De acuerdo con el Departamento de Justicia, Hernández Salas lideró desde 2018 una operación que introdujo a miles de migrantes en territorio estadounidense, exigiendo entre 10,000 y 70,000 dólares por persona. La red también estaba involucrada en asaltos a las víctimas, despojándolas de dinero y pertenencias, mientras trabajaba con complicidad de personas armadas.

La organización facilitó el cruce fronterizo a más de 100 migrantes provenientes principalmente de América Latina, aunque también incluyó individuos de Asia y África. La operación se destacó por su alcance internacional y el uso de métodos como escaleras para superar los obstáculos fronterizos.

Hernández Salas fue detenida en 2023 en Mexicali, Baja California, y extraditada a Estados Unidos tras haber sido acusada formalmente por un gran jurado federal en 2021. Su captura representó un golpe importante contra las redes de tráfico de personas que operan en la región.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. había sancionado previamente a esta organización y vinculado a Hernández Salas con el cártel de Sinaloa. La investigación reveló que la red no solo explotaba económicamente a los migrantes, sino que también representaba una amenaza significativa para su seguridad.

Con su declaración de culpabilidad, el caso refuerza los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico de personas y subraya las consecuencias legales para quienes se benefician de esta actividad ilícita.

Mientras los agentes municipales circulaban sobre Carretera Matehuala a la altura de la colonia mencionada, cuando observaron a dos individuos abordo de una camioneta marca Cadillac Escalade de color blanco quienes iban manejando de forma temeraria, por lo que les marcaron el alto para señalarles la falta al reglamento de tránsito que cometían.

Los servidores públicos se entrevistaron con los sujetos y después de varios minutos se identificaron como Fernando “N” de 41 años de edad y Leonardo “N” de 20 años, quienes probaron ser originarios de la Ciudad de México, aunque al ser interrogados indicaron que llevaban personas en situación de migración originarios de Centroamérica y ofrecieron una cantidad de 3 mil pesos para que no los detuvieran.

Los oficiales soledenses les respondieron que se trataba de la comisión de dos delitos y por lo tanto tendrían que quedar detenidos, por lo que procedieron a darles lectura de su carta de derechos e informarles su arresto por los ilícitos de cohecho y trata de personas, además de que la camioneta que tripulaban sería asegurada.

Enseguida, los agentes abrieron la camioneta señalada en la que viajaban un total de ocho personas, entre ellas tres menores de edad originarios de Honduras, por lo que todos fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM).

Por su parte, los arrestados fueron llevados a la barandilla municipal donde se les certificó y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad frente a la que se les dio a conocer su situación legal.