Luego de la reunión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la nueva dirigente del SUTSGE, Laura Zamarripa Alvarado, el secretario general comentó que, en ese primer encuentro, el mandatario estatal externó la disposición y la de todo el gabinete de revisar los temas pendientes e integrar una agenda de trabajo en la que se privilegie el diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones.

Torres Sánchez destacó la disposición que mostró la nueva dirigente del sindicato mayoritario de las y los burócratas para generar este acercamiento con el Gobierno Estatal, por lo que convocó a la Oficialía Mayor y áreas jurídicas para atender temas de interés común.

Durante el evento, Zamarripa agradeció la confianza de los agremiados y destacó que su administración buscará fortalecer la unidad del gremio. Subrayó que el respaldo colectivo será esencial para afrontar los retos venideros, por lo que exhortó a los miembros del sindicato a permanecer unidos y organizados.

En su mensaje, advirtió que no se tolerarán atropellos a los derechos laborales ni acciones que vulneren las condiciones de los trabajadores del Estado. Aseguró que trabajará con firmeza para salvaguardar las conquistas sindicales y promover un diálogo constante con las autoridades gubernamentales.

Zamarripa concluyó su intervención recordando que el proceso electoral ha quedado atrás y ahora inicia una etapa de trabajo conjunto en favor del gremio. Afirmó que su compromiso es firme y su administración estará abierta a escuchar las voces de todos los sectores del sindicato.

El proceso electoral inició el martes 7 de mayo con el registro oficial de candidaturas y contempló la instalación de 15 casillas distribuidas en distintos centros laborales de la capital, permitiendo la participación de trabajadores de diversas áreas del gobierno estatal. Tras el conteo de votos, el Consejo Electoral del sindicato confirmó la victoria de Zamarripa ante decenas de trabajadores reunidos para presenciar el cierre del proceso.

María Laura Zamarripa es licenciada en Derecho con maestría en Derecho Laboral. Su trayectoria está vinculada estrechamente con la dirigencia sindical anterior, al haberse desempeñado durante años como asesora legal de Bernardina Lara Argüelles, quien encabezó el SUTSGE durante décadas. También ocupó la Secretaría de Conflictos dentro del comité y ejerció funciones en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde fue proyectista jurídica y responsable de áreas como amparos, incidentes y ejecuciones. Además, fue suplente de diputada local.

Durante décadas, Lara Argüelles encabezó el sindicato más influyente del gobierno estatal, consolidando su poder especialmente en administraciones priistas. Su liderazgo le permitió ocupar una diputación local y mantener al SUTSGE como un actor clave en la negociación de derechos laborales.

En 2024, pese a enfrentarse a procesos legales y cuestionamientos, logró mantenerse al frente del sindicato mediante diversos amparos. Su trayectoria estuvo marcada por una fuerte defensa de los trabajadores gubernamentales y su influencia en la política estatal.

Con su fallecimiento, se abre un nuevo panorama en la dirigencia sindical de San Luis Potosí, donde su liderazgo dejó una huella significativa en la historia del gremio.

El retiro de la manifestación se llevó a cabo la tarde del martes, permitiendo la liberación de la calle Madero, donde hasta 50 personas se habían mantenido en protesta. En una circular interna, el sindicato confirmó que la acción sindical quedó desactivada a partir del miércoles 29 de enero.

Lara Arguelles explicó a los agremiados que esta decisión busca que el TECA cumpla con la resolución del Juzgado de Distrito, que falló a favor del SUTSGE respecto a la validez de su proceso electoral para el periodo 2024-2028. Aunque la elección se realizó en octubre de 2023, el tribunal aún no ha concedido la toma de nota que oficializaría la directiva.

El sindicato reiteró que la sentencia del juez de distrito es clara en ordenar al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que valide el proceso electoral, argumentando que se realizó conforme a los estatutos y con el respaldo de los trabajadores.

Rosario García Leija, representante de la secretaria general del SUTSGE, Bernardina Lara Argüelles, denuncó que el TECA no solo ha ignorado la orden judicial que reconoce la representatividad del sindicato mayoritario, sino que también ha actuado de manera unilateral al nombrar representantes de los burócratas estatales provenientes de un sindicato minoritario. Esto contradice la suspensión judicial que faculta a Lara Argüelles para designar a dichos representantes.

La tensión aumentó tras declaraciones del Secretario General de Gobierno, quien calificó el plantón como una medida extrema y afirmó que la suspensión definitiva es “cuestión de interpretación”. García Leija rechazó estas afirmaciones y aclaró que los trabajadores no han obstruido las calles, ya que el paso vehicular se mantiene libre y el cierre fue realizado por las autoridades.

El sindicato reitera su exigencia de que el gobierno estatal respete las libertades sindicales y la autonomía del SUTSGE, y que se abstenga de tomar represalias o ejercer hostigamiento contra los trabajadores. La demanda de respeto a los derechos laborales y la libertad de expresión sigue siendo central en el discurso del sindicato mientras el plantón permanece activo.

