Las denuncias señalan que, tras abordar un taxi, el conductor se desvía de la ruta establecida y obliga al pasajero a descender en zonas despobladas o cercanas a terrenos baldíos. En ese punto aparece un cómplice que despoja a la víctima de sus pertenencias con violencia, para posteriormente huir junto con el taxista, dejando al afectado en el lugar.

Este tipo de incidentes no es nuevo en la capital potosina. En años recientes se han reportado casos similares en zonas de bares y centros nocturnos, sin que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí haya logrado implementar medidas efectivas para frenar el problema ni regular adecuadamente al gremio del transporte público.

La situación ha generado preocupación entre los usuarios, quienes solicitan mayor vigilancia, depuración del padrón de taxistas y controles más estrictos para impedir que personas vinculadas con actividades delictivas continúen operando unidades de servicio. Mientras tanto, las denuncias continúan en aumento y los afectados advierten que la inseguridad en el uso de taxis representa un riesgo creciente, especialmente durante horarios nocturnos y en zonas con poca presencia policial.

En esta nueva etapa de transformación, el Gobierno del Estado ha reducido en un 80 por ciento el rezago en las sesiones de derechos agilizando trámites que antes tardaban hasta 20 años. A ello se suma el acceso a créditos para renovar unidades, financiamientos personales y descuentos de hasta el 50 por ciento en el pago de revista lo que representa un verdadero alivio económico para las y los trabajadores del volante.

Con visión humanista y cercana, se han facilitado prórrogas, condonaciones de multas y la capacitación continua totalmente gratuita. Además, los trámites móviles han llevado los servicios gubernamentales hasta los domicilios de los taxistas eliminando barreras y simplificando procesos.

Hoy las y los taxistas tienen un Gobierno  que los acompaña y cumple con una política de movilidad sin límites que pone a las personas en el centro y construye un mejor futuro para quienes todos los días mueven al Estado.

La policía vial desplegó un operativo especial para controlar la protesta, que comenzó en el Distribuidor Juárez y avanza lentamente hacia el eje 140, punto donde culminará la movilización.

Entre las principales demandas del gremio se encuentran la regulación estricta de los vehículos de plataformas digitales y el combate efectivo contra el taxi pirata, problemas que afectan directamente a los taxistas tradicionales.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los conductores respetar las indicaciones viales y utilizar rutas alternas, debido al tráfico complicado que se registra en la zona afectada.

El Mandatario Estatal reafirmó su compromiso para seguir mejorando la seguridad, la movilidad y la conectividad, tanto en la zona metropolitana como de los caminos y carreteras de todo el Estado, para que las condiciones en que realizan su labor sean mejores cada vez, así como continuar invirtiendo recursos para cambiar la vida de las y los potosinos, con nueva infraestructura y programas sociales que apoyen la economía familiar.

En las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), en un ambiente de alegría y fiesta, cientos de taxistas y sus familias agradecieron al Gobernador Ricardo Gallardo por el reconocimiento que ha brindado al gremio, a su labor y a las condiciones en las que trabajan.

Gallardo Cardona resaltó que deben apegarse a la normatividad que les aplica para que el servicio que prestan sea de calidad y oportuno al que demanda la población, y durante la celebración, llevó a cabo la rifa de dos vehículos nuevos, diez concesiones de taxi, viajes a la playa y a la Huasteca, entre otros regalos para las hijas, hijos y familiares de hombres y mujeres del volante.

Este año es el primero que se festeja el Día del “Transportista Potosino”, el próximo 8 de diciembre, luego que Gallardo Cardona lo propuso ante el Congreso del Estado, como un reconocimiento a su compromiso y servicio ante las y los potosinos.

A las 10 de la mañana, los manifestantes llegaron con lonas que exigían la salida de Martínez Acosta. Gritaron consignas como «fuera Araceli» y «Ponte a trabajar Araceli», y se trasladaron a las oficinas de la SCT, donde permanecieron más de dos horas sin ser atendidos. La falta de respuesta por parte de las autoridades aumentó el malestar entre los conductores.

Aunque la manifestación no contó con la multitud habitual de taxistas, la protesta provocó un cierre total de la vialidad, generando caos en la zona, lo que obligó a la intervención de la policía vial. Además de la destitución de la funcionaria, los taxistas pidieron una plataforma digital para el servicio tradicional, una promesa incumplida desde hace más de un año.

Este acto de inconformidad ocurre en un contexto de creciente tensión en el sector del transporte público, marcado tanto por denuncias contra taxistas como por la falta de regulación en el trabajo de las plataformas privadas.

Este tipo de manifestaciones refleja las prácticas irregulares prevalentes en el gremio, y resalta la inacción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para controlar la violencia y el desorden que algunos taxistas ejercen en la ciudad.

Este reciente incidente no es aislado, sino parte de una serie de conflictos que revelan comportamientos abusivos por parte de algunos taxistas y la falta de una respuesta firme por parte de las autoridades.

El pasado 6 de agosto, en el centro de San Luis Potosí, un grupo de taxistas agredió a un repartidor de Uber sin intervención de las autoridades, quienes se mantuvieron al margen, permitiendo una actuación impune del gremio.

Este tipo de enfrentamientos, sumados a una permisividad evidente, han creado un ambiente en el que algunos taxistas se sienten con derecho de recurrir a la violencia para defender sus intereses.

