La titular de Prevención y Reinserción Social, Margot Montes Sandoval, resaltó la importancia de garantizar el acceso integral a los servicios de salud para las mujeres en reclusión, alineándose con los cinco ejes fundamentales para su futura reinserción en la sociedad; esta iniciativa busca fortalecer la atención médica y odontológica, asegurando condiciones dignas para su bienestar.

En estrecha coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número VII de Tancanhuitz, se facilitó el acceso del personal médico odontológico al penal femenil, permitiendo la prestación de diversos servicios de atención dental. 

Durante la jornada, se realizaron revisiones en por lo menos 13 mujeres privadas de la libertad, quienes recibieron consultas odontológicas, tratamientos como extracciones dentales, limpiezas, empastes y otras atenciones especializadas.

La participación activa y proactiva de las internas fue clave para el éxito de esta campaña, reafirmando el compromiso institucional de velar por su derecho a la salud y propiciando acciones que fortalezcan su bienestar físico y emocional.

La Dirección de Prevención y Reinserción Social, continuará impulsando estrategias que garanticen una atención integral para la población penitenciaria, asegurando que el acceso a la salud sea una prioridad en el proceso de reinserción. Este esfuerzo conjunto entre instituciones, refuerza el compromiso con la dignidad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en situación de reclusión.

El operativo, llevado a cabo mediante órdenes de cateo en los municipios de Celaya y Villagrán, permitió la detención de los presuntos responsables, identificados como Juan Edgar “N”, Martín “N”, Itzel “N”, Juan Carlos “N”, Faustino “N”, Ma. de la Luz “N”, Itzayana “N”, Norma Alicia “N”, Ricardo Salvador “N”, Verónica “N”, Ma. Guadalupe “N”, Juan Martín “N”, Kevin Israel “N”, Juan Carlos “N”, Marisol “N” y Erick Trinidad “N”.

Las investigaciones revelan que los detenidos, siete mujeres y nueve hombres, formaban parte de un grupo delictivo señalado por su participación en múltiples actos de violencia en la región, incluyendo asesinatos, extorsiones, robos, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos.

Además, las autoridades no descartan su posible implicación en el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, ocurrido el pasado 1 de abril. Cabe recordar que, en mayo, la Fiscalía de Guanajuato ya había capturado a siete personas presuntamente vinculadas a dicho crimen.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para enfrentar los cargos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en otros delitos registrados en la región.

Dio a conocer que dicho centro penitenciario opera bajo condiciones humanitarias, priva el orden y la legalidad y en este sentido descartó anomalías en cuanto a los traslados se refiere, además que no hay queja alguna interpuesta ante la CEDH.

Abundó que desde su creación en el 2023, se han realizado traslados paulatinos, notificando en todo momento a los juzgados de ejecución, jueces de control y autoridades federales para que todo se lleve a cabo conforme a derecho aunado a que siempre ha existido el acompañamiento del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha constatado que en ningún momento se han violentado sus garantías individuales.

Ruiz Contreras, informó más adelante que en el transcurso de los primeros meses del presente año, se estarán haciendo los traslados correspondientes de un total de 42 femeninas que se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario # en La Pila.

“No hay alguna circunstancia que esté generando alguna violación de los derechos fundamentales de las internas, son traslados que se realizan de manera permanente; es el único centro que puede albergar a las femeninas”, indicó el maestro Ruiz Contreras.

En el rubro de integridad personal, se detectaron graves carencias en atención médica y condiciones de aislamiento, junto con la ausencia de mecanismos efectivos para denunciar violaciones a derechos humanos. La supervisión interna también resultó insuficiente, dejando vulnerables tanto a los internos como al personal.

Respecto a la estancia digna, las áreas de alojamiento, cocina, comedor y servicios médicos presentaron condiciones insalubres e inadecuadas. Además, la falta de infraestructura adecuada limita la comunicación de los internos con sus familias, afectando su vínculo social.

En el aspecto de gobernabilidad, el penal enfrenta deficiencias en la aplicación de sanciones disciplinarias y una alarmante escasez de personal de seguridad. Esta situación representa un riesgo constante para la seguridad de todos dentro del centro penitenciario.

La reinserción social también se ve comprometida debido a la falta de programas educativos, laborales y deportivos adecuados. La mala clasificación entre procesados y sentenciados, así como el desorden en la organización de actividades, agravan este problema.

Finalmente, la CNDH destacó la falta de atención a grupos vulnerables, como mujeres, personas LGBTTTI y menores que conviven con sus madres. Asimismo, se carece de programas efectivos para prevenir adicciones y promover la desintoxicación, dejando a estos grupos en situación de mayor desprotección.

La aprehensión se logró gracias a una orden emitida por un juez, luego de que la Policía de Investigación (PDI) estableciera su ubicación en Guanajuato. Con apoyo de un convenio de colaboración entre entidades, se realizó un operativo que culminó con su captura.

Esta detención se suma a la de José Guadalupe “N”, quien ya enfrenta un proceso penal tras ser vinculado como participante en el mismo caso. Según la Fiscalía, ambos están acusados de homicidio calificado.

