramos Ruiz, Ángel Gonzalo Santiago Hernández y Mónica Kemp Zamudio.

Con esta renovación, el Poder Judicial de San Luis Potosí busca robustecer su capacidad de respuesta frente al incremento en la demanda de servicios de justicia, así como reafirmar su compromiso con los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

La ceremonia de protesta se perfila como un evento solemne que no solo marca el inicio de una nueva etapa para quienes hoy asumen el cargo, sino también un mensaje de confianza hacia la ciudadanía potosina en torno a la consolidación de un sistema judicial más cercano, moderno y eficiente.

Los señalados fueron Arturo Morales Silva (7.91), Juan David Ramos Ruiz (8.68), Ángel Gonzalo Santiago Hernández (7.58), José Luis Ruiz Contreras (7.91) y Mónica Kemp Zamudio (7.88), según promedios obtenidos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). También se cuestionó la elegibilidad de Ruiz Contreras por su reciente cargo como fiscal estatal, pero el TEESLP desechó los argumentos, considerando que el acuerdo no fue impugnado a tiempo y que las reformas al Poder Judicial eximen a integrantes del sistema de justicia local de acreditar nuevamente ciertos requisitos.

El magistrado Sergio Iván García Badillo votó en contra, argumentando que los promedios incumplen el artículo 116 constitucional y que los nombramientos debieron anularse. Respecto a Ruiz Contreras, el Pleno determinó que no había impedimento legal, destacando mecanismos como la excusa o recusación para garantizar imparcialidad.

Documentos oficiales de la UASLP confirman que sus promedios generales van de 7.58 a 7.91. Esta falta incumple un criterio establecido en la Ley, que exige un mínimo de ocho en la licenciatura y de nueve en asignaturas relacionadas con la función. El incumplimiento ha provocado en el país la nulidad de al menos 45 designaciones similares, según el INE.

El caso es analizado por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí en varios juicios promovidos por aspirantes excluidos del proceso. Se cuestiona la omisión de los Comités de Evaluación y del Ceepac, quienes no verificaron el cumplimiento del promedio a pesar de que era un requisito visible en las convocatorias oficiales emitidas por los tres poderes estatales.

El fallo del Tribunal podría derivar en la anulación de los nombramientos y en la reposición del proceso. El antecedente más cercano es la anulación del cargo de María Concepción Castro Martínez por motivos idénticos. En próximos días se sabrá si esta omisión institucional obliga a reconfigurar nuevamente el máximo órgano judicial potosino.

Se explicó que quien obtenga más votos asumirá la presidencia del Supremo Tribunal por dos años, sin opción a reelección. Además, se confirmó que la entrega-recepción será global, abarcando todas las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, sin dividirse por órganos individuales.

Anahí Zarazúa, virtual presidenta electa, agradeció el respaldo de la ciudadanía y prometió una administración cercana y sensible. Reafirmó su compromiso con la independencia judicial, la defensa de los derechos humanos y una profunda transformación institucional que beneficie a la sociedad.

Morales Silva aseguró que existe certeza institucional y laboral para todo el personal del Poder Judicial. Subrayó que los derechos de los trabajadores están protegidos, el servicio de justicia seguirá sin interrupciones, y que toda reforma se hará dentro del marco constitucional. Los magistrados electos destacaron que cada juez decidirá con autonomía, sin imposiciones ni oficialismos.

Los nuevos magistrados aseguraron que ya trabajan en una serie de estrategias para garantizar la continuidad y operatividad de la institución. También señalaron que se respetarán los derechos laborales del personal, descartando cambios drásticos en el funcionamiento del Poder Judicial.

Reconocieron que hay especulaciones sobre el rumbo que tomará la institución, pero afirmaron que su objetivo será fortalecerla con base en el proceso democrático. Aseguraron que buscarán consolidar la estabilidad y fortalecer la impartición de justicia en el estado.

El próximo pleno del Supremo Tribunal estará integrado por ocho mujeres y siete hombres. Las magistradas serán: Lourdes Anahí Zarazúa, Juana María Alfaro, Sara de la Luz Bernal, Rocío Hernández, Liliana Aguilar, Paola Morales, Silvia Torres y Mónica Kemp. Los magistrados serán: Jairo Hernández, Armando Oviedo, Javier Salazar, Juan David Ramos, José Luis Ruzi y Ángel Gonzalo Santiago. Todos asumirán funciones en septiembre.

Durante su gestión como presidente, Almazán Cué impulsó iniciativas para hacer la justicia más accesible, especialmente en las comunidades rurales. Una de sus propuestas más destacadas fue el sistema de justicia itinerante, mediante el cual profesionales del derecho, acompañados por mediadores y ministerios públicos, visitaban localidades remotas para resolver conflictos directamente en el territorio. Este modelo, implementado en colaboración con municipios, buscaba garantizar el acceso a la justicia en áreas con recursos limitados. Según datos del Poder Judicial, programas como este han incrementado la resolución de casos a través de la mediación en zonas marginadas.

Almazán Cué también priorizó mejoras en los espacios de convivencia familiar durante su presidencia, transformando áreas para que fueran más adecuadas y acogedoras para menores y sus padres. Esta iniciativa, explicó, surgió de su experiencia como juez familiar, donde identificó la necesidad de entornos que favorecieran interacciones sanas y respetuosas.

El aboga por modernizar el sistema judicial mediante el uso de tecnología, argumentando que sin candidato inversión en herramientas digitales no se logrará una transformación profunda en la impartición de justicia. Asimismo, celebró que la Reforma Judicial haya dado un rostro y nombre a los jueces y magistrados, fortaleciendo la conexión con la ciudadanía.

Almazán Cué instó a los potosinos a participar en la elección del 1 de junio, subrayando que el voto ciudadano es esencial para consolidar un Poder Judicial más transparente y cercano. “Este ejercicio democrático es una oportunidad para elegir a quienes realmente sirven a la justicia”, afirmó.

Portales Pérez ha enfocado su labor en tres ejes fundamentales: la eficiencia en el uso de recursos humanos en un distrito judicial extenso, la atención a casos de violencia de género y la protección de los derechos de la niñez. Estos temas, que considera parte del “día a día” de su función, reflejan su compromiso con una justicia cercana y sensible a las necesidades de la población.

Además de su labor judicial, Portales Pérez es catedrático en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde comparte su experiencia y conocimientos con las nuevas generaciones de abogados. Su formación académica y su práctica profesional lo posicionan como un candidato con una visión integral del sistema judicial.

En el marco del proceso electoral, Portales Pérez ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se involucre activamente, destacando la importancia de conocer a los candidatos, su trayectoria y propuestas. Su participación en estas elecciones representa una oportunidad para fortalecer la justicia en el estado, con un enfoque en la eficiencia, la equidad y la protección de los derechos fundamentales.

Morales Silva continuará al frente del STJE hasta que los nuevos magistrados, elegidos por voto popular, asuman el cargo tras el proceso electoral extraordinario. Durante la sesión, agradeció el respaldo unánime de sus compañeros magistrados y subrayó su compromiso de trabajar en el fortalecimiento del sistema judicial.

En diciembre, durante su informe anual, destacó los avances en la administración de justicia y enfatizó la necesidad de colaboración institucional para consolidar el Estado de Derecho. Además, aseguró que la estabilidad del Poder Judicial y la confianza ciudadana en sus decisiones seguirán siendo sus prioridades.

El magistrado no descartó participar en las próximas elecciones del sistema judicial, aunque condicionó su candidatura al respaldo de su familia. Mientras tanto, reafirmó su intención de seguir impulsando mejoras en la impartición de justicia en San Luis Potosí.