La situación se agravó el 2 de noviembre, cuando una usuaria denunció en redes sociales haber sido agredida por el conductor del taxi con número económico 4445. La ciudadana detalló que, tras pedirle al conductor tomar una ruta alternativa para evitar el tráfico, este respondió con insultos y agresiones físicas que, accidentalmente, afectaron a su hijo pequeño cuando intentó grabar el altercado. Este caso evidencia la falta de supervisión sobre quienes operan estos vehículos.

Otro incidente relevante ocurrió el 31 de octubre, cuando cuatro hombres fueron detenidos a bordo de un taxi tras robar herramientas valuadas en más de 17 mil pesos de una tienda departamental. El uso de taxis como vehículos para actividades ilícitas subraya la falta de control y de inspecciones periódicas por parte de las autoridades.

Los conflictos en el gremio van más allá de la violencia: en redes sociales, sobre todo en Facebook Marketplace, es común encontrar taxis y placas en alquiler o venta sin ninguna regulación de la SCT. Esta informalidad crea un mercado paralelo que expone a los ciudadanos a servicios inseguros y sin garantía de regulación adecuada.

Los manifestantes señalaron que la funcionaria firmó una minuta en la que se comprometió a varias medidas, entre ellas, la emisión de un gafete con vigencia de cinco años. Actualmente, los conductores deben renovarlo anualmente, lo que incrementa sus costos operativos. Además, criticaron la falta de acción efectiva contra el “pirataje”, refiriéndose a los servicios de transporte mediante plataformas digitales, los cuales, según ellos, representan una competencia desleal.

Crispín Segura, representante del Movimiento Nacional Taxista, destacó que el último diálogo con Martínez Acosta tuvo lugar el 16 de septiembre, sin resultados concretos. Ante la falta de respuesta y la negativa a establecer nuevas mesas de trabajo, los taxistas han decidido intensificar sus protestas, advirtiendo que, de ser necesario, movilizarán a organizaciones de otros estados para presionar por la destitución de la funcionaria.

La situación ha generado tensiones en 14 organizaciones locales, además del Movimiento Nacional Transportista, quienes exigen una solución inmediata a los problemas que enfrentan.

Martínez Acosta subrayó que el proceso aún no concluye, ya que se deben seguir los protocolos legales antes de aplicar sanciones, que pueden variar desde amonestaciones verbales hasta sanciones económicas, e incluso la cancelación de concesiones o la inhabilitación de los taxistas como operadores del servicio de transporte público. “hay que respetar los procesos que establece la Ley y en ese sentido, en el momento oportuno procesal, se habrán de aplicar las sanciones correspondientes”, puntualizó la funcionaria.

Uno de los participantes de la riña se volvió viral en redes sociales por amenazar con una piedra de gran tamaño sobre su cabeza, pero Martínez Acosta aclaró que este sujeto no ha sido plenamente identificado como un chofer registrado ante la SCT. “Estamos identificándolo, tendremos que ver si es está registrado como operador del transporte público, lo tendríamos que acreditar justamente con su identificación, con su gafete, y con su registro en la Secretaría como operador del transporte público”, explicó.

Además, la titular de la SCT mencionó que su dependencia trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado, que es la encargada de integrar las carpetas de investigación y determinar si hubo comisión de delitos durante el altercado.

Finalmente, Martínez Acosta reiteró que la SCT ha iniciado todos los procedimientos necesarios para aplicar las sanciones conforme a la ley, subrayando el compromiso de la entidad de actuar con estricto apego al derecho y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Álvarez Gallegos destacó que los taxistas deben cumplir con múltiples requisitos, pagar impuestos y obtener licencias, además de realizar estudios médicos y de impacto ambiental. En contraste, las plataformas solo requieren un vehículo y un teléfono. Los taxistas también critican que las plataformas no pagan impuestos y reciben beneficios como licencias gratuitas, mientras que ellos deben pagar dos veces por los trámites.

La reciente violencia entre taxistas y conductores de Uber, que resultó en cinco detenidos y cinco heridos, ha intensificado las protestas. Los taxistas afirman que su protesta no es contra las aplicaciones en sí, sino contra la falta de regulación y la opacidad gubernamental. Según Álvarez Gallegos, la competencia desleal afecta tanto a los taxistas como a sus familias, y se quejan de que las aplicaciones operan fuera de la ley sin la debida regulación.

Los taxistas exigen que las plataformas se sometan a las mismas regulaciones que ellos y denuncian posibles conflictos de interés entre políticos y las plataformas de transporte. Insisten en que, si ellos han sido regulados rigurosamente, las aplicaciones deben ser reguladas de manera similar para garantizar una competencia justa.

Martínez Acosta explicó que la complicada reglamentación para estas plataformas ha retrasado su implementación, lo que ha provocado tensiones. En el caso del 6 de agosto, la funcionaria detalló que el enfrentamiento comenzó cuando taxistas rodearon un vehículo particular que estaba siendo revisado por los inspectores en un operativo legal. Aseguró que los elementos de la SCT no iniciaron la violencia.

La secretaria también recordó que la Ley de Transporte exige que las plataformas registren a sus socios y operen bajo ciertos lineamientos. Además, explicó que la regularización de estas plataformas ha sido un tema pendiente desde administraciones anteriores, lo que ha derivado en conflictos entre taxistas y conductores de Uber en varias ocasiones.