Juan Edgar “N” será trasladado al Centro de Reinserción Social en la Delegación La Pila, donde quedará a disposición del juez que llevará su audiencia inicial. Los fiscales de la Unidad Especializada en Homicidios buscarán su vinculación a proceso mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.

El homicidio ocurrió el 15 de diciembre en la carretera Valles-Tamazunchale, donde el alcalde fue atacado con armas de fuego, hecho que también dejó tres personas fallecidas. Según las autoridades, José Guadalupe “N” habría ordenado el crimen debido a conflictos personales, recurriendo a terceros para ejecutar el ataque.

El imputado fue detenido el 17 de diciembre, y durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó pruebas que resultaron en su vinculación a proceso. La investigación complementaria tendrá un plazo de seis meses, durante los cuales el acusado permanecerá en el Centro Penitenciario de la capital.

La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, informó que existen indicios que sugieren que el imputado había amenazado en varias ocasiones al alcalde antes de su asesinato. Además, señaló que los sicarios involucrados serían foráneos.

“Y de ahí surgen diversas afirmaciones que hacen pensar que entre los dos existían ya rencillas. Entonces, eso es al parecer el móvil (…) De acuerdo a los hechos y las personas entrevistadas, nos hacen referencia que había sido amenazado de muerte”, detalló García Cázares.

En el marco de la investigación, se llevó a cabo la detención de Manuel N., alias “Kippy”, aunque inicialmente por su presunta relación con otro delito. No obstante, también se indagó su posible implicación en el crimen del edil, aunque fue puesto en libertad al no encontrarse elementos suficientes para vincularlo con el asesinato.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre la posible búsqueda de Alejandro N., regidor morenista e hijo de José Guadalupe N., como presunto implicado en el caso, la fiscal afirmó que las indagatorias continúan, pero los detalles permanecen reservados.

Asimismo, García Cázares indicó que, derivado de un cateo realizado por la Policía de Investigación, se localizó armamento y una camioneta asegurada por la Guardia Civil Estatal, los cuales serán remitidos a la Fiscalía General de la República para su análisis.

El caso ha generado conmoción en la región y elevado las demandas de justicia por parte de la ciudadanía, quienes exigen esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Inicialmente, Gloria Guadalupe Felipe Avitud, regidora por Morena, había sido seleccionada como alcaldesa. Sin embargo, esta decisión provocó una reacción inmediata de los ciudadanos y empleados municipales, quienes irrumpieron en las oficinas gubernamentales para expresar su descontento. Con mesas, sillas y candados, los manifestantes clausuraron las entradas, mientras que pancartas con consignas como “El pueblo pone, el pueblo quita” y “Karen Franco presidenta” decoraban el lugar.

La situación se tornó aún más delicada tras reportarse que algunos regidores, incluida Olga Karina Luna Flores, habrían recibido amenazas relacionadas con su voto. Aunque las fuerzas de seguridad, como la Policía Municipal, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, estuvieron presentes, no intervinieron para calmar los ánimos ni garantizar el orden.

Finalmente, los regidores lograron reanudar la sesión en privado y, tras algunos minutos de deliberación, se oficializó la elección de Olga Karina Luna Flores como nueva presidenta municipal. Este desenlace generó reacciones divididas entre la población y diversos sectores políticos del municipio.

Este controvertido proceso ocurre en un contexto de fragilidad institucional tras el reciente asesinato del exalcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, un hecho que dejó al municipio en una situación de incertidumbre. Ante las presuntas irregularidades y presiones durante la votación, existe la posibilidad de que el Congreso del Estado intervenga para evaluar la legalidad del procedimiento.

La comunidad de Tancanhuitz se encuentra ahora a la expectativa, mientras se intensifican los debates sobre la legitimidad del nuevo liderazgo y las posibles acciones a nivel estatal.

Dentro del vehículo, las autoridades hallaron varios objetos, entre ellos tres “poncha llantas”, un arma larga tipo escopeta, un cargador de arma larga y dos granadas de fragmentación. Los elementos de seguridad aseguraron el automóvil, debido a sus características coincidentes con el utilizado en el ataque armado en Tancanhuitz, donde murieron cuatro personas.

El vehículo y los objetos encontrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para su investigación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a los números de emergencia 911 o la Denuncia Anónima 089.

Torres subrayó que el Ejecutivo estatal no interviene en las indagatorias para evitar interferencias. No obstante, reconoció como un avance significativo la captura de una segunda persona presuntamente implicada en el crimen, reiterando su expectativa de que la Fiscalía actúe con celeridad para castigar a los responsables.

Las declaraciones surgieron tras acusaciones de la regidora Limbania Martell de Acuña, quien, al ser familiar de uno de los detenidos, denunció una supuesta persecución política. Torres desestimó tales señalamientos, calificándolos como infundados.

El Gobierno estatal expresó nuevamente sus condolencias a los allegados del alcalde fallecido y respaldó el llamado para que las investigaciones concluyan con justicia. Mientras tanto, la FGE continúa avanzando en el caso, con la intención de resolverlo bajo estrictos lineamientos legales y sin injerencias externas.