El funcionario expresó que tales acciones perjudican a la comunidad y contravienen el objetivo de servir al pueblo potosino. Recordó que el propósito de las autoridades es facilitar el orden y la unidad, no generar obstáculos para el desarrollo y bienestar de la población. Además, lamentó que trabajadores del gobierno estatal estén bloqueando las oficinas públicas, lo que ha obligado a declarar inhábiles ciertos días laborales y ha alterado el funcionamiento de audiencias laborales programadas.

Respecto a las demandas del SUTSGE, que busca el reconocimiento formal de su sindicato a través de la toma de nota, Torres Sánchez aclaró que la suspensión otorgada por un juez federal no implica necesariamente ese reconocimiento. Señaló que, según su interpretación, la medida suspensiva no obliga al gobierno a otorgar la toma de nota, por lo que el asunto debe dirimirse legalmente y no mediante protestas públicas.

Con la resolución del amparo, Bernardina Lara, quien ha estado al frente del sindicato por más de dos décadas, recibiría la toma de nota que le había sido rechazada en dos ocasiones. Esto le permitiría asumir nuevamente la dirigencia del SUTSGE para el período 2024-2028, un proceso que había sido obstaculizado por lo que el sindicato calificó como una intervención indebida del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

El caso generó tensiones, ya que el TECA había rechazado inicialmente la validez de la elección interna del SUTSGE, alegando que la planilla encabezada por Lara había sido la única registrada en ambos procesos electorales. Además, se había señalado que el sindicato ocultó los resultados de la elección interna, un argumento que no fue suficiente para evitar la intervención del tribunal.

El conflicto alcanzó su punto álgido con las manifestaciones de los trabajadores, quienes, descontentos por la falta de reconocimiento de su elección, bloquearon calles y presentaron una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado. Ante la controversia, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, desestimó las acusaciones de intromisión estatal en los asuntos sindicales, instando a los manifestantes a enfocarse en trabajar en beneficio de la población.

Con más de cinco mil trabajadores afiliados, el SUTSGE sigue siendo uno de los sindicatos más representativos del gobierno estatal, y la resolución judicial favorece la estabilidad de su dirigencia tras varios años de disputas internas.

El motivo principal de la manifestación fue la presunta negativa del TECA, encabezada por su magistrado presidente, a otorgar la toma de nota de la última elección interna del sindicato. Según la suplente del secretario de conflictos, María Claudia Rodríguez Flores, esta es la segunda vez en el año que ocurre esta situación, la cual calificaron como un acto de ejercicio indebido por parte de los servidores públicos involucrados.

Rodríguez Flores afirmó que las elecciones se realizaron conforme a la normatividad y con la participación de los trabajadores. Sin embargo, señaló que el TECA justificó su negativa argumentando que la secretaria general y otros miembros de la directiva no están facultados para encabezar el sindicato. Ante esta situación, los sindicalizados presentaron su denuncia para que la Fiscalía investigue y deslinde responsabilidades.

Los manifestantes aseguraron que agotarán todas las instancias legales, incluyendo el Tribunal Federal, si no se resuelve su demanda. Además, advirtieron que el bloqueo se mantendría hasta que fueran atendidos. A pesar de que personal de la Fiscalía ofreció una reunión con el vicefiscal, la representante sindical indicó que el reconocimiento oficial del sindicato sigue siendo la prioridad.

El bloqueo de la avenida Eje Vial, en ambos sentidos, provocó un caos vehicular en las inmediaciones del Centro Histórico. Hasta el cierre de esta nota, los manifestantes no habían sido atendidos directamente por la fiscal general.

El punto álgido se alcanzó el pasado 8 de marzo, cuando un grupo de trabajadoras del TECA fue despedido, según alegan, de manera arbitraria. Este acontecimiento desencadenó una serie de manifestaciones y denuncias enérgicas por parte del personal afectado, quienes se han unido para exigir justicia y poner fin a lo que consideran abusos de poder por parte de las autoridades del tribunal.

Las instalaciones del Tribunal se han convertido en escenario de protestas, donde las ex trabajadoras han colocado pancartas con consignas como “En este Tribunal no se imparte justicia, se imparte injusticia”, “El presidente de este tribunal desconoce la ley” y “Respeto a los derechos adquiridos”. Estas acciones reflejan el descontento generalizado hacia la gestión del líder institucional, al que acusan de operar con prepotencia y desconsideración hacia los derechos fundamentales de los empleados bajo su dirección.

El respaldo gremial también ha entrado en juego, con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) interviniendo en favor de las trabajadoras afectadas. El comité ejecutivo sindical se ha unido a la demanda de reinstalación inmediata de las empleadas despedidas, subrayando la necesidad de respetar los derechos laborales y humanos en todas las instancias gubernamentales, incluido el TECA.